• Paratebueno, Colombia. AFP.

Los habitantes de Bogotá y otras ciudades de Colombia despertaron el domingo con un temblor de magnitud 6.5 que se prolongó por varios segundos, que no dejó víctimas, pero generó evacuaciones y causó el colapso de varios edificios en localidades cercanas al epicentro. El sismo se registró hacia las 8:08 locales (13:08 GMT) en Paratebueno, un poblado a unos 187 km de la capital, según publicó el Servicio Geológico Colombiano en la red X. Doce minutos más tarde hubo una réplica de 4.0.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, por su parte, reportó que la magnitud fue de 6.3. En Paratebueno, un municipio rural de 10.000 habitantes en el departamento de Cundinamarca (centro), reporteros de la AFP vieron varios edificios derrumbados, entre ellos una iglesia con una pared seriamente dañada.

Los residentes recogían escombros entre varias estructuras con techo de zinc derrumbadas. Este fue uno de los temblores más fuertes y prolongados sentidos en la capital en los últimos años. Las sirenas de emergencias se activaron en los barrios residenciales de la capital y se escuchaban gritos de personas que salían a las calles, algunas en pijama.

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“Hace ya un tiempo no lo sentíamos así de fuerte acá en Bogotá”, dijo Francisco González, un abogado que salió de su casa por seguridad. Algunos tienen miedo de volver a ingresar a sus hogares.

La entidad estatal de emergencias (UNGRD) informó que “realiza un barrido” para evaluar daños en todos los municipios y departamentos del país. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, aseguró que “todos los organismos” de atención de desastres “están activados”.

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“Fue un susto grande”, “genera miedo sobre todo por la familia”, relató Carlos Alberto Ruiz, un hombre de 54 años que salió de su apartamento junto con su esposa, hijo y un perro.

“Fue muy fuerte”, dijo una anciana en el norte de Bogotá mientras intentaba bajar una escalera. En otras urbes, como Medellín, Cali y Manizales también se sintió el temblor. Colombia está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de constante actividad sísmica que se esparce por el borde terrestre y acuático del Océano Pacífico, en América, Asia y Oceanía, y alberga cerca del 90% de los terremotos del mundo.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

Una ley sobre “agentes extranjeros” impulsada por el presidente Nayib Bukele entró en vigencia en El Salvador este sábado, pese a críticas de las oenegés que denuncia la institucionalización de la “persecución” en su contra. Aprobada el 20 de mayo por el Congreso dominado por el oficialismo, es una norma similar a las existentes en Rusia, Venezuela y Nicaragua para impedir la labor de las oenegés, y establece un impuesto de 30 % a las donaciones que reciben.

“Representa una ley mordaza bastante discrecional, estigmatiza más el trabajo en derechos humanos” y proyectos sociales, lo que afectará a la “mayoría de la población pobre” del país, declaró a la AFP Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal. Bukele defendió la iniciativa en un reciente discurso al afirmar que la ley “garantiza que quienes vengan a velar por intereses políticos, al menos paguen sus obligaciones tributarias, como todos los demás“.

Sin embargo, la Fundación para el Debido Proceso aseguró que “la ley de agentes extranjeros es un ataque frontal al trabajo de las organizaciones sin fines de lucro”, inspirada “en normas similares vigentes en Hungría, Rusia, Nicaragua y Venezuela”.

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La ley “no está pensada para regular o transparentar el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro (...), sino para acallar las voces críticas al gobierno”, afirmó Katia Salazar, una responsable de esta Fundación con sede en Washington.

Amnistía Internacional dijo que la norma “impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión” y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

“Lejos de garantizar transparencia, esta ley pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentan silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente”, advirtió la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer.

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La norma estipula que “por cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especies o bienes materiales de cualquier tipo [...] a favor de sus agentes extranjeros en el país, se aplicará un impuesto del 30%”.

Además, los miembros de las oenegés deberán inscribirse en los próximos 90 días en un Registro de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernación (interior). “Los incumplimientos” a la ley y las demoras en presentar información requerida serán sancionados con multas que pueden llegar hasta 250.000 dólares.

• San Salvador, El Salvador. AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo pasado que le tiene “sin cuidado” que lo llamen “dictador”, ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las oenegés. Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.

El presidente acusó a las oenegés en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un “ataque organizado” contra su gobierno. “¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.

Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85 % de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.

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Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.

“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad”, ironizó.

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La Fiscalía acusó a López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales -como Amnistía o Human Rights Watch- denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.

En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas. Según las oenegés, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace tres años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas.

Las oenegés, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. “Los supuestos defensores de la democracia (...) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes”, aseguró Bukele.

Según el gobernante, hubo unos “200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas” en más de 30 años que sembraron el terror en el país. En su discurso, también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30 % de los fondos que reciban.

Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales. En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado “por error” pese a que tenía una protección legal.

“Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, dijo Bukele.

Publicista amante de los golpes de efecto, desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines. “En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este martes pasado haber alcanzado un acuerdo a nivel técnico con El Salvador sobre la primera revisión de su programa crediticio del Servicio Ampliado que permitirá el desembolso de otros 120 millones de dólares al país.

En febrero, la organización financiera aprobó un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por unos 1.400 millones de dólares a 40 meses que permitió un desembolso inmediato de alrededor de 113 millones de dólares. “El desempeño del programa ha sido sólido”, afirma la organización financiera, cuyo directorio ejecutivo todavía tiene que dar luz verde.

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“La mayoría de los objetivos del programa, establecidos para la primera revisión, se cumplieron con creces, y la implementación de las metas estructurales avanza satisfactoriamente”, afirma Luis Cubeddu, subdirector del departamento para América Latina y el Caribe, citado en el comunicado.

“A pesar de un contexto externo más complejo, la economía de El Salvador continúa expandiéndose, impulsada por una mayor confianza y un flujo de remesas aún sólido”, añade. El acuerdo aborda asimismo los riesgos del bitcóin, uno de los principales escollos entre el Fondo y el país centroamericano, que en 2021, por iniciativa del presidente Nayib Bukele, puso a circular legalmente esta moneda a la par que el dólar estadounidense.

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La mayoría de los salvadoreños nunca vio con buenos ojos la iniciativa de Bukele, quien goza de una enorme popularidad por su guerra contra las pandillas y la caída de los homicidios a mínimos históricos. Ante las presiones del FMI El Salvador acabó cediendo y, desde finales de enero, el uso del bitcóin es opcional.

“Continuarán los esfuerzos para garantizar que la cantidad total de bitcóin en todas las billeteras propiedad del gobierno permanezca sin cambios, según los compromisos del programa, y asegurar la venta de la participación del sector público en la billetera Chivo hacia finales de julio”, afirma el Fondo.