Donald Trump sembró confusión el domingo al anunciar un “alto el fuego energético” entre Ucrania y Rusia, que causó el desconcierto de Kiev y el silencio de Moscú, mientras que Londres, París y Ottawa dijeron apoyar este “llamamiento” del presidente estadounidense. Rusia, que lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, ha intensificado sus ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas en los últimos meses, en tanto Kiev apunta contra refinerías de petróleo de Moscú.

“A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump el domingo en su plataforma Truth Social. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aparentemente tomado por sorpresa, dijo al medio estadounidense Axios no tener conocimiento de un acuerdo así, mientras que Moscú no se ha pronunciado por el momento.

“El anuncio de la tregua fue una noticia para mí”, declaró Zelenski, aunque se dijo dispuesto a aceptarlo si Rusia hacía lo mismo. “Estamos esperando detalles claros sobre el diálogo entre Estados Unidos y Rusia. Y que (el presidente ruso Vladimir) Putin haga lo que el presidente Trump ha dicho”, afirmó en su alocución diaria.

Según Zelenski, los ataques rusos continuaron el domingo “con la misma intensidad” a pesar del anuncio de Trump.

“Los rusos bombardearon una planta energética en Kiev”, dijo en redes sociales. También señaló que se registraron ataques en otras instalaciones energéticas de la región oriental de Járkov.

“Y todo esto ocurrió DESPUÉS de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético”, puntualizó.

Amplios cortes de electricidad afectaron el domingo a varios barrios de la capital ucraniana y el lunes habrá restricciones de suministro en varias regiones del país debido a los ataques rusos, anunció el operador nacional Ukrenergo.

Tres personas murieron en ataques rusos en Járkov, según el gobierno regional.

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que París apoya “sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética”.

Pero “Rusia sigue rechazándola, intensificando incluso en estas últimas horas sus ataques contra las infraestructuras ucranianas”, observó.

Por su lado, el primer ministro británico Andy Burnham afirmó el domingo que su país respalda un “alto el fuego energético” sostenido en el conflicto entre Kiev y Moscú.

También el primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que expresó su firme apoyo a una “tregua energética” durante una llamada con Trump. Además, reiteró el pedido de Zelenski a que “cesen de inmediato todos los ataques contra la infraestructura energética y los civiles” por parte de Rusia.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, que Kiev califica como represalias justas frente a los bombardeos de Moscú, han indignado a Trump que el viernes hizo un anuncio sobre la compra de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses sobre Moscú.

Siete senadores de Estados Unidos cuestionaron el domingo la legalidad del acuerdo entre Washington y Moscú sobre el suministro de ese combustible.

“El Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022”, dice el comunicado conjunto de los senadores.

Tras el alza de los precios del combustible en Estados Unidos desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, el pacto sobre el diésel ruso es visto como una forma de aliviar a los consumidores estadounidenses antes de las elecciones legislativas de noviembre, cuando el partido Republicano de Trump corre el riesgo de perder el control del Congreso.

Trump arremetió de nuevo el sábado contra su par ucraniano y le reclamó elecciones, algo imposible en la situación actual, dado que rige la ley marcial.

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, respondió Zelenski en una entrevista emitida el domingo en el canal ABC.

Zelenski dijo varias veces que Ucrania podría organizar elecciones en caso de un alto el fuego de larga duración con Moscú.

“Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, declaró el domingo al canal ABC.

Rusia ha rechazado en varias ocasiones esta idea con el argumento de que una larga pausa permitiría al ejército ucraniano reforzarse.

Fuente: AFP.

“Estaban a unos dos días de la extinción”. Con esta frase, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia sobre Alemania y responsabilizó a la apuesta por las energías verdes de haber puesto al país europeo al borde del colapso económico. La información fue publicada este domingo 11 de octubre por el medio ruso RT.

Durante un mitin político realizado en Tennessee, Trump cuestionó los modelos energéticos basados en fuentes renovables y sostuvo que los países que apuestan por ellas terminan enfrentando graves problemas financieros.

“Muéstrame un país que apueste por las energías verdes y te mostraré uno en bancarrota”, expresó el mandatario al referirse a la experiencia alemana.

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En contrapartida, prometió que su Gobierno trabajará para que Estados Unidos vuelva a producir energía a precios bajos. En ese sentido, descalificó los molinos de viento, pese a que China fabrica este tipo de tecnología a gran escala, y defendió un modelo energético sustentado en el petróleo, el gas, el carbón y la energía nuclear.

