Unas 1.400 empresas ya dejaron de operar; se vienen más cierres y, en consecuencia, miles de desempleados, advierte el empresario Víctor Stanley. Foto: Archivo.
“Delivery fronterizo no va a funcionar”, asegura empresario de Salto del Guairá
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El empresario Víctor Stanley, miembro de la Cámara de Mipymes de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, dio cifras alarmantes del impacto de la pandemia del COVID-19 en el comercio fronterizo que obligó el despido masivo de trabajadores por el cierre de miles de negocios. Alertó que lo peor está por venir y aseguró que el delivery fronterizo impulsado por el Gobierno como alternativa a la crisis no prosperará.
Al pintar una situación catastrófica, Stanley dijo que en Salto del Guairá 1.400 negocios cerraron y 4.500 personas quedaron desempleadas desde el inicio de la cuarentena impuesta por el Ejecutivo para impedir el avance del nuevo coronavirus. Sin embargo, adelantó que 6.500 locales más dejarán de operar, con lo que sumarían más de 11.000 los desempleados.
“Unas 1.400 empresas cerraron en total, pero los números nos muestran que de 13 a 15 empresas cierran por día”, manifestó Víctor Stanley en entrevista con radio La Unión. Afirmó que “cada día se pone más complicada la situación, pero sin plata es muy difícil y solo nos quedamos con los sueños”.
Según el empresario fronterizo, geográficamente Salto del Guairá es la que más pérdidas acumula en esta pandemia. “El delivery fronterizo no va a funcionar acá”, aseguró Stanley al expresar su opinión sobre el plan encarado por el Gobierno como parte de la reactivación económica en la zona de frontera.
A su criterio, el sistema no es rentable para la zona, ya que Salto del Guairá limita con los estados brasileños de Mato Grosso do Sul y Paraná, y para el ingreso al primero se debe atravesar una selva, mientras para el segundo supone cruzar el puente Ayrton Senna, de 3.200 metros de largo.
“El delivery no funciona acá porque nosotros no somos como Pedro Juan Caballero que le divide del Brasil una doble avenida”, insistió.
Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Foto: Gentileza
“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
Salto del Guairá: detienen al supuesto autor de feminicidio
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Tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Portal San Miguel GEMISA 1, de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, se pudo encontrar el cuerpo sin vida de una mujer y se produjo la detención del presunto autor del hecho, en el marco de una causa por feminicidio.
La víctima fue identificada como Victorina González Peralta (42), quien presentaba signos de muerte violenta. Su pareja, Mateo Candia Giménez (36) fue detenido por personal del Departamento de Homicidios y se encuentra a disposición del Ministerio Público.
En el lugar también se procedió a la detención de Vicenta Martínez (43), cuya participación en el hecho sería en calidad de cómplice. Además, se incautó de una motocicleta marca Kenton, modelo Blizz 110, color blanco, con chapa N° 081AAMU, presuntamente utilizada en circunstancias relacionadas al crimen. Las diligencias siguen bajo la coordinación de las autoridades judiciales y policiales competentes.
Una vez que el detenido sea imputado, el mismo tendrá que comparecer ante un juzgado penal de garantía de turno para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el aprehendido estará privado d su libertad.
El diputado Rodrigo Gamarra indicó que, si se confirma que Mario Abdo tiene guardado en islas fiscales dinero vinculado al saqueo durante la pandemia, no solo es corrupción, sino también crimen moral y lesa humanidad. Foto: Archivo
Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
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El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatarioen el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.
Trump decidió retirar a Estados Unidos de la OMS, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.Foto: Fabrice Coffrini/AFP
Trump retira a EE. UU. de las reformas de OMS para combatir pandemias
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El gobierno del presidente Donald Trump informó este viernes que Estados Unidos rechaza los cambios acordados en 2024 por los países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las medidas para combatir las pandemias por considerar que violan su soberanía.
En cuanto regresó al poder el pasado 20 de enero, Trump decidió retirar a Estados Unidos de este organismo de la ONU, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, muy crítico con las vacunas, arremetieron en un comunicado contra los cambios. “Corren el riesgo de una interferencia injustificada” en el “derecho soberano nacional a elaborar nuestra política sanitaria”, dicen.
“Anteponemos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que infrinjan la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses”, añaden.
Rubio y Kennedy desvincularon a Estados Unidos de una serie de enmiendas a los reglamentos sanitarios internacionales que proporcionan un marco legal para combatir enfermedades, acordadas el año pasado en la Asamblea mundial de la salud en Ginebra.
Las enmiendas introducen la noción de “urgencia pandémica” y más “solidaridad y equidad”, según la OMS.
En su oposición a las enmiendas, Rubio y Kennedy también estiman que los cambios “no abordan adecuadamente la susceptibilidad de la OMS a la influencia política y la censura, especialmente de China, durante los brotes”.