- Caracas, Venezuela. AFP.
“Expropiar es robar”: la frase evoca directamente a María Corina Machado, la irreverente opositora que hace una década desafió a un intocable Hugo Chávez y hoy conquista las primarias de la oposición de Venezuela.
Era diputada cuando se atrevió a desafiar a Chávez (1999-2013), cuya política económica socialista incluía expropiaciones de empresas, edificios y propiedades. Con esas palabras, catapultó el desprecio del chavismo y terminó de conquistar a los opositores más radicales.
De 56 años y con fama de ser tajante y sin medias tintas, Machado conquista el liderazgo de la oposición al imponerse en la primaria del domingo con la promesa de acabar con el socialismo de llegar al poder e imponer un país liberal. Aunque su victoria no necesariamente se traduce en una candidatura ante el presidente Nicolás Maduro, que busca la reelección, pues sobre ella pesa una inhabilitación política por 15 años, que ella desconoce. “¡Esta lucha es hasta el final!”, repite como un mantra que ha calado entre sus seguidores, convencidos de que podrá revertir la sanción, participar en los comicios del año próximo y además hacerse con el poder.
“Fue quedando con el monopolio de una oferta alternativa distinta a la oposición clásica”, explica a la AFP Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, destacando una imagen de “coherente y consistente” entre un opositor cansado de los fracasos acumulados en la oposición tradicional.
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Maduro asegura que respetará resultado electoral, pero cada vez hay más opositores arrestados
El presidente venezolano Nicolás Maduro suscribió este jueves un documento para respetar los resultados de las elecciones del 28 de julio en las que aspira a un tercer mandato, a medida que aumentan los arrestos de dirigentes que apoyan la candidatura de la oposición.
Maduro y otros candidatos minoritarios -se definen opositores aunque alejados de la dirigencia tradicional que los tacha de “colaboracionistas”- suscribieron un documento en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) que incluía “la voluntad absoluta de reconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral” y “competir en un clima de respeto, paz y participación democrática”.
El principal rival de la oposición, Edmundo González, no acudió al acto y tachó el acuerdo de “imposición unilateral”.
“Lo que diga el árbitro electoral, amén”, dijo Maduro tras la firma. “Basta de sabotajes contra nuestro país, basta de conspiraciones. Venezuela quiere tranquilidad”.
El nombre de González estaba en el documento. “No acudió al llamado de la patria”, dijo Amoroso tras llamarlo a firmar, sin respuesta.
“No tengo ninguna invitación para ir hoy al CNE”, señaló más temprano González, candidato de la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria, tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado y el veto a otros nombres.
Otro candidato, Enrique Márquez, que fue rector del CNE, tampoco acudió al acto.
“El pueblo de Venezuela tiene que ver quién quiere a su patria y quién no, quién está de rodillas a otras pretensiones que no son las de Venezuela”, dijo Amoroso después a periodistas. “Ellos quieren desconocer, desestabilizar y sabotear este proceso electoral, pero con ellos o sin ellos aquí va a haber elecciones”.
Arrestos e inhabilitaciones
La campaña electoral arranca oficialmente el 4 de julio, aunque Maduro y Machado -alma de la movilización opositora- lideran mitines desde hace meses.
La oposición denuncia persecución, con 37 dirigentes detenidos en lo que va del año.
Se sumó este jueves la del alcalde del municipio Ayacucho del estado Táchira (oeste), Yonnhy Liscano, confirmó a la AFP la fiscalía, que también ordenó el arresto de Rigoberto Ovallos, edil del municipio Antonio Rómulo Costa en el mismo estado.
Ambos manifestaron apoyo a Edmundo González en días recientes. No está claro qué delitos se les imputa.
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Otros 10 alcaldes fueron inhabilitados políticamente esta semana después de mostrarse a favor de la candidatura opositora.
Fuente: AFP
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¿Qué rumbo tomará el “malandro mayor” en Venezuela?
- Por Juan Carlos dos Santos
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
Veinte y más años atrás hubiera sido una gran novedad encontrarse en Asunción con un taxista de nacionalidad venezolana, pero tras la migración masiva ocurrida luego de la llegada y posterior fracaso del socialismo del siglo XXI en la otrora nación más rica del hemisferio, escuchar ese acento caribeño se ha convertido en algo frecuente en todos los países de la región, y el nuestro no ha escapado a este fenómeno social motivado por la política.
