China dijo el miércoles que defenderá sus “intereses nacionales” ante el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que podría imponer aranceles del 10 % a las importaciones chinas desde el 1 de febrero.
“Siempre hemos creído que no hay ganadores en una guerra comercial o arancelaria”, dijo Mao Ning, una portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores. Pero China “está firmemente comprometida en salvaguardar los intereses nacionales”, apuntó la portavoz, agregando que Pekín quiere “mantener la comunicación con Estados Unidos” para “manejar las diferencias adecuadamente”.
Interrogado el martes por la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que su gobierno se plantea imponer un arancel del 10 % a las importaciones provenientes de China, “porque ellos envían fentanilo a México y a Canadá”, que luego termina en Estados Unidos.
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A la pregunta de cuándo podría aplicarse ese arancel, el mandatario republicano respondió: “probablemente el 1 de febrero, esa es la fecha que estamos mirando”. Previamente, dijo que en esa misma fecha se plantea imponer aranceles del 25% a México y a Canadá, a los que acusó de ser incapaces de detener la migración ilegal y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Unión Europea
En esa sesión con los reporteros, Trump amenazó igualmente con aranceles a la Unión Europea, con la que Estados Unidos tiene un déficit comercial. “Nos tratan muy muy mal. Así que habrá aranceles para ellos”, dijo Trump refiriéndose al bloque de los 27.
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La víspera, el presidente norteamericano había acusado a la UE de no importar suficientes productos de Estados Unidos, y prometió “enderezar” esa situación imponiendo aranceles o presionando para que el bloque le compre más gas y petróleo.
Fuente: AFP
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China ejecutó al autor de un atropello masivo que dejó 35 muertos
China ejecutó el lunes 20 de enero al autor de un atropello masivo que acabó con la vida de 35 personas en noviembre en la ciudad de Zhuhai, informó la prensa estatal. Un tribunal de esa ciudad “ejecutó a Fan Weiqiu conforme a la orden de ejecución emitida por la Corte Popular Suprema”, anunció la televisión estatal CCTV.
El 11 de noviembre de 2024, Fan Weiqiu arrolló deliberadamente, a bordo de su todoterreno, a una multitud que estaba haciendo ejercicio delante de un complejo deportivo de esta ciudad del sur de China, dejando 35 muertos y 43 heridos. Se trató del peor ataque cometido en ese país en una década.
El hombre de 62 años fue detenido en la escena del crimen tras autolesionarse con un cuchillo, anunció la policía en ese momento. El tribunal lo condenó a finales de diciembre a la pena capital por un acto realizado de una manera “extremadamente vil”, informaron entonces los medios estatales.
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Según la justicia, Fan Weiqiu “decidió descargar su ira” por “su matrimonio roto, sus frustraciones personales, y su descontento por el reparto de propiedades tras el divorcio”, de acuerdo a la misma fuente. China sufrió en 2024 varios incidentes mortales, desde apuñalamientos hasta atropellos, que ponen en entredicho su reputación en materia de seguridad pública.
En todos los casos, las autoridades censuraron las publicaciones en línea y desmantelaron los memoriales en los lugares de las tragedias. Pekín mantiene sus cifras oficiales sobre la pena de muerte bajo el sello del secreto de Estado. Pero grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, estiman que miles de personas son ejecutadas cada año en el país.
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Ejecución en Taiwán
Taiwán llevó a cabo su primera ejecución de un reo en casi cinco años, una medida denunciada por oenegés como un “enorme revés” a los derechos humanos en esta isla que se congratula de su modelo democrático. El ejecutado por afusilamiento fue Huang Lin-kai, un hombre de 32 años declarado culpable de estrangular mortalmente a su exnovia y la madre de esta en 2017.
“Los crímenes en los que Huang estaba implicado eran crueles y desalmados”, señaló el Ministerio de Justicia tras su ejecución el jueves 16 de enero. Taiwán evolucionó de una dictadura a una de las democracias más progresistas de Asia, pero las encuestas revelan un apoyo mayoritario de la población a la pena capital.
Desde 2010, cuando terminó una moratoria en estas penas, se han llevado a cabo 36 ejecuciones, la mayoría bajo el poder del partido de centroderecha Kuomintang, ahora en la oposición. Esta es la primera bajo la presidencia de Lai Ching-te, del Partido Progresista Democrático, que asumió el cargo en mayo de 2024.
El Tribunal Constitucional decretó en septiembre que la pena capital debía estar “limitada a circunstancias especiales y excepcionales”. La directora para Taiwán de Amnistía Internacional, E-Ling Chiu, dijo que la ejecución del jueves fue “un evento cruel e impactante” que representa “un enorme revés para los derechos humanos”.
