Al menos 12 cadáveres fueron encontrados en varias fosas clandestinas del estado mexicano de Chihuahua (norte), fronterizo con Estados Unidos, informaron autoridades locales ayer jueves.
El hallazgo ocurrió en un paraje del municipio de Ascensión, ubicado a unas dos horas de la fronteriza Ciudad Juárez, en donde fueron localizadas 11 fosas de donde se extrajeron 12 osamentas, informó en un comunicado la Fiscalía de Chihuahua.
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“El hallazgo fue durante operativos de rastreos que se efectuaron los días 18, 19 y 20 de diciembre”, dijo la dependencia. La Fiscalía explicó que, durante esos días, los agentes del gobierno fueron ubicando las distintas fosas clandestinas en la zona al ampliar el perímetro de búsqueda.
“Las osamentas indeterminadas y los indicios fueron trasladados a los laboratorios del Servicio Médico Forense” en Ciudad Juárez, añadió. Chihuahua se ha visto golpeado por años por la violencia ligada al crimen organizado al ser una vía para el trasiego de drogas y el tráfico de migrantes rumbo a Estados Unidos.
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El estado suma 3.927 personas desaparecidas desde 1952 hasta la fecha, lejos de otros estados más golpeados por este fenómeno como Jalisco (occidente) y Tamaulipas (norte), que tienen más de 13.000 casos en ese mismo lapso, según cifras oficiales.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 450.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
Fuente: AFP
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México inaugura primera Suprema Corte elegida por voto popular
México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.
En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.
El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.
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Ceremonia indígena
Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.
“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.
Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).
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Elección cuestionada
La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.
El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.
Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.
Fuente: AFP.
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Senadores mexicanos se enfrentan a golpes tras debate sobre EE. UU.
Senadores mexicanos se trenzaron a golpes este miércoles, tras un acalorado debate sobre supuestos llamados de la oposición para que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles del narcotráfico.
La pelea fue protagonizada por el líder oficialista del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su colega opositor Alejandro Moreno, quienes días atrás se enfrentaron verbalmente por acusaciones de narcotráfico contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Moreno, del minoritario PRI, denunció a Maduro ante la Fiscalía General por supuestos nexos con los cárteles mexicanos e insinuó que el mandatario está ligado a presuntas actividades ilegales del oficialismo de izquierda. Fernández Noroña rechazó esas afirmaciones.
Tras la sesión de este miércoles, Moreno subió a la tribuna y encaró furioso a Noroña por no haberle dado la palabra. Lo empujó varias veces y le dio un manotazo en el cuello, y tiró al suelo a un hombre que se le interpuso.
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La discusión legislativa se enardeció porque la amplia mayoría oficialista acusó al PRI y al conservador PAN de pedir una intervención militar de Estados Unidos, lo que estos partidos niegan.
La izquierda basa su señalamiento en una reciente entrevista de la senadora conservadora Lilly Téllez con el canal Fox News, en la que denunció que los cárteles han infiltrado al gobierno de México.
Moreno enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción cuando gobernó el estado de Campeche (2015-2019), mientras Noroña es blanco de críticas luego de que la prensa divulgara que posee una casa valorada en unos 640.000 dólares. “No tengo obligación personal de ser austero”, se defendió en estos días el presidente del Senado.
Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.
- Fuente: AFP
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Cofundador del cartel de Sinaloa se declaró culpable en EE. UU.
Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico ayer lunes ante la justicia estadounidense, una decisión con la que se evita ir a juicio, pero no de pasar el resto de su vida en prisión, como su exsocio Joaquín “Chapo” Guzmán. “Morirá en una cárcel de federal, donde está su lugar”, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
Zambada, que dijo tener 75 años y no 77 como se había informado hasta ahora, fue según la justicia estadounidense uno de los “más prolíficos y poderosos narcotraficantes del mundo”. “Culpable”, dijo Zambada en español con voz casi inaudible, de los cargos de empresa criminal continuada entre 1989 y enero de 2024, y conspiración en grupo criminal para lavar activos, perpetrar asesinatos, secuestros y tráfico de drogas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.
Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar, según denunció, emboscado por un hijo del Chapo, Joaquín Guzmán López. “Este no es un acuerdo más de culpabilidad, es el colapso del mito de que los líderes de los cárteles están fuera del alcance de la justicia estadounidense”, declaró Terrance Cole, administrador de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense en una conferencia de prensa.
