El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ratificó este jueves que los cambios realizados en la estructura del Superviaducto tienen respaldo técnico y legal, y que los mismos fueron introducidos para una mejor ejecución y mayor eficiencia en el funcionamiento de la obra.
En el transcurso de una conferencia de prensa, el ministro de la cartera vial, Ramón Jiménez Gaona, y los demás funcionarios denunciados por lesión de confianza y asociación criminal en la construcción del superviaducto, informaron de todo lo actuado en la investigación fiscal.
En la oportunidad se proyectó un material audiovisual que demuestran los cambios introducidos y como influyeron en la mejora del impacto en la calidad y costo de obra. Como así también , que la empresa Isolux Corsán Corviam absorbió todos los costos por encima del precio contratado.
Además, se dio a conocer un informe de auditoria de elaborado por la consultora internacional Deloitte que señala que la contratista, conforme al contrato, presentó una serie de modificaciones al proyecto licitado, cuyo diseño fue elaborado por la consultora Tecnodinámica.
“De índole estructural”
En la conferencia, destacaron que las modificaciones eran relevantes por motivos de índole estructural, de buena ejecución de los trabajos y mayor eficiencia de funcionamiento de la intersección ejecutada.
Era potestad del contratista adjudicado, la revisión del proyecto y el ajuste del mismo, dado que estaba expresamente establecido en el pliego de bases y condiciones.
Las modificaciones fueron analizadas por la empresa fiscalizadora de la obra, Caser, y por los profesionales técnicos del MOPC.
Finalmente, señalaron que los cambios efectuados incrementó los costos en la suma de G. 822.300.875, monto el cual indicaron que fue asumido en su totalidad por la empresa contratista.
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MOPC avanza en la mejora de puestos de peaje para beneficio de usuarios
La modernización de los puestos de peaje en Paraguay da un paso adelante con una nueva iniciativa. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) busca mejorar la señalización y tecnología en todas sus estaciones, priorizando la seguridad y comodidad de los usuarios en las carreteras nacionales.
Mediante el nuevo llamado, publicado en el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas, está en marcha para la adquisición de estos equipos con fecha de presentación de ofertas para el jueves 31 de octubre de 2024 en la mesa de entrada única de la institución.
El monto de inversión estimado es de G. 3.503.066.667; la licitación se divide en dos lotes principales. El primero se enfoca en la señalización con carteles LED, que incluye medidas de seguridad, planos eléctricos, manuales de uso y capacitación técnica. Los carteles se instalarán en puestos de peaje estratégicos como Remanso, Ecovía y Héroes del Chaco.
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El segundo lote abarca la señalización horizontal y vertical en 15 puestos administrados por el MOPC, incluyendo la instalación de carteles tipo pórtico con la nominación de cada peaje en letra corpórea iluminada con LED, en 9 de ellos.
Los equipamientos requeridos son de alta tecnología, resistentes a condiciones ambientales adversas como humedad, polvo y hollín. Las especificaciones técnicas han sido diseñadas para garantizar la fiabilidad y durabilidad de los mismos, asegurando que cuenten con todos los respaldos de seguridad y certificaciones necesarias.
Este proyecto se suma a otros avances recientes como la implementación del pago electrónico en los 16 puntos de cobros en todo el país. El sistema permite a los usuarios pagar la tasa de tránsito de manera electrónica utilizando tarjetas de débito, crédito o códigos QR, lo que resulta en un servicio más ágil, seguro y transparente.
Desde la cartera, afirman que la implementación de esta tecnología no solo significa más facilidades de pago, también contribuyó a un incremento significativo en la recaudación, gracias a la inclusión de sistemas de control preventivos, capacitación del personal y una mejor información para los usuarios.
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Plan de revitalización: se prevé mudar 3.700 funcionarios a Oficinas de Gobierno
Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), anunció que aproximadamente 3.700 funcionarios se mudarán a las Oficinas de Gobierno en 2025, respondiendo a un plan de revitalización impulsado por el Estado.
“Estamos iniciando la primera fase de la puesta en operación de las Oficinas de Gobierno. Acordamos trabajar en un convenio con la Itaipú Binacional, para el equipamiento”, detalló para el programa “Arriba Hoy”, por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las torres iniciales estarán dirigidas para el MOPC y el Ministerio de Educación, incorporando además al Ministerio del Interior, tras el rediseño del proyecto. La llegada de los funcionarios se prevé para el primer semestre del 2025, trabajando de manera inmediata en el plan de mudanza.
De acuerdo a las explicaciones de Guillén, esto respondería a un plan que se busca impulsar desde el Gobierno Nacional, con el objetivo de optimizar el servicio público y revitalizar el Centro Histórico de Asunción, así como también la zona del Puerto de Asunción.
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Las oficinas
El director de Proyectos Estratégicos del MOPC detalló que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cuenta con su propia torre, pero el plan a ser desarrollado abarca de manera exclusiva a los tres ministerios mencionados, sin contar con las oficinas ya ocupadas.
“Ya estamos llamando a licitación con la Itaipú Binacional y el equipo del MOPC porque se trata de un trabajo conjunto. Venimos cerrando todas las especificaciones, desde la semana anterior, con una revisión técnica final; la publicación se haría la próxima semana”, señaló.
Está previsto realizar la adjudicación correspondiente antes de fin de año, para entrar de manera inmediata en la etapa de ejecución, la cual duraría aproximadamente cinco meses. En términos de infraestructura, ya se previó la instalación de los sistemas de incendios y los cableados, con un diseño de pisos flotantes, apuntando a la innovación.
