Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro oficializó este sábado su candidatura para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en una convención en Sao Paulo del partido de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro.

Mientras se esperaba al presidente ultraliberal argentino Javier Milei como invitado, el Partido Liberal abrió su acto ante más de mil partidarios para nominar como candidato a Flávio Bolsonaro, que salió al escenario en medio de una ovación.

El senador de 45 años se medirá con el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que a los 80 años busca su reelección. “Nos gustaría que nuestro candidato fuera Jair Bolsonaro, pero hoy Flávio es la opción más acertada”, dijo a la AFP Fernando Moeno, un policía militar retirado de 50 años que asistió a la convención.

Vestidos con camisetas de la selección brasileña, que el bolsonarismo adoptó como símbolo, los simpatizantes tocaban bombos y agitaban banderas en un galpón anexo al estadio paulista Pacaembu.

Ungido como sucesor por su padre Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone a los votantes como la llave de un “cambio” para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.

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“Estamos en un avión sin piloto”, dijo la semana pasada. Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, Bolsonaro perdió vigor en las últimas semanas: un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.

“Es un momento de debilitamiento para Flávio, (...) hay incertidumbre sobre la viabilidad de su candidatura porque el rechazo a su figura ha aumentado”, dijo a la AFP Marco Teixeira, profesor de Ciencia Política de la Fundación Getúlio Vargas.

Las complicaciones para Flávio Bolsonaro empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.

Un juez de la corte suprema ordenó el jueves investigar giros de Vorcaro para el filme. Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro se quejó en redes por la “humillación” que le hizo sentir: “Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. (...) Dijo que no entendía nada de política”.

La exprimera dama es clave para la conexión del bolsonarismo con el masivo electorado femenino y evangelista. Flávio Bolsonaro divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó.

“Pasa en cualquier familia, el poder de Michelle creció mucho y eso generó unos celitos naturales”, dijo a la AFP Maria de Almeida, una jubilada de 63 años que asistió a la convención partidaria, sin la asistencia prevista de Michelle Bolsonaro.

Se esperaba en cambio la presencia de Milei, figura de la derecha latinoamericana, a quien la justicia brasileña negó visitar en su prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro. Un juez de la corte también prohibió en julio a Flávio Bolsonaro visitar por tres meses a su padre y jefe político.

En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la fiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación del expresidente.

Lula ha convertido las tensiones con Estados Unidos en eje de campaña y apunta a su rival como un “traidor” que apoya medidas comerciales del gobierno de Donald Trump contra Brasil.

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Estados Unidos impuso este mes dos rondas de aranceles a productos brasileños, tras un primer tarifazo en 2025 como represalia por el juicio a Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Aquel primer castigo, promovido ante Washington por un hermano de Flávio Bolsonaro, se revirtió en parte tras un diálogo entre Lula y su par estadounidense. Ante los nuevos aranceles, Flávio Bolsonaro pidió en vano al gobierno de Trump “postergar” la medida hasta después de las elecciones, para no dar una “victoria política” a Lula.

Fuente: AFP

Resultados preliminares de una evaluación de impacto sobre la implementación del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen) fueron presentados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo con informaciones de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Según el organismo, el estudio confirma que la facturación electrónica se consolida como una herramienta clave para fortalecer la administración tributaria y promover la formalización de la economía.

De acuerdo con la evaluación, basada en información correspondiente al período 2018-2023, los contribuyentes incorporados al Sifen registraron un incremento del 27,3 % en la base imponible del IVA, un aumento del 31,3 % en el IVA declarado y un crecimiento del 40,7 % en el IVA a pagar, resultados que reflejan un mayor nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El estudio analizó una base de datos compuesta por 1.369 empresas y 98.568 registros, utilizando la metodología internacional de Diferencias en Diferencias, ampliamente empleada para evaluar políticas públicas. Este enfoque permitió medir de forma objetiva el impacto de la facturación electrónica, aislando sus efectos de otros factores que inciden en el comportamiento tributario.

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Además del incremento en el cumplimiento fiscal, la evaluación concluye que el Sifen fortalece la transparencia y la trazabilidad de las transacciones comerciales, mejora la calidad y oportunidad de la información disponible para la administración tributaria y optimiza la gestión de riesgos mediante el uso de datos confiables para las tareas de control y fiscalización.

El informe también resalta que un importante número de contribuyentes adoptó voluntariamente el sistema antes de que su uso fuera obligatorio, lo que refleja una favorable aceptación por parte del sector privado y evidencia el interés de las empresas por avanzar en la digitalización de sus procesos tributarios.

Según la DNIT, los resultados preliminares respaldan la estrategia institucional de continuar ampliando la incorporación de contribuyentes al Sifen, fortalecer las acciones de capacitación y aprovechar la información generada por la facturación electrónica para modernizar la gestión tributaria, mejorar la eficiencia institucional y contribuir al desarrollo económico del país.

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En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto de ley que por primera vez busca establecer un marco jurídico integral para el uso de drones en el país, conocidos técnicamente como Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Son firmantes del documento los diputados Diego Candia (ANR-Central); María Ida Cattebeke (ANR-Pdte. Hayes); Yamil Esgaib (ANR-Capital); Pedro Ortíz (ANR-Central); y Francisco Petersen (ANR-Boquerón).

