El Ministerio de Justicia está impulsando una iniciativa legislativa que tiene el fin de establecer una pena para quienes ingresen teléfonos celulares y otros dispositivos tecnológicos a los centros penitenciarios. El proyecto contempla diferentes tipos de sanciones dependiendo de quien incurra en este hecho, es decir, si son visitas, proveedores del penal o los propios funcionarios penitenciarios.

“Desde el viceministerio y la Cámara de Diputados queremos tratar de desalentar el ingreso y tentativa de ingresos de aparatos celulares y tecnológicos de comunicación que no están autorizados. Actualmente esto solo tiene una sanción administrativa, es decir, si una persona intenta introducir un celular al penal, solo es sancionado con la prohibición de ingresar al centro penitenciario o de visitar a una persona privada de libertad”, explicó el viceministro Víctor Benítez.

El titular del Viceministerio de Política Criminal detalló a la 650 AM que con esta medida se busca erradicar el ingreso de los dispositivos, por lo que el proyecto contempla diferentes expectativas de penas privativas de libertad.

Cuando se trata de una visita se prevé una sanción penal de que va desde los 2 a 4 años de cárcel, cuando son proveedores de alimentos o empresas que trabajan con el ministerio, la pena puede extenderse hasta los 5 años de prisión mientras que cuando son funcionarios o encargados del custodio del sistema los que recaen en este hecho, la pena podrá ir hasta los 7 años de pena privativa de libertad.

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“Este proyecto de ley será analizado por el Congreso, algunos podrán decir que con esto solo se estaría elevando el precio de los teléfonos celulares para su ingreso, pero la intención nuestra es desalentar y de una vez por todas que no tengamos aparatos celulares sin autorización dentro de las penitenciarías y así evitar varios hechos punibles que se suelen dar por tener celulares dentro de las cárceles”, manifestó.

Benítez indicó que están confiados que con esta iniciativa podrían mejorar la situación penitenciaria actual, no obstante, reconoció que una ley no será suficiente para erradicar el ingreso de celulares a los centros penitenciarios y que será clave el combate a la corrupción y el control irrestricto de los funcionarios.

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Cada vez están más en aumento el número de consumidores que se quejan ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) de que se realizan modificaciones en las tarifas y los clientes no reciben la notificación adecuada.

Es por eso que la Sedeco había presentado el pasado miércoles una solicitud formal a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para la modificación de los artículos 30 y 33 del decreto N° 6999/17, que regula la comunicación de cambios tarifarios en los servicios de telecomunicaciones.

Esto debido a que Sedeco ha recibido múltiples denuncias de usuarios afectados por modificaciones unilaterales en las tarifas de sus servicios, sin un aviso adecuado ni consentimiento previo. La notificación en medios masivos con plazos reducidos, según la entidad, vulnera lo dispuesto en la Ley N° 1334/98, que exige claridad, oportunidad y accesibilidad en la información sobre los contratos y sus cambios.

El decreto mencionado permite a las empresas de telefonía realizar aumentos en tarifas, siempre que las mismas sean “puestas a disposición del público” con una antelación de tan solo 72 horas, lo cual a juicio de la Sedeco resulta insuficiente e inadecuado para garantizar una correcta protección de los derechos de los consumidores.

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De este modo, desde Sedeco se considera que la normativa actual no proporciona a los usuarios el tiempo necesario para evaluar los cambios o considerar opciones alternativas sin penalización, incurriendo de este modo en prácticas desleales que terminan vulnerando los derechos de los usuarios.

Ante esto, desde la Sedeco se propone un plazo mínimo de 15 a 30 días y que la modificación de tarifa y costos sean notificadas directamente y de manera personal a cada consumidor, para asegurar que los mismos puedan tomar decisiones informadas.

Sedeco también insta a Conatel a exigir a las empresas de telecomunicaciones a dejar de depender de manera exclusiva de publicaciones en medios masivos, especialmente los diarios. “Las empresas que envían promociones directamente a los usuarios pueden y deben informar de la misma manera sobre aumentos tarifarios”, afirmaron.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los “piratas del asfalto” tomaron el sur de Alto Paraná para hechos de robos agravados que fueron recurrentes en los últimos meses. Un grupo criminal de cuatro o cinco hombres, con armas de fuego, asaltaron a una pareja y robaron cajas de mercaderías varias.

Ocurrió a las 12:40 de hoy sobre la ruta asfaltada que une al municipio de Domingo Martínez de Irala con la Ruta PY07. Es lo que reportó el personal de la Subcomisaría 31.ª del citado distrito. Fueron víctimas Isidora Salinas (36) y su pareja, Rolando René Chamorro González (30).

La carga robada tenía calzados deportivos, 3 cajas de perfumes, 2 cajas de vaper, 35 aparatos celulares de la marca Xiaomi, 12 iPhone y la suma de un millón de guaraníes. Los aparatos celulares son los objetos más robados en los últimos dos años, así como es el producto más vendido en el comercio de Ciudad del Este, según empresarios del rubro.

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La pareja se desplazaba a bordo de un automóvil, marca Toyota, modelo Allion, color gris, chapa AAAR 157 Py. De acuerdo al relato aportado al personal policial, fue interceptada por los delincuentes, quienes con arma de fuego en mano les obligaron a descender del rodado.

Uno de los “piratas” subió al vehículo de las víctimas y huyó del lugar llevándose la carga, pero a unos tres kilómetros del lugar del atraco, fue encontrado abandonado el automóvil, ya sin las mercaderías que contenía.

El grupo criminal se desplazaba a bordo de un automóvil, presumiblemente de la marca Toyota, modelo Allion, color gris, sin chapa. En el mismo interceptaron a la pareja y uno de ellos abordó el automóvil de las víctimas para apoderarse de la carga.

Para el personal policial, lo que hicieron fue salir rápido del lugar del atraco para luego hacer trasbordo de las mercaderías y abandonar el automóvil de la pareja asaltada. La Policía Nacional dictó captura de los responsables, en base a los datos disponibles y se comunicó al Ministerio Público.

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Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional detuvieron en la ciudad de Guarambaré a un hombre que habría estado robando de manera sistemática celulares de alta gama de su lugar de trabajo. El empleado se desempeñaba como encargado del depósito donde se resguardaban los teléfonos.

El sujeto fue identificado como Pedro González, quien junto con otro exempleado habría estado sustrayendo los aparatos celulares de las cajas en las que se encontraban, haciendo aperturas por la parte de abajo de las mismas para evitar que se percaten de la violación del sello de seguridad.

Recién cuando se iba a proceder al traslado de la mercadería del depósito al área comercial, los demás empleados en compañía del propietario de la empresa se percataron de que no estaba la cantidad estipulada en el lugar y empezaron a realizar un conteo, encontrando el faltante de 413 celulares en total.

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“Cuando procedemos a la detención de este sujeto, el mismo empezó a caer en varias contradicciones y también dio datos sobre otra persona que también estaba trabajando en el lugar. De su poder se lograron recuperar unos 27 celulares identificados como parte de lo robado”, dijo el oficial interviniente Luis Méndez, en conversación con canal Trece.

El perjuicio total que habría sufrido el propietario de la casa de electrodomésticos donde trabajaba el ahora detenido rondaría los G. 700 millones, teniendo en cuenta que la mayoría de las mercaderías sustraídas eran nuevas y de alta gama. De igual manera, las investigaciones continúan en torno al caso para dar con todos los involucrados, mientras que el detenido ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

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