El proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur preocupa al sector agrícola europeo, especialmente en Francia, que teme que los productos latinoamericanos inunden su mercado. Pero ¿cuáles son las cifras? Bruselas asegura que solo serán “pequeños volúmenes”, pero esto ya eleva el riesgo de desestabilización en algunos sectores.

Hay todavía tres cuestiones sobre la mesa: la UE pide compromisos a los países del Mercosur --bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, aunque esta última no participa en el acuerdo-- sobre la deforestación y el clima, a la vez que Brasil reclama poder proteger sus industrias estratégicas, como el automóvil. La discrepancias sobre el sector agrícola siguen abiertas desde 2019.

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La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, habla de “pequeños volúmenes” comparando las cuotas de importaciones previstas a las producidas anualmente por el bloque. El tratado reducirá o eximirá de tasas aduaneras a un máximo de 99.000 toneladas de carne bovina, lo que representa un 1,6 % de la producción de la UE. El límite será de 25.000 toneladas en la carne porcina (0,1 % de la producción comunitaria), de 180.000 toneladas para las aves de corral (1,4 %) y de 190.000 toneladas para el azúcar (1,2 %).

A cambio, Bruselas asegura que el acuerdo supondrá una oportunidad de mercado para productos europeos hasta ahora frenados en América Latina como el vino (tasado actualmente a un 27 %) o los quesos, que pueden beneficiarse del “auge de una clase media” en el subcontinente. El gobierno español, que respalda el acuerdo, destaca también el caso del aceite de oliva, pero los sindicatos agrícolas del país, especialmente los ganaderos, están preocupados.

Aunque los volúmenes previstos son bajos respecto a la producción europea, ya sacuden algunos sectores. Patrick Bénézit, vicepresidente de la asociación interprofesional de carne bovina en Francia, señala que los países del Mercosur ya suministran la mayor parte de importaciones de solomillos, las piezas “nobles”. La producción de solomillos en Europa “es de 400.000 toneladas en razas bovinas, por lo que la irrupción de 99.000 toneladas ya tiene un impacto”.

Los productores de pollo también temen que sus homólogos brasileños se centren en las piezas más rentables, los filetes. Para el sector del azúcar, ya afectado por las facilidades aduaneras acordadas a Ucrania, el tope de 190.000 toneladas representa la mitad de las exportaciones a otros países de la UE de Francia, una de las naciones más contrarias al tratado.

Y los productores de etanol, de miel o de cerdo también están en riesgo, afirma Stefan Ambec, economista del instituto de investigación INRAE, que anticipa una caída de los precios pagados a los agricultores europeos. “Los costes de producción difieren y el problema es que las normas sanitarias y ambientales no son las mismas”, explica.

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La Comisión rebate que “todo producto de Mercosur deberá respetar las estrictas normas de la UE en materia de seguridad alimentaria”. El acuerdo de libre comercio CETA firmado con Canadá, por ejemplo, no alcanza desde hace seis años las cuotas de exportación de carne porque no hay suficiente producción que cumpla con las normas comunitarias, destaca un funcionario europeo. Pero Bruselas admite que “las condiciones de producción” en el Mercosur no serán necesariamente las mismas que en Europa.

Por ello, los contrarios al tratado piden “cláusulas espejo”, es decir, que las reglas impuestos a los agricultores europeos en materia social, ambiental o de bienestar animal se apliquen también a los productores del Mercosur para evitar distorsiones de competencia. “Se vende como un acuerdo de nueva generación que tienen en cuenta los aspectos ambientales y climáticos, pero los compromisos son débiles: no hay ninguna condicionalidad”, advierte Ambec.

Otra cuestión es cómo garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias. “En teoría, la carne tratada con antibióticos u hormonas de crecimiento no puede entrar, pero en la práctica su trazabilidad es imperfecta”, dice Ambec.

“Hay inspecciones de mataderos organizadas con la Comisión, pero no es fácil controlar al ganado antes de esa etapa. El seguimiento desde el nacimiento hasta el matadero, en el Mercosur, solo existe en Uruguay”, explica este economista.

De hecho, una auditoría de la UE acaba de revelar fallos en los controles de la carne bovina en Brasil, incapaces de garantizar la ausencia de la hormona oestradiol, prohibida en Europa. A la espera de revisar estos procesos, Brasil ha suspendido sus exportaciones.

El acuerdo incluye “una cláusula de salvaguardia”, una especie de “freno de emergencia” en caso de aumento repentino de las importaciones o de efectos perversos en el mercado, señala la Comisión Europea. Pero esta cláusula “no define” las condiciones precisas, apunta Ambec, lo que complica su activación y el restablecimiento de aranceles sin medidas de represalia.

Fuente: AFP.

El senador Natalicio Chase aclaró los alcances del proyecto de ley “de la función pública y la carrera del servicio civil”, cuyo tratamiento está previsto para este miércoles en sesión ordinaria de la Cámara Alta. El líder de la bancada de Honor Colorado afirmó que se harán las correcciones de modo a despejar todas las dudas de los sectores.

“Los servicios básicos deben estar garantizados y tienen todo el derecho a la huelga. La ley dice que lo único requerido es garantizar esos servicios, no está prohibida la huelga”, aseveró Chase en contacto con “12/8″ emitido por GEN/Nación Media, donde respondió a las inquietudes de Julio López, sindicalista de la Confederación de la Clase Trabajadora.