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Gobierno abrió licitación para pavimentar tramos en Alto Paraná, Itapúa y Caazapá
El Gobierno lanzó la Licitación Pública Nacional N.º 87/2024 para la rehabilitación y pavimentación asfáltica de 127,7 kilómetros de tramos camineros que beneficiarán a más de 90.000 personas de las comunidades en los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Caazapá.
A través del portal de Contrataciones Públicas publicaron la convocatoria identificada con el ID N.º 453.106, que está dirigida a empresas nacionales, con el objetivo de mejorar la conectividad en tres departamentos clave del país.
La fecha establecida para la presentación de ofertas es el viernes 25 de octubre de 2024, a las 13:00, en la Mesa de Entrada Única del edificio Central del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Sobre el proyecto
Este nuevo paquete de obras, que se divide en seis lotes y tiene una inversión estimada de G. 455.318.986.898, incluye en Alto Paraná el esperado asfaltado del tramo Juan Emilio O’Leary – San Cristóbal con 62,286 km (3 lotes); en Itapúa, distrito de San Rafael del Paraná, el tramo Naranjito (empalme ruta PY06) – Nueva Aurora – Colonia Santa Inés, de 27,5 km, y en Caazapá, la ruta General Higinio Morínigo – Caazapá, que abarca 37,93 km (2 lotes).
Lo que se incluye en las obras
Las mejoras previstas en este llamado no se limitan a la simple pavimentación, sino que adoptan un enfoque integral para mejorar la infraestructura vial. Entre las intervenciones establecidas se encuentran la pavimentación asfáltica de caminos, el mejoramiento del sistema de drenaje con alcantarillas y cunetas, puentes de hormigón armado, la instalación de señalizaciones verticales y horizontales, la colocación de barandas de defensa, y la realización de obras complementarias.
En el pliego de bases y condiciones se establecen especificaciones técnicas detalladas para cada lote, según las condiciones en que se encuentra el tramo. Para los Lotes 1, 2 y 3, se utilizará una subbase de macadam hidráulico, una base granular estabilizada, y una carpeta de rodadura de concreto asfáltico de 7 cm de espesor. El Lote 4 tendrá características distintas, mientras que los Lotes 5 y 6 compartirán especificaciones similares a los primeros tres, con ligeras variaciones en el espesor de la carpeta asfáltica.
Este proyecto plurianual, cuyo plazo de ejecución entra en vigencia desde el momento de la recepción de la orden de inicio y se podrá extender hasta 2027, busca resolver los problemas de accesibilidad y movilidad en la región, facilitando la conexión con los principales corredores viales.
Además, pretende mejorar el acceso a servicios esenciales de todas estas comunidades y distritos involucrados en los tres departamentos, cuya población asciende a más de 90.000 habitantes, según el reporte del MOPC.
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Proyecto de control a las oenegés: Diputados eliminarían la sanción económica a directivos
El diputado Alejandro Aguilera confirmó que los integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja analizará este martes las modificaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, al proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El encuentro está previsto para las 8:00 teniendo en cuenta que la iniciativa figura en el punto 1 del orden del día para su tratamiento en plenaria en la fecha. Aguilera detalló que entre los principales cambios al proyecto de ley en relación a las personas físicas, figura la eliminación de la sanción económica a los directivos de las oenegés, pero se mantendrá el apercibimiento por escrito y, en caso de reincidencia, 5 años de inhabilitación para administrar o gerenciar una organización no gubernamental.
Mientras que para las personas jurídicas, el legislador afirmó que también se mantendría en el documento como primera medida el apercibimiento por escrito y, de existir la reincidencia, una suspensión al organismo infractor por un plazo de hasta 6 meses.
También existe la posibilidad de excluir de estas sanciones aprobadas inicialmente en el Senado, a las iglesias, las comisiones vecinales y los organismos internacionales (salvo que reciban dinero del Estado). “Vamos a dictaminar y a tocar algunas modificaciones, si hay números, se va a aprobar, pero creo que habrá. Se quiso tergiversa mucho el espíritu de esta ley que es el de controlar y saber en qué se gasta o se invierte el dinero”, comentó Aguilera.
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El proyecto de ley también será analizado por los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros de la Cámara Baja. No obstante, tampoco se descarta su postergación por una semana con el fin de socializar aún más los cambios sugeridos por el Ejecutivo y analizarlo en el pleno el próximo martes 8 de octubre, teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con sanción ficta para el 9 del presente mes.
De aprobarse en la fecha, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores quienes tendrán la posibilidad de ratificarse en su posicionamiento o aceptar las modificaciones introducidas por los Diputados en base a las sugerencias del Ejecutivo.
Lo que establece la propuesta
De acuerdo a la exposición de motivos, el control se establece sobre las oenegés que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional y que se destinen a prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades, entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público y universidades públicas.
La iniciativa parlamentaria también refiere que el control también abarca a los que, de alguna manera tengan relación con sectores, prestaciones o ámbitos de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de Derecho Público y de universidades públicas.
El documento también hace mención a la creación de un Registro Nacional de Organizaciones sin fines de lucro, al cual, deberán inscribirse (dentro de los noventa días de vigencia de la ley) todas las organizaciones que operen como tal. Ninguna institución pública u organismo del Estado podrá firmar ni ejecutar acuerdos con instituciones que no figuren en el citado registro que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.
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