Familiares del mbo’ehára Ramón Silva informaron que sigue internado y que los doctores lo están preparando para una cirugía programada para dentro de un mes, por lo que requiere de ayuda para costear gastos médicos. Actualmente, sigue tratamiento con una medicación que es suministrada cada cuatro horas.

En un video, el comunicador, docente y promotor de la lengua guaraní, pidió ayuda para poder comprar el medicamento que le es suministrado como tratamiento previo a la cirugía a la que se debe someter dentro de unas semanas en el Sanatorio San Roque de Asunción.

“El mbo’ehára Ramón Silva está internado tras superar el cáncer de garganta hace unos dos años. Ahora se manifestó la secuela de los rayos utilizados en ese entonces”, expresó Miguel Fernández, hermano, en entrevista con La Nación/Nación Media.

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Manifestó que él se encuentra internado y lo están preparando para una cirugía correctiva programada para dentro de un mes, aproximadamente. “Los síntomas que se le manifestaron a consecuencia de rayos se le mueven los dientes del maxilar inferior y tiene un orificio en la mandíbula derecha, por lo que requiere de la cirugía correctiva”, apuntó.

Aclaró que actualmente la preparación consiste en suministrar una medicación cada cuatro horas y necesita ayuda para costear el tratamiento. Los datos para ayudar al mbo’ehára son la caja de ahorro 520213632 en el banco Itaú a nombre de Ramón Raimundo Silva o al alias CI 459943 o a nombre de Miguel Fernández, cuyo alias es el celular (0982) 487-666.

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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro conocerá esta semana si es condenado por golpismo, en un juicio histórico que ha desatado la cólera de Donald Trump y sacude la derecha brasileña a un año de las presidenciales. Cinco jueces del Supremo Tribunal Federal comenzarán este martes las votaciones para decidir el futuro del exmandatario (2019-2022) y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares.

El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, fue imputado en febrero por supuestamente haber liderado una “organización criminal armada” que conspiró para tratar de aferrarse al poder tras la derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Es la primera vez que un exmandatario es acusado de golpe de Estado en Brasil, un país donde los responsables de la última dictadura militar (1964-1985) nunca fueron juzgados.

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Bolsonaro tiene previsto seguir el proceso en su residencia en Brasilia donde desde agosto cumple arresto domiciliario. Sus abogados atribuyen su ausencia en el tribunal a cuestiones de salud. Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, el excapitán del Ejército clama su inocencia y se considera víctima de una “persecución política”. Entre tanto, ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump.

Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a jueces del caso, como al relator Alexandre de Moraes. La corte suprema ignorará “presiones internas o externas”, replicó la semana pasada Moraes. Pero la amenaza de nuevas sanciones podría planear sobre Brasil, asegura en sus redes sociales el hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, residente en Estados Unidos y artífice de la campaña en favor de su padre ante la administración de Trump.

“Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. En vísperas de la sentencia por golpismo, el gobierno estadounidense volvió este lunes a cuestionar a Moraes y prometió seguir actuando contra el juez. “Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el subsecretario de Diplomacia Pública del Departamento de Estado, Darren Beattie, en X.

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Bolsonaro está acusado de cinco delitos, entre estos intentos de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar. Habría contemplado incluso el asesinato de Lula antes de su investidura. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia llamando a una insurrección militar para derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel. El veredicto quedará determinado por una mayoría simple de los cinco jueces, que luego votarían para fijar una eventual pena, que es apelable. Las sesiones se extenderán hasta el viernes en la corte suprema, cuya seguridad ha sido reforzada.

Dando por hecho una condena, los bolsonaristas no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para el ultraderechista, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el fin de semana en varias ciudades brasileñas. Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía.

Freitas cargó además en un acto en Sao Paulo contra el supremo: “No vamos a aceptar la dictadura de un poder sobre otro”, agregó, en referencia a la corte. Esta “ejerce de guardián de la Constitución y del Estado de Derecho”, le replicó el decano del supremo Gilmar Mendes, rechazando que sus jueces sean “tiranos”. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle.

Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección. En Brasilia, un detractor de Bolsonaro aseguró regocijarse con el juicio. “Me da un gran placer vivir este momento de la historia brasileña. Que no quede impune”, dijo a la AFP Mauricio de Aquino Costa, un profesor de 54 años.

La corte suprema de Brasil se apresta a dar su veredicto esta semana en el juicio contra Jair Bolsonaro, el primer expresidente en ser procesado por intento de golpe de Estado desde el fin de la dictadura militar (1964-1985).

Sin embargo, cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto antes del exmandatario ultraderechista (2019-2022) fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos, la mayoría por corrupción. A la espera de la sentencia, Bolsonaro se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde agosto.

Primer presidente electo por voto universal directo tras la dictadura, Collor (centro-derecha) renunció a la mitad de su mandato luego de que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva. De regreso a la política en 2006 como senador, fue condenado en 2023 a una pena de ocho años de prisión por corrupción por la corte suprema.

En el marco del megaescándalo destapado por la investigación “Lava Jato”, fue declarado culpable de haber facilitado “de manera irregular” la firma de contratos entre una empresa de construcción y una filial de la petrolera pública Petrobras. En mayo, Collor fue autorizado a cumplir su pena en arresto domiciliario por motivos de salud.

