Ocho grupos criminales de México, Venezuela y Centroamérica fueron designados como organizaciones “terroristas globales” por el gobierno de Donald Trump, que los considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y promete eliminarlos. Aquí una sinopsis de estas bandas acusadas de tráfico de drogas y migrantes, además de una amplia gama de delitos.

Surgido en 2010, el CJNG es considerado una de las mayores organizaciones criminales de México. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, acusado de contrabando de fentanilo y metanfetaminas. Según Insight Crime, sus redes se extienden a varios países de Latinoamérica, Canadá, Australia y el Sudeste Asiático.

Presente en varios estados de México, disputa con el Cártel de Sinaloa el control del tráfico de migrantes en la frontera con Guatemala y ha atentado contra altos cargos como el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en 2020.

Fundado en los años 1980 por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, es la otra gran mafia mexicana, con una reconocida capacidad para infiltrar las altas esferas del Estado. Guzmán y Zambada están presos en Estados Unidos, el primero a perpetuidad. Según Washington, este cártel es el mayor traficante de fentanilo -al que se atribuyen miles de muertes cada año en Estados Unidos-, y también se le vincula con el contrabando de metanfetaminas, heroína y cocaína.

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Los herederos de sus fundadores mantienen una guerra intestina que ha dejado cientos de muertos desde 2024, cuando supuestamente Zambada fue secuestrado por un hijo de “El Chapo”, que lo llevó en un avión privado a Estados Unidos para entregarlo a autoridades de ese país.

Un exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue condenado en 2024 a casi 39 años de prisión por colaborar con el cártel.

Se conformó en 2014 en una cárcel del estado venezolano de Aragua y está ligado a secuestros, robos, venta de drogas, prostitución y extorsión. Más tarde se expandió a la explotación ilegal de oro en un país que cuenta con grandes yacimientos, y a la trata de personas en medio de la ola migratoria. Sus actividades se expandieron a varios países del continente.

En 2023 estaba compuesto por unos 5.000 hombres y su centro de operaciones era la cárcel de Tocorón (Aragua), ocupada ese mismo año por las autoridades. Esa prisión era una especie de hotel con piscina, zoológico, sala de apuestas, banco, campo de béisbol y una discoteca. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura que la banda fue desmantelada, su jefe, Héctor Guerrero, está prófugo.

La MS-13 se formó en Los Ángeles (Estados Unidos) en los años 1980. Sus primeros hombres llegaron deportados a El Salvador tras la guerra civil (1980-1992). Luego se extendieron a Guatemala y Honduras y convirtieron la región en una de las más violentas del mundo. Junto con sus archienemigos de Barrio 18 suman decenas de miles de miembros dedicados a las extorsiones, los asesinatos, el sicariato y el tráfico de drogas.

Dos tercios de sus integrantes han sido encarcelados en El Salvador por las medidas draconianas del gobierno de Nayib Bukele, según Insight Crime, que define esta situación como un “golpe casi mortal” contra ambos grupos. En Estados Unidos, la MS-13 se concentra en la venta de narcóticos y la extorsión de pequeños negocios y bares clandestinos, detalla el centro de pensamiento.

Opera en el estado agroindustrial de Michoacán (oeste de México) y ha ganado notoriedad por el uso de minas antipersonas en el combate que libra con el CJNG en esa región. Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), distribuye metanfetaminas y heroína.

Fundada en 2006 como La Familia Michoacana, este grupo se había debilitado desde 2014 tras el asesinato de su fundador, Nazario Moreno González, según Insight Crime. Sus remanentes se reorganizaron en años recientes como la Nueva Familia Michoacana y operan actualmente en los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero y Estado de México. Estados Unidos asegura que el grupo trafica metanfetaminas e incursiona en el trasiego de fentanilo.

El Cartel del Golfo llegó a ser uno de los grupos criminales más temibles de México, pero en los últimos años perdió influencia y se dividió en múltiples facciones, una de ellas el extinto y sanguinario cártel de Los Zetas. Su líder, Osiel Cárdenas Guillén, fue deportado en diciembre pasado desde Estados Unidos a México, donde está preso por varios delitos. Había sido condenado en 2010 a 25 años de cárcel por la justicia estadounidense. Sus sucesores controlan importantes zonas fronterizas cerca del Golfo de México, beneficiándose del tráfico de migrantes y drogas como cocaína y metanfetamina, según Insight Crime.

Es la organización sucesora de Los Zetas, conformada por antiguos militares de élite. Domina en la fronteriza Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, principal cruce para el comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

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El Congreso de El Salvador eliminó ayer miércoles de la Constitución la obligación de dar fondos públicos a partidos políticos, lo que fue criticado por opositores que denuncian “más concentración” del poder en el gobierno de Nayib Bukele. La derogación del artículo 210 de la Constitución fue aprobado con los votos de 58 diputados del Congreso de 60 escaños, controlado por el oficialismo, que propuso la reforma.

