Con la participación de representantes de diferentes sectores, este martes quedó instalada la mesa técnica que tendrá a su cargo analizar el anteproyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil, impulsado por el poder Ejecutivo.
Asistieron el ministro de Hacienda, Benigno López, y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en representación del Ejecutivo, así como legisladores y representantes de los funcionarios públicos, de la Municipalidad de Asunción, Aduanas, Secretaría de la Función Pública, Essap, Petropar, Dinac, el Poder Judicial, entre otros.
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La idea apunta a consensuar el texto del anteproyecto, según explicó el vicemandatario al término del encuentro realizado en la sede de la Vicepresidencia. “Más bien es intentar consensuar la mayor parte de la ley con los funcionarios públicos y la parte que no vamos a poder consensuar se remitirá como anexo la opinión del Poder Ejecutivo y la opinión de los funcionarios públicos”, expresó.
Velázquez dijo que con la normativa se busca mejorar la calidad del gasto y el servicio a la ciudadanía por parte de los funcionarios públicos, haciendo prevalecer la meritocracia mediante la figura de la carrera del servicio civil planteada en el marco de la aludida reforma del Estado.
Resaltó que hay avances en cuanto a la modalidad de trabajo acordada; además, hay posibilidades de consensuar sobre algunos puntos, por lo que en adelante se evaluarán los artículos a ser modificados. Dijo que este trabajo de revisión duraría al menos 15 días.
En otro momento, el vicepresidente aseguró que se garantizará el derecho de los trabajadores, así como favorecer a la ciudadanía. Conforme a las expresiones de Velázquez para el mes de agosto, se contaría con el borrador del proyecto de ley a ser presentado posteriormente al Congreso Nacional.
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Argentina: reforma de Milei fue aprobada por el Senado tras jornada de disturbios
La reforma del Estado del presidente argentino, Javier Milei, fue aprobada con modificaciones en la madrugada del jueves por el Senado tras una maratónica sesión que comenzó el miércoles de mañana y que estuvo marcada por disturbios frente al Congreso que dejaron una veintena de heridos y detenidos, además de autos incendiados.
“Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país (...), mi voto es afirmativo”, dijo la líder del Senado y también vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, que desempató de esa manera la paridad de 36-36 en el voto “en general” del texto, que luego fue discutido título por título.
La Presidencia celebró la “histórica aprobación” de la llamada ley Bases de desregulación de la economía, que volverá a la Cámara de Diputados para la sanción final de la “reforma legislativa más ambiciosa de los últimos 40 años”.
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Es el primer respaldo del Congreso tras seis meses de gobierno de Milei, cuyo pequeño partido La Libertad Avanza es minoritario en ambas cámaras, con solo siete de las 72 bancas en el Senado. Por eso la ruta legislativa fue cuesta arriba. El proyecto naufragó en su primer intento en la Cámara de Diputados y para reflotarlo el gobierno hizo numerosas concesiones hasta reducir su contenido original de 600 artículos a un tercio.
En la discusión “en particular” de los diez títulos, los senadores aprobaron la polémica delegación de facultades legislativas al presidente ultraliberal. “¿En serio quieren que le deleguemos facultades legislativas para mejorar el funcionamiento del Estado al presidente que dice que ama ser el topo que va a destruir desde adentro al Estado?”, había dicho antes del voto la senadora Juliana Di Tullio, citando textualmente una reciente declaración de Milei.
Incentivo a inversiones
El Senado pasó a discutir una reforma fiscal paralela, que incluye reinstalar un impuesto a las ganancias para gravar los salarios y jubilaciones. También se aprobó un controvertido incentivo a las grandes inversiones que ofrece ventajas fiscales, aduaneras y cambiarias durante 30 años a capitales extranjeros mayores a 200 millones de dólares.
“Estamos dando un cheque en blanco que no sabemos cuánto va a costar por 30 años, además de la prioridad en el uso de los recursos naturales”, cuestionó el senador Martín Lousteau. El magnate estadounidense Elon Musk, quien participó el miércoles en una videoconferencia en la que Milei expuso su teoría económica, alentó a los argentinos a “darle su completo a apoyo al presidente para llevar adelante este experimento porque claramente las políticas del pasado no funcionaron”.
