El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz y la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), informaron en conferencia de prensa que ambos gremios reclaman el incumplimiento del pago del subsidio por parte del Gobierno y amenazan con reguladas y suspensión del servicio.

Al respecto, Ruiz Díaz señaló que la deuda que exigen por la falta de subsidio corresponde a abril y mayo de este año y asciende a 9.450.000 dólares. Como medida drástica mencionó que la Cetrapam pedirá la suspensión de 500 contratos de trabajadores (choferes cobradores de buses) ante el Ministerio de Trabajo.

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Sostiene que estas “medidas de emergencia” responden a la falta de actualización del coeficiente del costo de la tarifa técnica, que debería impactar en el subsidio, en cuyo pago hay un “retraso sistemático”.

Por tal motivo alertó que de “continuar estas situaciones nos veremos obligados a tomar medidas de emergencia, que podrían incluir reducciones de frecuencia, suspensiones de servicios y otras acciones que lamentamos profundamente”, dijo el empresario.

Asimismo, remarcó que la responsabilidad absoluta por la afectación del servicio recaerá sobre el viceministerio de Transporte, por la inacción y por no cumplir con sus obligaciones contractuales de los compromisos asumidos.

“La situación se ha vuelto crítica y sostenida, de incumplimiento por parte del Viceministerio de Transporte en los pagos comprometidos por el sector privado de transportes públicos de pasajeros y la falta de actualización de coeficientes de la estructura de costos de la tarifa técnica”, explicó Ruiz Díaz.

Agregó además que pasó un año, cuando en junio del 2024, se concretó un compromiso formal por parte del Viceministerio, sobre la actualización del coeficiente que determina el costo de la tarifa técnica, sin que hayan honrado su palabra.

“En los últimos meses hemos registrado retrasos sistemáticos en el pago del subsidio y compensaciones tarifarias, que son fundamentales para sostener la operación diaria del sistema de transporte público. Estos incumplimientos generaron el retraso en el pago de los salarios de los trabajadores del sector; imposibilidad de afrontar los costos operativos como combustibles, mantenimiento, seguros, riesgos de paralización parcial o total del servicio”, precisó.

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El consejero del Ins­tituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, designado por el Poder Ejecutivo para inter­venir la Municipalidad de Asunción, a cargo del inten­dente Óscar Rodríguez, deta­lló las acciones que encarará durante el plazo de 60 días.

“Lo primero que haré como puntapié inicial es examinar el flujo de caja, cuáles son las recaudaciones que se tienen, las disponibilidades con que cuenta el municipio y fijar un calendario de cronograma de ejecución de obras en curso de manera a que pueda explorar cuáles son los recursos presu­puestarios que tiene los ser­vicios en ejecución y cuáles son las proyecciones de las recaudaciones así como los gastos rígidos que se tienen que ir cubriendo”, indicó al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Por su parte, el economista y exviceministro de Adminis­tración Financiera, Ramón Ramírez, designado por el Ejecutivo para intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo de Miguel Prieto, refirió que la instrucción del presidente Santiago Peña fue realizar un trabajo técnico y ajustado a las normas.

“Voy a formar un equipo de trabajo calificado, multidis­ciplinario y nuestro compromiso es realizar el trabajo dentro del plazo establecido en la ley y restaurar la norma­lidad institucional en la bre­vedad posible en Ciudad del Este. La indicación del presi­dente Santiago Peña es hacer un trabajo serio, técnico, ajus­tado a las normas”, señaló a la 1080 AM.

La coordinadora de la Con­traloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el perfil del interven­tor designado por el Ejecu­tivo, el economista y exvice­ministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, como un profesional de des­tacada trayectoria.

El concejal colorado de Ciu­dad de Este Richard Alfonso expresó que tienen mucha fe y confianza en el interven­tor, el economista y exvice­ministro de Administración Financiera, Ramón Ramírez, designado por contar con un excelente perfil técnico.

