• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Colombia revive el mal recuerdo de las peores épocas de la violencia política: los atentados contra aspirantes a la presidencia como Miguel Uribe, un senador de derecha baleado el sábado durante un acto público. El magnicidio es otra mancha en la política colombiana, de una trágica serie que inició con el asesinato de un líder liberal en 1948. Luego, entre 1987 y 1990, cuatro candidatos a presidente cayeron víctimas de ataques de sicarios aparentemente pagados por los capos de la cocaína que le declararon la guerra al Estado y la democracia.

Esos casos involucraron como presuntos responsables al fallecido Pablo Escobar y otros narcotraficantes, dirigentes políticos y agentes del Estado aliados. En aquella época, las víctimas fueron líderes de la izquierda y progresistas. Esta vez, con el atentado contra Uribe, se trata de un joven senador de derecha y conservador, de 39 años, que meses atrás anunció su aspiración de reemplazar al presidente Gustavo Petro en las elecciones de 2026.

Aunque oficialmente no inició la campaña, se reunía en un barrio popular con posibles votantes. Cuando tenía micrófono en mano abrieron fuego y cayó herido por tres disparos, según el personal médico que lo atendió en el lugar. Un joven de 15 años es sospechoso de ser el gatillero y fue capturado. “La historia se repite y por tanto nuestro deber es detener esa repetición”, dijo en una alocución Petro, señalado como responsable por algunos sectores de la derecha por supuestamente promover mensajes de odio contra la oposición, señalamientos que él considera “oportunistas”.

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“Los grandes hitos políticos en Colombia han estado muy marcados por la violencia, desafortunadamente. Eso ha sido una característica que nos ha llevado de una década a otra”, dice a la AFP Laura Bonilla, investigadora del centro de estudios Fundación Paz y Reconciliación. En 1948, el popular líder liberal y candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán cayó desplomado en una avenida de Bogotá víctima de tres disparos. Ese asesinato sumió al país en una oleada de violentos disturbios y marcó el inicio de una era de violencia bipartidista entre liberales y conservadores.

Cuatro décadas después la sangre siguió corriendo: fueron asesinados el comunista Jaime Pardo Leal (1987), el liberal Luis Carlos Galán (1989) y los izquierdistas Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro (1990), un comandante de la guerrilla M-19 que firmó la paz. Con la llegada de Petro al poder en 2022 para convertirse en el primer presidente de izquierda del país, se creía que esta práctica había quedado en el olvido.

Pero sin que se conozcan aún las razones del ataque contra Uribe, analistas lamentan un retroceso, en especial de cara a las elecciones de 2026. “El atentado contra Miguel Uribe marca un regreso a los peores momentos de violencia política en el país”, condenó en la red X Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.

Bonilla coincide: “Habíamos dado por superada esa época (de violencia). Muchos de nosotros analistas estábamos dando por cerrado un ciclo y aparece este atentado justo en este momento en una campaña que se advertía (...) que iba a ser una campaña violenta”.

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Los disparos contra Uribe son un “déjà vu” para la mayoría de los adultos en Colombia. “Me recuerda (a la violencia) de muchos años tras”, dijo a la AFP Rafael Navarro, un exministro de Justicia que acudió hasta la clínica donde fue atendido Uribe. Los magnicidios de los años 80 y 90 quedaron en la impunidad e hicieron más profundas las diferencias políticas en un país con actores armados ilegales que impidieron el ascenso de figuras que amenazaban sus intereses.

“La muerte de un dirigente político, cualquiera que sea su pensamiento. Puede originar una vorágine de violencia si no controlamos, si nos dejamos llenar el corazón de la venganza, del prejuicio y del odio”, sostuvo Petro después de desear la recuperación a Uribe, que fue sometido a una intervención quirúrgica.

El propio presidente denunció que narcotraficantes colombianos y extranjeros que viven en Dubái intentaron asesinarlo recientemente con cohetes. En 2002, el expresidente Álvaro Uribe, cabeza del partido al que pertenece Miguel Uribe, salió ileso de un ataque con explosivos perpetrado por la entonces guerrilla de las FARC para evitar su ascenso a la Presidencia. En su biografía, el exmandatario asegura que escapó a 15 atentados.

