El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Francisco Ruiz Díaz, informó que este domingo, se completó el 100 % de titulación de propiedades en Santa Rosa de Lima, en Itá.

Indicó que es la primera colonia totalmente formalizada en el departamento Central y es la segunda en el país en llegar al 100 % de regularización de las tierras, mediante el barrido predial masivo (BPM) llevado adelante por la institución.

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“Con la titulación de las tierras, que es una de las prioridades del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, le devolvemos la dignidad a los campesinos, porque les damos la oportunidad de avanzar en el desarrollo, mediante la inclusión económica y social”, enfatizó.

Con la entrega de más de 100 títulos en Santa Rosa se completa el 100 % de los títulos en esta colonia, tal como sucedió hace una semana en la colonia San Miguel, de Minga Guazú, recordó Ruiz Díaz, tras el acto en la fría jornada del domingo, que no fue un impedimento para desatar la alegría de los pobladores de Santa Rosa, que en un ciento por ciento de los beneficiarios participaron del evento.

“Es un sueño que nunca pensé que se iba a cumplir y se cumplió”, expresó emocionada María Ruiz Díaz, una de las madres beneficiadas con el título de propiedad en la colonia Santa Rosa. “

“Estoy muy contenta con el trabajo que lleva adelante el presidente del INDERT”, dijo por su parte Alicia Leiva, otra de las beneficiarias. Mónica Benítez, exteriorizó su alegría y su agradecimiento porque con el acceso a la propiedad puede independizarse de sus padres.

“Yo me veía todavía viviendo en el terreno de mi mamá, por eso estoy muy feliz y muy contenta”, enfatizó la beneficiaria que puede de ahora en más brindar un techo a sus hijos.

“Esta es una política profundamente social del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana, de promover el bienestar de la gente”, enfatizó el titular del INDERT tras la entrega de todos los títulos a sus beneficiarios.

El 70 % de los beneficiarios de la citada comunidad son mujeres jefas de hogar, que no pagan nada en concepto de interés por sus lotes, una medida adoptada por el gobierno actual a favor de las familias campesinas.

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Este miércoles, la organización PRO Desarrollo y la Consultora Mentu presentaron el informe anual sobre economía subterránea en Paraguay. Los datos revelan que, en 2024, la economía paralela en el país representó el 35,1 % del producto interno bruto (PIB), un equivalente a USD 15.000 millones.

El economista y director de Mentu, Hugo Royg, fue quien desglosó el informe. Expuso que pese a algunos avances en formalización y esfuerzos institucionales, la economía subterránea en Paraguay se mantiene elevada y continúa impactando negativamente en el desarrollo, la igualdad y la competitividad del país.

Precisó que este segmento incluye, tanto actividades informales como ilícitas, desde emprendimientos sin registros tributarios hasta redes de contrabando o lavado de dinero. Se trata de un conjunto de dinámicas que escapan al control del Estado, distorsionan los mercados, afectan la calidad del empleo y debilitan la institucionalidad democrática.

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El estudio utiliza el modelo econométrico MIMIC, que vincula la informalidad con factores como la pobreza, el desempleo, el autoempleo, la corrupción y el uso intensivo de efectivo. Los datos muestran que Paraguay cuenta con altos niveles en todos estos indicadores. Uno de ellos refiere que la informalidad laboral se mantiene por encima del 66 %, y el autoempleo alcanza el 42,5 %, “señal de precariedad en el acceso a trabajos formales”.

Así también, la desigualdad de ingresos es abrumadora: el 10 % más pobre de la población accede a un ingreso mensual promedio de apenas G. 392.000, mientras que el decil más alto supera los G. 2.800.000. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores paraguayos son informales, y casi dos tercios de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están registradas formalmente.

La presentación revela que, en comparación con otros países de la región, Paraguay se ubica entre los que tienen mayor proporción de economía subterránea. Está por encima de Argentina, Brasil, Chile, México o Uruguay, tanto en porcentaje del PIB como en impacto sobre el desarrollo humano; también advierte que existe una correlación directa entre economía subterránea y crimen organizado, lo que refuerza la necesidad de acciones coordinadas a nivel regional.

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“Aunque el porcentaje de informalidad disminuye levemente, en términos absolutos el volumen de la economía informal sigue creciendo, porque la economía en su conjunto también lo hace. Es decir, hay más actividad, y dentro de ella, también más informalidad. Esa es una preocupación clave”, dijo al respecto Hugo Royg.

Para finalizar, Hugo Royg expresó que reducir la economía subterránea no es solo una cuestión fiscal, sino que se trata de construir un país más justo, competitivo y resiliente. “El desafío es compartido por el sector público, privado y la sociedad civil”, aseveró.

Este lunes, desde el Ministerio Público emitieron un informen en el que revelan que del 2017 a mayo del 2025 ingresaron un total de 222 casos de intento de feminicidio a nivel país. El 41 % de los presuntos agresores son pareja conviviente de la afectada y 26 % son exparejas de las víctimas.

La Fiscalía realizó un análisis de las causas ingresadas por el hecho punible de Tentativa de feminicidio desde la disposición de la Ley N° 5777/2016, de “Protección Integral a las Mujeres, contra toda forma de violencia”. Este arrojó como resultado que en los últimos 10 años 222 mujeres fueron víctimas de intento de feminicidio.

La sicóloga del Observatorio del Ministerio Público, Soledad Barge, explicó que la tentativa de homicidio es la manifestación más cruel y extrema de la violencia contra la mujer.