La iniciativa es el resultado de una Mesa Técnica Interinstitucional que funcionó durante cuatro semanas, integrada por representantes de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno de Diputados, la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), la Policía Nacional y la Dirección de Técnica Legislativa de la Cámara Baja, explican los proyectistas.

La normativa apunta a establecer el registro obligatorio de los drones ante la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Fuerza Aérea Paraguaya o la Digemabel, según el tipo de aeronave y su uso; así como la identificación electrónica remota (Remote ID), que permitirá rastrear en tiempo real la ubicación de cada equipo.

Otro aspecto destacado es la categorización de drones por peso y por tipo de operación, que van desde el uso recreativo hasta operaciones de seguridad y defensa. Igualmente, la habilitación de pilotos, con distintos niveles según la complejidad de la operación, y la creación de centros de instrucción supervisados por la Dinac; así como fijar zonas restringidas, como los alrededores de aeropuertos, instalaciones militares, centrales eléctricas, cárceles y zonas fronterizas, donde el vuelo de drones estará prohibido salvo autorización expresa.

Un apartado importante aborda los sistemas de mitigación y neutralización, que quedarán bajo control de la Digemabel y la Fuerza Aérea, incluyendo la creación de un Sistema Integrado de Detección y Neutralización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (Sidenrpa). Además de un régimen de sanciones, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas, decomiso de equipos y suspensión o cancelación de habilitaciones, además de la posible remisión de casos a la justicia penal.

El proyecto “que regula el uso de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en la República del Paraguay” define que Dinac se encargará de la regulación técnica y la habilitación de pilotos; la Fuerza Aérea Paraguaya, de la defensa del espacio aéreo; Digemabel, del control de los componentes de doble uso; la Policía Nacional, de la fiscalización en tierra; y el Mitic junto con Conatel, de la gestión del espectro radioeléctrico que utilizan estos equipos.

Estados Unidos aplica a partir de este viernes aranceles de un mínimo del 10 % a unos 60 países, con lo que el presidente Donald Trump reactiva su guerra comercial que ya causó controversias con sus principales socios e impactó en la inflación. Los gravámenes se aplican en respuesta a investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los aranceles podrán subir hasta el 12,5 % en algunos casos e impactan en grandes economías, tales como China, India y la Unión Europea. En el rango del 10 %, también aparecen mencionados países latinoamericanos como Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México o Trinidad y Tobago. “Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4 % de las importaciones estadounidenses”, explicó el texto.

Desde las 0:01 (4:01 GMT) la nueva ola de aranceles entró en vigor. Sin embargo, los productos que ya están en curso de envío hacia Estados Unidos no se verán afectados si llegan a destino antes del 28 de julio a las 0:01. La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que sus aranceles indiscriminados eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo. El magnate republicano se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios. Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que “el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales”.

Según el anuncio del jueves, las economías que han implementado una prohibición a la importación basada en trabajo forzoso o comprometidos a hacerlos tendrán el arancel del 10 %. Entre ellos están Canadá, la Unión Europea, India y Reino Unido. China, Japón, Corea del Sur y decenas de otros países recibirán el arancel del 12,5 %. Sin embargo, algunos bienes que ya enfrentaban aranceles específicos -como el acero y el aluminio- no serán impactados.

Algunos productos de energía y fertilizantes también estarán exentos, junto con bienes cubiertos por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, dijo un funcionario estadounidense a periodistas. Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, se encuentra en México para la tercera ronda de negociaciones para la revisión de ese TLC.

El gobierno mexicano anunció que más del 80 % de las exportaciones del país a Estados Unidos quedan exentas de este nuevo arancel. Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles del 25 % en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones lanzadas por Washington. La presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva anunció en un comunicado que iniciará “de inmediato los trámites para activar (...) la Ley de Reciprocidad” comercial que el Congreso aprobó el año pasado".

Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de anteponer los intereses de su país, ya que considera que los socios comerciales tenían mucha más entrada en el mercado estadounidense que a la inversa. Después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles indiscriminados, el mandatario los reemplazó rápidamente con un gravamen temporal del 10 % a las importaciones. Pero este gravamen solo podría durar 150 días y vencía este viernes.

El Ministerio de Comercio de Australia dijo que los nuevos aranceles son “injustificados” y “deberían eliminarse”. Por su parte, el portavoz del gobierno de Japón dijo que el país “lamenta” la medida. En cambio, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, celebró que “este resultado sea conforme a los compromisos estadounidenses sobre derechos aduaneros”.

Hace casi un año, la Unión Europea y Estados Unidos acordaron en Escocia un acuerdo para limitar los aranceles a un tope del 15 %, umbral que se respesta en esta nueva andanada arancelaria de Trump.

Trump anunció ya el martes la imposición de nuevos aranceles del 100 % sobre los medicamentos genéricos importados, que entrará en vigor a partir de agosto de 2028, y cuya tasa pasará posteriormente al 200 % en 2029. El objetivo en este caso es obligar a multinacionales farmacéuticas a abrir plantas de producción en Estados Unidos, en aras de la seguridad nacional, explicó el mandatario.

El informe del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) detalla que las siguientes 54 economías no han logrado imponer ni hacer cumplir eficazmente una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso: Argelia, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Baréin, Bangladés, Brasil, Camboya, Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, India, Irak, Israel, Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malasia.

La lista sigue con Marruecos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Perú, Filipinas, Catar, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Sri Lanka, Suiza, Taiwán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Las siguientes seis economías no han logrado aplicar eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso: Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán.

Fuente: AFP.