La Unión Europea expresó su rechazo a la pena de muerte “en todas las circunstancias” y reclamó a Taipéi “una moratoria de facto”. En cambio, el opositor Kuomintang reclamó al gobierno aplicar las sentencias de 36 presos en el corredor de la muerte cuyos procesos judiciales ya culminaron.
Fuente: AFP.
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¿China controla el canal de Panamá?
La subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera dos puertos en las entradas del canal de Panamá, negó impagos al Estado, en medio de una auditoría de las autoridades panameñas por el contrato de concesión. En los últimos tres años Hutchison Holdings ha pagado a Panamá “la suma de 59 millones (de dólares) que incluye pagos por dividendos adelantados, totalizando 658 millones durante la concesión”, indicó en un comunicado la compañía, con sede en Hong Kong.
La empresa respondió así a las afirmaciones del contralor panameño, Anel Flores, quien aseguró que Panama Ports Company, la subsidiaria de Hutchison Holdings, no había pagado “ni un centavo” al Estado en los últimos tres años. La empresa, que está siendo auditada desde el lunes, está también en el centro de una polémica entre Panamá y Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump asegura que buscará “retomar” el canal de Panamá porque China lo está operando.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, sostiene que esos puertos podría usarlos Pekín para bloquear el comercio por el canal, en caso de un conflicto con Washington. Desde 1997, Panama Ports Company opera, pero no toma decisiones sobre el canal, los puertos de Balboa y San Cristóbal, en las entradas de la vía por el Pacífico y el Atlántico, bajo una concesión que fue prorrogada en 2021 por 25 años.
Según la firma, sus aportes al Estado panameño superan “con creces las contribuciones de cualquier otra empresa portuaria en Panamá” y dice haber invertido 1.695 millones de dólares en infraestructura y equipos. La Contraloría investiga si la empresa cumple el contrato y verifica si reporta “adecuadamente sus ingresos, pagos y aportes al Estado”. El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a este país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios y es administrado por una entidad autónoma panameña, sin ninguna interferencia extrajera, asegura el gobierno.
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“Lo vamos a recuperar”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió en su investidura retomar el control del canal de Panamá, lo que fue rechazado de plano por el gobierno panameño. En el centro de la polémica está China. Trump incluso no ha descartado la fuerza militar para “recuperar” esta ruta de 80 km que, construida por Estados Unidos e inaugurada en 1914, lleva 25 años administrada por Panamá.
“China está operando el canal de Panamá... y lo vamos a recuperar”, dijo Trump el lunes. El mandatario panameño, José Raúl Mulino, reiteró este miércoles en el Foro de Davos que el canal “es y seguirá siendo” de Panamá y que “no fue una concesión ni una dádiva” de Estados Unidos.
Por su parte, China insistió en que “nunca ha interferido” en el canal y que no participa ni en la gestión ni operación. Que Trump incluyera la amenaza en su discurso inaugural “hace más probable que sea un intento serio, aunque todavía parece inverosímil”, dijo a la AFP Benjamin Gedan, director del programa para América Latina del Wilson Center, con sede en Washington.
“Cuello de botella”
En el ojo del huracán, la empresa china Hutchison Ports, con sede en Hong Kong, opera bajo concesión desde 1997 los puertos de Balboa y Cristóbal, a cada entrada del canal, que conecta los océanos Pacífico y Atlántico. En un “momento de conflicto” esos puertos podría usarlos Pekín “como un cuello de botella que impida el comercio” internacional por el canal, alertó el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, poco antes de asumir el cargo.
La vía, de la que Estados Unidos y China son sus mayores usuarios, está administrada por la Autoridad del Canal de Panamá (entidad autónoma). Sin ninguna interferencia extranjera, afirma Mulino. “Aunque parece una pelea arbitraria, hay preocupaciones razonables relacionadas con la presencia de una empresa china (...). El canal tiene un valor enorme para Estados Unidos, tanto comercial como estratégico, y no sería difícil para Pekín interrumpir sus operaciones”, opina Gedan.
La subsidiaria de Hutchison Ports, a la que la contraloría panameña abrió el lunes una auditoría, opera los puertos, pero no toma ninguna decisión sobre la vía. Para Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, con sede en Washington, Panamá ha “respetado” la neutralidad de la vía y mantenido “la eficiencia de las operaciones”.