Dueño del fabricante de autos eléctricos Tesla, Musk se ha reunido un par de veces con Milei y ha mostrado interés en Argentina, que es una de las principales reservas mundiales de litio, clave para la fabricación de baterías.
Entre los 238 artículos de la ley Bases se aprobó además la posibilidad de privatizar un puñado de empresas, entre las que se negoció que quedaría afuera Aerolíneas Argentinas, así como una reforma laboral que amplía el período de prueba y flexibiliza el régimen de indemnizaciones por despido. “Vinimos a transformar la realidad”, dijo el oficialista Ezequiel Atauche al justificar su voto a favor.
Batalla campal
Durante la jornada, miles de personas se congregaron en torno al Congreso en repudio del proyecto y del draconiano ajuste fiscal del presidente. La policía repelió con gases, balas de goma y camiones cisterna a un grupo que buscó burlar las vallas que aislaban el Congreso y los manifestantes respondieron arrojando piedras a los uniformados, lo que derivó en una batalla campal y la quema de dos coches.
Siete personas, entre ellas cinco diputados opositores, fueron atendidos en un hospital tras ser gaseados por la policía, informó a la AFP el ministerio de Salud, y decenas fueron afectados por las emanaciones y atendidos en el lugar.
Un portavoz del Ministerio de Seguridad aseguró a la AFP que al menos diez personas fueron detenidas y nueve policías federales resultaron heridos. “¡Roberto María La Cruz Gómez, soy peronista y vengo a que la ley Bases no salga, porque soy argentino!”, gritó un joven mientras era detenido por policías federales.
La Presidencia denunció en la red X “a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado”. El debate tuvo lugar en un contexto de recesión en el que la actividad industrial y el consumo se desplomaron, la mitad de la población está en la pobreza, miles han sido despedidos, la inflación es de casi 300 % interanual y salarios y jubilaciones perdieron poder adquisitivo.
Entrada la noche, hubo focos de protestas espontáneas en distintos puntos de Buenos Aires y se escucharon cacerolazos y bocinazos. En un partido de la liga profesional de fútbol, hinchas de Argentinos Juniors -cuna de Diego Maradona- coreó “¡La patria no se vende!”.
Fuente: AFP
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Shakira se libra de una causa por presunto fraude en España
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha archivado la segunda causa abierta contra Shakira por presunto fraude a Hacienda. En un auto consultado por Europa Press ayer jueves, la jueza archiva la causa provisionalmente y lo remite a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que “puedan realizar las actuaciones procedentes en la vía administrativa” si corresponde una sanción.
Shakira aceptó en noviembre una condena de tres años de cárcel por fraude fiscal, que no le comportó entrar a prisión, y la Fiscalía había pedido a la jueza de Esplugues de Llobregat que archivara esta segunda causa, que se abrió por una querella de la acusación pública semanas antes de su juicio por la causa anterior.
En la querella que abrió la causa, Fiscalía reclamaba 6,6 millones de euros a la artista, y tras investiga el caso todas las partes estuvieron de acuerdo en archivar la vía penal. En concreto, el fiscal valoró que no hay “indicios suficientes” de un supuesto delito contra Hacienda por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de 2018.
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Sin “ánimo de defraudar”
En el auto que archiva el caso, la jueza instructora afirma que “comparte” los argumentos del fiscal, y recuerda que las irregularidades en la declaración de Shakira de 2018 ya se señalaron en su momento y que, para que sean delito, se deben haber hecho “con ánimo de defraudar a Hacienda”, y la jueza considera que no hay ningún indicio en este sentido, ni tampoco de que hubiera omitido información y documentación. En otro caso, puede ser que le corresponda una sanción administrativa, por lo que la jueza ha trasladado el caso a Hacienda y la Agència Tributària de Catalunya para que puedan valorarlo.