• Bogotá, Colombia. AFP.

Un antiguo socio de Pablo Escobar en el cartel de Medellín viajó ayer viernes desde Alemania a Colombia, donde quedó en poder de la policía para verificar su situación judicial. Carlos Lehder, de 75 años, fue el primer gran capo colombiano extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una pena de 30 años de cárcel. Fue expulsado tras su liberación en 2020 a Alemania, por su doble nacionalidad, aunque había manifestado reiteradamente su voluntad de regresar a Colombia.

La autoridad migratoria publicó fotografías y videos de Lehder en el aeropuerto El Dorado de Bogotá en traje y corbata. Aseguró que lo dejó “a disposición” de la policía por una “orden de captura vigente” en el país. La institución trasladó luego al excapo a una dependencia de investigación “para verificar su situación judicial”, informó en la red social X.

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Apodado El Loco por sus excentricidades, Lehder protagonizó uno de los periodos más sangrientos de la historia del país suramericano de la mano de Escobar. Figura icónica del mal, Escobar libró una guerra sin cuartel contra el Estado colombiano para evitar su extradición a Estados Unidos. Ese lapso estuvo marcado por la detonación indiscriminada de carros bomba y el secuestro o asesinato de líderes políticos, periodistas y jueces.

Pablo Escobar murió a manos de la policía colombiana el 2 de diciembre de 1993 en la ciudad de Medellín. Solo Lehder y otro de sus socios del cartel, Fabio Ochoa Vásquez, fueron extraditados a Estados Unidos. Ochoa Vásquez fue deportado en diciembre a Colombia tras cumplir una condena de más de dos décadas una prisión estadounidense. Sin cuentas pendientes con la justicia colombiana, está en libertad.

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• Fuente: AFP

Fabio Ochoa Vásquez, uno de los fundadores del Cartel de Medellín y exsocio de Pablo Escobar, fue deportado este lunes a Colombia tras cumplir una condena de más de dos décadas de prisión en Estados Unidos, informó la autoridad migratoria. Sin cuentas pendientes con la justicia de su país, el excapo de 67 años aterrizó en el aeropuerto de Bogotá vistiendo una sudadera, según una fotografía divulgada por Migración Colombia en la red X.

El 3 de diciembre recuperó la libertad en Estados Unidos, donde en 2003 había sido condenado a 30 años y cinco meses de cárcel y al pago de una multa de 25.000 dólares por ser parte de una organización que ingresaba un promedio de 30 toneladas mensuales de cocaína al país entre 1997 y 1999.

Para entonces Escobar, el narco más buscado del planeta, ya había sido abatido por la policía colombiana, en 1993. Fabio es el menor del poderoso “Clan de los Ochoa”, conformado por un ganadero millonario y sus tres hijos, aliados de “El Patrón” en el tráfico de droga hacia Norteamérica y en su sangrienta guerra contra el Estado en los años noventa.

De los fundadores de la que llegó a ser la organización del narco más grande del mundo solo él y el Carlos Lehder fueron extraditados a Estados Unidos. “Rambo”, como se le conocía a Lehder, quedó libre en 2020 y viajó a Alemania por su doble nacionalidad.

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Ochoa se entregó a la justicia colombiana en 1990 al amparo de una ley especial emitida por el gobierno del entonces presidente César Gaviria (1990-94), que contemplaba rebaja de penas y la no extradición para los criminales que claudicaran, confesaran sus delitos y delataran a sus socios.

Quedó en libertad en 1996 tras purgar una condena de casi seis años en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, próxima a Medellín, de donde es oriundo. Sin embargo, volvió a traficar y de nuevo fue arrestado en octubre de 1999 en el marco de la multinacional “operación Milenio” que permitió detener a decenas de presuntos capos del narcotráfico.

Tras su extradición en 2001, varios miembros del cartel testificaron contra Ochoa luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía estadounidense. Ochoa recibió el beneficio de una reducción en su pena, de acuerdo con revelaciones de prensa del año pasado. Los miembros del Cartel de Medellín han servido de inspiración para personajes de series de televisión, películas y libros.

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