La palabra ha sido extraviada a propósito de su sentido original. Ya no se la utiliza como vehículo para la comunicación, sino como instrumento de confusión adrede. No es la libertad de expresión un impulso instigador de acercamiento a la verdad. De una verdad que, a pesar del denodado intento por disfrazarla con la particular visión de quienes la proclaman, siempre logra imponerse por el brillo de su propia energía interior. Nadie podrá manipularla durante todo el tiempo, pues son las mentiras las que se desmoronan por su inconsistencia intestina.

Aunque tarde años, la historia así lo testifica, las patrañas suelen derrumbarse de manera estrepitosa, dejando al desnudo a sus protagonistas: aquellos que pretendieron enmascarar la realidad a su antojo, por conveniencias inmediatas y efímeras. Y que se creen con atributos de encantador flautista, para arrastrar a la multitud hacia sus oscuras cuan mezquinas aspiraciones.

Consecuente con las afirmaciones precedentes, la cuestión no es otra, sino obtener provecho en el menor tiempo posible, sin importar las consecuencias futuras, porque están convencidos de que sus discursos engañosos continuarán provocando indecisiones en el público en el momento de asumir posiciones. Mientras la certeza se aproxime a los hechos, los responsables de deformarlos ya habrán conseguido su cuota de impunidad. La opinión, entonces, no representa más que el deseo y las ambiciones de los sectores que han propalado mensajes adulterados que, a sabiendas de su inmoralidad ominosa, procuran instalarlos en la conciencia ciudadana como una afirmación absoluta, sin posibilidades de dudas. Por ello, apelan al conocido truco del “miente, miente que algo queda”.

Una vez contaminada la ciudadanía con la incertidumbre y las suspicacias de quienes aborrecen la verdad martillando mentiras, la vacilación se anida en el espíritu de la gente. El bombardeo de informaciones falseadas deliberadamente provoca ese natural estado de indefinición en una población indefensa ante estos ataques vituperables. Es en la política y en los medios de comunicación donde con mayor énfasis se emplea esta estrategia de inquietar las aguas para pescar en río turbulento.

La peor versión de esta semántica corrompida para provecho espurio es cuando los medios de comunicación, en sus diferentes expresiones, se convierten en aliados de políticos que disparan hacia el mismo objetivo. Son los amplificadores de sus discursos de odios, de revanchismos y de falsificación de la realidad. No figura entre sus fines la construcción de una sociedad que conviva en la diversidad plural y democrática.

Es decir, manejar las diferencias con criterios de racionalidad y tolerancia, sin caer en los maniqueísmos de los buenos y los malos, los impolutos (supuestos) y los irredentos, los íntegros y los inmorales, mediante una campaña infestada de cinismo e hipocresía. Quienes más apuntan con el índice acusador son los que más fantasmas y difuntos tienen en sus placares.

La crítica es saludable toda vez que contribuya a corregir errores y enmendar desaciertos, pero cuando es reemplazada por el panfleto y su afán de aniquilación del adversario convertido en enemigo, entonces, empieza a socavar los cimientos del Estado de derecho para incursionar peligrosamente en un territorio de anarquía y caos, con la intención de deslegitimar una autoridad surgida de la voluntad del pueblo soberano. Se formulan mentiras con apariencias de verdad, para que desde esos impostados tronos de dueños de la razón puedan perpetrar sus deleznables cometidos.

Para enfrentar a estos declarados impostores de la democracia existe un solo camino que la prudencia recomienda: mantener la serenidad, el equilibrio emocional y el discurso centrado en una lógica irrefutable que la ciudadanía pueda interpretar con claridad.

Obviamente, los enceguecidos por el fanatismo no abrirán sus mentes ni con los martillazos de una irrebatible realidad, pero terminarán acorralados en el reducido círculo de los que no tienen más ambiciones que obtener réditos y privilegios para ellos mismos y su entorno. Es, por tanto, un imperativo impostergable contrarrestar la demagogia y la mala fe que se destilan desde la convergencia de los intereses creados, que son radicalmente opuestos a los intereses populares, mediante un lenguaje mesurado, cargado de reflexión y de experiencias demostrables, que ayude a devolverle a la palabra su valor intrínseco y social, de manera de sostener la imprescindible cohesión de los que quieren lo mejor para la nación y sus habitantes, sin exclusiones ni favoritismos.