Tras conocerse la decisión, el abogado de Shakira, Pau Molins, ha expresado en un comunicado: “Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí”. Para Molins, el archivo de la causa “demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante”, y la abogada Miriam Company, que también participa en la defensa, ha valorado que era más que evidente que Shakira no tenía intención de defraudar.
El abogado fiscalista de la cantante, José Luis Prada, ha recordado que en la Audiencia Nacional (AN) sigue abierta una causa contra Shakira por presunto fraude en 2011, algo que ha tachado de inconcebible porque ese año la artista estuvo de gira mundial y “era imposible que la cantante fuera residente fiscal” en España.
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Fuente: Europa Press.
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Cicsi se reactivó para agilizar sentencias de derechos humanos y casos indígenas
La Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (Cicsi) fue reactivada en una reunión realizada el pasado 6 de febrero entre el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y altas autoridades del Poder Ejecutivo, a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, que tiene como responsable a la abogada y especialista en Derecho Electoral, María Teresa Peralta.
“Nosotros tenemos un lineamiento técnico de funcionamiento y la vicepresidencia de la República del Paraguay ostenta la presidencia de la Cicsi, la Comisión Interinstitucional Ejecutiva y responsable del cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el país en materia de derechos humanos, llámese sentencias, recomendaciones, solicitudes, acuerdos, resoluciones amistosas, también que tenemos”, explicó Peralta en entrevista para La Nación/Nación Media.
Dependiente de la Vicepresidencia de la República, la Dirección General de DD.HH. funciona en dos niveles, integradas por máximas autoridades, que son los ministros de las distintas carteras del Estado y el consejo asesor consultivo, que son los asesores técnicos operativos de la dirección. “Todos estamos compelidos al cumplimiento de un decreto, que es como nuestra biblia, que es el que crea el Cicsi, dando cumplimiento a lo que ordena ese decreto, el pasado 6 de febrero, el vicepresidente Alliana, a fin de darle seguimiento a todos los casos, convocó a una reunión del Cicsi, se trataron varios temas”, indicó la abogada.
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Casos pendientes
“La idea es darle ese seguimiento y la solución concreta, como nos indica el vicepresidente Pedro Alliana. Nosotros lo que queremos es darle esa imagen a nuestro país de cumplimiento de las sentencias, de hecho, se están dando cumplimientos a las sentencias que emanan, ya sea de la Corte Interamericana, o las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, comentó Peralta. Además, se abarcan los casos que se encuentran y son dictadas por la Organización de los Estados Americanos (ONU).
La directora de DD.HH. indicó que existen casos que se encuentran pendientes de dar seguimiento de incluso hace 20 años atrás: “Ahora le estamos dando otro ritmo porque vemos que hay sentencias del 2005, hay casos del 2004, entonces la indicación precisa, la línea bajada por el vicepresidente Alliana es justamente dar cumplimiento y agilizar los procesos, porque nosotros tenemos sentencias, y resulta que en el estado de resolución y cumplimiento ante la Corte está en proceso de cumplimiento”.
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Problemáticas indígenas
La situación de las comunidades indígenas, que se encuentran en estado de abandono en muchos casos, se encuentra entre las prioridades de Cicsi. “Tenemos el caso, por ejemplo, de Yakye Axa del departamento de presidente Hayes. La ministra de Obras Públicas (claudia Centurión) se comprometió en terminar el camino de acceso a la comunidad. Nosotros hacemos el seguimiento, nos reunimos con el Indi (Instituto Nacional del Indígena), con los líderes indígenas, Amnistía Internacional, Tierra Viva, con todos los representantes convencionales y también las comunidades indígenas. Le acercamos a las instituciones para ver la solución más rápida”, refirió Peralta.
“Tenemos casos de titulación de tierras, entonces trabajamos con el Indi, por ejemplo, suministro de agua potable, de comunidades indígenas que están aisladas. Trabajamos con el Ministerio de Salud para que reciban esas comunidades asistencia mensual de la Unidad de Salud Familiar, con el Ministerio de Salud y Ciencias, que le brinda servicio educativo a las comunidades, también con la Secretaría de Emergencia Nacional para que mitigue los eventuales atrasos en el desarrollo”, describió la funcionaria.