También objeto de la investigación “Lava Jato”, Lula fue encarcelado 580 días, desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, después de haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Acusado de haber recibido un tríplex frente al mar de una empresa de construcción a cambio de contratos públicos, su condena fue finalmente anulada por la corte suprema, que consideró, entre otras cosas, que el juez que lo había sentenciado en primera instancia había sido parcial. Esta anulación permitió a la figura más emblemática de la izquierda brasileña disputar y ganar la elección presidencial de 2022 frente al saliente Bolsonaro.

Heredera de Lula, la primera mujer electa presidenta de Brasil fue destituida durante su segundo mandato consecutivo por el Parlamento, que la acusó de maquillaje de las cuentas públicas. La caída libre de su popularidad, debido entre otras cosas a una recesión y grandes manifestaciones en su contra, prepararon el terreno para su salida. La izquierda brasileña considera aún hoy que ese proceso fue un “golpe de Estado” parlamentario teñido de misoginia.

Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Temer (centro-derecha), quien tampoco demoró en aparecer en las primeras planas de los diarios por sus problemas judiciales. Acusado de corrupción en el marco de la investigación “Lava Jato”, se salvó dos veces en 2017 de un juicio ante la corte suprema, gracias a un voto desfavorable de la Cámara de Diputados. Después de dejar el poder, fue encarcelado dos veces en 2019 por obstrucción a la justicia, pero en ambas ocasiones fue liberado a los pocos días.

Fuente: AFP.

• San Pablo, Brasil. AFP.

Con inicio del acto en San Pablo y declara­ciones de manifes­tantes miles de seguidores de Jair Bolsonaro se mani­festaron ayer domingo en varias ciudades de Brasil, pocos días antes de que la justicia decida si el expre­sidente es culpable por gol­pismo.

La corte suprema dará la semana próxima su veredicto en el juicio a Bolso­naro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel. En pri­sión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha es el prota­gonista ausente de moviliza­ciones en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro y Brasi­lia, donde acudieron miles de manifestantes, según cons­tató la AFP.

El acto principal comenzó a las 15:00 locales (18:00 GMT) en la tradicional avenida Paulista de San Pablo, con la presencia de varios presidenciables de la derecha brasileña.

“Estamos aquí para defender la legalidad y los valores en este país. El juicio a Bolsonaro es una canallada”, dijo Aparecida Paula, una jubilada de 70 años que vestía la camiseta de la selección. Las moviliza­ciones reclaman una amnis­tía legislativa a cientos de simpatizantes bolsonaristas condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023. Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de afe­rrarse al poder tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.

Vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera bra­sileña, los simpatizantes bol­sonaristas se concentraron en la Paulista con carteles a favor de la amnistía y contra Lula y los jueces de la corte suprema.

Por su lado, en el Día de la Independencia de Brasil, el presidente de izquierda Lula encabezó ayer el tradicional desfile cívico-militar en Brasilia. “Brasil soberano” fue el lema de este año, en alusión a los aranceles de Trump. “No aceptamos órdenes de nadie”, dijo Lula en un mensaje televisado a la nación el sábado por la noche.

Sin dar nombres, se refirió como “traidores a la patria” a “algunos políticos brasileños que alentaron ataques a “Brasil. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se mudó meses atrás a Estados Unidos, donde lleva una campaña para que el gobierno de Trump interceda en favor de su padre.

Lula dijo esta semana que ve un “riesgo” de amnistía a los condena­dos por el 8 de enero de 2023 si el tema se vota en el Congreso. “Es una batalla que también tiene que ser hecha por el pueblo”, afirmó el mandatario de 79 años, que planea buscar su reelección en 2026.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mide este domingo su fuerza con movilizaciones en las principales ciudades del país, días antes de que la justicia decida si es culpable por golpismo. La corte suprema dará la semana próxima su veredicto en el proceso a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha será el protagonista ausente de actos a favor de una amnistía legislativa a cientos de sus simpatizantes condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.

Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.

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Bajo el lema “Reacciona Brasil”, la movilización se activará por la mañana en Rio de Janeiro, aunque su palco principal abrirá por la tarde en Sao Paulo. Allí estarán presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y varios presidenciables de la derecha.

Bolsonaro se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño. En el escenario en la tradicional avenida Paulista aparecerá, entre otros, el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, posible sucesor de Bolsonaro y promotor clave de la amnistía. El exmandatario se declara inocente y dice ser un perseguido.

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En el Día de la Independencia de Brasil, el presidente Lula encabezará por su lado el tradicional desfile oficial en Brasilia. “Brasil soberano” es el lema de este año, pocos meses después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles punitivos a Brasil bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.

Las autoridades decidieron este año reforzar el operativo de seguridad del desfile, con dos mil agentes desplegados y una tropa adicional acuartelada en caso de emergencia, confirmó la Policía Militar de Brasilia a la AFP. El gobierno difundió esta semana un video en redes sociales donde llamó a “sacar la ‘verde-amarela’ del armario” para el desfile, en alusión a la camiseta de la selección de fútbol, apropiada como símbolo por el bolsonarismo.

Lula dijo esta semana que ve un “riesgo” de amnistía a los condenados por el 8 de enero de 2023 si el tema se vota en el Congreso. “Es una batalla que también tiene que ser hecha por el pueblo”, afirmó el mandatario de 79 años, que planea buscar su reelección en 2026.

“Aún no hay definición” sobre la amnistía, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, responsable de decidir si el tema se vota o no. Pero tanto el gobierno como la oposición reconocieron que, en los últimos días, se intensificaron las tratativas para llevar el asunto al pleno del Congreso.

Fuente: AFP.