Las condiciones de estabilidad macroeconómica y los incentivos fiscales de los regímenes impositivos llaman la atención de empresarios europeos para radicar inversiones, principalmente en el régimen de maquila, aseguró la agregada comercial para Europa, de la embajada de Paraguay en Madrid, Natalia Cáceres.

“La reciente visita del presidente Pedro Sánchez, acompañado por una delegación empresarial, marcó un hito tras 27 años sin una visita oficial española. Este gesto reafirma el interés europeo en Paraguay y abre nuevas puertas para la inversión y el comercio bilateral”, manifestó en entrevista con Paraguay TV.

La agregada comercial recordó que España es el quinto inversor externo más importante con alrededor de 700 millones de dólares participando en alianzas público privadas, así como inversiones en los sectores de energía, de infraestructura vial, infraestructura sanitaria, entre otros.

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En ese marco, mencionó que en el evento Paraguay Business Week 2025, que se realizará del 8 al 10 de septiembre en Ciudad del Este, estará presente Manu Marín, fundador de la empresa HaloTech de cascos de seguridad que utilizan inteligencia artificial e internet de las cosas (IoT) para identificar los entornos laborales.

“El interés español por la maquila paraguaya es creciente. Empresarios como Manu Marín han reprogramado sus agendas para estar presentes, atraídos por el potencial de Alto Paraná como nuevo hub de negocios e innovación”, destacó.

El presidente de España, Pedro Sánchez, visitó Paraguay en julio. Durante el Foro Encuentro Empresarial Paraguay-España, resaltó las sólidas relaciones comerciales entre ambos países, que se refleja en un aumento de inversiones españolas, por un monto de USD 674 millones.

Además, habló del interés creciente de empresas españolas por nuestro país, especialmente en sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria y tecnología, donde España tiene mucho que aportar gracias a su experiencia y liderazgo global.

Sostuvo también que es clave que ambos países sigan avanzando en tres objetivos comunes: primero, impulsar el desarrollo económico; segundo, promocionar y defender a sus empresas, y finalmente, “hacer frente a la ola del proteccionismo, favoreciendo la apertura comercial como hacen tanto Paraguay como España”.

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Con el auge de la criptominería en el país, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) tiene que lidiar con una problemática que va en crecimiento: el hurto de energía eléctrica con conexiones clandestinas en todo el territorio nacional.

Esta situación no solo ha generado pérdidas económicas significativas para esta empresa, sino que también ha generado una sobrecarga a la infraestructura existente, afectando la calidad del suministro para los consumidores regulares.

Con el objetivo de disminuir el hurto de energía, se ha implementado tecnología avanzada y análisis de datos para identificar los puntos de alto consumo; así también se utilizan drones para inspeccionar las líneas de distribución, buscando anomalías y conexiones directas, y se han desarrollado proyectos de detección automática con inteligencia artificial.

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Según los informes presentados por la empresa, solo en el 2024, la Ande ha ejecutado la intervención de 33 conexiones irregulares del tipo criptominería en varios departamentos del país, en las que se pudo desconectar 89.424 kVA de potencia instalada en los sitios y, ya haciendo uso de lo establecido en la Ley 7.300/2024, ha procedido a la incautación de los equipos que eran utilizados para el hurto de energía.

En el período 2019 a 2025, fueron incautados 13.358 procesadores y 66 transformadores de distribución de diversas potencias. De estas cantidades, 2.462 procesadores y 21 transformadores se encuentran resguardados en la Ande, mientras que 4.213 procesadores y 27 transformadores se encuentran resguardados en el Ministerio Público.

Finalmente, señalaron que se encuentran en la Fiscalía 91 causas penales por sustracción de energía eléctrica. Gracias a la utilización de tecnología avanzada, la modificación de marcos legales y la colaboración interinstitucional, desde la Ande anunciaron que han logrado un resultado auspicioso en la reducción de las pérdidas eléctricas en 2 % en el último año.

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Carreras universitarias sin terminar, títulos inventados... Los políticos españoles llevan semanas cruzándose acusaciones sobre las falsedades descubiertas en los currículums de cargos de partidos de izquierdas y derechas que se han visto forzados a dimitir tras ser señalados.

