"Un año y medio después sigue pendiente la eliminación de impuestos. Los costos se mantienen muy altos para exportar", relata Rubén Artigues, tercera generación de productores frutihortícolas de San Pedro, 170 km al noroeste de Buenos Aires. “Igual seguimos apoyando” al presidente, aclara. En La Buena Moza, paraje del noroeste de la provincia de Buenos Aires, la cosecha de naranjas para exportar avanza a toda máquina y la soja está lista para embarcar, pero hay impaciencia: los productores piden más reformas al presidente argentino Javier Milei.

La paciencia se mide en la espalda económica de los productores. Algunos, como Artigues, perdieron este año el 30 % de la cosecha de naranja y duraznos por las heladas, otros atesoran soja en silos a la espera de un mejor precio internacional, por ahora deprimido. Con Milei descontaban para este año una mejor ecuación, con menos impuestos y menores tasas para financiarse, pero nada de eso ocurrió.

El gobierno leyó el malestar y anunció la semana pasada una rebaja tributaria marginal a la exportación de carnes y granos, con las elecciones legislativas de octubre a la vista. La soja, principal producto de exportación, pasó de pagar 33 % a 26 % de impuesto. La carne vacuna y aviar del 6,7 % al 5 %.

“Es insuficiente, pero ayuda”, dice Artigues. “Estamos conscientes de que no se pueden sacar los impuestos de un plumazo, pero pedimos un plan”. En 2024, la exportación de la cadena agroindustrial representó el 58 % del total de exportaciones en este país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo.

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“Estábamos en el infierno y ahora subimos al purgatorio”, definió a la AFP Raúl Vítores, presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, respecto al recorte impositivo. Desde que asumió Milei, las mejoras para el sector llegaron a cuentagotas en un contexto de ahogo financiero del gobierno, que amplió un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y pidió luego una dispensa por incumplir metas de atesoramiento de reservas.

Los productores valoran la eliminación parcial del control de cambios, la reducción de la inflación y el equilibrio fiscal, meta absoluta del Ejecutivo ultraliberal. Pero recuerdan que en su campaña presidencial en 2023 Milei había definido los impuestos a la exportación como “un robo” y había prometido eliminarlos.

A fines de julio pasado, en la feria anual del sector, el presidente supeditó esa meta al equilibrio fiscal en aras del cual vetó leyes que buscaban mejorar el presupuesto universitario o aumentar jubilaciones y pensiones por discapacidad. “Sabemos que la situación es difícil”, señala Artigues mientras supervisa la clasificación de naranjas que se embalan para exportar a Europa.

“Pero sacar una caja de naranjas desde un puerto argentino nos cuesta un 40 % más que para nuestros competidores de Chile, Uruguay o Sudáfrica. El costo del cartón también se encareció en dólares”, explica. En la finca de Artigues, los cosechadores despliegan escaleras para alcanzar la fruta madura de las copas de los árboles. Los tractores van y vienen cargados con naranjas de la variedad Washington Navel, apreciadas por su color intenso y exquisito dulzor.

“Acá tenemos muchos robos, saquean los naranjos por la noche. Entre la delincuencia y la falta de incentivos el productor se va cansando, muchos abandonan y rentan los campos para soja. Es una pena porque la fruta da mucho empleo, la soja no”, explicó Artigues, que emplea a unas 120 personas. El cultivo de soja es, por definición, extensivo y requiere menos mano de obra por hectárea.

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Los productores agropecuarios respaldan la política de ajuste de Milei, que ha eliminado decenas de miles de puestos de trabajo en el sector público, pero piden resguardos en áreas sensibles para el sector, como infraestructura e investigación. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, que reúne a los grandes terratenientes, había advertido que “no es viable aumentar la producción si no hay caminos, ferrocarriles o vías navegables para sacarla”.

Desde que asumió, Milei paralizó la obra pública, incluido el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales en un país donde el 90 % del transporte de cargas es por carretera.

“Antes de Milei ha habido mucho despilfarro, populismo, pero es cierto que las rutas son un desastre”, dijo a la AFP el ingeniero agrónomo Federico Ávila, que gestiona más de 2.500 hectáreas en San Pedro con cultivos y ganado. También abogó porque la ‘motosierra’ del presidente “pase con cuidado de bisturí” en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Quizás no es la velocidad (de reformas) que quisiéramos pero hay que ver de dónde venimos con 200 % de inflación”, resumió.

Fuente: AFP.

El presidente de Argentina, Javier Milei, vetó este sábado por ser fiscalmente inviable la subida de las pensiones aprobada el mes pasado por el Congreso argentino, en una orden que será oficial a partir del próximo lunes, y representará también el comienzo de un proceso de negociación legislativa para impedir que la oposición cancele su orden si consigue el apoyo de dos tercios de ambas cámaras.

La norma garantizaba un incremento del 7,2 por ciento para todas las pensiones de jubilación, muy castigadas por la política de recorte del gasto impuesta por Milei, así como el incremento del bono extraordinario para las jubilaciones mínimas de 70.000 pesos (3.200 euros) a 110.000 pesos (unos 5.000 euros).

