Alvin Hellerstein, el juez estadounidense que llevaba el caso en Nueva York contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, murió a los 92 años, confirmó un funcionario judicial el miércoles.

Como era uno de los jueces federales más veteranos del país, se habían planteado dudas sobre si era el magistrado adecuado para presidir el que podría ser un largo juicio contra Maduro por cargos de narcotráfico, entre otros.

La extensa carrera de Hellerstein incluyó la supervisión de las causas civiles derivadas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 de Al Qaeda en Nueva York y Washington, rechazando a menudo acuerdos que consideraba injustos para los demandantes.

Su muerte fue confirmada a la AFP por un funcionario del Tribunal Distrital Sur de Nueva York donde ejercía. En un documento judicial se presentó más tarde la asignación del caso a la jueza Analisa Torres, nacida en 1959.

Hellerstein llevó durante más de una década el caso de narcotráfico vinculado a Maduro, que ya ha dado lugar a la condena del exjefe de inteligencia de Venezuela Hugo Armando Carvajal.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en enero en una operación militar en Caracas.

Hellerstein también se enfrentó a Donald Trump al rechazar una petición del entonces presidente estadounidense para trasladar a un tribunal federal su caso en Nueva York por pagos no registrados.

El año pasado impidió que el gobierno de Trump deportara a presuntos miembros de una banda criminal venezolana sin una audiencia judicial.

En un fallo destacado de 2015, Hellerstein ordenó al Gobierno de Estados Unidos que divulgara un gran número de fotos que mostraban abusos contra detenidos en Irak y Afganistán.

También presidió un juicio el año pasado en el que un jurado determinó que las actividades del gigante bancario francés BNP Paribas en Sudán habían contribuido a apuntalar el régimen del exgobernante Omar al Bashir, y otorgó 20,75 millones de dólares en daños y perjuicios a tres demandantes sudaneses.

Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Hellerstein sirvió como abogado en el Ejército de Estados Unidos de 1957 a 1960 antes de pasar a la práctica privada.

Fue propuesto por el entonces presidente Bill Clinton en 1998 para ser juez en el Distrito Sur de Nueva York.

Fuente: AFP.

El expresidente venezolano y su esposa Cilia Flores son acusados ahora por tortura.

• AFP.

Estados Unidos pre­sentó ayer jueves nue­vos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acu­sados de narcotráfico y trá­fico de armas, luego de ser capturados en una opera­ción militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Un documento judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan ade­más el cargo de conspira­ción para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la auto­ridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.

Los fiscales detallan aparen­tes casos de víctimas no iden­tificadas, incluidos ciudada­nos estadounidenses, que fueron sometidos a descar­gas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.

El escrito de acusación alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro con­sideraba sospechoso de pre­parar un golpe de Estado. Según los fiscales, el presi­dente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas des­cargas eléctricas durante su reclusión.

El documento judicial tam­bién señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tor­tura tras las manifestacio­nes antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.

Por último, menciona varios casos de ciudadanos estadou­nidenses detenidos en Vene­zuela: uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido gol­pes y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días.

Estados Unidos presentó este jueves nuevos cargos de tortura contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que se suman al caso judicial que ya enfrentaba la pareja detenida en Nueva York.

Maduro y Flores fueron acusados de narcotráfico y tráfico de armas, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero y trasladados a una cárcel en Brooklyn.

Un documento judicial hecho público el jueves muestra que ahora ambos enfrentan además el cargo de conspiración para cometer tortura, y señala que “infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental” a personas.

El supuesto objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.

Los fiscales detallan aparentes casos de víctimas no identificadas, incluidos ciudadanos estadounidenses, que fueron sometidos a descargas eléctricas, a simulacros de ahogamiento y a golpizas mientras estaban detenidos en Venezuela.

El escrito de acusación alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.

Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.

El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.

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Por último, menciona varios casos de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela: uno de ellos, arrestado en 2022, habría sufrido golpes y descargas eléctricas en los genitales; otro, detenido en 2025, habría sido golpeado durante dos días.

“No nos detendremos ante nada para lograr justicia para las víctimas de delitos violentos, en particular para las víctimas estadounidenses que han sufrido tratos crueles en el extranjero”, declaró Jamie McDonald, fiscal federal de Nueva York, durante una conferencia de prensa.

“Estos nuevos cargos demuestran la determinación de esta administración de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”, reaccionó en X el secretario de Justicia, Todd Blanche.

El juicio contra la pareja, que hasta ahora se ha declarado inocente, debe comenzar el 1 de junio de 2027. Durante su primera comparecencia en Nueva York, Maduro se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos.

Desde entonces, ha cuestionado la legalidad de la acusación formal, alegando, entre otras cosas, su inmunidad como jefe de Estado extranjero. Este argumento fue rechazado por la fiscalía.

Cilia Flores —quien cumplirá 70 años el 15 de octubre— compareció este mismo jueves ante un juez para solicitar el arresto domiciliario a la espera del juicio, al alegar que sufre problemas cardíacos.

Pero su petición fue denegada por el juez, que consideró que presenta un alto riesgo de fuga.

Tras la captura de Maduro, su entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington, que afirma tener el control del país.

• Fuente: AFP

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La segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Venezuela y un sector de la oposición cerró el viernes en Caracas con un acuerdo para nombrar a un comité a cargo de designar a nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Se trata de un primer paso de una reforma judicial general reclamada por la oposición y prometida por la presidenta interina Delcy Rodríguez que gobierna bajo presión de Washington.

En la primera ronda de negociaciones iniciada en agosto se acordó la renovación del sistema de justicia, el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el desbloqueo de activos de Venezuela en Inglaterra. En este segundo ciclo de conversaciones se anunciaron los integrantes de un consejo de revisión de credenciales para los postulados al TSJ en el marco de la reforma al sistema judicial.

Las partes acordaron “continuar el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesario para la transformación del sistema judicial”, según el documento. Las partes acompañan además, el desbloqueo de medios de comunicación impulsado por la presidenta interina, tras años de censura. La eliminación de restricciones es “parte de los aportes realizados en esta mesa de diálogo que buscan fortalecer la libertad de expresión, el pensamiento plural y el derecho a la información”.

Los diálogos auspiciados por Estados Unidos son encabezados por Jorge Rodríguez, presidente del parlamento, y por Dinorah Figuera, representante de la bancada opositora que ganó mayoría legislativa en 2015. La líder opositora María Corina Machado y nobel de la paz fue excluida de los diálogos, pero ha dicho que no interferirá y que espera resultados concretos.

Exiliada en Panamá, Machado no ha logrado regresar a Venezuela pese a varios intentos, según informaron fuentes de su partido Vente Venezuela. El jefe parlamentario eludió responder a la prensa si consideran incorporar en los diálogos el tema de la líder opositora y sus derechos políticos luego de ser inhabilitada a postularse a cargos públicos y participar en elecciones. Está prevista una tercera ronda de conversaciones en octubre.

Fuente: AFP.