Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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Este domingo, la Policía Nacional logró detener a un hombre que apuñaló a su pareja y la dejó gravemente herida en la ciudad de San Vicente en el departamento de San Pedro. El sindicado como supuesto autor también presentaba lesiones y permanece en observación en un centro asistencial.

El hecho se reportó durante la madrugada de hoy domingo, en una vivienda ubicada sobre la calle San Miguel de la citada ciudad donde fue capturado el hombre y de donde fue trasladada la mujer que presentaba varias heridas producidas por arma blanca. Recibieron el aviso por parte de vecinos que escucharon una discusión.

Según el reporte policial de la comisaría 27 de San Vicente, lograron detener a Ismael Ruiz Meza, de 27 años, mientras intentaba huir del sitio. Los testigos indicaron que este sería el supuesto autor de la tentativa de feminicidio producida por arma blanca contra Leticia Franco Romero, de 23 años.

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Tras el terrible hecho, la mujer fue auxiliada por vecinos hasta el centro de salud de la zona donde fue atendida y recibió los primeros auxilios, pero atendiendo a la gravedad de sus heridas fue derivada al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray donde permanece internada.

Los intervinientes resaltaron que el aprehendido también fue trasladado a un centro asistencial porque presentaba heridas en varias partes del cuerpo, pero que aparentemente no reviste de gravedad. Sin embargo, sigue en observación, bajo custodia de la policía y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

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Aggrey Rwetsiba, delegado ugandés en la cumbre sobre biodiversidad de la ONU en Colombia, se hospeda en un alojamiento poco habitual: un motel normalmente usado para citas sexuales, con habitaciones dotadas de columpios y tubos de striptease. Como muchos delegados que llegaron a la ciudad colombiana de Cali, su reserva de hotel se frustró en el último momento y Rwetsiba tuvo que cambiar de planes.

Con los hoteles tradicionales a reventar, los moteles acudieron al rescate. Mientras enseña a la AFP su habitación en el Motel Deseos, el delegado señala la gran cama matrimonial, la ducha a ras del piso y un curioso elemento: un espejo en el techo. Algunas de sus prendas están colgadas en perchas a lo largo de la mampara de la ducha. Otras están dobladas en un pequeño pasadizo que atraviesa la pared y suele usarse para pasar discretamente bebidas a los enamorados sin molestarlos.

Las habitaciones en los moteles normalmente se alquilan por unas horas, y no suelen tener armarios. “No sé si he entendido bien lo que debe ser un motel, pero he visto algunas características únicas... Como el espejo del techo. Nunca lo había visto en un hotel”, afirma Rwetsiba. También se sorprendió con el único enchufe que había junto a la cama, en lugar de al lado de la mesa, donde necesita corriente para su portátil. “La configuración es bastante diferente”, dijo. “Nunca he visto un hotel en el que cada habitación tenga un patio de aparcamiento”, cada uno cerrado, con una puerta privada que da directamente a la habitación.

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La gerente del Motel Deseos, Diana Echeverry, mostró orgullosa a la AFP las instalaciones, con 40 habitaciones en dos plantas y un ala reservada para los 12 delegados de la COP16 que allí se hospedan. En el otro, las habitaciones cuentan con comodidades como jacuzzis, sillas “kamasutra” y tubos de baile.

“Lo que hemos hecho es adaptar un poco nuestro establecimiento para poder tener a los huéspedes de la COP16 y a los extranjeros”, aseguró Echeverry a la AFP. Contactado con poca antelación por las autoridades locales, el motel fijó rápidamente una tarifa diaria de 150.000 pesos colombianos (unos 35 dólares) por noche, e introdujo un servicio de desayuno.

Los precios suelen oscilar entre 65.000 y 100.000 pesos por tres horas, equivalentes a 15 y 23 dólares. También “retiramos los columpios del amor, las máquinas del amor, los sillones Kamasutra y dejamos las habitaciones sin esos tipos de elementos”, dijo.

