Según la acusación de la fiscalía brasileña, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro se valió del apoyo de ministros, comandantes militares y otros colaboradores para tratar de aferrarse al poder en 2022 tras perder las elecciones contra Lula.
Estos son los siete coacusados llamados a declarar esta semana junto a Bolsonaro ante la corte suprema en el juicio que los expone a duras penas de cárcel por un plan de golpe de Estado que no se habría llevado a cabo por la oposición de altos mandos militares.
Exedecán de Bolsonaro y considerado su mano derecha durante su gobierno, el teniente coronel Mauro Cid se encargó, según la fiscalía, de recopilar supuestas pruebas de fraude en los comicios que Bolsonaro perdió frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 para justicar un golpe. En su teléfono los investigadores hallaron un discurso que Bolsonaro supuestamente daría una vez consumado ese acto.
Cid, de 46 años, es también una fuente clave de la investigación, al haber firmado un acuerdo de colaboración que podría dejarle con una sentencia reducida si es condenado.
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El general Walter Braga Netto fue ministro de Defensa y candidato a la vicepresidencia en 2022 con Bolsonaro, con quien comparte su nostalgia declarada por la última dictadura brasileña (1964-1985).
Braga Netto, de 68 años, es acusado de ser uno de los líderes de la trama golpista. Según la investigación, discutió en su casa un plan llamado “Puñal Verde y Amarillo” para asesinar a Lula y otras autoridades. Está detenido desde diciembre por intentar obstruir las investigaciones.
De instructor de Bolsonaro en la escuela militar a ministro del aparato de seguridad durante el gobierno del ultraderechista, el general Augusto Heleno Ribeiro, de 77 años, tiene una larga trayectoria política y estuvo al frente de la Misión de la ONU en Haití (Minustah).
Según la investigación, fue uno de los arquitectos de los ataques infundados al sistema de votación electrónica. En una reunión con Bolsonaro antes de los comicios de 2022, Heleno afirmó: “Si tenemos que dar un golpe en la mesa, debe ser antes de las elecciones”.
Anderson Torres, de 48 años, fue ministro de Justicia de Bolsonaro y estuvo encargado de la Seguridad en el gobierno de Brasilia durante los disturbios en la capital en enero de 2023 por bolsonaristas que llamaban a una intervención militar para derrocar a Lula.
En su casa, la policía halló una propuesta de decreto para revertir el resultado de las elecciones, bautizada en la investigación como la “minuta del golpe”.
El general Paulo Sérgio Nogueira fue ministro de Defensa en los últimos meses del gobierno Bolsonaro.
Nogueira, de 66 años, asistió a una reunión en la que Bolsonaro discutió la posibilidad de decretar un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense. El plan nunca se implementó.
El almirante Almir Garnier Santos fue nombrado comandante de la Marina por Bolsonaro en 2021.
Estuvo presente en dos reuniones a fines de 2022 donde se discutió la eventual implementación de medidas especiales. Garnier Santos, de 64 años, apoyó la propuesta de Bolsonaro y dijo que “las tropas de la Marina estarían a disposición del presidente”, según un testimonio del juicio.
El diputado Alexandre Ramagem es un expolicía y hombre de confianza de la familia Bolsonaro que comandó la agencia brasileña de inteligencia ABIN durante el gobierno del ultraderechista.
Ramagem, de 53 años, es señalado de orquestar una campaña de desinformación en redes sociales contra opositores de Bolsonaro y el sistema electoral, auxiliado por una red de policías y agentes de inteligencia.
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Como político, proclamó su nostalgia de la dictadura. Como presidente, desafió las instituciones. Jair Bolsonaro, líder de la derecha y ultraderecha en Brasil, es juzgado ahora por intento de golpe de Estado. Con 70 años y recién recuperado de una enésima cirugía en el abdomen debido a un atentado que sufrió en 2018, Bolsonaro clama su inocencia.
“La palabra ‘golpe’ nunca estuvo en mi diccionario”, sostiene el excapitán del Ejército.
Bolsonaro declarará esta semana ante la corte suprema acusado de conspirar para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, con quien perdió las elecciones en 2022.
Se expone a una condena de unos 40 años de cárcel, lo que se suma a su inhabilitación política por desinformar sobre el sistema de votación en Brasil.
Pero este líder por ahora sin sucesor claro en la derecha en las elecciones de 2026 no quiere oír ni hablar de tirar la toalla.
“Vamos a continuar la lucha”, dijo en mayo en una manifestación en Brasilia, mientras sus seguidores lo vitoreaban gritando su apodo: “¡Mito, mito!”.
Bolsonaro accedió al poder en 2019 reivindicándose como un “outsider”, si bien llevaba casi tres décadas en política.
Nunca renegó de los años de plomo de la dictadura militar (1964-1985), cuyo “error fue torturar y no matar” a los disidentes, dijo antes de acceder a la presidencia.
Su discurso de sintaxis simple se mantuvo siempre beligerante y caracterizado por comentarios misóginos, racistas y homofóbicos.
Nacido el 21 de marzo de 1955 en el interior del estado de Sao Paulo, en una familia de origen italiano, Bolsonaro tuvo cinco hijos con tres mujeres diferentes.
Los cuatro primeros se lanzaron a la política. De la quinta, la única niña, Laura, dijo que la engendró en un momento de “debilidad”.
Junto a los varones y su actual esposa Michelle -una fiel evangélica 27 años menor que él, que se define católico- forma hoy un clan altamente activo, especialmente en las redes sociales.
Después de una carrera militar marcada por episodios de insubordinación, Bolsonaro fue elegido diputado desde 1991.
Poco visible en el parlamento, salió de la sombra después de la destitución en 2016 de la expresidenta Dilma Rousseff, heredera política de Lula.
