El Ministerio de Agri­cultura, Silvicultura y Pesca del Japón (MAFF, por sus siglas en inglés) dio inicio a la audito­ría in situ del mercado japo­nés con miras a la apertura de dicho destino para la carne bovina paraguaya. Las ins­pecciones se extenderán hasta el 8 de agosto, gene­rando grandes expectativas en el sector cárnico.

El presidente del Senacsa, José Carlos Martin, parti­cipó de la reunión inicial para dar comienzo a las activida­des. La delegación de audi­tores está conformada por el jefe veterinario y director de la oficina internacional de asuntos de Sanidad Animal, y el oficial de Cuarenta Ani­mal del MAFF. Asimismo, se tuvo la presencia del vicemi­nistro de Ganadería, Marcelo González; el embajador del Japón en Paraguay, S.E. Kat­sumi Itagaki; el encargado de la cooperación económica del Japón, Dr. Kohei Suga, y representantes del Ministe­rio de Relaciones Exteriores, así como el especialista sénior de Plataformas Sectoriales de Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, José Laneri, directores genera­les, directores y técnicos del Senacsa.

La agenda de inspec­ción incluye visitas al labora­torio central de la institución, unidades zonales y oficinas de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa) en la región del Chaco, así como el punto de ingreso del Aero­puerto Internacional Silvio Pettirossi. En total se prevén tres visitas a nuestro país.

El director de Calidad e Ino­cuidad de Productos y Sub­productos de Origen Animal de Senacsa, Julio Barrios, había indicado a LN/NM que el país asiático exige 12 pasos para la habilitación, de los cuales Paraguay ya alcanzó 6 de ellos.

Este sexto implica un inspec­ción in situ de la cadena pro­ductiva, que incluye al sec­tor primario y a la industria con el propósito de corrobo­rar todas las documentacio­nes enviadas a Japón. A par­tir de ello el resto del proceso será más ágil; este destino se encuentra entre los tres mercados más importantes de Asia y para ellos la carne bovina se trata de un pro­ducto “premium”.

Al cierre del séptimo mes del año las exportaciones de carne bovina tuvieron a Chile, Taiwán, y EE. UU como principales merca­dos. En materia de ingresos, las salidas repuntaron 14 %, mientras que los volúme­nes enviados a los diferentes destinos cayeron 12 %, entre carne, menudencias, y otros productos de origen ani­mal que alcanzaron los USD 1.538.496.095 por 411.065 toneladas.

Sirvió la visita del presidente de la República el mes pasado para agilizar los trámites, dijo Randy Ross.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), Randy Ross, destacó la impor­tancia de la auditoría in situ que Japón inició ayer en nues­tro país, en el marco de la posi­bilidad de habilitar ese mer­cado para la carne paraguaya, pues se trata de un trabajo de hace unos 5 años.

“Este es un exigente mercado, uno de los más exigentes del mundo tal vez para habilitar. Sirvió la visita del presidente de la República el mes pasado para agilizar los trámites porque se comprometieron a hacer una visita al país y ahora final­mente están llegando”, sos­tuvo a la 920 AM. Indicó que el proceso conllevó el envío de documentos y contó con bas­tante burocracia, pero gracias al Servicio Nacional de Cali­dad y Salud Animal (Senacsa) se logró mantener contacto permanente con el mercado.

“Es un paso importante, pero falta todavía. Esta primera visita será para el sector ofi­cial dedicado a la inspección del programa de Salud Animal, no visitarán todavía plantas frigoríficas que será en una segunda auditoría”, aseguró.

Mencionó que se encuentran confiados en que el proceso sea aún más ágil. Señaló que se visi­tarán laboratorios, puntos de control de entrada de produc­tos al país, así como los tramos de sanitación, entre otros. Por otro lado, se refirió acerca de la situación de aumento de aran­celes por parte de EE. UU. a la carne brasileña, lo cual ya fue confirmado. Esto podría afec­tar a nuestro mercado, pues si entra en vigencia el 7 de agosto sería una oportunidad para que Paraguay exporte más a ese destino, pero Brasil dejará de enviar a tal comprador.