El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso esgrimido por polí­ticos opositores, colorados disidentes y medios de comunicación afines, que alegan que es un hecho que la intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, será un mecanismo para castigarlo y sacarlo de la arena electoral. “Hace 7 años yo estoy denunciando los robos que hay en Ciudad del Este y lo que encontrará el interventor será la punta del iceberg de corrupción”, expresó el legislador a los medios de comunicación. “Lo que fue un hecho es que ellos (opositores) quisieron blanquear a Prieto, que los diputados colorados votaron en mayoría por las intervenciones a la Municipalidad de Ciudad del Este y Asunción, esto habla que el sector del Partido Colorado quiere la transparencia”, comentó Núñez.

La Asociación Nacional de Ase­gurados del Instituto de Previ­sión Social (IPS) mantiene una postura en contra con respecto al proyecto de ley de seguro de desempleo, que implica un aumento del 1 % en los aportes de los cotizantes de la previsio­nal, tanto obreros como patro­nales. Afirman que la iniciativa sobrecargará al sector formal, ya que el 70 % de los trabajado­res son informales. Eduardo Aguayo, presidente del gremio de asegurados, se posicionó en contra del proyecto de ley, aten­diendo a que tal iniciativa debe­ría ir acompañada de un plan de generación de empleos. “Si no existe un plan de generación de empleo, entonces solamente terminará siendo un carácter paliativo y se podría concebir como populista”, dijo el diri­gente a la 780 AM.

No obstante, Aguayo concedió que el seguro de desempleo es importante, pero que la falta de empleo es un problema estruc­tural y que el proyecto de ley no contempla un estudio que avale su viabilidad.

“La canti­dad de trabajadores informa­les abarca un 70 % de la pobla­ción económicamente activa. No sabemos cómo podría un número bajo de trabajadores formales poder eventualmente hacerse cargo de trabajadores que pueden perder el empleo”, mencionó.

El pasado martes, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, resol­vió devolver el proyecto de ley a las comisiones para nuevos estudios y dictámenes, enten­diendo que, de la manera en que está planteada, generaría una carga adicional al sector for­mal. La iniciativa no contaba con dictámenes favorables de parte de instituciones como el Ministerio del Trabajo, que subrayó el aumento del porcen­taje de aporte tanto para traba­jadores como para empleado­res, lo que podría desalentar la formalización.

Además, se criticó que el monto del seguro fijado en el proyecto implica un alto porcentaje que no se observa siquiera en los paí­ses de primer mundo, por lo que se recomendó repensar la cifra y llegar a números sostenibles que no desalienten el empleo.

La Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene una postura en contra con respecto al proyecto de ley de seguro de desempleo, que implica un aumento del 1 % en los aportes de los cotizantes de la previsional, tanto obreros como patronales. Afirman que la iniciativa sobrecargará al sector formal, ya que el 70 % de los trabajadores son informales.

Eduardo Aguayo, presidente del gremio de asegurados, se posicionó en contra del proyecto de ley, atendiendo a que tal iniciativa debería ir acompañada de un plan de generación de empleos.

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“Si no existe un plan de generación de empleo, entonces solamente terminará siendo un carácter paliativo y se podría concebir como populista”, dijo el dirigente a la 780 AM.

No obstante, Aguayo concedió que el seguro de desempleo es importante, pero que la falta de empleo es un problema estructural y que le proyecto de ley no contempla un estudio que avale su viabilidad.

“La cantidad de trabajadores informales abarca un 70 % de la población económicamente activa. No sabemos cómo podría un número bajo de trabajadores formales poder eventualmente hacerse cargo de trabajadores que pueden perder el empleo”, mencionó.

Ayer martes, la Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, resolvió devolver el proyecto de ley a las comisiones para nuevos estudios y dictámenes, entendiendo que, de la manera en que está planteada, generaría una carga adicional al sector formal.

La iniciativa no contaba con dictámenes favorables de parte de instituciones como el Ministerio del Trabajo, que subrayó el aumento del porcentaje de aporte tanto para trabajadores como para empleadores, lo que podría desalentar la formalización.

Además, se criticó que el monto del seguro fijado en el proyecto implica un alto porcentaje que no se observa siquiera en los países de primer mundo, por lo que se recomendó repensar la cifra y llegar a números sostenibles que no desalienten el empleo.

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