Al cierre de agosto, la inversión física alcanzó US$ 660,3 millones, que representa un 31% más que el reportado en el mismo período del año pasado, que fue de US$ 504,2 millones.
El informe fue elaborado por la Dirección de Política Macro-Fiscal de la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda.
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Refiere que del total de las inversiones realizadas de enero a agosto del 2020, el 84% corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El monto asciende a US$ 552,9 millones, lo que implica una variación positiva del 46,6% comparado con igual lapso del 2019, en que se destinaron US$ 377,2 millones.
Los datos revelan igualmente que agosto del 2020 registra un déficit de G. 8.042 mil millones (1.156,6 millones de dólares), que representa el -3,4% del PIB, con un déficit operativo de G. 3.450,8 mil millones (US$ 496,3 millones), -1,4% del PIB.
Aclara que el déficit fiscal registrado al cierre de agosto del 2020 se fundamenta en las respuestas de política económica para atender a los sectores más afectados por el cese de actividades durante el período de cuarentena.
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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Crisis corporativa pone presión sobre la confianza de los mercados internacionales
La crisis financiera que afecta al sistema corporativo paraguayo podría tener consecuencias directas sobre el acceso al financiamiento internacional. El economista César Addario advirtió que los recientes acontecimientos relacionados con ueno bank están debilitando la percepción de los inversionistas sobre el país y podrían dificultar futuras emisiones de bonos de empresas paraguayas.
En entrevista con la 780 AM, sostuvo que el historial corporativo nacional en los mercados internacionales quedó golpeado y que, como consecuencia, la posibilidad de que nuevas compañías coloquen bonos en el exterior se encuentra prácticamente cerrada. “La ventana de emisión para cualquier empresa paraguaya hoy está cerrada”, afirmó.
Addario explicó que la situación afecta la imagen que Paraguay construyó ante los mercados internacionales, especialmente en torno a la solidez de su sistema financiero y la estabilidad macroeconómica, dos de los principales argumentos utilizados para atraer inversiones.
El impacto, según indicó, también comienza a reflejarse en el riesgo soberano. Detalló que el spread de los bonos paraguayos pasó de ubicarse entre 100 y 105 puntos básicos a aproximadamente 122 puntos. Aunque consideró que el incremento todavía no es significativo, advirtió que ya evidencia una transmisión de la incertidumbre corporativa hacia la República.
En ese contexto, señaló que el escenario podría encarecer futuras operaciones de financiamiento, incluso para el Estado. Paraguay tiene prevista una importante emisión de bonos dentro del Presupuesto General de la Nación 2027, por lo que salir actualmente al mercado podría implicar mayores tasas de interés y una menor cantidad de inversionistas dispuestos a prestar al país.
No obstante, diferenció la situación de las empresas privadas de la capacidad de financiamiento soberano. A su criterio, la República debería esperar a que se resuelvan los acontecimientos y se conozca el alcance de sus consecuencias, ya que una emisión en este momento podría trasladar directamente al costo de la deuda pública la incertidumbre generada.
Como referencia, mencionó el caso de una entidad bancaria de Guatemala, que atravesó una crisis y fue intervenida por el banco central de ese país. Según explicó, el proceso de cierre y pago a los ahorristas se desarrolló de manera ordenada, lo que permitió que posteriormente el soberano volviera a los mercados internacionales sin experimentar un impacto significativo.
Finalmente, Addario advirtió que mantener formalmente el grado de inversión no necesariamente significa que el mercado continúe percibiendo al país bajo esa misma categoría. Explicó que existe una diferencia entre conservar una calificación crediticia y contar efectivamente con la confianza de los inversionistas, por lo que será determinante cómo se gestione la crisis actual y si se evita que sus efectos se extiendan a otros sectores.
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UIP Joven insta a planificar la demanda energética y atraer inversión privada
La necesidad de anticiparse al crecimiento de la demanda energética y generar condiciones para atraer inversiones privadas se perfila como uno de los principales desafíos para sostener la expansión industrial en Paraguay. Desde el sector empresarial advierten que la planificación debe comenzar con anticipación, considerando que la instalación de nuevas centrales de generación requiere varios años.
Francisco Martino, referente de la UIP Joven, señaló que la energía constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, por lo que considera fundamental establecer condiciones que permitan ampliar la capacidad de generación en el país y responder a las necesidades futuras de las industrias.
“Tenemos que adelantarnos a eso y no esperar a tener el problema, porque son procesos largos”, manifestó al referirse a la posibilidad de que la demanda supere la disponibilidad energética. En ese sentido, explicó que la instalación de una planta de ciclo combinado puede tomar entre cinco y seis años, lo que refuerza la importancia de comenzar a trabajar desde ahora en alternativas que garanticen el abastecimiento.
El empresario sostuvo que la generación de energía no debería depender exclusivamente del Estado, sino que también debe abrirse espacio a la participación del sector privado. Para ello, consideró necesario contar con un marco regulatorio que brinde seguridad a las empresas interesadas en invertir, producir y comercializar electricidad en Paraguay.
Martino indicó que existe capital disponible a nivel internacional que podría orientarse hacia proyectos energéticos en el país, siempre que se establezcan reglas claras y condiciones que permitan desarrollar estas iniciativas. A su criterio, facilitar la participación de nuevos actores contribuiría a fortalecer la capacidad de generación y a preparar al país para los requerimientos de una economía en crecimiento.
La disponibilidad de energía también representa un elemento relevante para la competitividad industrial, debido a que la expansión de las actividades productivas requiere condiciones que permitan operar y proyectar nuevas inversiones a largo plazo. En ese contexto, anticiparse a las necesidades futuras será clave para evitar que las limitaciones de infraestructura energética condicionen el desarrollo de nuevos emprendimientos.
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BID destaca avances de Paraguay en el desarrollo del servicio civil
Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.
Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.
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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.
“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.
Retos para consolidar la reforma
Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.
También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.
Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.
Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.
Servicio público eficiente y premiar el mérito
Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.
Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.