Muestran 81 contratos de compras para combatir COVID-19 en portal de DNCP
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Un total de 81 contratos adjudicados por un monto de G. 158.000 millones, en el marco de la pandemia, fueron puestos a disposición de la ciudadanía a través de una plataforma denominada Contratos Covid, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Se trata de adquisiciones de bienes y servicios, dentro de la Ley de Emergencia, según anunció el titular del citado ente, Pablo Seitz.
Las adjudicaciones fueron celebradas vía excepción y el resumen de las compras hechas por diferentes instituciones podrá visualizarse a través de esta herramienta implementada por la DNCP.
“Según el resumen de adjudicaciones de Contratos Covid hoy día tenemos 81 contratos celebrados por un valor de 158.000 millones de guaraníes y la ciudadanía tiene toda una gama de herramientas que te permite poder verificar qué institución pública y con qué empresa privada fueron celebrados esos contratos”, comentó.
Aseguró que hasta el momento se ha publicitado el 100% de los contratos celebrados en el marco de la Ley de Emergencia Sanitaria por COVID-19, que habilitó al Gobierno a usar un crédito de hasta US$ 1.600 millones para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
“La Dirección de Contrataciones Públicas está ejerciendo sus atribuciones de control, la institución es bastante compleja en cuanto a tipo de atribuciones, tenemos atribuciones de gestión, de control, tenemos atribuciones también que apuntan al fomento de ciertos tipos de actividades positivas. En el marco de ese paquete de atribuciones de control, nosotros tenemos las mismas atribuciones que siempre nos da Ley en el marco de procesos de selección de proveedores y también procesos de la verificación de la ejecución de los contratos. Principalmente nos estamos volcando en lo que se refiere a contratos suscritos para el combate a la pandemia del COVID, al control de la ejecución de esos contratos”, enfatizó.
Embajada de EE. UU. destaca protección del espacio aéreo paraguayo
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La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos radares, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.
“Acompañamos al Paraguay en su compromiso con la protección del espacio aéreo y adhesión a los estándares internacionales, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organizado”, expresa la publicación de la embajada.
La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.
“Celebramos el fortalecimiento de las capacidades de nuestra República para el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, un flagelo regional que exige una respuesta coordinada y contundente”, resaltó el legislador.
Latorre sostuvo que estas herramientas se adecúan a los estándares internacionales para la defensa del espacio aéreo. “La protección de nuestro espacio aéreo forma parte de este compromiso, destacado en la adquisición del sistema de radares y los aviones Super Tucano y nuestro empeño a cumplir con los estándares del derecho internacional, conforme a lo establecido en la legislación actual”, sentenció el presidente de la Cámara Baja.
Contrataciones Públicas gana apelación ante la Corte Suprema en proceso de adquisición de urnas electrónicas, permitiendo avanzar el proceso de compra.FOTO: ARCHIVO
Corte dio lugar a apelación de DNCP por licitación
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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informó que ayer la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la DNCP en el caso de “Urnas electrónicas” del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
De acuerdo al informe de Contrataciones Públicas, esta decisión de la máxima autoridad judicial permite el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Cuentas-Tercera Sala a favor de la firma Bypar SA, que había suspendido temporalmente el avance del proceso licitatorio.
“Esta resolución representa un paso relevante hacia la garantía de la legalidad y la transparencia en los procedimientos de contratación pública, reafirmando el compromiso de la DNCP con el respeto al debido proceso y a la correcta aplicación de la normativa vigente”, expresa el comunicado.
Cabe recordar que desde la Justicia Electoral aguardaban la resolución de esta objeción de parte de la firma, a fin de continuar con el proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales de 2026 y las presidenciales de 2028.
El motivo de la objeción planteada por la firma Bypar SA es que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación.
Desde la Justicia Electoral señalaron que esta empresa tiene 5 años de trayectoria, por ello buscaban reducir el plazo de experiencia. Pero el problema de esta firma es que tampoco reunía ninguno de los demás requerimientos; por ello, no pudo participar en la licitación.
Miguel Prieto recusó a siete fiscales y un juez para trabar audiencia preliminar
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El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sigue dilatando el avance de uno de los procesos de la Justicia en su contra, y recusó a 6 agentes fiscales y a una fiscal adjunta, además del juez Humberto Otazú, lo que podría suspender la audiencia preliminar prevista para este miércoles.
Las recusaciones son contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez, Jaime Adler Monjes, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, además de la fiscal adjunta Soledad Machuca, en la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia, informó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Los agentes fiscales recusados son de la Unidad de Delitos Económicos. Esta nueva recusación debe ser estudiada por el propio fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Esta nueva recusación evita que se pueda realizar en la fecha la audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, quien había convocado a Prieto para que el mismo y otros acusados para resolver si la causa es elevada a un juicio oral y público como lo había solicitado el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
En este caso, la Fiscalía sostiene que con la compra de alimentos en pandemia del covid-19 se generó un perjuicio de G. 350 millones para la Municipalidad de Ciudad del Este. Los representantes legales de Prieto presentaron la recusación contra el juez Humberto Otazú, lo cual refuerza la intención del intendente de no enfrentar la audiencia preliminar.
Vallejo sobre máquinas de votación: “Es clave fortalecer al TSJE y evitar más dilaciones”
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La diputada Rocío Vallejo, del partido Patria Querida, se pronunció este jueves respecto al proceso de licitación de las nuevas máquinas de votación, subrayando la importancia de fortalecer la institucionalidad del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y garantizar la transparencia en cada etapa del procedimiento.
“Nosotros estamos convencidos de que el TSJE debe fortalecerse cada día más. En su institucionalidad está el proceso democrático de este país”, expresó Vallejo, al tiempo de instar a que se aceleren las aclaraciones sobre las denuncias que podrían entorpecer la apertura de sobres prevista para el lunes.
La legisladora destacó la apertura del TSJE y de sus tres ministros para permitir la participación de los partidos políticos en las distintas etapas del proceso. “Nos han explicado cada cosa que hemos solicitado, y está también en parte nuestra responsabilidad como partidos de poner a personas idóneas para la verificación de las máquinas”, indicó, resaltando la necesidad de involucrar a técnicos capacitados que puedan ejercer un control efectivo.
Sobre el temor a un posible direccionamiento en el proceso de licitación, Vallejo reconoció que esa preocupación fue expresada por sectores de la oposición, pero señaló que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) tiene ahora la responsabilidad de definir el rumbo del proceso. “Ellos (el TSJE) dicen que no hay direccionamiento. La pelota está en manos de Contrataciones”, afirmó.
Finalmente, la diputada insistió en la urgencia de evitar más retrasos. “Justicia Electoral fue clara con nosotros: existen plazos que cumplir. Se deben entregar al menos 5.000 máquinas a fin de año, y cada dilación, como las ya ocurridas cuando Contrataciones Públicas demoró en aprobar el pliego de bases y condiciones, pone en riesgo ese objetivo”, concluyó diciendo en conversación con varios medios de comunicación.