El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que quería que la guerra en su país termine en 2025 por “medios diplomáticos”, en una entrevista difundida el sábado, aunque estimó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, no busca la paz.

El mandatario ucraniano también habló de la situación “realmente complicada” en el frente este, donde el ejército ruso avanza rápidamente ante las tropas de Kiev, menos numerosas y peor armadas. “De nuestro lado, tenemos que hacer todo lo posible para que esta guerra termine el año que viene. Tenemos que acabar con ella por medios diplomáticos”, declaró en una entrevista a una radio ucraniana.

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Preguntado por las condiciones necesarias para un inicio de las negociaciones, Zelenski estimó que sólo sería posible si “Ucrania no está sola con Rusia”. “Si sólo hablamos con Putin, sólo con un asesino, y nos encontramos en las condiciones actuales, no reforzadas por varios elementos importantes, pienso que Ucrania empieza perdiendo en estas negociaciones”, dijo.

En su opinión, esto no llevaría a “un final justo” de la guerra, desencadenada tras la invasión rusa de febrero de 2022. Ucrania teme perder el apoyo de Estados Unidos, esencial para sus tropas en apuros en el frente, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

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Este último ha criticado en repetidas ocasiones la ayuda prestada por su país a Kiev y ha afirmado poder resolver el conflicto en “24 horas”, sin decir cómo. Vladimir Putin dijo el viernes al jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, que un acuerdo de paz con Ucrania debería tener en cuenta las “nuevas realidades territoriales”, según el Kremlin.

En su entrevista del sábado, Zelenski consideró que Putin sólo buscaba salir de su “aislamiento político” hablando con los dirigentes, pero que “no quiere en absoluto la paz”, añadió.

Fuente: AFP

Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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El doctor Aníbal de los Ríos presentó su renuncia ante el Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) y en su reemplazo fue designado Gustavo Alberto González en representación del Ministerio de Salud Pública. El cambio fue realizado vía decreto número 2832 de la Presidencia de la República, con fecha de 5 de noviembre del 2024.

El cambio del ahora exconsejero se habría dado por recomendación del presidente de la previsional, Jorge Brítez, al presidente de la República, Santiago Peña, que finalmente vía decreto realizó los cambios en el Consejo del IPS.

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El exconsejero fue cuestionado por varios sectores políticos y sociales tras sus polémicas declaraciones en una de las sesiones del Consejo Administrativo de la previsional, mencionando que se debe dejar de inver­tir en hospitales del interior, ya que esto “no ayuda a la imagen” del IPS.

Tras estas expresiones fueron varias las reacciones, entre ellas el Consejo de Gobernadores que solicitó incluso la salida del mismo del Consejo Administrativo. Las reacciones también se dieron en la Cámara de Diputados, donde incluso se habló de una interpelación al ahora exfuncionario previsional.

De los Ríos se excusó en varias ocasiones, señalando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Sigo con mis mismas convicciones sobre lo que dije en la sesión del Consejo, era una simple comparación entre dos centros, uno de la capital y otro del interior del país y en ningún momento tuvo un tinte discriminativo hacia las instituciones del interior del país”, había mencionado en un programa del canal GEN/Nación Media.

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Los distintos movimientos disidentes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tomaron el control del directorio y lograron mediante una sesión extraordinaria liderada por el vicepresidente segundo, Eduardo Vera Bejarano, convalidar el desdoblamiento de las elecciones internas de las votaciones municipales previstas para el 2026.

De esta forma, se prevé que los comicios internos del PLRA sean realizados el 17 de agosto de 2025. Asimismo, ratificaron otro de los puntos resueltos en la última convención del pasado 6 de octubre consistente en que el titular de la agrupación tradicional que lance su candidatura para el cargo de la presidencia o vicepresidencia de la República, deberá renunciar al cargo 6 meses antes de las elecciones internas del partido.

“Un año ha pasado y no tenemos resultados dentro del directorio (asunción de Fleitas a la presidencia), ya no hay excusas. Hoy cada día estamos peor, el PLRA se está cayendo a pedazos, tenemos que recuperar la institucionalidad del partido. No vamos a fortalecer a nuestro partido escondiéndonos y haciendo oídos sordos, 400 convencionales estuvieron presentes en el último encuentro, no se puede desconocer que son ellos las máximas autoridades partidarias”, manifestó el gobernador de Central y líder del movimiento Nuevo Liberalismo, Ricardo Estigarribia.

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De esta manera refirió que el exgobernador de Cordillera perdió la confianza de la mayoría de los liberales tras ser incapaz de impulsar un trabajo de unidad y fortalecimiento en el partido. Mientras que la senadora Celeste Amarilla exigió la renuncia de Fleitas y la vicepresidente primero, Alba Talavera. “A mayor crisis, mayor democracia, a mayor crisis, mayor unidad. Yo quiero hacer un llamado a ambos que renuncien. No nos tiene que marear los carguitos, hoy ser presidente del PLRA es un carguito porque es un partido en crisis, quebrado sin la menor esperanzas”, sostuvo.

Durante la sesión autoconvocada los disidentes tomaron la decisión de intervenir el Instituto José P. Guggiari, ante el despilfarro de recursos económicos del PLRA, designando como interventoras a la exsenadora Blanca Lila Mignarro, a la abogada llanista Basilisa Vázquez y a Agustín Saguier, hijo del exsenador Miguel Abdón Saguier. También decidieron reemplazar a los apoderados partidarios, nominando a Cristian González, Cirilo Pereira y Agustín Saguier.

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