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La cumbre sobre biodiversidad ha sido un buen negocio, aseguró Echeverry. Con esas reservas, ha podido “garantizar que las habitaciones estén ocupadas durante esos días”, pues las que “quedan disponibles, ahora rotan mucho más para poder suplir las demandas de nuestros huéspedes habituales”, agrega. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, había dicho a la prensa esta semana que los hoteles de la ciudad estaban llenos “al 100 %”, al igual que las casas, departamentos y alojamientos en Airbnb.

Las estimaciones iniciales apuntaban a que entre 12.000 y 15.000 personas asistirían a la COP16, pero al final se acercaron más a los 23.000 delegados inscritos, dijo Eder. Según la Cámara de Comercio local, Cali es la ciudad con más moteles en Colombia, con 166 registrados. Llevan nombres como “Kama Sutra”, “Cupido” y “Éxtasis”.

Encantado con las amenidades del Motel Deseos, Rwetsiba dijo que había informado también a otros colegas, y que ahora había cinco delegados ugandeses en habitaciones “más cómodas” que las de muchos hoteles tradicionales. “Es... espacioso. Por eso estamos aquí. No nos quejamos”, dice con una gran sonrisa. “Todos estamos contentos”.

Fuente: AFP.

La pobreza, en particular la precariedad laboral, triplica la posibilidad de sufrir de trastornos mentales, alerta el relator especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU en un informe en el que culpa al consumo material y la competitividad de “poner en jaque la salud mental”. En el reporte “La economía del ‘burnout’: pobreza y salud mental” que presenta este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas el relator especial, el belga Olivier De Schutter, subraya que los “trastornos mentales que genera la pobreza constituyen a su vez un obstáculo para salir de ella”.

“Las personas con rentas más bajas tienen hasta tres veces más probabilidades de sufrir depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales comunes que aquellas con rentas más altas”, dice. Más de 970 millones de personas en todo el mundo -el 11 % de la población mundial- padecen algún trastorno mental, de ellos 280 millones sufren depresión y 301 millones, ansiedad, según el reporte, que recuerda que cada año se suicidan 700.000 personas, la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

La depresión es la principal causa de enfermedad. En los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre un tercio y la mitad de las solicitudes de prestaciones por incapacidad se deben a motivos de salud mental, y entre los adultos jóvenes se calcula que superan el 70 %, agrega. Solo durante el primer año de la pandemia de covid-19, los trastornos mentales aumentaron un 25 %, según el informe.

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Con más de 1 billón de pérdidas anuales para la economía, “las consecuencias del aumento de los problemas de salud mental son colosales tanto para los individuos como para las sociedades en su conjunto”, alerta. Más que en el debate sobre “cómo aumentar el presupuesto” para los problemas de salud mental, De Schutter aconseja incidir en los “factores que subyacen a esta epidemia de depresión, ansiedad y agotamiento”.

En particular, la “precarización laboral”, aunque también el cambio climático, dijo a la AFP. “Se ha demostrado que el trabajo precario empeora aún más la salud mental, debido a la inseguridad, la falta de poder de negociación, los salarios injustos y los horarios de trabajo extremadamente impredecibles, que hacen imposible lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal”, dice.

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Hace un llamado a los gobiernos a establecer “protecciones legales” que garanticen un “trabajo decente y un salario digno” y “refuercen la protección social proporcionando una renta básica incondicional, desestigmaticen los trastornos de salud mental y faciliten el acceso a espacios verdes que permitan volver a conectar con la naturaleza”.

“Nuestra obsesión por el crecimiento ha creado una economía del agotamiento: una carrera para aumentar los beneficios de una pequeña élite en la que millones de personas han quedado demasiado enfermas para correr”, dice el informe. Aumentar el PIB a toda costa está creando un “maremoto de mala salud mental” en las personas en situación de pobreza, concluye.

Fuente: AFP.