• POR JUAN CARLOS DOS SANTOS G.
• Columnista
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

La reforma constitucional parcial que ha sido aprobada por el Congreso de Nicaragua, con una clara mayoría del oficialismo sandinista sumada a sus aliados, logrará desmantelar lo poco que le quedaba de institucionalidad al Estado de ese país.

La pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo se convertirá, tras la sanción de estas reformas, en poco menos que reyes sin corona en el castigado país cen­troamericano.

Es un regreso a prácticas similares a los siglos del absolutismo real, coinciden los pocos opositores que aún lo siguen siendo y permanecen en un país que no solo ha expul­sado a todo aquel que ose levantar peligrosa­mente la voz, sino que también los ha privado de su nacionalidad para evitar que, legal­mente, no puedan tener opciones políticas más tarde y mucho menos ahora.

Pero la reforma no solo otorga más poder a Ortega ni tampoco se destaca por poner en línea de sucesión a su esposa Rosario Muri­llo, sino que garantiza la sucesión dinástica y ya asoma el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, quien asumiría el control del país en caso que falten sus padres.

Daniel Ortega, de 78 años, con cuatro man­datos sucesivos más un quinto alternado, ha destruido la institucionalidad y ha quebran­tado uno de los principios fundamentales de una república democrática: la separación de poderes. La reforma ha puesto al Poder Judicial y al Legislativo bajo las órdenes del Ejecutivo, es decir, bajo las órdenes de Ortega y Murillo.

Incluso, la reforma ha hecho uso de la semán­tica para horadar más al sistema democrá­tico, pues tanto el Poder Judicial como el Legislativo han sido degradados a “organis­mos”, lo que deja en claro el camino dicta­torial y absolutista que ha tomado Nicara­gua que ahora dependerá (oficialmente) de como ha amanecido la pareja presidencial.

La reforma, ya aprobada de manera gene­ral, deberá ser estudiada en carácter parti­cular, en una farsa congresista en enero de 2025. Se da por descontado que estos cam­bios serán aprobados a gusto y paladar de Daniel Ortega.

A partir de esa sesión, todos los poderes públicos ya estarán de derecho en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algo de hecho en la actualidad. Entre los casi cien cambios al que será sometida la Constitución Nacional en Nicaragua se destaca el aumento de la extensión del periodo de gobierno de 5 a 6 años, la creación de una “policía volun­taria”, que no es más que la oficialización de grupos paramilitares como en Venezuela son los “motorizados” del chavismo.

La bandera con los colores rojo y negro del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se sumará a los símbolos nacionales de Nicaragua, ponién­dola al mismo nivel que la bandera azul y blanca del país. Todos los derechos funda­mentales podrán ser suspendidos por cual­quier motivo que el Poder Ejecutivo con­sidere necesario, además de suprimirse la censura a la prensa expuesta en la Consti­tución hasta ahora.

Los militares podrán ser llamados a interve­nir siempre que sea necesario, es decir, cada vez que Ortega o Murillo así lo consideren. Nicaragua será una muestra del cuasifeu­dalismo medieval, cuando a comienzos de 2025 estas reformas se pongan en marcha.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó ayer miércoles ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien dará el cargo de “copresidenta”.

La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de cinco a seis años, será votada en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en los próximos días. “Se está trabajando para la pronta aprobación”, según la prensa oficialista.

Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y algunos países de América Latina de instaurar una autocracia en el país.

Podés leer: Atacaron con explosivos un banco en Naranjal

La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, al elevar su rango: “La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”, que se elegirán en comicios “cada seis años”, no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.

Los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que la Constitución vigente reconocía como independientes. La reforma “consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses”, afirmó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, ante los diputados, que analizarán el texto en una comisión especial.

Es “meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial” y una “agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático”, reaccionó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Organizaciones en el exilio rechazaron la iniciativa. “Destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo. Un golpe directo a la democracia y las libertades”, dijo en un comunicado la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

La reforma consigna que “los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.

Ortega y Murillo acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a “intereses extranjeros”.

Otra iniciativa de ley, presentada en paralelo a la reforma constitucional, amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras. “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”, subrayó.

Además, “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público”, agrega el texto. Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.

Te puede interesar: Musk propone cambios profundos en el nuevo gobierno de Donald Trump

En la reforma, el gobierno propone la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles, como “cuerpo auxiliar y de apoyo” a las fuerzas de seguridad. Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. Miles de personas partieron al exilio.

Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado “revolucionario” e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Fuente: AFP

Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.

En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.

El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.

Leé más: Dos destructores de EE. UU. fueron atacados con misiles y drones a la salida del Mar Rojo

Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.

De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.

Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.

Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.

Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.

“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.

Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.

Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.

Te puede interesar: Anuncian que “Don Toyo”, el mayor buque de la hidrovía será botado antes de fin de año

“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.

En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.

Fuente: AFP

Un potente terremoto de magnitud 5,9 sacudió este domingo la costa sureste de Cuba, cerca de la ciudad de Santiago, según informaron geólogos estadounidenses, aunque no se emitió ninguna alerta de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a 14,2 kilómetros de profundidad en el océano, a unos 35 kilómetros de la costa de Bartolomé Maso, en la provincia de Granma, y a unos 175 kilómetros de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande del país.

Por su parte, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) y las autoridades en Santiago de Cuba confirmaron un “sismo de 5,4 grados escala Richter perceptible en el oriente de Cuba. Se reportan réplicas”, dijo el canal de televisión oficial Caribe.

Lea más: Ni el “halcón” Mike Pompeo ni la exembajadora Nikki Haley serán parte del Gabinete de Trump

Hasta el momento se ha reportando perceptibilidad en todas las provincias del oriente, además de Camagüey y Ciego de Ávila (centro), según informó el periódico oficial Granma, sin reportar hasta ahora pérdidas humanas.

“Aquí la gente rápidamente salió a las calles porque el piso se movió muy fuerte”, dijo a la AFP vía telefónica Andrés Pérez, un jubilado de 65 años que vive en el centro de Santiago de Cuba. “Se sintió muy fuerte realmente, mi esposa es un manojo de nervios”, añadió.

Lea también: Bus que transportaba niños de una escuela de fútbol terminó en una cuneta

El temblor sacude la isla cuando el país se recupera del azote de Rafael, un huracán categoría 3, que golpeó el oeste del territorio, dejándolo por casi dos días con un apagón generalizado. Un sismo de magnitud 5,1 se registró el 17 de octubre pasado en Santiago de Cuba sin dejar daños.

Otro fuerte sismo de magnitud 7,7 se registró en enero de 2020 en aguas del Caribe y se sintió en varias provincias de Cuba, provocando la evacuación de edificios de La Habana, sin que se reportaran daños.

Fuente: AFP