Sobre esta última fuente, Trump aseguró que está experimentando un importante resurgimiento y afirmó que actualmente puede considerarse una alternativa segura.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en medio de cuestionamientos internos en Alemania a las políticas de transición energética. Alice Weidel, dirigente del partido opositor Alternativa para Alemania (AfD), acusó a la coalición gobernante y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de perjudicar al país con sus planes de transformación verde.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, reconoció en julio, durante una entrevista con la cadena ZDF, que Europa atraviesa un escenario complejo debido a diversos factores. Entre ellos, mencionó la crisis energética relacionada con la falta de suministro de gas ruso.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a cinco cadenas de televisión después de que suspendieran brevemente su cobertura en “pool” del presidente Donald Trump, informaron medios estadounidenses.

Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico el mes pasado por difundir lo que él llamó “noticias falsas” y “ficción y mentiras”, una decisión que posteriormente fue revocada por un juez federal.

Entonces las cinco principales cadenas estadounidenses detuvieron la cobertura en “pool” de la Casa Blanca durante varios días en solidaridad con CNN.

En el argot de los medios, se conoce como “pool” a la designación rotativa de un medio para una cobertura cuyo material es compartido con el resto de la prensa.

Funcionarios del Departamento de Justicia se pusieron en contacto con las cadenas el viernes y exigieron comunicaciones y materiales relacionados con el “pool” de televisión de la Casa Blanca, informó el diario The New York Times, citando a seis personas con conocimiento de la medida.

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La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, dijo al Times y al Washington Post que las cinco cadenas —ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News— habían “boicoteado la cobertura de los eventos de la Casa Blanca”.

“Los boicots en grupo entre competidores comerciales pueden violar la Ley Sherman”, una medida antimonopolio, escribió Covington en un comunicado.

“La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estos medios de comunicación han violado las leyes”, añadió.

Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, dijo que la investigación del Departamento de Justicia parece “un pretexto para solicitar registros a las cadenas sobre cómo están cubriendo los eventos diarios de la Casa Blanca durante una prohibición mediática que el propio presidente impuso”.

“Las decisiones que toman los medios de comunicación sobre la cobertura están protegidas por la Primera Enmienda, y recurrir a la autoridad antimonopolio (…) es otro intento, aún más descarado, de tratar de intimidar a los periodistas”, dijo Brown en un comunicado.

El jueves, CNN, MS NOW y Politico comparecieron en un tribunal del centro de Washington para pedir a un juez federal que prolongara su acceso a la Casa Blanca.

Fuente: AFP

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• Embajador Carlos José Fleitas
• Fotos: Gentileza

A lo largo de su historia, Paraguay recurrió en tres momentos decisivos al arbitraje para resolver controversias territoriales. El primero fue el laudo Hayes con la Argentina en 1878, que reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio situado entre los ríos Verde y Pilcomayo; el segundo, el laudo arbitral del Chaco del 10 de octubre de 1938, que fijó la frontera con Bolivia después de la guerra del Chaco; y el tercero, conocido como el arbitraje del cerro Chovoreca, culminó con el fallo del 11 de julio de 1969 y determinó la ubicación correcta de uno de los vértices establecidos en 1938.

Pese a su importancia para la definición territorial del país, el laudo de 1938 ha recibido menor atención que los otros dos casos. Detrás de su pronunciamiento existió, además, un episodio poco conocido y todavía controvertido: el acta reservada del 9 de julio de 1938, mediante la cual las partes y los países mediadores anticiparon el trazado fundamental de la futura frontera antes de la firma del Tratado de Paz y del fallo formal de los árbitros.

El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 puso fin a las hostilidades de la guerra del Chaco y abrió las negociaciones para resolver la cuestión territorial. La Conferencia de Paz del Chaco, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, asumió la tarea de acercar las posiciones de los antiguos contendientes.

Las negociaciones se extendieron durante más de tres años, prueba de que el cese del fuego no había resuelto automáticamente el problema de límites. Finalmente, el 21 de julio de 1938, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites, bajo los auspicios y la garantía moral de los seis Estados mediadores.

Por Paraguay participaron, entre otros, Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luis A. Riart y Efraím Cardozo; por Bolivia, Eduardo Diez de Medina y Enrique Finot. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 29 de agosto de 1938 (González de Bosio, 2022).

