El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, en el que destaca que la situación en Paraguay durante 2024 enfrentó desafíos importantes, especialmente en áreas como la libertad de expresión y la protección de los derechos laborales.

El informe señaló que el Congreso adoptó medidas que afectaron a la sociedad civil y a la prensa, y que la Oficina no observó con buenos ojos ciertos aspectos vinculados a las organizaciones no gubernamentales. Mencionó sobre la entrada en vigencia de una legislación que establece el control sobre las organizaciones civiles.

En el ámbito de la libertad de prensa, el informe explicó que “hubo varios casos en los que actores políticos utilizaron amenazas e intimidación para restringir la libertad de expresión y de prensa para silenciar a sus oponentes”. También se señala que “algunos actores políticos amenazaron públicamente con procesar a periodistas por informar sobre abuso de poder y corrupción por parte de funcionarios gubernamentales”.

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En cuanto a los derechos laborales, el documento indicó que “el Gobierno rara vez investigaba las actividades antisindicales y, según informes, solo lo hacía cuando lo solicitaba la parte afectada”. Señaló que los empleadores que no reconocían o negociaban colectivamente con un sindicato registrado podían enfrentar sanciones, aunque “generalmente eran ineficaces y rara vez se aplicaban a los infractores”.

Respecto a la seguridad y Justicia, el informe describe que “la prisión preventiva prolongada, debido a la acumulación de casos judiciales y la corrupción, es un problema” y que “un número insuficiente de jueces y funcionarios judiciales que solicitaban sobornos para adelantar los procedimientos a menudo causaba retrasos en los juicios”.

Sobre la tortura y otros tratos inadecuados, se indica que “la ley prohibía tales prácticas, pero existían informes fidedignos de que funcionarios gubernamentales las empleaban”. La Fiscalía abrió investigaciones sobre 124 denuncias de tortura y otros abusos, aunque “no hubo condenas durante el año”.

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El informe concluye que, si bien se han registrado algunas medidas de protección de los derechos humanos, “todavía existen áreas que requieren atención y fortalecimiento institucional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.

Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.

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“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.

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También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.

El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.

Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.

Fuente: AFP.

Paraguay albergará la Secretaría Técnica del Camino de los Jesuitas en Sudamérica, institución de la ONU Turismo, hecho que desde la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) consideran estratégico y en línea con el creciente protagonismo del país en el ámbito turístico internacional.

El director regional para las Américas de la ONU Turismo, Gustavo Santos, anunció la decisión de que Paraguay sea la sede de dicha secretaría, en el marco de la 70 edición de la reunión de la Comisión Regional para las Américas, desarrollada en Lima, Perú.

La Senatur destaca que la instalación de esta oficina en territorio paraguayo representa un reconocimiento al liderazgo regional de Paraguay, y una oportunidad para la articulación de políticas, asistencia técnica y promoción de proyectos turísticos de alto impacto para la región.

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Igualmente, refieren que uno de los ejes prioritarios que impulsará esta oficina será el fortalecimiento del “Camino de los Jesuitas”, un producto turístico multidestino que une a Paraguay con Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, y Chile, que busca poner en valor el legado jesuítico-guaraní a través de experiencias culturales, históricas y espirituales únicas.

Esta iniciativa contribuirá a proyectar al país como un centro de cooperación regional, impulsando el desarrollo turístico con enfoque comunitario, la diversificación de la oferta y la promoción conjunta de destinos con identidad cultural compartida.

La Senatur asegura que Paraguay, con su riqueza histórica, autenticidad y vocación integradora, avanza con paso firme hacia un modelo de turismo más humano, sostenible e inclusivo, con visión regional y proyección global.

La Compañía de Jesús se estableció con reducciones en distintos puntos del otrora imperio español en Sudamérica, en los actuales territorios de Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay en el siglo XVII.

Hasta su expulsión en 1767, los jesuitas establecieron unas 30 reducciones en dichos territorios, que en su mayoría fueron reconstruidos y conservados. Algunas de estas misiones, como la de Jesús de Tavarangüé y la de Santísima Trinidad del Paraná, fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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El diputado colorado Carlos Núñez Salinas propuso ante la sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamento trabajar por un mundo sin discriminación, fomentando la paz, la justicia y el desarrollo sostenible. El legislador acudió a la asamblea de la Unión InterParlamentaria (UIP), que se realiza en Ginebra (Suiza), en su carácter de presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).

“Cada hora, más de 5 mujeres son asesinadas por razones de género. Esta realidad es inaceptable y no podemos quedarnos de brazos cruzados”, expuso el parlamentario paraguayo y propuso acciones concretas, incluyendo un pacto global contra la discriminación de mujeres y niñas, que incluya la revisión de leyes locales.

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También instó a garantizar educación igualitaria y acceso universal a la salud sexual y reproductiva para empoderar a las mujeres; fomentar el liderazgo político de las mujeres, asegurando que tengan voz y voto en la toma de decisiones; y erradicar la violencia de género desde sus raíces culturales y legales, promoviendo campañas de sensibilización y educación.

“Como dirigente de América Latina, estoy trabajando mano a mano con mis colegas en cada país para que estas acciones se cumplan y logremos la plenitud de las mujeres. Es hora de convertir nuestras palabras en acciones y hacer que este cambio sea una realidad”, concluyó Núñez, quien participa de la conferencia junto a Raúl Latorre, titular de la Cámara de Diputados.

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