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Modificación de leyes electorales: esperan participación de la clase política y ciudadana
Desde la Justicia Electoral invitan a los partidos políticos y a la ciudadanía en general a participar en la construcción de un proyecto de ley que plantea la modificación a la Ley 635/95, que reglamenta la Justicia Electoral en el Paraguay, y la Ley N.º 834/96, que establece el Código Electoral paraguayo.
Para tal efecto, han habilitado la página web del Tribunal Superior de Justicia Electoral en la que se puede acceder a la propuesta legislativa para descargar el documento con la ley vigente y los fundamentos de modificación, así como las propuesta de cambios a realizar.
Para conocer más acerca del anteproyecto de ley, La Nación/Nación Media conversó con Luis Alberto Mauro, asesor del organismo electoral, quien señaló que la propuestas de modificación de ambas normativas ya fueron remitidas a los diferentes partidos políticos con representación parlamentaria, para que a su vez ellos realicen sus respectivas propuestas o consideración.
Señaló que los anteproyectos fueron remitidos a diferentes organizaciones civiles, como ser Semillas para la Democracia, Organización Saka, entre otras. “Hemos publicado igualmente en la página web de la Justicia Electoral también los documentos, que a partir de la proxima semana, desde el 1 de abril, esperamos comenzar a recibir las opiniones de los partidos políticos, de las organizaciones y esperamos la mayor participación de la ciudadanía. Queremos recibir las opiniones de todos los estamentos políticos”, mencionó.
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Mauro sostuvo que ya han recibido pedido de audiencias del Partido Patria Querida y el Partido Liberal Radical Auténtico, para recibir sus opiniones. Pidió dejar en claro que las modificaciones planteadas son netamente cuestiones técnicas y no son modificaciones políticas, las que se están planteando a ambas leyes. Indicó que la Ley N.º 834 que establece el Código Electoral Paraguayo es de 1996, mientras que la Ley 635, que reglamenta la Justicia Electoral, es de 1995.
Mauro remarcó que desde la Justicia Electoral no están planteando modificaciones de orden político como ser temas de transfuguismo, tampoco abordan temas relacionados al bloqueo de listas, tampoco el balotaje ni sobre la reelección de presidente de la República o el voto obligatorio. “Nada de estos temas, sino que nos enfocamos en aquellos artículos que tiene que ver con aspectos técnicos del Código Electoral y la reglamentación de la Justicia Electoral”, acotó.
Voto con cédula vigente
Respecto a la modificación que plantean, es que a la hora de ejercer el voto en cualquiera de las elecciones, el elector pueda ejercer su derecho con la cédula vigente, y ya no mas con la cédula vencida. Mauro explicó que hasta las pasadas elecciones se podía votar con cédula vencida, mencionó que eso se estableció en 1995/96, porque era una necesidad, ya que muchos votantes tenían su cédula y no las renovaban. Indicó que hoy en día ya no se puede realizar ningún trámite con el documento vencido ni para la escuela ni para el colegio o facultad, así como ningún trámite bancario.
“Entonces, estamos suprimiendo de la 834/96 Código Electoral, el poder votar con cédula vencida. Estamos estableciendo que se podrá ejercer el derecho al voto con cédula de identidad vigente. Sola, única y exclusiva con la cédula vigente se podrá votar, tampoco se permitirá la constancia de trámite de documentos. Esto porque hoy en día ya no se hace ningún trámite con cédula vencida”, aclaró que será desde el momento que la nueva ley quede vigente.
Para acceder al documento se puede descargar siguiendo el enlace en: https://tsje.gov.py/propuestas-legislativas.html. Descargar los documentos y allí se encontrará la disposición vigente, el fundamento de modificación y la propuesta. Se puede acceder a los materiales en formato PDF, desde cualquier dispositivo móvil o computadora. Mientras que se podrá enviar las sugerencias u opciones al correo electrónico oaip@tsje.gov.py.
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