La mandataria señala que es para poner fin a la crisis y protestas desatadas tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo.
“¿Qué se resuelve con una renuncia mía? Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de elecciones (...) Exijo que se reconsidere la votación” del viernes, cuando el Parlamento votó en contra de adelantar los comicios generales del 2026 al 2023. El viernes, el presidente del Congreso, José Williams, precisó que está pendiente reconsiderar la votación en una próxima sesión.
En un mensaje televisado a la nación, Boluarte lamentó las violentas protestas iniciadas el 7 de diciembre, que dejan al menos 18 fallecidos, entre ellos menores de edad. En algunos casos, estas muertes ocurrieron tras choques con militares, autorizados para controlar la seguridad interna en el marco de la instauración de un estado de emergencia. “Solo entre la calma, la cordialidad y el diálogo sincero y abierto podremos trabajar (...) ¿Cómo vamos a pelearnos entre peruanos, malograr nuestras instituciones, bloquear carreteras?”, consideró.
La gobernante explicó que, si las Fuerzas Armadas salieron a las calles, “ha sido para cuidar y proteger” a los ciudadanos “porque se venía desbordando esta situación (protestas)” con “grupos violentistas”.
“Estos grupos no han salido de la noche a la mañana, tenían organizado tácticamente bloquear carreteras”, agregó. Los manifestantes piden la libertad del destituido presidente Pedro Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales inmediatas.
Las protestas han sido más intensas en el sur andino del Perú, una región golpeada por la pobreza y con demandas sociales postergadas.
Boluarte, natural de Apurímac, una de las zonas en conflicto, emitió parte de su mensaje en quechua, idioma que es hablado por un importante sector andino en el país.
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Boluarte registra el menor nivel histórico de popularidad
- EUROPA PRESS.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, batió el récord histórico negativo de popularidad con un apoyo del 5 %, inédito desde 1980. La desaprobación de la labor de Boluarte se sitúa así en un 91 % después de año y medio de gobierno, según el estudio de Datum para el diario ‘El Comercio’.
Por regiones, en el sur es donde la caída es mayor, ya que su aprobación cae del 7 al 3 %. La desaprobación llega allí al 95 %. El Congreso, principal sustento de Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo precisamente por intentar disolver el Legislativo, tiene un 61 % de oposición entre la población a medidas como la eliminación de los movimientos regionales y su presidente, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, tiene una aprobación del 10 %.
El dato de Boluarte iguala al del segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980) y se sitúa por debajo del de mandatarios como Alan García o Alberto Fujimori. Boluarte perdió la mitad del 10 % de apoyo que tenía en el primer trimestre del año tras el estallido del conocido como Caso Rólex. La presidenta está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones.
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Récord histórico negativo: Dina Boluarte registra el menor nivel de popularidad
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, batió el récord histórico negativo de popularidad con un apoyo del 5 %, inédito desde 1980. La desaprobación de la labor de Boluarte se sitúa así en un 91 % después de año y medio de gobierno, según el estudio de Datum para el diario ‘El Comercio’.
Por regiones, en el sur es donde la caída es mayor, ya que su aprobación cae del 7 al 3 %. La desaprobación llega allí al 95 %. El Congreso, principal sustento de Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo precisamente por intentar disolver el Legislativo, tiene un 61 %de oposición entre la población a medidas como la eliminación de los movimientos regionales y su presidente, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, tiene una aprobación del 10 %.
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El dato de Boluarte iguala al del segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980) y se sitúa por debajo del de mandatarios como Alan García o Alberto Fujimori. Boluarte perdió la mitad del 10 % de apoyo que tenía en el primer trimestre del año tras el estallido del conocido como Caso Rólex. La presidenta está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones.
Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado. La Policía y la Fiscalía llegaron a registrar el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.
Fuente: Europa Press
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Caso Rolexgate: Fiscalía denuncia a presidenta de Perú por presunto soborno
El fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, denunció ayer lunes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho (soborno) en el marco del escándalo de relojes de lujo conocido como Rolexgate.
“La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte, como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado”, indicó en un comunicado el Ministerio Público en la red social X. La denuncia, entregada esta tarde al Congreso, es el paso previo a un antejuicio político, que debe ser posteriormente valorado por el poder judicial cuando ella termine su mandato.
Para la Fiscalía los hechos que fundamentan la denuncia se refieren “a tres relojes marca Rolex que la presidenta habría recibido en calidad de donación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, (junto a) un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes”.
La presidenta es investigada en el Rolexgate desde marzo por “cohecho pasivo impropio”, un delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionarios. También por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos.
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En el Parlamento, controlado por bancadas de derecha afines a Boluarte, la denuncia debe ser evaluada por una subcomisión de acusaciones constitucionales antes de ser debatida por el Pleno en un trámite sin plazo determinado. El jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, consideró que existe una clara persecución en materia fiscal contra la presidenta, lo cual afecta al trabajo diario que realiza en beneficio del país.
“Esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le hace a la presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal”, dijo Adrianzén al canal N de televisión. Boluarte, quien cumplirá 62 años este viernes, solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la constitución.
Con su caso, son seis los presidentes implicados en casos de corrupción en el último cuarto de siglo. En apenas ocho años, Perú ha tenido seis mandatarios, en medio de la peor ola de inestabilidad de su historia moderna.
Un dolor de cabeza
La denuncia es la segunda que presenta la Fiscalía contra Boluarte luego que en noviembre pasado la acusara por el presunto delito de homicidio, como responsable de la represión a las protestas que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder el 7 de diciembre de 2022.
En su primera declaración ante el Ministerio Público, Boluarte indicó que los relojes Rolex le fueron entregados en préstamo por su amigo el gobernador regional de Ayacucho. “Debo reconocer que fue una equivocación aceptar en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima”, declaró Boluarte.
Las indagaciones por “la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos” comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona. “He entrado a Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido al pueblo peruano”, dijo en abril la primera presidenta mujer de Perú.
La información reveló que usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del expresidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.
Gobierno débil e impopular
La mandataria, cuya desaprobación alcanza el 88 %, según una reciente encuesta de Ipsos, carece de bancada propia y partido, por lo que el apoyo de las fuerzas conservadoras es clave para que pueda terminar su mandato en julio de 2026.
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“¡Vamos a seguir caminando hasta el 28 de julio del 2026! Porque aquí el pueblo escogió una fórmula presidencial y conforme a la Constitución eso se debe de respetar”, dijo hace una semana en un acto público descartando que renunciaría por las investigaciones.
En abril, el gobierno disolvió sorpresivamente la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que allanó en marzo la vivienda de Boluarte y el despacho presidencial, en busca de las joyas.
Fuente: AFP
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Detienen al hermano de la presidenta de Perú por presunta corrupción
La policía de Perú detuvo este viernes al hermano y al abogado de la presidenta del país, Dina Boluarte, por su presunta vinculación con una trama de corrupción que nombraba funcionarios a cambio de sobornos, anunció la Fiscalía.
Un equipo especial de fiscales contra corrupción “detuvo a Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda y otros investigados por los delitos de organización criminal y tráfico de influencias”, indicó el Ministerio Público en la red social X.
Boluarte, hermano mayor de la mandataria peruana, fue detenido en su apartamento, en el este de Lima. La Fiscalía lo acusa de comandar una red de corrupción que designaba prefectos y subprefectos a cambio de “dádivas económicas”, según precisó el poder judicial en un comunicado.
Los funcionarios ejercen como representantes del gobierno en las regiones del país y son nombrados directamente por la presidenta y el ministro del Interior. Desde sus cargos captaban “afiliados” para inscribir un nuevo partido político, Ciudadanos por el Perú, que encabezaría Nicanor, de 64 años.
La organización “habría gestado su programa criminal inmediatamente después que Boluarte” asumiera como presidenta el 7 de diciembre, añadió el poder judicial. Boluarte negó los señalamientos mientras era conducido, esposado, a prisión tras el allanamiento a su apartamento. “Niego absolutamente todo, soy inocente”, dijo a los periodistas.
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“Poder de facto”
Junto a Boluarte fue detenido el abogado de la presidenta y seis personas más en distintos operativos realizados en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín. En el marco de esas acciones fueron allanados “26 inmuebles”, dijo por su parte la Fiscalía.
Castañeda representa a la mandataria peruana en la investigación que enfrenta por unos relojes de lujo que no declaró en su lista de bienes. Según las autoridades judiciales, Nicanor Boluarte sacó provecho del “poder de facto” que le otorgó su hermana para “instrumentar las prefecturas y subprefecturas” en su beneficio.
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Mientras que Castañeda presuntamente cumplía el rol de “operador legal” de la red de corrupción. La mandataria peruana quedó expuesta a un nuevo escándalo tras el proceso que enreda a su hermano. Boluarte, de 61 años, está siendo interrogada por el llamado Rolexgate y enfrenta otra investigación judicial por la represión de las protestas que siguieron a su investidura.
En el marco del primer proceso, la Fiscalía allanó en marzo su vivienda y el despacho presidencial en busca de las joyas que, según Boluarte, pertenecen a un gobernador que se las cedió en calidad de préstamo. La presidenta está bajo sospecha de “enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos”.
El jueves, el gobierno anunció sorpresivamente la disolución de la unidad policial que apoyaba al equipo de fiscales anticorrupción que realizó la operación de registro contra la jefa de Estado y detuvo a su hermano, alegando razones operativas.
Si finalmente la Fiscalía decide acusarla, Boluarte solo sería llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución. La mandataria asumió el poder en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su fallido intento de disolver el Congreso.
Tras su juramentación, estallaron protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública. En las revueltas murieron 50 personas presuntamente a manos de policías y militares. A raíz de ello, Boluarte enfrenta desde enero de 2023 una investigación por presunto “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Fuente: AFP