Presencia china
Trump, que ya había dicho en 2011 que Estados Unidos entregó “estúpidamente” el canal, afirma también que las tasas que pagan los buques estadounidenses por cruzar la vía son una “completa estafa”. “Es un argumento fatuo que encubre la intención de que Panamá reduzca a su mínima expresión las relaciones con China”, afirmó a AFP el catedrático panameño en Relaciones Internacionales, Euclides Tapia.
Desde que Panamá rompió con Taiwán y estableció relaciones con Pekín en 2017, la actividad china ha crecido en el país, aunque el principal socio político y comercial sigue siendo Estados Unidos. En menos de siete años, empresas chinas abrieron filiales, construyeron un puerto para cruceros por 206 millones de dólares en la entrada del canal por el Pacífico, y actualmente levantan por 1.400 millones de dólares un puente sobre la ruta interoceánica.
Trump “cree que necesita ser duro con China”, así que si “existe una oportunidad de contrarrestar la influencia” china en la región y en el canal “es algo de lo que le gusta hablar”, opinó la politóloga de la Universidad de Essex, Natasha Lindstaedt. En 2018, el presidente chino Xi Jinping visitó Panamá. China propuso otros proyectos millonarios, incluso trató de instalar su embajada a la entrada del canal, pero no se concretó por presuntas presiones de Washington.
Uso de la fuerza
Como parte de los tratados de 1977, por los que Estados Unidos entregó el canal a Panamá en 1999, los panameños se comprometieron a garantizar que la vía, por la que pasa el 5 % del comercio marítimo mundial, esté abierta permanentemente a todos los países. “Ninguno de sus principios menciona, y menos autoriza, a Estados Unidos para reclamar el canal”, dice a AFP Julio Yao, quien integró el equipo panameño que negoció los tratados.
Pero hay enmiendas introducidas por Estados Unidos sobre la posibilidad de que Washington use la fuerza militar unilateralmente para “defender el canal contra cualquier amenaza” de cierre, según Tapia. “Solo fabricando una operación de bandera falsa, a través de una operación encubierta, Trump podría justificar el uso de la fuerza militar en Panamá y eso exclusivamente para mantener abierto el canal, no para tomárselo y usufructuarlo económicamente”, comentó.
Gedan ve “una intervención militar poco probable”, pero señala que Trump podría presionar a Panamá, por ejemplo, con aranceles. “Está tratando de asustar a Panamá lo más posible (...) Es una herramienta de negociación o una distracción, o ambas”, afirma Lindstaedt.
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Audición de subsidiaria
Autoridades panameñas iniciaron una auditoría a la subsidiaria de la empresa china Hutchison Holdings, que opera dos puertos en el canal de Panamá, informaron este martes fuentes oficiales, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con retomar el control de la vía marítima. El director de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Max Florez, dijo a la AFP que funcionarios de esta entidad se reunieron el lunes con el contralor general, Anel Flores, para tratar sobre la auditoría a Panama Ports Company.
Esa empresa es subsidiaria de Hutchison Holdings, basada en Hong Kong, y opera los puertos de Balboa y San Cristóbal, en la entrada del canal por el Pacífico y el Atlántico, respectivamente. “Por parte de la AMP ya hicimos la notificación a la administración de Panama Ports Company (...), que el contralor iniciaría la auditoría”, indicó Florez.
Auditores llegaron a Panama Ports Company para dar inicio “a una exhaustiva auditoría que tiene como objetivo garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos”, anunció la Contraloría en la red social X. La Contraloría busca “determinar si se cumplen (...) los acuerdos de concesión pactados entre Panama Ports Company y el Estado panameño, verificando que la empresa esté reportando adecuadamente sus ingresos, pagos y aportes al Estado”, señaló.
En un comunicado, Hutchison Ports dijo que “ha mantenido y continuará manteniendo una relación transparente y colaborativa” con las autoridades panameñas. “Seguimos firmes en nuestro compromiso de cumplir con todas las leyes y regulaciones, ejerciendo plenamente nuestras responsabilidades contractuales”, apuntó la firma.
“Nuestros resultados financieros, auditados por un auditor externo independiente, han sido compartidos anualmente con nuestro socio, el Estado de Panamá, asegurando la confianza y la claridad en nuestra gestión”, agregó. Durante su discurso de investidura el lunes, Trump reiteró su intención, expresada varias veces antes de asumir el poder, de tomar el control de la vía interoceánica, incluso por la fuerza, argumentando que “China está operando el canal de Panamá”.
