La justicia de Bolivia reconoció una nueva dirección del partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), con miembros afines al presidente Luis Arce, y dejó fuera de la cúpula al exmandatario Evo Morales, que le disputa la candidatura para las elecciones de 2025. Una sala del Tribunal Constitucional declaró ayer jueves válida la elección de Grover García, afín a Arce, como presidente del gobernante MAS, en un congreso partidario y desconoció otro en favor del líder cocalero.

“Se tienen como válidos todos los actos de ejecución, incluido el Congreso Nacional Ordinario del MAS, llevado adelante en El Alto (...)”, detalla la resolución judicial. Las dirigencias de ambas facciones habían iniciado demandas ante la justicia para el reconocimiento de sus eventos. Morales (2006-2019) reaccionó en X: “El gobierno de Luis Arce da un golpe a la revolución y el proceso de cambio, presionando a la sala constitucional (...) para que esta le entregue la sigla del MAS a través de una sentencia inconstitucional, ilegal e ilegítima”.

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Morales y Arce sostienen una dura pelea por el control del partido y la nominación presidencial por el oficialismo, aunque sólo el líder cocalero ha manifestado su intención de buscar un nuevo mandato. El MAS está fragmentado en dos bandos, “evistas” y “arcistas”. Ambas facciones celebraron congresos partidarios, sin la presencia de sus contrarios, para elegir a sus nuevos directivos. Los primeros escogieron en octubre de 2023 como jefe a Morales, mientras que los segundos designaron a Grover García, cercano a Arce.

En la página oficial de la autoridad electoral, Evo Morales aún figuraba como máxima autoridad del MAS, partido con reconocimiento legal desde 1987. Con esta organización ganó las elecciones presidenciales de 2005, 2009, 2015 y 2019, esta última cargada de denuncias de la oposición por un presunto fraude. La misma corte prohibió la semana pasada la posibilidad de más de dos reelecciones presidenciales, una decisión que cierra las aspiraciones de Morales que gobernó Bolivia en tres ocasiones. El líder cocalero indicó en las redes sociales que “el gobierno ya no necesita a los otros poderes del Estado. Le es suficiente la sala constitucional (...) para eliminar adversarios, poner autoridades, apropiarse de estructuras políticas, suspender procesos electorales”.

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Fuente: AFP.

Un grupo de liberales, legisladores y miembros del Directorio partidario, presentaron una denuncia en contra del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas. La denuncia se basa en la crisis en que se encuentra la agrupación política y la falta de acciones de Fleitas ante este panorama y la conducción de la institución partidaria.

El diputado Pastor Vera Bejarano, cuestionó que Fleitas lleva adelante una actitud unipersonal para administrar al partido, y no está respondiendo a las exigencias de los afiliados, así como tampoco de las autoridades partidarias.

“El presidente Hugo Fleitas, que sustituyó a Efraín Alegre, tomó una postura prácticamente de manera universal del partido. El partido es un colegiado, que tiene sus estatutos, tiene sus normas que todos los afiliados y sobre todo los miembros del Directorio tienen que estar vigilando”, indicó en entrevista a la 1020 AM.

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El principal cuestionamiento del legislador se da en torno a las convocatorias a las sesiones ordinarias del Directorio, que fueron prácticamente nulas desde que asumió la presidencia en reemplazo de Efraín Alegre. Las sesiones ordinarias, de acuerdo al estatuto partidario, se deben convocar cada 15 días, lo que no ocurre con la presidencia de Fleitas.

“Nuestro estatuto declaró que se tiene que llamar a sesión ordinaria cada quince días, y la última sesión ordinaria que llamó el presidente en ejercicio, fue en diciembre del año 2023, después de mucho insistir, hizo un llamado la semana pasada, casi un año sin una sesión ordinaria”, criticó Vera Bejarano.

Esta falta de apertura para el debate en el PLRA, está alejando al partido, de los temas actuales, de acuerdo al diputado. “Tuvimos varias sesiones extraordinarias, pero se perdió el ritmo, el partido está desconectado de los grandes temas nacionales y de la crisis interna entre los movimientos, se le ha pedido en reiteradas ocasiones informes, que rinda cuentas de las cuestiones financieras, ha hecho caso omiso al pedid de sesiones ordinarias sobre algún punto en particular”, sentenció.