Los distintos movimientos disidentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tomaron el control del directorio y lograron mediante una sesión extraordinaria liderada por el vicepresidente segundo, Eduardo Vera Bejarano, convalidar el desdoblamiento de las elecciones internas de las votaciones municipales previstas para el 2026.

De esta forma, se prevé que los comicios internos del PLRA sean realizados el 17 de agosto de 2025. Asimismo, ratificaron otro de los puntos resueltos en la última convención del pasado 6 de octubre consistente en que el titular de la agrupación tradicional que lance su candidatura para el cargo de la presidencia o vicepresidencia de la República, deberá renunciar al cargo 6 meses antes de las elecciones internas del partido.

“Un año ha pasado y no tenemos resultados dentro del directorio (asunción de Fleitas a la presidencia), ya no hay excusas. Hoy cada día estamos peor, el PLRA se está cayendo a pedazos, tenemos que recuperar la institucionalidad del partido. No vamos a fortalecer a nuestro partido escondiéndonos y haciendo oídos sordos, 400 convencionales estuvieron presentes en el último encuentro, no se puede desconocer que son ellos las máximas autoridades partidarias”, manifestó el gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia.

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De esta manera refirió que el exgobernador de Cordillera perdió la confianza de la mayoría de los liberales tras ser incapaz de impulsar un trabajo de unidad y fortalecimiento en el partido. Mientras que la senadora Celeste Amarilla exigió la renuncia de Fleitas y la vicepresidente primero, Alba Talavera. “A mayor crisis, mayor democracia, a mayor crisis, mayor unidad. Yo quiero hacer un llamado a ambos que renuncien. No nos tiene que marear los carguitos, hoy ser presidente del PLRA es un carguito porque es un partido en crisis, quebrado sin la menor esperanzas”, sostuvo.

Durante la sesión autoconvocada los disidentes tomaron la decisión de intervenir el Instituto José P. Guggiari, ante el despilfarro de recursos económicos del PLRA, designando como interventoras a la exsenadora Blanca Lila Mignarro, a la abogada llanista Basilisa Vázquez y a Agustín Saguier, hijo del exsenador Miguel Abdón Saguier. También decidieron reemplazar a los apoderados partidarios, nominando a Cristian González, Cirilo Pereira y Agustín Saguier.

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Bajo la luz de un semáforo, unos árboles recién cortados por campesinos bloquean el acceso vehicular a Sipe Sipe, en Cochabamba, una de las localidades donde arde la protesta de los seguidores del expresidente Evo Morales contra el gobierno de Bolivia. “La renuncia del (mandatario) Luis Arce pedimos. Tiene que convocar a elecciones. ¡Ya no más!”, afirma José Loayza, un productor de trigo de 40 años, mientras mastica un puñado de coca.

Las protestas empezaron el 14 de octubre para exigir el “cese de la persecución judicial” contra el exmandatario de 65 años, ante su probable detención por el presunto abuso de una menor durante su mandato. Entre piedras, palos, llantas y desechos, campesinos arman un corro para expresarse. Han ampliado su repertorio de reclamos y ahora también apuntan contra la gestión económica de Arce, que se disputa con Morales la candidatura presidencial del oficialismo para el 2025.

La mayoría habla quechua. Sospechan de la prensa y casi todos evitan dar su nombre. La policía no está en el lugar. “Estamos saliendo (a protestar) porque el arroz y el fideo está muy caro. En el campo somos familias numerosas. Nuestros productos ya no valen nada”, dice en quechua una agricultora de pollera roja.