Me tocó en suerte conocer a Alejandro, un conductor de servicio de plataformas digitales que está hace 5 años en Paraguay y le va bastante bien con ese trabajo. Luego de escuchar algunos reclamos por cómo se ha comportado con él una de las plataformas para la que trabaja, surge la pregunta obligada. ¿Cómo ve la situación en Venezuela y cuáles son las expectativas para las elecciones de julio próximo?
Pareciera que le habían inyectado adrenalina porque cambia de velocidad en la conversación y se emociona por la pregunta. Inmediatamente nos trasladamos de manera mental hasta su Venezuela añorada y suelta algunas realidades.
“Económicamente estamos destruidos y estamos peor que nunca, pero hay algo que ha cambiado para bien nuestro y mal de ustedes: la inseguridad ha disminuido notablemente”. Hasta hace poco, Caracas era considerada la ciudad más violenta del mundo y Alejandro explica por qué ese índice de criminalidad ha disminuido, al punto de “poder caminar con el teléfono celular en la mano”.
El régimen de Maduro les ha abierto la puerta de salida a los “malandros”, como ellos llaman a los criminales. Los índices de delincuencia han crecido notoriamente en países como Chile y Perú, grandes receptores de la migración venezolana. “El gran malandro de Maduro arregló con los criminales del Tren de Aragua, un cartel de narcos venezolanos muy poderoso y les ha permitido la salida hacia destinos de América Latina, además de una infinidad de presos comunes, que salieron del país”.
Para nuestro conductor venezolano, eso explica claramente el problema de criminalidad en varios países que antes no sufrían ese flagelo. El problema ecuatoriano tiene la misma o peor connotación. Los carteles ecuatorianos están emulando el modelo colombiano y venezolano.
Pero Alejandro tiene esperanzas por las elecciones de julio en Venezuela. “Edmundo (González) va a ganar porque no podrán hacer un fraude tan grande para esconderlo, las cosas están casi 80 a 20 en contra de Maduro y con María Corina (Machado), estaban 95 a 5″, asegura.
Las cosas no están fáciles, porque tras más de 20 años gobernando, dudo que los chavistas entreguen tan fácilmente el poder si pierden. Alejandro me explica que en ese caso, Maduro tiene dos opciones. La primera, generar un ambiente de conflicto con Guyana por el Esequivo, de modo tal que, con un Estado de excepción, pueda evitar las elecciones o peor, obviar los resultados. Lo segundo es que se niegue a dar el poder ante una derrota previsible, lo que podría desencadenar una situación de violencia descontrolada y haría que Maduro y su régimen se quiten definitivamente la máscara y se declaren una verdadera dictadura, al estilo cubano. Alejandro sigue conduciendo por las calles asuncenas mientras su mente está en su Venezuela natal.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.
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Venezuela: Según ONG, régimen de seguridad deja más de 10.000 muertos en una década
Un total de 10.085 personas fueron asesinadas por cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela durante los últimos diez años, en la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro, según un informe de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
“Estos diez años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, indicó este martes la coordinadora de investigación de Provea, Lissette González.
Los datos responden en su mayoría a presuntas ejecuciones extrajudiciales, aunque también se cuentan las muertes ocurridas durante los años 2014 y 2017, de masivas protestas.
La cifra estuvo en aumento hasta 2020, cuando comenzó a descender, según la ONG. La baja, añadió, podría ser porque “efectivamente haya menos asesinatos” o una ausencia de denuncia y reseña en medios.
En 2023, el total de víctimas mortales de estas fuerzas fue de 620, la mayoría de entre 18 y 30 años, siendo la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la responsable del 30 % de los casos.
Provea también documentó 1.652 víctimas de tortura durante la gestión del gobierno de Maduro, de las cuales 53 ocurrieron el año pasado.
“Por primera vez en los registros de Provea -desde hace 35 años- la mayoría de las víctimas de tortura fueron mujeres pobres, privadas de libertad”, apuntó.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, siguió González.
La ONG advirtió que además de la pobreza, la impunidad, es “la mayor violación de derechos humanos” en Venezuela y advirtió sobre el aumento de la represión de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en las que Maduro aspira a un tercer mandato de seis años.
Fuente: AFP