- Quito, Ecuador. AFP.
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, denunció ayer miércoles en redes sociales el secuestro del abogado de su hijo, quien es procesado por presunto tráfico de influencias. Abad, quien sostiene una relación tirante con el presidente Daniel Noboa, además aseguró que su vida, la de sus hijos y de su equipo de trabajo “corren peligro”.
“Han secuestrado al Dr. Santiago Hernández y su equipo de trabajo, después de la audiencia el día de ayer de mi hijo”, Sebastián Barreiro, escribió Abad en su cuenta de X. Barreiro enfrenta un juicio por supuestamente haber pedido dinero a cambio de asignar cargos en la vicepresidencia. Abad sostiene que se trata de una persecución en su contra por las diferencias que mantiene con Noboa.
De acuerdo con Abad, el secuestro del abogado ocurrió “después de que en la audiencia el Dr. Hernández echara abajo las pruebas del fiscal”. El hijo de la vicepresidenta fue detenido en marzo, mientras ella cumplía funciones diplomáticas en Israel, a donde Noboa le envió apenas inició su gobierno. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.
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Alegando incumplimientos en los cargos diplomáticos, el gobierno intentó suspenderla, pero Abad emprendió una batalla judicial que le permitió recuperar sus funciones. Abad fue elegida en binomio junto con el presidente Noboa en 2023 para completar hasta mayo el período de Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas.
A pocas semanas del balotaje en el que Noboa busca la reelección al enfrentarse a la izquierdista Luisa González, el 13 de abril, un juez electoral en un nuevo proceso suspendió por dos años los derechos políticos de la vicepresidenta Abad. En la práctica, significa que el mandatario no le encargará el puesto mientras está en campaña electoral, como manda la ley.
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Noboa encabezó marcha contra la Corte Constitucional de Ecuador
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes pasado una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. De chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a miles de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.
Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender temporalmente leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas. “Estamos apoyando al presidente de la República, estos señores (los jueces) están haciendo lo que les da la gana, están obstaculizando las leyes que nos favorecen”, declaró a la AFP Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido. El 4 de agosto la corte suspendió provisionalmente tres leyes aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.
En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. “Nuestros policías, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, reprochó en medio de la marcha Noboa, megáfono en mano.
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“Estigmatización”
Las calles de Quito amanecieron este martes con múltiples vallas que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaba una de las pancartas. El ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo dijo a la AFP que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones”.
En un comunicado, la Corte Constitucional rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados, por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”. También denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos”. El Ejecutivo negó el uso de fondos públicos para la marcha.
Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el Noboa, un conservador en el poder desde 2023.
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Ataques “inaceptables”
Noboa, hijo de un magnate bananero, impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas armadas. El presidente planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución aún sin fecha definida. Recientemente, incluyó entre las preguntas una propuesta para permitir juicios políticos contra jueces constitucionales.
Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno con carteles en los que se leía “fuera Noboa” y “fuera dictador”. “Estamos viviendo en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, dijo Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador. “Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.
Fuente: AFP.
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Abdo offshore: carta de Seychelles incumple reglas de una investigación oficial, dice Preda
El abogado penalista Ricardo Preda ratificó que la carta del gobierno de Seychelles que expuso Mario Abdo Benítez en redes sociales carece de valor absolutorio y que no fue obtenida por los canales oficiales de una investigación formal, considerando que el sistema bancario de la isla africana no permite el acceso a información privada. El exmandatario busca desmentir que sea titular de cuentas bancarias que ocultarían USD 21 millones, un hecho que nunca le atribuyó la investigación de la prensa argentina, señalando una ruta del dinero creada con empresas ficticias de Hong Kong y Dubái para distanciar responsabilidades de sus presuntos beneficiarios.
“Así como una publicación periodística no es de por sí condenatoria, este documento que aparece no es absolutorio. Acá hay mucha investigación que hacer aún. La carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional", comentó Preda a través de una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Abdo Benítez busca ahora escudarse en un simple informe preliminar en redes sociales, que lleva la fecha del 12 de agosto de 2025, con la firma de Thereza Dogley, quien sería secretaria principal de la Oficina del Presidente de la República de Seychelles.
“Esta carta del gobierno de Seychelles no se trata de un documento obtenido a través de las reglas de cooperación internacional, no creo que una autoridad como un jefe de gabinete del Poder Ejecutivo sea la autoridad competente en cuanto a señalar si empresas o personas tienen cuentas en entidades financieras en un país. Estimo yo que no se trata de la respuesta a un pedido de cooperación internacional sobre la investigación abierta en Paraguay”, dijo Preda.
El abogado siguió sosteniendo que “realmente es muy extraño que una autoridad del Poder Ejecutivo haga esa afirmación en un documento que aparentemente se expide como un comunicado o certificado a pedido de alguien”.
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Inconsistencias en DD. JJ.
La publicación del periodista argentino Luis Gasulla en el portal Periodismo y Punto refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas. La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera cuenta se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre de 2022, año en que el líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez, aún se desempeñaba como presidente de la República.
“Los fiscales deberían evaluar esta nota para justamente hacer su pedido de colaboración internacional a aquel país, que en verdad no debería ir dirigida a un órgano del Poder Ejecutivo, sino a las entidades financieras donde se sospecha que están estas cuentas”, comentó Preda mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido este miércoles por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el abogado afirmó que este caso debe anexarse a la causa judicial que investiga las inconsistencias en las declaraciones juradas de Abdo Benítez. “Las investigaciones relacionadas a las empresas del expresidente no deberían estar desconectadas de esta investigación vinculada a las supuestas cuentas bancarias en Seychelles. Se debe buscar si sus empresas hicieron transferencias al exterior y dónde lo hicieron”, comentó.