La controversia arrancó el 21 de julio, cuando el ministro de Transportes -el socialista Óscar Puente, habitual de los enfrentamientos en la red social X- apuntó incoherencias en el currículum de la diputada del Partido Popular (PP, derecha) Noelia Núñez.

Figura emergente de la formación conservadora -y cercana a la influyente presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, Núñez había dado a entender que era licenciada en Derecho, Ciencias Jurídicas de la Administración Pública y Filología Inglesa.

Instada a aclarar las disparidades entre los currículums que había presentado, la diputada acabó admitiendo que había comenzado estudios en estas materias, pero sin obtener los títulos.

“Recalcó que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte”, se defendió Núñez, de 33 años y con miles de seguidores en las redes, el 22 de julio, poco antes de anunciar la dimisión de todos sus cargos.

Tras su caída, partidos de izquierda y derecha emprendieron una carrera contrarreloj para encontrar errores, falsedades o imprecisiones en los currículums académicos de sus rivales políticos.

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Así, el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), recibió acusaciones de haberse atribuido en el pasado una licenciatura en Administración de Empresas; la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé (PSOE), una licenciatura en Comunicación Audiovisual, e incluso Óscar Puente fue señalado por haber calificado de “máster” una formación de nivel inferior.

Estas acusaciones, en muchas ocasiones difíciles de verificar y de las que los aludidos se defienden, llevaron a varios políticos a pedir más transparencia, mientras otros se apresuraban a modificar sus currículums.

El jueves, el socialista José María Ángel, comisionado del gobierno para la reconstrucción de las zonas de la región de Valencia afectadas por las inundaciones del año pasado, renunció a su cargo tras una denuncia anónima que lo acusaba de haber usado un título falso para conseguir un puesto de funcionario.

Y el viernes, el responsable de Mundo Rural del gobierno regional de Extremadura (oeste), Ignacio Higuero (derecha), presentó su dimisión tras haber asegurado que tenía una licenciatura en Marketing por una universidad privada que por entonces no ofertaba esa titulación.

“En España seguimos padeciendo de un mal crónico: la ‘titulitis’”, lamentó el ensayista Joaquim Coll en un artículo de opinión, denunciando la “falta de escrúpulos” de algunos políticos, que perpetúan “una política de apariencias, donde el currículum se convierte en una herramienta de marketing personal”.

• Fuente: AFP

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El Tribunal Supremo español rechazó el martes un recurso del fiscal general del Estado para evitar ir a juicio por haber filtrado presuntamente documentos judiciales contra la pareja de una figura de la oposición conservadora, en otro revés para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Álvaro García Ortiz deberá enfrentar un juicio por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo electrónico relativo a Alberto González Amador, pareja de la influyente figura de la derecha, Isabel Díaz Ayuso.

El año pasado, los medios españoles publicaron un supuesto borrador de acuerdo entre la fiscalía general y el abogado de González Amador, un empresario que está siendo investigado por presunto fraude fiscal.

Según estas informaciones, Amador habría mencionado un posible acuerdo de culpabilidad en el que admitiría los presuntos delitos a cambio de evitar un juicio.

El Partido Popular (PP), la principal formación de la oposición de derecha, acusó a los aliados de Sánchez de organizar la filtración para perjudicar a Ayuso, una figura ascendente de la derecha española.

El Tribunal Supremo inició una investigación contra Ortiz en octubre del año pasado tras una denuncia de Amador, cuya empresa prestaba servicios sanitarios y vio cómo sus ingresos se disparaban durante la pandemia del Covid-19.

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Nombrado por el gobierno de Sánchez en 2022, Ortiz negó haber filtrado informaciones sobre Amador, ni de forma personal ni a través de su oficina.

La Sala de Apelación del Tribunal Supremo comunicó este martes que rechazaba el recurso de García Ortiz e informó en un comunicado que decidió “mayoritariamente que los indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados”.

Tras conocerse la noticia, el PP volvió a pedir la dimisión del fiscal general. “Quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos. El fiscal general debe dimitir inmediatamente”, escribió el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en su cuenta de X.

El caso contra Ortiz agrava los problemas que acechan al gobierno de izquierda que preside el socialista Pedro Sánchez, del que varios miembros de su entorno o excolaboradores están siendo investigados en diferentes causas.

• Fuente: AFP

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