El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para controlar la actividad de las ONG, fundaciones y otras entidades sin fines de lucro que operen en el país para prevenir los flujos irregulares de capitales. El proyecto, conocido como Ley de Fundaciones, se enfoca a “promover la transparencia en la gestión de recursos, prevenir el uso indebido de fondos y garantizar la adecuada liquidación de utilidades [beneficios] y el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, según se explica en el documento.
Según explicó Noboa en una entrevista en Radio Sucre, en Ecuador “se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro y organizaciones internacionales para ingresar dinero y desestabilizar al país”. En algunos casos, además, se utilizan como un mecanismo “que impulsa la minería ilegal”.
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La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de ejercer la vigilancia, intervención y control de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, ONG y otras entidades sin fines de lucro, sean nacionales o extranjeras, que operen en territorio nacional.
Se trata del cuarto proyecto económico de urgencia remitido a la Asamblea Nacional por parte del gobierno ecuatoriano desde la reelección del actual presidente hace dos meses. Desde entonces, envió la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Áreas Protegidas.
Fuente: Europa Press.
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MEF reglamenta rendiciones de ONG y avanza en un mayor control sobre el manejo de recursos
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la implementación del marco regulatorio para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) con la emisión de la Resolución N.º 337, que establece los procedimientos, requisitos y plazos que deberán cumplir estas entidades para presentar sus informes de transparencia y rendición de cuentas.
La medida forma parte del proceso de reglamentación de las leyes N.º 6446/2019 y N.º 7363/2024, normas que buscan fortalecer los mecanismos de supervisión, trazabilidad y acceso a la información sobre el funcionamiento de fundaciones, asociaciones y otras organizaciones que operan en el país.
El objetivo principal de esto es contar con información más precisa y estandarizada sobre el origen, destino y utilización de los recursos que administran estas entidades, además de consolidar una base de datos unificada que facilite el control por parte del Estado.
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La resolución dispone que todos los trámites y reportes deberán realizarse exclusivamente a través del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), una plataforma digital creada para centralizar la gestión de información y reducir los procesos presenciales.
Para ello, el MEF habilitó formularios específicos dentro del módulo de Transparencia y Rendición de Cuentas del sistema, junto con manuales e instructivos destinados a facilitar la adaptación de las organizaciones al nuevo esquema de presentación electrónica.
La reglamentación también establece criterios uniformes para la remisión de información financiera, balances, actualización de datos institucionales y reportes de actividades. Asimismo, incorpora disposiciones específicas para las organizaciones constituidas en el extranjero que desarrollan actividades en Paraguay.
Uno de los aspectos centrales de la resolución es la definición de un calendario de implementación gradual. La primera rendición obligatoria comprenderá las actividades y recursos administrados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026. Las organizaciones tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027 para presentar la documentación correspondiente, mientras que el primer informe de transparencia deberá publicarse antes del 31 de enero de ese mismo año.
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El Canal de la Muerte: el macabro vertedero que refleja la violencia en Ecuador
Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la policía. Pero en un rincón de Ecuador azotado por la violencia criminal, lo habitual es buscarlos en el Canal de la Muerte, donde han sido hallados decenas de cadáveres. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.
El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.
A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. “El único pecado de nosotros es ser negros”, dice por teléfono a la AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella “los policías están comprados por los delincuentes”.
“La muerte nos visita”
“Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita”, cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.
“Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal”, señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. “Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente”, indica el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Abusos
Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024.
Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la “sacaron a bala”.
Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. “Las bandas trabajan con los militares”, afirma. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente. Pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi tres millones de habitantes, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
“Matan por otras partes”
La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. “Desde allí nos apuntan con fusiles”, dice. “Nada se hace aquí sin permiso de ellos”, añade. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. “Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados”, lamenta mientras aprieta una Biblia.
Fuente: AFP.
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Tragedia en Ecuador: desbordamiento de un río deja 5 muertos tras fuertes lluvias
Cinco personas fallecieron por el desbordamiento de un río que arrasó casas y vegetación en el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, informó ayer sábado la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Las intensas lluvias en la región amazónica provocaron la emergencia el viernes en la noche en una zona rural de la ciudad de Zamora. Imágenes difundidas en medios locales muestran viviendas y autos destruidos, y zonas enteras inundadas o cubiertas por lodo.
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El presidente Daniel Noboa lamentó la muerte de dos funcionarios “mientras ayudaban a evacuar a familias afectadas por la emergencia”. “Su vocación de servicio y su entrega hasta el último momento merecen el respeto y la gratitud de todo un país. Ecuador no los olvidará”, indicó el mandatario en X.
Según el Ministerio de Defensa, “han sido rescatados 38 ciudadanos y 10 bomberos”. “Las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria continúan en la zona”, añadió en un comunicado.
El Ministerio de Defensa informó este domingo a través de un posteo en la red social X que las operaciones de búsqueda y asistencia continúan sin descanso.
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Fuente: AFP
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EE. UU. designa como organización terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers
Estados Unidos anunció el miércoles que designa como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, una facción que se separó de los Choneros en 2020.
Chone Killers “ha llevado a cabo numerosos ataques (...) incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas” explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.
Los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras en setiembre del año pasado.
“La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos” aseguró el comunicado.
Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones “narcoterroristas” a más de una decena de grupos o cárteles en América Latina, en México, Colombia, Brasil o Ecuador.
Coordinar la lucha contra el crimen
Esa designación, según la interpretación jurídica del gobierno Trump, permite mano libre a la hora de atacar a los grupos o a sus líderes, sea donde sea.
Washington empezó por atacar militarmente a lanchas de presuntos narcos en el Caribe, y luego en el Pacífico, a partir del 2 de setiembre pasado.
Esas acciones, que provocaron alarma de gobiernos progresistas en la región, han causado como mínimo 215 muertos, según un recuento de la AFP.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y jurídicas han denunciado esos ataques con misiles, que no suelen dejar supervivientes, como una violación flagrante del derecho internacional.
El pasado 12 de junio el Pentágono atacó la guarida del líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Niño Guerrero, que murió en la operación.
El ataque contó con la colaboración del gobierno venezolano, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el que se han estrechado enormemente los lazos tras la operación de captura y extracción del país de Nicolás Maduro.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es uno de los fieles aliados de Trump en la región, y ya ha visitado Estados Unidos en varias ocasiones para coordinar la lucha contra el crimen organizado.
Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto que emitió Noboa hace 12 días.
Por el territorio ecuatoriano transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.
El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.
Fuente: AFP