Antes de la firma pública del Tratado de Paz, Amistad y Límites, en la madrugada del 9 de julio de 1938 las delegaciones de Paraguay y Bolivia rubricaron, junto con los mediadores, el proyecto de tratado, aunque debían someterlo a la aprobación de sus respectivos gobiernos. En esa misma fecha se suscribió un documento reservado titulado “Paraguay-Bolivia.

Acta rubricada en la ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 1938”, en el cual los representantes de las partes y de los países mediadores anticiparon el recorrido general que debía respetar el futuro laudo arbitral.

El acta afirmaba que la Conferencia de Paz había identificado, con el asesoramiento de sus técnicos militares y después de escuchar separadamente a las partes, una delimitación transaccional basada en los puntos de coincidencia existentes. En él se anticipó una línea que comenzaba en Esmeralda, sobre el río Pilcomayo; se dirigía hacia 27 de Noviembre, dejando Yrendague al este; continuaba por Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Fortín Paredes y cerro Chovoreca; y llegaba al río Negro u Otuquis y a su desembocadura en el río Paraguay.

El documento declaraba que el futuro laudo respetaría esa solución “fiel y escrupulosamente”, considerándola razonable y definitiva por los negociadores (Rout, 1970).

Los compromisos del 9 de julio fueron confirmados y complementados, ya que el 19 de julio Bolivia solicitó nuevas garantías de que el Colegio Arbitral respetaría lo acordado, mientras Paraguay recibió seguridades escritas sobre el sector occidental de la frontera y la permanencia de los fortines Patria y Galpón bajo su jurisdicción.

El acta no fue un documento aislado, sino la pieza central de una negociación reservada más amplia que preparó el camino para la firma pública del Tratado de Paz, el 21 de julio, y para el laudo arbitral del 10 de octubre. Aunque el fallo mantuvo la orientación general del acta, incorporó referencias geográficas como Villazón, el punto situado diez kilómetros al oeste de Estrella; Cerrito Jara y determinadas intersecciones de paralelos y meridianos. Es decir, el trazado definitivo mantuvo la orientación fundamental del acuerdo previo, pero no lo reprodujo literalmente. El documento, por tanto, no sustituye al laudo arbitral, aunque permite comprenderlo como la culminación jurídica de una solución política negociada previamente y mantenida bajo reserva.

El acta ha generado controversias históricas, su carácter reservado y su divulgación pública muchos años después motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Además, al afirmar que el futuro laudo respetaría “fiel y escrupulosamente” la línea acordada, abrió la discusión sobre el margen de decisión que conservaron los árbitros. También provocó reparos jurídicos porque fue rubricada antes de que las delegaciones obtuvieran la aprobación definitiva de sus gobiernos y antes de la firma y ratificación del Tratado de Paz. A ello se sumaron las diferencias internas de la representación paraguaya ante las concesiones territoriales discutidas.

El tratado no sometió nuevamente a discusión la totalidad del Chaco Boreal. Reconoció directamente determinados espacios y estableció una zona dentro de la cual los árbitros debían fijar la línea definitiva. La decisión tendría el carácter de un arbitraje de equidad: los árbitros debían pronunciarse según su leal saber y entender, considerando la experiencia de la Conferencia de Paz y los dictámenes de sus asesores militares.

A diferencia de un arbitraje estrictamente jurídico, centrado principalmente en la aplicación de tratados anteriores, títulos coloniales y otras normas de derecho, los árbitros de equidad podían buscar una solución considerada justa, razonable y viable para ambas partes. Debían pronunciarse según su “leal saber y entender”, tomando en consideración los antecedentes reunidos por la Conferencia de Paz, los dictámenes de los asesores militares y las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de los dos países. La finalidad era alcanzar una fórmula que pudiera cerrar el conflicto y evitar una nueva guerra.

El Tratado fijó los márgenes que la decisión no podía sobrepasar. En el sector occidental, la línea debía situarse dentro de una franja determinada entre el río Pilcomayo y el meridiano del fortín 27 de Noviembre. En el norte y el este, debía mantenerse entre la propuesta presentada por la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938 y la contrapropuesta paraguaya del 24 de junio. Además, el litoral del río Paraguay situado al sur de la desembocadura del río Negro u Otuquis quedó expresamente excluido del arbitraje.

Los árbitros eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes delegaron sus funciones en representantes plenipotenciarios. Argentina designó a José María Cantilo, Isidoro Ruiz Moreno y Pablo Santos Muñoz; Brasil, a José de Paula Rodrigues Alves; Chile, a Luis Barros Borgoño y Manuel Bianchi; Estados Unidos, a Spruille Braden; Perú, a Felipe Barreda Laos y Luis Fernán Cisneros; y Uruguay, a Eugenio Martínez Thédy. Sus poderes los facultaban para deliberar y suscribir el fallo en nombre de los respectivos jefes de Estado (Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, 2007).