Antecedentes
La Fiscalía impulsó la apertura de una investigación a Abdo Benítez en setiembre de 2024 debido a las inconsistencias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en las extraordinarias ganancias que tuvieron, durante su mandato, la empresas distribuidoras de asfalto Aldia SA y Createc SA, que lo vinculan entre sus principales accionistas.
En tanto, el pasado 24 de julio, la Fiscalía paraguaya abrió de oficio otra causa penal en torno a Abdo Benítez, acerca de estos supuestos fondos ocultos en Seychelles. El exmandatario prometió públicamente en un video publicado en marzo pasado que se sometería a la justicia, pero seguidamente se constató que solo fue una farsa. En este caso, el político dijo que “La mentira se acabó”, aunque sigue sin aclarar el destino de USD 41 millones de ganancias, que la Contraloría denunció.
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Liberan al abogado que disparó a un supuesto ladrón en Lambaré
Finalmente fue liberado el exviceministro del Trabajo, abogado Luis Carlos Orué Servín, quien disparó a un presunto ladrón que intentó ingresar a su casa en el barrio San Isidro de Lambaré.
La fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal Número Tres, tomó declaración testifical al profesional, confirmándose que fue una actuación en defensa propia.
El profesional efectuó disparos hacia el techo al visualizar que el desconocido estaba trepando intentando ingresar a la residencia. Uno de los proyectiles impactó en el sujeto, identificado como Manuel Sebastián Estigarribia (36), que luego fue derivado a un centro asistencial.
“No creo que nadie tome a bien algo parecido, realmente no le deseo a nadie los momentos que pasaron. Más todavía por la familia que es lo único en que uno piensa. A mí no me importaba si llevaban algo y se iban. Es más ya habían entrado dos veces y no hice ni denuncia porque llevaron una plantera y la vez pasada, cables”, señaló Orué al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Dijo que al divisar que el hombre estaba sobre su casa y sin saber con qué intenciones estaba asomándose, pensó y tomó las medidas en su defensa.
“La verdad que es algo que no le deseo a cualquiera. Pero lo que yo hice, lo voy a volver a hacer. Si alguien entra a mi casa, le voy a volver a hacer. Eso aseguro y me reafirmo, y si me quieren procesar por eso que me procesen”, afirmó.
Contó que cuando alteó al delincuente, éste llevó la mano a la cintura para amedrentar al dueño de casa, provocando su inmediata reacción.
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Prieto ocultó robo de recursos municipales para proteger a sus secuaces, acusa abogado
El abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), acusó al intendente y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, de apañar el robo de los recursos económicos de la municipalidad a través de un esquema de caja paralela.
La acusación de Sánchez surge ante las afirmaciones del dirigente opositor quien mediante sus redes sociales busca minimizar la denuncia penal presentada por el interventor de la municipalidad, Ramón Ramírez, quien denunció el desvío de G 75 millones mediante cajas paralelas.
El jefe comunal alegó que sobre el hecho ya había presentado una denuncia el pasado mes de marzo, detectando el desvío de G. 800 millones. “Prieto ocultó el robo de más de G. 800 millones de recursos municipales para proteger a sus secuaces. Si bien, realizó una escueta denuncia penal de urgencia ya a sabiendas que se venía negra la morcilla de la intervención, ocultó el escandaloso robo a la ciudadanía, que ocurría en sus narices y bajo la dirección de la impoluta y única capaz de luchar contra la Corrupción, Meribeb Alonzo Vallejos (prima)“, ironizó el abogado.
Sánchez detalló que la denuncia formulada por Prieto en marzo fue innominada con la finalidad de proteger a su prima y cómplices. “La denuncia fue contra personas innominadas, jamás nombro o acuso a los verdaderos y sabidos responsables“, cuestionó.
Asimismo acotó que “Prieto mantuvo hasta junio de 2025 en el cargo a su prima, Meribeb Alonzo Vallejos, hoy implicada en las graves maniobras irregulares, y la apartó solo por nepotismo, hecho que admitió el apartado jefe comunal y no por las graves anomalías en el cobro del impuesto inmobiliario”.
El abogado dijo que según fuentes internas de la propia municipalidad, también estarían salpicados en la recaudación paralela, Nelson Segovia, hijo del concejal departamental conocido como “Tío Henrry”, Vicente Prieto, padre de Miguel Prieto, Fran Arrúa, exsecretario privado, entre otros funcionarios que ejercían el cargo de cajeros quienes se encuentran plenamente identificados.
“Ellos podrían ser imputados por exacción y alteración de datos públicos, y se exponen a 10 años de prisión. Hasta la fecha no se ha sabido de ningún tipo de sumario administrativo a ningún funcionario. Lo raro de la denuncia es que teniendo los datos de los cajeros, de los responsables de recaudaciones y de la dirección de finanzas la denuncia fue innominada”, refirió.
Según Sánchez, el propio escrito del asesor jurídico dice y reconoce la carencia total de control de la dirección de recaudaciones al no llevar la correlatividad de las facturas, así como la cantidad de facturas y la utilización de los sellos de caja, también la falta de comunicación de traslados de funcionarios y la habilitación de permisos para utilización del sistema de gestión municipal tantas veces publicitado por Miguel Prieto en sus rimbombantes discursos".
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