La Policía Federal de Brasil reveló ayer jueves que los movimientos bancarios del expresidente del país Jair Bolsonaro entre 2023 y 2025 muestran “indicios” de blanqueo de capitales, en el marco de la investigación por la supuesta trama para entorpecer su causa contra el golpe de Estado que ha llevado al organismo a denunciarlo formalmente junto a su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro, de un delito de coacción.

El organismo ha considerado que los movimientos bancarios de Bolsonaro entre marzo de 2023 y junio de 2025 “muestran indicios de posible lavado de dinero u otras actividades ilícitas” en un informe presentado al Tribunal Supremo en el que además ha asegurado que, entre 2023 y 2024, el ultraderechista recibió alrededor de 30,5 millones de reales (cerca de cinco millones de euros).

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El mismo documento ha servido a la Policía para denunciar a ambos de un delito de coacción al considerar que promovieron en Washington las medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder judicial brasileños con el objetivo de obstaculizar la investigación que enfrenta el expresidente por intento de golpe de Estado contra el actual dirigente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, en el país norteamericano desde marzo, en favor de los aranceles del 50 por ciento a las importaciones brasileñas y sanciones contra las autoridades brasileñas, incluido el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.

Fuente: Europa Press.

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influenciador. El texto obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones.

La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la “sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”. En tanto, la oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer “censurar” las plataformas.

El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales. En adelante, las redes “deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual” a las autoridades brasileñas.

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También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quiénes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas. Las redes tendrán que “monitorear y restringir, dentro del límite de sus capacidades técnicas, la exhibición de contenidos que tengan como objetivo evidente atraer a los niños”, agrega el texto.

Atendiendo pedidos de expertos, el parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos. También exige a las redes sociales “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad para identificar cuentas gestionadas por niños”.

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Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, “prohibición”. La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.

Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación. En junio la corte suprema votó para que haya mayor responsabilidad de parte de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios. Desde entonces las plataformas tienen el deber de retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.

El lunes el gobierno le pidió a Meta- casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras- que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, luego de detectar una “proliferación” de estos robots.

La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.

En una decisión similar a la que tomó contra X, a principios de 2025 el supremo ordenó suspender la plataforma de videos Rumble porque se negaba a bloquear la cuenta de un brasileño residente en Estados Unidos. Trump le impuso aranceles del 50% a la mayor economía latinoamericana, en parte, por estas sanciones y por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.

Fuente: AFP.

La policía brasileña aseguró que el expresidente Jair Bolsonaro planeó pedir asilo al mandatario argentino Javier Milei en 2024, según un informe en el que solicitó imputarlo a él y a su hijo por un presunto intento de obstruir un proceso judicial en su contra.

La corte suprema de Brasil debe dar entre el 2 y el 12 de setiembre su veredicto sobre la inocencia o culpabilidad de Bolsonaro en un juicio por un supuesto intento de golpe de Estado en 2022.

En el celular del expresidente se halló un documento consistente en “un pedido de asilo político” a Milei, fechado poco después de que la policía lanzara su investigación por golpismo en febrero de 2024, según el documento policial.

• Fuente: AFP

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El saldo de muertos del accidente entre un bus que trasladaba migrantes afganos procedentes de Irán y otros dos vehículos en el oeste de Afganistán subió a 76, informó el miércoles una autoridad provincial. En total “76 ciudadanos del país (...) perdieron la vida en el incidente, y otros tres están gravemente heridos”, dijo en un comunicado Yousuf Saeedi, portavoz del gobierno de la provincia de Herat.

La policía del distrito de Guzara, cerca de la ciudad de Herat donde ocurrió el accidente la noche del martes, indicó que el bus colisionó con una motocicleta y un camión cisterna que transportaba combustible, lo que causó un incendio. El autobús llevaba afganos que se devolvían a Kabul desde Irán, dijo Saeedi a la AFP.

Al menos 1,5 millones de personas han regresado a Afganistán en lo que va de este año desde Irán y Pakistán, que han expulsado a los migrantes después de albergarlos durante décadas, según la agencia de la ONU para las migraciones. El servicio noticioso estatal Bakhtar señaló que el accidente del martes es uno de los más mortales de los últimos años en el país.