Poco después, el presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió señalando que el canal “es y seguirá siendo de Panamá” y negó que haya interferencia extranjera en la administración de la vía. De su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China insistió que el país asiático “no participa en la gestión y la operación del canal y nunca ha interferido en los asuntos del canal”, dijo su portavoz Mao Ning.
“La soberanía y la independencia de Panamá no están sujetas a negociación y el canal no debe estar sometido a ningún control directo o indirecto de grandes potencias”, agregó. Desde enero de 1997, Panama Ports Company ha operado bajo un contrato de concesión, que le fue prorrogado en 2021 por 25 años, pese a las críticas generadas en su momento por el supuesto poco aporte de la compañía al tesoro panameño.
“Creo que los panameños nos merecemos un poquito más de respeto y un poquito más de recursos”, señaló el contralor Flores, al referirse a Panama Ports Company durante su toma de posesión a principios de año. El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a este país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios.
Fuente: AFP.
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Trump arranca campaña de deportación masiva de inmigrantes
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a 538 “inmigrantes ilegales” y expulsaron a “cientos”, en una operación de deportación presentada por la Casa Blanca como “la mayor” en la historia, a pocos días del inicio del segundo mandato de Donald Trump.
El mandatario republicano prometió actuar contra la inmigración irregular durante su campaña y, tras asumir la presidencia a inicios de semana, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios. “La Administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales” y “deportó a cientos” de ellos “en aviones militares”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en la red social X.
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“La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, escribió la portavoz. Trump demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como “salvajes”, “animales” o “criminales”, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular.
“Se aterroriza ilegalmente a la población”
El jueves, el alcalde de la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, el demócrata Ras Baraka, informó en un comunicado que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “allanaron un establecimiento (...) deteniendo residentes indocumentados y también a ciudadanos, sin presentar una orden judicial”.
El alcalde indicó que uno de los detenidos es un veterano del ejército estadounidense, una acción que calificó como un “acto atroz y una violación flagrante” de la Constitución de Estados Unidos. “Newark no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la población”, agregó Baraka.
Trump anunció el martes que su gobierno restablecerá el programa “Quédate en México” - una política que implementó en su primer mandato (2017-2021) - que implica que los solicitantes de asilo deben esperar del lado mexicano de la frontera mientras se tramita su petición.
El mandatario también puso fin a un programa de su predecesor Joe Biden destinado a ofrecer vías legales para la solicitud de asilo para personas que huyeron de la violencia y que denunciaron haber sufrido persecución política. Esta medida afecta a muchas personas que huyeron de países de América Central y de Sudamérica.
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Trump también suspendió hasta nuevo aviso todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió. En los decretos firmados por Trump figura también una orden ejecutiva que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución adoptada en la segunda mitad del siglo XIX.
Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente el jueves esta orden ejecutiva. A principios de esta semana, el Congreso, dominado por los republicanos, dio luz verde a una ley para ampliar el encarcelamiento preventivo de extranjeros en situación irregular que sean sospechosos de delitos. En su retórica, Trump utiliza habitualmente la palabra “invasión” para referirse a la entrada de inmigrantes sin visa a Estados Unidos y los acuso de envenenar “la sangre” del país.
Fuente: AFP
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Trump suspende ayuda extranjera y Paraguay podría resentir acción
Una de las cooperaciones extranjeras con la que cuenta Paraguay, pero que ahora está en pausa por orden del nuevo gobierno de los Estados Unidos es la de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). La interrupción por 90 días será para una auditoría administrativa y una revisión que confirme que la asistencia cumple con los objetivos políticos de Estados Unidos.
Al respecto, el senador Gustavo Leite vaticinó los probables resultados de ese control:
- Que las contrataciones se hicieron por encima del precio de mercado.
- No hubo concursos públicos para las contrataciones en determinadas áreas.
- No contrataron a las oenegés incipientes como establece el tratado.
“Eso quiere decir que no se contrataron a las oenegés más nuevas, fue un enjuague de 50 palos para las mismas de siempre”, afirmó Leite a la 730 AM. Los 50 millones de dólares hacen alusión al convenio firmado en setiembre de 2020.
“Es violación de la Ley de Información Pública, bajo el argumento de una confidencialidad que no está contemplada en ningún tratado y el 60 % del dinero fue a sueldos para resultados vagos sobre proyectos como “disminuir la cultura de la corrupción”, apuntó el senador.
Para el legislador colorado, las cooperaciones son buenas solamente cuando representan una utilidad directa para la población paraguaya, pues, de nada sirve que una oenegé reciba USD 2 millones para combatir la impunidad y que luego distribuya el dinero entre “los perros”.