“Para el feminicida, matar a su pareja se convierte en una forma de mantener su poder y control sobre ésta, ya que la considera de su propiedad, suele acusarla de infidelidad para justificar la crueldad de sus actos de manera a ser comprendido por sus pares”, señaló.

Los datos del Observatorio del Ministerio Público, indican que el 95 % de las causas presentan una víctima, mientras que el 5 % corresponde a dos víctimas. El reporte revela que el mes de agosto es cuando existe una tendencia de incrementarse los hechos ya que aumenta el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas.

“Los meses de mayor frecuencia es de agosto a diciembre en los que se reportaron 48 % de las causas. Los domingos y lunes; miércoles y jueves, encabezan los días de mayor registro de causas”, aclararon en el informe.

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El 41 % de los presuntos agresores, es la pareja que viven con la víctima y el 26 % son exparejas. En su mayorías, las mujeres tienen entre 30 y 59 años (36 %) y casi todas son madres. En tanto que, el 34 % representa a jóvenes de 18 a 29 años y un 3 % corresponde a víctimas menores de 18 años.

También confirmaron que el 4 % de los agresores utilizaron armas blancas como cuchillo, puñal o machete para atacar a sus víctimas. El 18 % de los ataques se realizaron con arma de fuego y el 16 % de los hechos utilizaron sus fuerzas empleando golpes de puños, patadas causando lesiones de gravedad.

Existen varios tipos de violencia, pero los que fueron empleados por estas personas fueron: en un 77 % violencia física, el 18 % de las denuncias fueron por violencia verbal y 5 % de violencia sicológica. De este último, el 30 % recibió amenaza de muerte y el 26 % presentó maltrato verbal, insultos, manipulación y hostigamiento.

El 44 % de las denuncias no cuenta con detalles del tipo de violencia. Dentro de estas denuncias se presentaron otros hechos punibles, el 26 % de las causas registró lesión grave, el 21 % fueron casos de violencia familiar, el resto no se verifica en las denuncias presentadas en las distintas oficinas de atención en el Ministerio Público.

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Argentina prepara una nueva licitación para el mantenimiento y dragado en la hidrovía Paraguay Paraná, bajo auditoría de las Naciones Unidas, cuyos pliegos se publicarán en el cuarto trimestre de este año. Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) sostienen que no hay suficiente claridad en el proceso de concesión, sobre todo en el plazo de 30 años, que consideran excesivo.

Bernd Gunther, presidente del Cafym, dijo a La Nación/Nación Media, que el sector acompaña de cerca el proceso, pero que no tuvieron hasta el momento acceso a los nuevos pliegos de la nueva licitación. No obstante, señaló que uno de los puntos más debatidos es el plazo de 30 años.

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“Treinta años es un plazo excesivo. Proponemos 15 años renovables por otros 15, como ocurre en Brasil. En ese tiempo cambian gobiernos, tecnologías y la navegación misma”, mencionó a LN.

Igualmente, los armadores proponen que la concesión se divida en dos tramos, uno exclusivamente fluvial desde la confluencia hasta Santa Fe, y otro de carácter fluvial y marítimo, desde Santa Fe hasta el sur, donde sí son necesarias las obras de dragado y profundización.

“Desde Santa Fe al norte, donde seguimos pagando peajes, no son necesarias las obras de dragados porque el tránsito es netamente fluvial y sabemos que ese tramo tiene un calado natural superior al que es necesario para el tráfico comercial”, explicó.

Acerca del peaje, que dentro de la nueva licitación se estipularía un tope, Gunther mencionó que sigue vigente la tarifa de USD 1,20 por tonelada de registro neto, cifra que considera como una solución “intermedia y temporal”, pero que no observan mejoras que justifiquen el pago, especialmente en el tramo Confluencia - Santa Fe.

El titular del Cafym recordó que el Tratado de la hidrovía tiene artículos específicos que estipulan que no se pueden establecer peajes sin acuerdo previo entre los signatarios y que solo se puede cobrar por servicios efectivamente prestados.

Además, mencionó que existe una diferencia entre la tarifa cobrada a embarcaciones argentinas y las de otros países. Señaló a que a las banderas argentinas incluso se les cobra en pesos argentinos y al resto en dólares, lo que implica una diferencia importante.

“Nadie se opone a pagar un peaje siempre y cuando el valor que agregue este peaje amerite el pago. Si el río nos favorece, nos da mejores condiciones para navegar con convoyes con más calado con mayor dimensión, va a ameritar el pago. Pero si el río es el mismo de siempre y no hay una mejora significativa, es ahí donde uno empieza a tener cuestionamientos”, dijo a LN.

Medios argentinos refieren que los pliegos se publicarán entre octubre y noviembre de este año, e incluiría plazos de concesión más cortos y un tope a las tarifas, con miras a una adjudicación del contrato para el primer semestre de 2026.

El corredor de la hidrovía tiene una extensión de más de 1.200 kilómetros desde la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, hasta la desembocadura del río de la Plata en el océano Atlántico. Por este circuito se transporta alrededor del 60 % de la producción regional con unas 3.200 barcazas.

Se recuerda que la licitación anterior quedó sin efecto en febrero de este año por haberse presentado solo una firma oferente, la misma que había acusado que el procedimiento no era transparente y habían supuestos direccionamientos.

• Cafym sostiene que no hay suficiente claridad en el proceso de concesión.
• Los armadores proponen que la concesión se divida en dos tramos.
• Por la hidrovía se transporta cerca del 60 % de la producción regional con 3.200 barcazas

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