Finalmente, sostuvo que Fleitas, “tiene varias causales para apartarse del cargo de presidente, no apartarlo del partido, pero apartarlo como presidente, eso es lo que ha hecho el Directorio en su mayoría y se ha presentado esa denuncia ante el Tribunal de Conducta que tiene un tiempo para analizar y dictaminar”.

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La selección de Bolivia no podrá tener a su centrocam­pista Daniel Camacho por enfermedad, para los parti­dos por eliminatorias ante Ecuador y Paraguay, por eli­minatorias.

Camacho es la cuarta resta de La Verde, que ya per­dió por sendas lesiones la mediocampista Jeyson Chura, al delantero José Martínez y a Boris Céspe­des, quien sufrió un golpe importante con su equipo suizo Yverdon-Sport FC.

El informe dado a conocer por la Federación Boliviana habla de que Camacho “pre­sentó un cuadro de dolor abdominal tipo cólico de moderada intensidad com­patible con un cólico renal, motivo por el cual el jugador tiene que estar bajo medi­cación por vía parenteral”.

Ya con las bajas anterio­res, el seleccionador Óscar Villegas ya había convocado la semana pasada al delan­tero Gabriel Sotomayor y al defensor Gustavo Mendoza.

En la jornada 11, Bolivia, que suma 13 puntos y está séptimo en la clasificación, visitará a Ecuador en Gua­yaquil este jueves y en la siguiente recibirá a Para­guay, el martes en el esta­dio Municipal de El Alto, su nuevo fortín situado a más de 4.000 metros de altitud.

El gobierno de Ecuador designó ayer lunes a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina en medio de una crisis política por la suspensión por cinco meses de la titular, Verónica Abad, quien sostiene una tensa relación con el mandatario Daniel Noboa.

Moya “será la nueva vicepresidenta encargada”, señaló la sede del Ejecutivo en un comunicado, tras la suspensión de Abad ordenada el sábado por el Ministerio de Trabajo debido al “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.

Damián Armijos, abogado de Abad, indicó que la defensa presentó una acción legal “impugnando” la suspensión, que en la práctica le impedirá a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña por la reelección a partir de enero, como determina la ley.

Su equipo legal también acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el abogado. “Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta para que no se rompa el orden constitucional”, expresó Armijos a la prensa.

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El Ejecutivo sostuvo que Moya, de 36 años y a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación, fue designada de acuerdo a la Carta Magna, que establece que “en caso de ausencia temporal de quien ejerza la Vicepresidencia de la República, corresponderá el reemplazo a la ministra o ministro de Estado que sea designado por la Presidencia”.

“Con su experiencia y compromiso (de Moya), se mantendrán los ejes de trabajo alineados al Gobierno Nacional”, agregó el comunicado. Moya es máster en economía con experiencia en el desarrollo e implementación de la planificación estratégica y operativa de programas y proyectos públicos, según su despacho.

Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados del año pasado al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña previa.

Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de 2023, el mandatario, de 36 años y que se autodefine de centro-izquierda, nombró a su vice para que ocupe el cargo de embajadora en Israel, lo que profundizó la ruptura.

En septiembre último, ante una escalada del conflicto en Israel, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. Para la suspensión de Abad, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.

En agosto, Abad, de 47 años, denunció a Noboa por violencia de género ante el máximo Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con miras a inhabilitarlo para el cargo, una acción que aún está en trámite y que el gobernante tildó de “traición”. Abad calificó el domingo de “grosera violación” a la ley la decisión de suspenderla sin sueldo por 150 días (hasta abril).

“Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Noboa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas”, aseguró en un video difundido en sus redes sociales.

Sostuvo que se trata de una maniobra “con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”.

Noboa, que según las encuestas lidera la intención de voto, buscará ser reelegido en febrero para el período 2025-2029. La campaña empezará en enero y en esta ocasión su compañera de fórmula será María José Pinto, actual secretaria del programa gubernamental contra la desnutrición infantil.

Tras ser enviada a Israel, Abad pasó a ser una fuerte crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una “persecución” en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía también incluyó a la funcionaria en esa indagación, pero el Legislativo no autorizó un juicio penal en su contra.

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“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara (...) para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, expresó Abad el domingo. El 5 de noviembre, el TCE multó a Abad con 8.500 dólares por considerar que realizó campaña anticipada en redes sociales para los comicios de 2023.

Fuente: AFP