En este sentido, Chase indicó que el artículo N.° 47 de la iniciativa contempla que se considera como servicios públicos imprescindibles a todos aquellos cuya interrupción total o parcial a la comunidad pongan en peligro la vida, salud, seguridad, comunicación y movilidad de las personas. Entre los cuales se encuentran la atención hospitalaria, producción y distribución de agua potable, energía, combustibles entre otros.

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“La huelga va a poder realizarse, pero garantizando a la ciudadanía los servicios esenciales. No podemos someterle a la ciudadanía a una huelga general donde se corten los servicios básicos, imagínense a Asunción sin agua o energía por 48 horas”, expresó el senador.

Asimismo, puso como ejemplo a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), que cuenta con alrededor de 2.300 funcionarios. Chase indicó que para la producción y distribución de agua potable solo se necesitan de 322 trabajadores, el resto, corresponde a funcionarios administrativos y de cuadrilla no esenciales que podrían llevar adelante sin inconvenientes una huelga.

“Se ha tenido cuidado en todo eso, no legislamos de mala fe y si hace falta alguna palabra, alguna coma para que se queden tranquilos, vamos a hacer las correcciones necesarias en el Senado para que vuelva en Diputados. Creo que debemos garantizar los servicios básicos”, ratificó ante el sindicalista.

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Este lunes, un grupo de exagentes penitenciarios sigue apostado frente a la sede del Ministerio de Justicia en Asunción y suma siete días de huelga de hambre. Los trabajadores de distintos centros de reclusión exigen ser recontratados, alegan que tienen antigüedad y afirman que fueron despedidos injustificadamente.

Se trata de unas cinco personas que están apostados frente al edificio de la cartera estatal e iniciaron una huelga de hambre el pasado 4 de noviembre, para exigir el cumplimiento de la promesa hecha por las autoridades. Desde hace tres meses, estos trabajadores esperan ser contratados nuevamente, algunos incluso se encadenaron como medida de fuerza.

“Cada 15 días estábamos viniendo con la promesa de que nos volverían a contratarnos, pero hasta la fecha no cumplieron con nosotros. Sin embargo, siguen contratando personal que no tiene experiencia”, manifestó Víctor Colmán, exfuncionario penitenciario, en entrevista con C9N.

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Explicó que incluso participaron de un curso de capacitación, en el que sumaron puntajes a su experiencia y que es injusto que personal que no tiene la misma preparación sea contratado. “Nosotros queremos volver a trabajar, que nos devuelvan nuestros trabajos como prometieron”, aseguró Colmán.

Por su parte, Rodrigo Domínguez, que prestaba servicio en el penal de Coronel Oviedo, resaltó que desde hace siete días están haciendo huelga de hambre. “No despidieron injustificadamente, hubo un concurso y no dejaron de lado. Supuestamente no alcanzamos puntaje, yo tengo cuatro años de antigüedad y no puede que otros sin experiencia entren”, refirió.

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En el marco de la IX Semana de la Energía, que culmina este viernes en Asunción (Paraguay), CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe y la Organización Latinoamericana de Energía (Olade) firmaron un Convenio de Cooperación Técnica de dólares, el pasado 30 de octubre, para impulsar la integración energética en los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Bolivia y Chile.

Desde el lunes último, dicho encuentro reúne a los principales actores energéticos regionales para discutir los desafíos y oportunidades en la transformación del sector. La alianza concretada apunta al aprovechamiento de los recursos gasíferos mediante la optimización y expansión de la infraestructura de transporte de gas natural.

“La integración energética regional es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de América Latina. Esta alianza con Olade nos permite aunar esfuerzos para crear una red energética más robusta y eficiente que beneficie a todos los países involucrados”, señaló Antonio Silveira, gerente de Infraestructura Física y Transformación Digital de CAF.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Andrés Rebolledo, destacó: “En Olade, nos enorgullece formalizar este convenio de cooperación con CAF. Esta alianza estratégica marca un hito en nuestro compromiso de impulsar la integración energética en los países del Mercosur, Bolivia y Chile. Este acuerdo no solo fortalece nuestra colaboración interinstitucional, sino que también subraya nuestra visión compartida de avanzar hacia una transición energética justa y sostenible.”

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El trabajo se dividirá en cinco fases, cada una de las cuales culminará con una instancia presencial de validación y consenso por parte de los actores relevantes: (1) revisión y consolidación de estudios disponibles, (2) elaboración de proyección de oferta y demanda, (3) optimización de la infraestructura existente, (4) optimización con nuevas infraestructuras y (5) elaboración de perfiles de proyecto.

“Este convenio marca un hito en nuestro compromiso con una transición energética justa e inclusiva. El gas natural jugará un papel crucial como energía de transición, permitiendo reducir emisiones mientras aseguramos el acceso a energía confiable y asequible para todos”, destacó Jorge Srur, Gerente Regional Sur de CAF.

En las últimas décadas, el panorama energético ha evolucionado con la incorporación de nuevas fuentes de aprovisionamiento y tecnología de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Chile, Argentina y Brasil. El desarrollo de yacimientos no convencionales, como la formación de Vaca Muerta en Argentina, y el impulso de recursos hidrocarburíferos en aguas profundas de Brasil, han abierto nuevas oportunidades y retos en el sector energético. Además, a partir de los años 2000, el desarrollo mundial del mercado de GNL impulsó en la región la instalación de plantas de regasificación en Chile, Argentina y Brasil para asegurar un suministro energético constante.

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