Zambada pidió perdón a “quienes han sufrido” por sus acciones y reconoció que “la organización que dirigía promovió la corrupción” en México, “pagando sobornos a policías, comandantes militares y a políticos”. También debe pagar una multa de 15.000 millones de dólares. El juez instructor Brian Cogan fijó para el 13 de enero de 2026 el anuncio su sentencia.
De “rey a criminal”
“Su reino de terror ha terminado, nunca volverá a ser libre”, sentenció Bondi, antes de recordar que Zambada vivió como un “rey y ahora vivirá como un criminal”. El Mayo, uno de los narcotraficantes más longevos con cinco décadas de actividad, que nunca fue detenido en México, confesó haber enviado a Estados Unidos 1,5 millones de kilos de cocaína.
En su mea culpa, Zambada con el cabello blanco y dificultades para caminar, renunció con su acuerdo de culpabilidad a sus derechos constitucionales como ir a juicio y apelar. La fiscalía había anunciado a principios de agosto que renunciaba a pedir la pena de muerte en su caso, pese a que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, que excluye la pena capital. Su abogado Frank Pérez, aseguró que el pacto con la fiscalía “no es un acuerdo de cooperación” ni con el “gobierno de Estados Unidos ni con ningún otro gobierno”, según una declaración enviada a la AFP tras la audiencia.
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Llamado a la calma
“Mi cliente (...) hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia”, ante la guerra desatada entre su clan y los herederos del Chapo que ha dejado más de un millar de muertos. “El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento. Insta a su comunidad a mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado”, señaló en la declaración.
El Chapo fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos tras un mediático juicio en 2018. “Esta resolución marca el cierre de una de las últimas grandes persecuciones judiciales de líderes del cartel de Sinaloa en Estados Unidos”, reconoció el fiscal del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha redoblado las amenazas a México con elevados aranceles para que detenga el contrabando de drogas, en particular el de fentanilo, causante de decenas de miles de muertos por sobredosis en Estados Unidos.
En las últimas semanas, el gobierno estadounidense ha desplegado fuerzas navales en el Caribe para luchar contra los grupos narcotraficantes latinoamericanos, en particular el cartel de Sinaloa y el venezolano Tren de Aragua, que Washington designó como organizaciones “terroristas globales”.
A mediados de agosto, las autoridades mexicanas entregaron a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil que se suman a otro grupo de 29 entregados en febrero, entre los que se encuentra el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.
Pese a que sus jefes históricos están en la cárcel en Estados Unidos, el cartel de Sinaloa, considerado como la mayor organización de narcotráfico del mundo, sigue operando a través de nuevas generaciones y redes logísticas asentadas en ambos lados de la frontera.
Fuente: AFP.
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Boxeador Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico
El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad provisional su juicio en México por presuntos nexos con el narcotráfico, informó su abogado ayer sábado al término de la primera audiencia judicial. El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue deportado a México desde Estados Unidos el pasado lunes y este sábado fue presentado ante un juez federal en el estado de Sonora (noroeste)
“Va a quedar puesto en inmediata libertad porque así lo ordenó el juzgador”, dijo a la prensa el abogado Rubén Fernando Benítez. La Fiscalía General no respondió inmediatamente a una solicitud información sobre el caso por parte de la AFP. El cargo del que se le acusa a Chávez Jr. fue “delincuencia organizada” sin funciones de jerarquía y se le señala específicamente de participar en la “introducción clandestina de armas a México”, añadió el abogado.
Explicó que al deportista se le impusieron “medidas muy estrictas”, como no salir del país, pero aseguró que “las va a observar” de manera estricta. Debido a los trámites, podrían pasar unas horas para que salga en libertad condicional. Chávez, de 39 años, fue detenido el 2 de julio por autoridades migratorias de Estados Unidos en Los Ángeles acusado de mentir en su solicitud de residencia permanente en ese país.
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Al conocerse que había una orden de captura vigente en México, las autoridades estadounidenses lo entregaron en un puente fronterizo de Sonora a la justicia mexicana, que lo trasladó al penal de Hermosillo, la capital estatal. La audiencia del sábado inició al final de la tarde y concluyó por la noche. Según medios locales, la Fiscalía General pidió al juez tres meses adicionales para investigar y reunir más pruebas contra el pugilista. La próxima audiencia será el 24 de noviembre.
De ser hallado responsable, dijo su abogado, podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión. El arresto del púgil en Estados Unidos tuvo lugar sólo cuatro días después de que protagonizara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año, en la que fue derrotado por el local Jake Paul.
Fuente: AFP.
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