Cumplidas las ratificaciones, los delegados de los seis presidentes mediadores se reunieron en Buenos Aires como Colegio Arbitral y el 10 de octubre pronunciaron el fallo que determinó la línea divisoria.

Paraguay y Bolivia fueron oídos en una audiencia especial y presentaron alegatos acompañados de documentación y una Comisión Militar Asesora realizó un relevamiento aerofotográfico y reconoció las zonas definidas. El Colegio Arbitral no examinó solamente los antecedentes jurídicos e históricos, sino también las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de ambas partes. Sobre esa base, concluyó que la línea adoptada representaba una solución equitativa y aprobó el fallo por unanimidad.

La frontera quedó organizada en dos grandes zonas que convergían en 27 de Noviembre o Gabino Mendoza. En la zona occidental, la línea partía de ese punto, descendía hacia Villazón, pasaba diez kilómetros al oeste de Estrella y terminaba en el thalweg o canal navegable del río Pilcomayo. En la zona norte, avanzaba hacia el cerro Capitán Ustares, la Cañada del Palmar de las Islas y la intersección del meridiano de Fortín Paredes con el paralelo de Fortín Ravelo. Luego alcanzaba el punto más alto del cerro Chovoreca y Cerrito Jara, llegaba al río Negro u Otuquis y seguía su thalweg hasta la desembocadura en el río Paraguay.

El uso de fortines, elevaciones, palmares, cursos de agua, paralelos y meridianos muestra que la frontera combinó referencias militares, accidentes naturales y líneas geométricas. El documento fue dado en Buenos Aires en tres ejemplares redactados en español, inglés y portugués, y dispuso que el texto en español prevalecería en caso de duda.

El laudo delimitó la frontera: determinó jurídicamente por dónde debía pasar. Todavía era necesario demarcarla, es decir, identificar sus puntos en el terreno, calcular coordenadas, abrir picadas y construir los hitos que harían visible la separación entre los dos Estados.

El acta del 25 de noviembre de 1938 constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Bolivia estuvo representada por el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas; Paraguay, por el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente primero de Marina Néstor Rodríguez. Como quinto miembro y presidente fue designado el coronel argentino Ernesto Florit, en representación de los países mediadores.

La Comisión debía dictar su reglamento, acordar el plan de acción y definir los métodos de trabajo. El presidente dirigía los debates, verificaba la ejecución de las decisiones y resolvía definitivamente las cuestiones técnicas y prácticas en las que las partes no alcanzaran un acuerdo.

El Tratado de Paz estableció la fórmula política y jurídica; el laudo determinó la línea dentro de la zona acordada; y la Comisión Mixta se encargó de reconocerla y demarcarla materialmente.

Los documentos producidos durante la demarcación –actas, mapas, croquis, fotografías, informes y libretas de campo– muestran una dimensión de la historia fronteriza que suele quedar oculta detrás de los grandes acontecimientos diplomáticos. La frontera no fue únicamente una línea decidida por presidentes y cancilleres: también fue recorrida por técnicos, topógrafos, militares, ingenieros y delegados que debieron confrontar las palabras del fallo con la geografía del Chaco.

El carácter equitativo del arbitraje permite comprender por qué la solución de 1938 no coincidió plenamente con las aspiraciones territoriales máximas de ninguna de las partes. Aunque la consigna del Dr. Manuel Domínguez –“Ni más allá ni más acá del Parapití”– había expresado durante años la reivindicación paraguaya de reconocer aquel río como límite histórico del Chaco, la frontera definitiva surgió de una realidad más compleja.

Las consecuencias de la guerra, las posiciones de Paraguay y Bolivia, la intervención de los mediadores y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento exigieron concesiones y una intensa negociación diplomática. Para el Paraguay significó el reconocimiento de la mayor parte del Chaco Boreal y la preservación de su soberanía sobre el litoral del río Paraguay; para Bolivia, consolidó el dominio sobre el sector noroccidental.

El laudo no satisfizo todas las aspiraciones territoriales de ambos países, pero alcanzó algo que décadas de conversaciones, protocolos y mediaciones no habían conseguido: transformar el final de la guerra de dos naciones hermanas en una frontera jurídicamente definida y así abrir una nueva etapa de paz entre Paraguay y Bolivia.