“Podríamos tener mejores pre­cios, pero tememos que la otra cara es que todo ese volumen que iban a colocar lo van a pasar a otros mercados y bien podría ser que nos inunden el los que tenemos en común, sobretodo Chile”, explicó. Aseveró que es muy probable de que ocurra, pero habrá que ver como afec­tará en los otros mercados en común. Asimismo, dijo que el mercado chileno está dispuesto a pagar un diferencial de USD 300 por tonelada, pero a medida que se de la situación esto podría ir bajando, impactado por la oferta del país vecino.

La directora de Control Gubernamental de la Contra­loría General de la República (CGR), Gladys Fernández, explicó que a partir de ayer se puso en vigencia el nuevo plan financiero de auditoría, que prevé una auditoría finan­ciera al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos resultados se conocerán en 2026. Este plan se aplica luego de la pre­sentación del dictamen sobre el ejercicio fiscal del 2024 por parte del contralor general Camilo Benítez ante el Con­greso Nacional.

“Está previsto, no solamente esa auditoría financiera, sino también combinada a una audi­toría que van a participar otras áreas de apoyo, como la de con­trataciones, de bienes patrimo­niales, una auditoría integral. Se va a incluir también el fondo de jubilaciones, que a partir de este mes también está pre­visto que podamos controlar”, indicó para “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“La modalidad va ser una auditoría financiera y de cum­plimiento, cuando hablamos de auditoría financiera, es una auditoría más compleja, abarca muchos aspectos, por­que en la misma definición de la auditoría financiera tiene que tener errores, sesgos y fraude, quiere decir que el auditor tiene que identificar riesgos de fraude”, agregó la directora del ente contralor.

Señaló que una auditoría financiera, es más com­pleja y llevará más tiempo, teniendo en cuenta que abarca más rubros, más áreas, se aplican más proce­dimientos, no se trata de una fiscalización puntual, inme­diata y rápida, que “tiene un procedimiento, pero que también se sustancia en evidencias mucho más fuer­tes, mucho más convincen­tes, mucho más confiable”. Mientras que la auditoría convencional es una veri­ficación del grado de cum­plimiento de las normativas legales y en vigencia.

El tiempo estimado para con­cluir esta auditoría, depende de la institución, si es que coo­pera, y, en este caso, el presi­dente, Jorge Brítez, solicitó la auditoría, “lo que es un primer gran paso”, de acuerdo a la directora de la Contralo­ría. “El presidente presentó un pedido de auditoría finan­ciera justamente a los fon­dos de IPS y, como nosotros, recién ahora, todos los audito­res estaban abocados a la cul­minación del informe princi­pal que presenta el contralor al Congreso, se estaban culmi­nando las auditorías, y quedó esta auditoría (del IPS) que comience este mes, que en una semana ya estaríamos comu­nicando”, detalló Fernández.

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.

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Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.

El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.

Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.

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El asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Gustavo Irala, afirmó que se aguarda el informe final de auditoría para saber con exactitud las circunstancias del robo de medicamentos de uso controlado de la farmacia del Hospital San Jorge de Asunción.

“Estamos todavía aguardando el informe final de la auditoría interna. Nosotros habíamos comunicado al Ministerio Público que está haciendo también la investigación”, señaló a la 1020 AM. Dentro del proceso investigativo ya prestaron declaración el director del hospital César Delmás y funcionarios de la farmacia.

Así también ya se remitieron todos los informes requeridos por la Fiscalía aunque queda pendiente la presentación del informe final de la auditoría dispuesta por la ministra de Salud, María Teresa Barán.

“Estamos aguardando ese informe para dar a conocer qué es lo que realmente ocurrió aún en la farmacia”, indicó. El abogado afirmó que se están cotejando algunos datos sobre el movimiento de medicamentos a través del sistema informático.

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El pasado 23 de julio la fiscal Mirtha Arévalos la fiscal Mirtha Arévalos se constituyó en el Hospital San Jorge en respuesta a una denuncia sobre el hurto de 18 tipos de medicamentos de uso controlado, incluyendo fentanilo y clonazepam.

 El monto total del perjuicio superaba los 800 millones de guaraníes según las autoridades sanitarias.

La fiscal constato que el hospital carece de sistema de circuito cerrado en el área de farmacia, lo que facilitó el acceso a los medicamentos. Se presume que los medicamentos pudieron ser sustraídos en bolsos y transportados en vehículos comunes.

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