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Milei también ha vetado por el mismo motivo, confirma ‘Clarín’, una segunda ley sobre discapacidad que garantizaba prestaciones básicas, transporte y atención integral a esta comunidad. Además, reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70 por ciento del haber mínimo de jubilación y establecía un régimen de compatibilidad con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había avisado que ambas leyes habrían generado un gasto público adicional del 1,5 por ciento del PIB, “costosas iniciativas” que surgen en un contexto de “presión electoral”, y ponían en peligro el acuerdo para un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares (más de 18.500 millones de euros) firmado en abril.

Fuente: Europa Press.

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El Senado argentino aprobó ayer jueves un aumento de 7,2 % a las jubilaciones y pensiones, en un nuevo revés para el presidente Javier Milei, que ya anticipó que vetará la ley. Los aumentos establecidos en la ley, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados a principios de junio, tendrían un impacto fiscal de casi 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Economía.

La iniciativa se aprobó con 52 votos a favor y cuatro abstenciones, mientras que el oficialismo y aliados retiraron algunos senadores de la sala en señal de protesta. “Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, dijo este jueves Milei, quien sostiene que el aumento de las pensiones llevaría a romper el superávit fiscal de Argentina.

La jubilación mínima en Argentina es de unos 240 dólares, por debajo de la línea de pobreza, ubicada en los 1.000 dólares para este grupo, según la Defensoría de la Tercera Edad. Además del aumento general, la ley eleva de 54 a 85 dólares el valor de un bono que reciben los jubilados de menores ingresos.

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“Aprobamos en el Senado una recomposición mínima para jubilados (...) no repara todo lo perdido, pero es un gesto necesario”, dijo tras la votación el senador opositor Martín Lousteau en su cuenta de X. En septiembre Milei ya había vetado otro aumento a las jubilaciones aprobado por el Parlamento. En esa ocasión los legisladores mantuvieron el veto del presidente en una votación posterior.

El gobierno es minoría en ambas cámaras del Congreso, con 39 diputados de 257, y 6 senadores propios (más un aliado) de 72. Para revertir el nuevo veto, la oposición tendría que reunir dos tercios en cada cámara. El jueves el Senado también aprobó una moratoria que extiende dos años el régimen para regularizar aportes previsionales, en un país con una informalidad que llega casi al 50 % de los trabajadores.

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También se aprobó la emergencia por discapacidad, que actualiza aranceles y fortalece la Agencia Nacional de Discapacidad. A partir de un programa económico ultraortodoxo que incluyó un severo ajuste fiscal y una reducción del gasto público de 4,7 % del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del 211,4 % en 2023 a 117,8 % al final del año pasado.

Como contracara del ajuste, el desempleo subió al 7,9 % y muchos sectores, como empleados públicos y jubilados, perdieron poder adquisitivo. Las protestas semanales de jubilados en Buenos Aires, algunas de las cuales han derivado en disturbios, se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei.

Fuente: AFP.

El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, anunció ayer lunes la disolución de los organismos a cargo de regular las rutas y la reestructuración de siete institutos estatales, antes de que venzan sus facultades delegadas por el Congreso el martes. Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, el mandatario ultraliberal impulsa una política de recortes en el gasto público, que ha implicado la eliminación de organismos estatales y subsidios, la suspensión de obras públicas y el despido de más de 50.000 empleados públicos, entre otras medidas.

A través de un decreto que se publicará el martes en el Boletín Oficial, el presidente “ordenó el cierre definitivo de la dirección Nacional de Vialidad (...) y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial", informó su portavoz Manuel Adorni. Vialidad Nacional tenía como objetivo la supervisión, conservación y construcción de las rutas y autopistas.

Adorni, que no especificó si habrá despidos en el área, dijo que a cambio se creará la “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte” para la fiscalización de concesiones viales y anunció que el gobierno “dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta”. Las medidas se tomaron antes de que venzan las facultades especiales que le otorgó por un año el Congreso a Milei para ejercer algunas de las funciones del Poder Legislativo.

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Adorni destacó que “los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”, por ejemplo, mediante la disolución o reestructuración de decenas de entidades estatales en áreas de salud, ciencia y cultura, entre otras. El ministro de Desregulación estatal, Federico Sturzenegger, informó que el Ejecutivo no solicitará la extensión de las facultades.

El gobierno anunció a su vez en un comunicado la reestructuración de siete organismos estatales a los que calificó como “ineficientes”, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejarán de ser autárquicos y pasarán a depender del ministerio de Economía.

Ante los rumores del anuncio, trabajadores de ambos organismos realizaron en la mañana del lunes una protesta, que culminó en enfrentamientos con la policía.

“El Gobierno nos declaró la guerra a los estatales e hizo del Estado un gran campo de batalla”, escribió en X Rodolfo Aguiar, secretario General del gremio de estatales, que advirtió que las medidas implicarían cientos de despidos. Desde que llegó al poder, el gobierno de Milei aplicó un programa de reducción del gasto público de 4,7 % del PBI, con el que redujo a la mitad el índice de inflación, que pasó del 211 % en 2023 al 118 % en 2024.

Fuente: AFP.

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