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Los cortes de vías incomunican al departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales tiene su base política. “Este bloqueo de caminos nacional no lo levantamos. Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias”, advierte Loayza. La tensión escaló el domingo, cuando Morales -que califica la denuncia por “estupro, trata y tráfico de personas” como “otra mentira más” - denunció un atentado con 14 disparos a su vehículo por parte de un grupo “militar y policial”.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, desmintió la versión del expresidente. “Podemos defender también a nuestro hermano del campo. ¿Ayer (domingo) cómo han atentado? No vamos a permitir esas situaciones en Cochabamba. Vamos a masificar” los bloqueos a nivel nacional, agrega Loayza.

A 15 kilómetros de Sipe Sipe está Parotani, el punto donde el viernes se desataron los enfrentamientos más intensos entre civiles y policías desde el inicio de la protesta. El saldo fue de 44 detenidos y 14 agentes heridos, uno de ellos de gravedad, según información del Ministerio de Gobierno.

“Queremos que bajen los precios de la canasta familiar (...), que el presidente Arce dé un paso al costado y que entre otro. Nada más”, dice la campesina de pollera roja. Desde el comienzo de las protestas, los puntos de bloqueo pasaron de cuatro a 23 ayer lunes, según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras.

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De mano en mano, una fila de manifestantes se pasa piedras pesadas desde el cauce seco del río Khora, a 10 minutos de Sipe Sipe, para fortalecer el bloqueo sobre el puente de la zona. Se han congregado sobre todo campesinos y transportistas para protestar. En un cartel en la ribera aparece la cara de Arce, que ha sido borroneada con pintura negra.

“Bloqueamos por lo que necesitamos: canasta familiar, combustible, dólares. No hay movimiento económico”, dice Grover Torrico. Este conductor de carga de unos 30 años se sumó a la toma del puente para protestar por la escasez de combustible. “No hay diésel. ¿Con qué voy a viajar?”, agrega.

Bolivia registró en setiembre una inflación de 6,2 % interanual, su cifra más alta desde julio de 2014. Los bloqueos han acentuado aún más el desabastecimiento de combustible. Bolivia redujo la importación del diésel y la gasolina que distribuye a precio subsidiado, a raíz de una caída de sus reservas de divisas. “El país está yendo de peor en peor. Y un gobierno tiene que estar para priorizar, para solucionar. No tiene que esperar a que la gente salga a bloquear las calles”, concluye el transportista.

Fuente: AFP.

En la mañana de este viernes, a través de su abogado, Anadelia Acosta, imputada por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, renunció a la Cámara de Diputados. La mujer es acusada como una de las principales responsables en el cobro ilegal de G. 725 millones que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) destinó a dos familias humildes, en concepto de indemnizaciones.

El escrito de “desistimiento voluntario” fue presentado por el letrado Marcial Ayala a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja, encabezada por Máximo Rodríguez. “La renuncia de la funcionaria son por cuestiones personales y a fin de someterse al proceso penal. De hecho, ella siempre estuvo y está a disposición de la justicia desde el primer momento, aguardamos la notificación para la audiencia de imposición de medidas a los efectos de que prosiga la causa penal”, manifestó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, manifestó que su clienta continua bajo reposo médico en el departamento de Caaguazú, razón por la cual no se apersonó hasta la sede legislativa. “Ella emotivamente está muy mal. Para mí fue un paso muy importante que por lo menos se busque el arreglo de la reconciliación con familiares de las víctimas”, sostuvo.

Inmediatamente, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, comunicó en sus redes sociales oficiales que procedió a firmar la petición de renuncia de Acosta. Igualmente, en la resolución n° 2184 refiere que se declara vacante la categoría salarial D36-técnico I. “Anadelia Acosta ya no forma parte del plantel”, indicó el legislador.

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La renuncia de Acosta finalmente se concretó tras la intimación realizada por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos, tras abandonar por varios días su puesto laboral.

Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado por diferentes medios evitar presentarse a la sede legislativa. En principio, había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y, posteriormente, presentó un certificado médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.

Tras el escándalo desatado, Acosta llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados, pagándoles la suma de G. 300 millones a cada familia en reparación del daño. No obstante, de acuerdo a su abogado esto no significa que su clienta asuma la culpabilidad.

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