Sus diatribas contra la corrupción, la violencia, la crisis económica y la izquierda “podrida” sedujeron.
Este populista, que se viste en público con pantalones cortos y la camiseta amarilla de la selección brasileña, se aseguró el apoyo de los poderosos lobbies del agronegocio y los evangélicos.
Durante la campaña presidencial de 2018, sufrió un atentado con arma blanca en medio de una multitud, que le obliga a someterse recurrentemente a cirugías.
Si bien prometió “restablecer el orden” durante su investidura, su mandato estuvo marcado por crisis, a pesar de un balance económico más bien positivo.
Considerada desastrosa por los expertos, su gestión de la pandemia de covid-19 dio lugar a intensos enfrentamientos con la corte suprema.
Calificó de simple “gripecita” al virus que causó cerca de 700.000 muertes en Brasil, se opuso al confinamiento e ironizó sobre las vacunas que, según él, podían “transformar en cocodrilo”.
Climatoescéptico, permitió que la deforestación en la Amazonía se disparara durante su mandato. No dudó en insultar a líderes extranjeros, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, y dejó aislado a Brasil en el escenario internacional.
En la segunda vuelta electoral de 2022, marcada por la desinformación, Bolsonaro perdió por un margen estrecho frente a Lula.
Se trasladó a Florida antes del fin de su mandato y antes de que el 8 de enero de 2023, miles de sus simpatizantes asaltaran las sedes de poder en Brasilia para pedir una intervención militar contra Lula.
Para la fiscalía que lo acusa de haber planeado sin éxito un golpe de Estado, estos disturbios fueron la “última esperanza” para aferrarse al poder.
Aunque la más grave, esta no es la única investigación contra Bolsonaro, blanco de la justicia por supuestamente falsificar certificados anticovid o desviar joyas recibidas durante su presidencia.
Mientras el cerco judicial se estrecha cada vez más sobre el exmandatario, este afirma confiar en una carta: la “influencia” de su “amigo” Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington sancione al juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio por golpismo, por “persecución política” contra la derecha brasileña.
Poderoso, implacable y divisivo, el juez del supremo Alexandre de Moraes se ha convertido en una figura emblemática en Brasil, a cargo del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, mientras lidera una cruzada contra la desinformación. Su calva que brilla bajo los focos y mirada severa contribuyen a una imagen de juez de mano dura. Pero tras bambalinas, este magistrado de 56 años es descrito como un hombre simpático y gracioso.
En un país polarizado, algunos acusan a Moraes de censura y abuso de poder, mientras que otros elogian su defensa incesante de la democracia frente a los repetidos ataques de Bolsonaro y sus partidarios contra las instituciones.
El exmandatario de extrema derecha, que esta semana declarará ante el juez acusado de intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, lo tilda de “dictador”.
Su tercer hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro que se mudó a Estados Unidos y trata de interceder en favor de su padre ante el gobierno de Donald Trump, denuncia por su parte “el ensañamiento totalitario de un psicópata sin límites”.
El magnate Elon Musk llegó a compararlo con Voldemort, el villano (también calvo) de la saga Harry Potter, acusándolo de socavar la libertad de expresión.
El año pasado, los dos hombres protagonizaron un largo pulso que culminó con la suspensión durante 40 días de la red social X, de la cual Musk es propietario, por ignorar una serie de decisiones judiciales.
El magistrado había ordenado, entre otras cosas, el bloqueo de las cuentas de figuras influyentes de los movimientos ultraderechistas brasileños acusadas de desinformación.
La administración de Estados Unidos lo sigue de cerca: el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington le aplique sanciones por “censura” y “persecución política” contra la derecha brasileña.
Su ascenso como némesis de los conservadores no era el destino más esperado para este abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad de Sao Paulo.
Durante su paso como secretario de Seguridad del Estado de Sao Paulo, entre 2015 y 2016, fue criticado por la izquierda, que lo acusaba de reprimir los movimientos sociales.
Llegó al supremo en 2017 nombrado por el expresidente de centroderecha Michel Temer (2016-2018), de quien fue ministro de Justicia.
“Es un animal político”, afirma a la AFP Antonio Carlos de Freitas, experto en derecho constitucional, quien menciona su “ascenso meteórico”.
“Navega bien por varios ambientes, incluyendo las fuerzas armadas”, confiesa una fuente que trabajó con él en la justicia electoral.
El gesto adusto de Moraes cuando sesiona en la corte contrasta con la sonrisa que ofrece a los estudiantes de la universidad que lo abordan en busca de una foto con el juez más conocido de Brasil.
Su área de interés académico: democracia y limitación del poder.
En junio de 2023, como presidente del tribunal electoral, Moraes declaró a Bolsonaro inelegible por ocho años por propagar información falsa sobre el sistema de urnas electrónicas vigente en Brasil.
Hoy es relator en el supremo del juicio contra el exmandatario, acusado de haber liderado un fallido plan de golpe de Estado para evitar el regreso al poder de Lula, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.
Este plan preveía, según los investigadores, el arresto, e incluso el asesinato de Moraes, así como de Lula y de su vicepresidente, Geraldo Alckmin.
Durante el agitado mandato de Bolsonaro, Moraes ordenó además la apertura de investigaciones contra aliados del ejecutivo. “El bolsonarismo halló en Moraes un enemigo”, dice Freitas.
Parco en comentarios a la prensa, el magistrado prefiere expresarse durante las sesiones de la corte suprema. Casado y padre de tres hijos, y practicante del muay-thai, un arte marcial, puede ocupar el cargo en el más alto tribunal hasta los 75 años. Su nombre ha sonado como posible candidato a la presidencia de Brasil, pero Moraes nunca lo ha mencionado públicamente.