Según ese artículo, la llamada “deuda política” financiaba las campañas electorales de los partidos para “promover su libertad e independencia”, pero ahora deberán hacerlo por sus propios medios. A finales de enero, el Congreso ratificó una reforma que facilita y acelera las modificaciones a la Carta Magna.

El diputado jefe de la bancada del oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró ayer miércoles que la eliminación de la deuda política se hizo porque “los salvadoreños no la quieren”. Claudia Ortiz, diputada del opositor partido Vamos, opinó que la derogatoria del artículo constitucional servirá al oficialismo “para seguir concentrando poder”.

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Para el diputado Francisco Lira, de la derechista y opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), se “afectará” la “democracia representativa” pues “no todos los partidos tienen las mismas posibilidades de financiamiento”. Bukele en su página en Facebook salió al paso de esas críticas.

“Así hacen con todo: reclaman y reclaman por lo que ellos nunca hicieron y, cuando venimos y lo hacemos, cambian el discurso y empiezan a quejarse de que por qué lo hacemos”, sostuvo el mandatario. Según cifras del Ministerio de Hacienda, el Estado repartió 40 millones de dólares en concepto de deuda política a los partidos que participaron en las últimas elecciones generales de 2024, en las cuales fue reelegido Bukele.

Fuente: AFP.

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El Congreso de El Salvador a petición del presidente, Nayib Bukele, aprobó tres nuevas leyes que endurecen las penas de cárcel para varios delitos comunes y otros vinculados con corrupción. Las sanciones de prisión más severas serán para los casos de homicidio agravado, que antes recibían condenas de 20 a 30 años y ahora se elevarán hasta los 60, mientras que los de homicidio simple (sin agravantes) pasarán del rango de 15 a 20 años al de 25 a 35.

Los delitos de privación de libertad, violación, agresión sexual, hurto o robo también incrementaron sus penas, según las nuevas normativas. Bukele, quien está por cumplir tres años de una “guerra” frontal contra las violentas pandillas, enfila ahora su lucha contra la corrupción.

El Congreso salvadoreño, dominado por el oficialismo, también aprobó una ley anticorrupción que elevó las condenas para quienes cometan ilícitos de ese tipo, ahora considerados “imprescriptibles”. Para “todos los delitos que tienen que ver con la corrupción de los funcionarios se están aumentando los años de prisión”, declaró el diputado oficialista Kaleb Navarro.

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El enriquecimiento ilícito se castigará ahora con penas de entre 5 y 15 años de prisión (antes de 3 a 10 años) y el peculado, que conllevaba condenas de hasta 8 años, recibirá sentencias de hasta 12 años. Para quien preste su nombre para adquirir bienes con dinero proveniente de la corrupción, la legislación creó el delito de testaferrato, que tendrá una pena de 3 a 6 años de cárcel.

La Asamblea Legislativa también hizo una reforma para ampliar la detención provisional de un imputado hasta la media pena del delito por el cual es acusado. La detención provisional tenía un máximo de dos años y podría prorrogarse por un año más. Bukele libra desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción, bajo el cual ha habido más de 83.000 detenidos. Unos 8.000 fueron liberados, según fuentes oficiales.

Fuente: AFP.

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Una nueva ola de sismos sacudió la isla griega de Santorini en las últimas horas, incluido uno de magnitud superior a 5, indicaron este jueves los científicos, que señalaron que en la zona se reportaron más de 7.700 sismos en diez días.

En la isla, famosa en todo el mundo, se decretó el “estado de emergencia” hasta el 3 de marzo, anunció Protección Civil.

El miércoles por la noche se registró un sismo de magnitud 5,2, el más fuerte desde el fin de semana, al que le siguieron otros siete el jueves entre las 02h23 GMT y las 03h36 GMT, indicó el Instituto Geodinámico de Atenas, la autoridad de referencia para el análisis sísmico en Grecia.

Entre el 26 de enero y el 4 de febrero, se detectaron más de 7.700 temblores en la zona marítima que hay entre Santorini y la isla vecina de Amorgos, también muy turística, apuntó por su parte el laboratorio de sismología de la Universidad de Atenas (EKPA).

Los expertos aún no han podido dar una estimación de cuándo terminará esta actividad sísmica, pero aseguran que no tiene precedentes.

“La intensidad está disminuyendo, pero aún no se ha estabilizado”, dijo el director de investigación del Instituto Geodinámico de Atenas, Athanassios Ganas, a la televisión pública ERT.

“Estamos a medio camino”, añadió el director adjunto del instituto, Vassilis Karastathis, en el mismo canal.

Ante esta situación, el gobierno decidió poner en marcha próximamente una plataforma digital para informar a la población sobre sismos u otras catástrofes naturales en el país, anunció el portavoz del Ejecutivo, Pavlos Marinakis.

Fuente: AFP

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