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Junto a pequeños bultos con sus pertenencias, Maruf espera un vehículo que lo llevará a él y a su familia lejos de su pueblo, en el norte de Afganistán, donde la tierra, azotada por la sequía, lleva años sin producir nada. La mayoría de las viviendas de tierra cruda de su pueblo están vacías. Los residentes huyeron de “la sed, el hambre y una vida sin futuro”, dice a AFP este padre de familia, de 50 años.

“Nuestros campos se rindieron. En estas condiciones, la gente se ve obligada a irse”, dice. “¿Cómo puedes permanecer en semejante vacío cuando tienes hijos que mantener?”, pregunta. Décadas de guerra obligaron a millones de afganos a abandonar su territorio, pero desde que los talibanes recuperaron el poder en 2021, la principal causa del desplazamiento ya no es política ni de seguridad.

En Afganistán, uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, casi cinco millones de personas se vieron afectadas y 400.000 tuvieron que abandonar sus hogares debido a fenómenos meteorológicos a principios de 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La mayoría de los 48 millones de afganos, que ya enfrentan una de las peores crisis humanitarias del mundo, viven en casas de tierra cruda y dependen de la agricultura, afectada también por el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos. De los últimos cinco años, cuatro estuvieron marcados por un aumento de la sequía, mientras que algunas regiones han sufrido devastadoras inundaciones repentinas que arrasaron con viviendas, cultivos y ganado.

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“Las cosechas infructuosas, la sequía de los pastos y la desaparición de las fuentes de agua están llevando a las comunidades rurales al borde del precipicio”, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Cada vez es más difícil para las familias producir alimentos, obtener ingresos y permanecer en sus hogares”.

El norte del país es el más afectado. En la provincia de Yauzyán, Abdul Jalil Rassuli vio cómo cambió Bakawal, su aldea. Donde antes los melones crecían como por arte de magia, ahora hay que comprarlos en la ciudad porque la tierra ya no da más. “Todo se reduce al agua”, reflexiona Rassuli, de 64 años, a la sombra de uno de los pocos árboles que quedan. “La escasez de agua lo destruye todo: la agricultura está devastada, los árboles están muriendo y ya no plantamos”.

Los residentes huyeron a los países vecinos Irán y Pakistán hace una década con la esperanza de un futuro mejor. Pero muchos tuvieron que regresar: más de 4 millones de afganos fueron expulsados desde finales de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones, cuando Pakistán inició repatriaciones masivas.

A su regreso, ya no trabajaron la tierra, sino que realizan trabajos esporádicos. Abdul Jalil Rassuli espera que el canal Qosh Tepa, en construcción desde hace años, permita irrigar los campos con el río Amu Daria. Sin embargo, podría tardar más de un año en terminarse, según funcionarios del gobierno talibán.

Cuando Abdul Latif Mansur, ministro de Energía y Agua, enumeró los proyectos de represas y canales, tuvo que reconocer en julio que “las medidas adoptadas no son suficientes”. “Hay muchos episodios de sequía. Debemos recurrir a Dios”, suplicó, mientras las autoridades talibanas rezaban regularmente para que vuelva la lluvia. Pero la lluvia no siempre es buena noticia.

En caso de inundaciones repentinas, la tierra reseca no puede retener el agua. Según la ONU, este año las lluvias se adelantaron en el país, con temperaturas más altas de lo habitual, lo que aumentó el riesgo de inundaciones. En junio, el agua arrasó con todo a su paso en la provincia central de Maidan Wardak. “Tengo 54 años y nunca habíamos visto algo así”, dijo Mohammed Qassim, de pie sobre el lecho agrietado y lleno de piedras de lo que antes era un río.

Wahidullah, de 18 años, vio cómo su ganado se ahogó y su casa quedó dañada e inhabitable. Ahora su familia, compuesta por 11 personas, duerme en una carpa en un terreno ligeramente elevado con algunas pertenencias rescatadas de las aguas. Wahidullah no puede evitar contemplar el peor escenario posible: “Si hay otra inundación, no nos quedará nada ni adónde ir”.

Fuente: AFP.