La Delegación del Parlamento Europeo responsable por las relaciones con el Mercosur cerró este jueves su última reunión de la actual legislatura sin esconder la “frustración” porque no se haya finalizado el ambicioso acuerdo entre los dos bloques.
“Debemos expresar nuestra frustración porque en esta legislatura no ha sido posible cerrar la negociación del acuerdo de Unión Europea con Mercosur”, dijo el eurodiputado español Jordi Cañas, el presidente de esa comisión.
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En la visión del legislador, “la principal responsabilidad de no haber concluido este acuerdo en los plazos correspondientes cabe a la Unión Europea y al conjunto de sus instituciones”.
Un nuevo Parlamento Europeo será constituido después de las elecciones del 6 al 9 de junio en los países del bloque, y Cañas expresó su expectativa que “en la próxima legislatura la responsabilidad vuelva en algunos actores decisivos”.
Las instituciones de la UE, dijo, “no han sabido estar a la altura del reto de lo que significaba ratificar un acuerdo de la magnitud” de este proyecto.
En la sesión de este jueves, la comisión presentó el informe de 11 páginas sobre la visita de una misión parlamentaria a Argentina, que ocurrió del 18 al 21 de diciembre del año pasado.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur parecía estar muy cerca de ser cerrado a fines de 2023, pero a partir de 2024 el ímpetu se diluyó drásticamente, en medio de una oleada de protestas de agricultores europeos que arrojó un manto de incertidumbre sobre el pacto. Desde entonces las reuniones se mantuvieron solamente a nivel técnico.
Después de que el acuerdo fue anunciado en 2019, la UE pasó a exigir capítulos adicionales, en particular referidos a la protección ambiental y estándares de calidad, y en contrapartida por los países del Mercosur también formularon nuevas demandas.
“Con toda lógica y toda legitimidad, la contraparte del Mercosur también exigió modificaciones puntuales del acuerdo para satisfacer sus también legítimas necesidades”, dijo Cañas este jueves.
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En enero, los ministros de Relaciones Exteriores de los países del Mercosur emitieron una Declaración Conjunta donde defendieron la firma del acuerdo lo antes posible.
El acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado integrado con casi 800 millones de habitantes.
Fuente: AFP
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Macron desaprueba acuerdo UE-Mercosur y plantea hacer “uno nuevo”
El presidente francés, Emmanuel Macron, tachó el miércoles de “muy malo” el acuerdo de libre comercio negociado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y propuso hacer “uno nuevo”, durante el segundo día de su visita a Brasil. El acuerdo “tal como se negocia actualmente es un acuerdo muy malo para ustedes y para nosotros”, dijo en un foro económico en Sao Paulo.
El pacto, que se negocia desde 1999, prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas creando un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores.
Pero está encallado por el rechazo declarado de Francia y reticencias dentro de la Comisión Europea.
“En ese acuerdo no hay nada que tome en cuenta el asunto de la biodiversidad y del clima. ¡Nada! Por eso digo que no es nada bueno”, enfatizó Macron ante un auditorio con empresarios brasileños.
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El presidente francés llamó a construir otro acuerdo entre la UE y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia), que involucre los temas ambientales.
“Negociamos con el Mercosur desde hace 20 años. Hagamos un nuevo acuerdo (...) que sea responsable desde un punto de vista de desarrollo, de clima y de biodiversidad”, insistió.
Tras un acuerdo político en 2019, la oposición de varios países, incluyendo Francia, bloqueó su adopción definitiva, un rechazo que se ha reforzado con la crisis agrícola que sacude Europa. Otros países como Alemania y España abogan por su adopción.
En cambio, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, es un declarado entusiasta del acuerdo de libre comercio. A principios de marzo, se mostró optimista en cerrarlo, durante una visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que también aboga por ello.
- “Defensores de la paz” -
Macron pasó por la capital financiera de Brasil tras encabezar por la mañana junto a Lula la inauguración de un submarino francobrasileño cerca de Rio de Janeiro. El evento sirvió para ensalzar la asociación estratégica entre los dos países.
El sumergible “Tonelero”, de propulsión convencional y fabricado con cooperación francesa en el astillero naval de Itaguaí, fue bautizado con el golpe de una botella de espumante por la primera dama brasileña, Rosangela da Silva, Janja.
Los dos mandatarios subrayaron la importancia de esa asociación en un mundo marcado por guerras y las perturbaciones globales.
“Va a permitir que dos países importantes (...) se preparen para que podamos convivir con esa diversidad sin preocuparnos por ningún tipo de guerra porque somos defensores de la paz”, dijo Lula.
El “Tonelero” es el tercero de cuatro Scorpene a propulsión convencional previstos bajo el Prosub, un programa por 7.200 millones de dólares para desarrollar los submarinos brasileños y su industria.
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El “Angostura”, el último de estos ejemplares destinados a la protección de los 8.500 km de costas del gigante latinoamericano, debe ser lanzado al mar en 2025.
El acuerdo con Francia, que data de 2008, prevé también un quinto sumergible, que sería el primero de Brasil con propulsión nuclear.
“Quiero que abramos un capítulo para nuevos submarinos (...), que miremos de frente la propulsión nuclear siendo perfectamente respetuosos de todos los compromisos de no proliferación”, dijo Macron.
“Francia estará junto a ustedes”, agregó el presidente francés.
Brasilia busca convencer a París de que aumente su transferencia de tecnología para integrar el reactor y de que le venda equipamiento ligado a la propulsión nuclear (turbina, generador).
“Si Brasil quiere acceder a los conocimientos de tecnología nuclear, no es para hacer la guerra. Los queremos para garantizar a todos los países que quieren la paz que Brasil estará a su lado”, declaró Lula.
El martes, primer día de la visita, Macron y Lula anunciaron un programa para recaudar 1.000 millones de euros (1.080 millones de dólares) para invertir en proyectos de economía sostenible en la Amazonía brasileña y francoguayanesa.
Francia es el tercer mayor inversionista en Brasil, con cerca de 38.000 millones de dólares, según datos del gobierno brasileño. Macron volverá a reunirse el jueves en Brasilia con Lula, en su último día de visita oficial.
Fuente: AFP
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Agricultores europeos logran que gobiernos relajen sus normas medioambientales
Los países de la UE aprobaron este martes en Bruselas flexibilizar las normas medioambientales exigidas a los agricultores, propuesta hecha por la Comisión Europea ante la ola de protestas campesinas. El tema también fue el principal punto en la agenda de una reunión en Bruselas de los ministros de Agricultura de la UE.
La Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, sorprendió a todos a mediados de marzo al proponer una relajación de las normas ambientales para los productores agrícolas que estaban en vigor desde 2023.
La reforma de la PAC fue aprobada casi sin cambios por los ministros de Agricultura, y ahora el caso será enviado al Parlamento Europeo.
La propuesta de reforma de la PAC para aligerar las obligaciones ambientales fue una respuesta a la oleada de protestas de los agricultores europeos, que se registraron desde Portugal hasta Polonia.
Este martes, nuevamente columnas de tractores bloquearon las calles adyacentes en la zona de Bruselas donde están las instituciones europeas.
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La policía estimó en 250 el número de tractores y equipos agrícolas pesados que bloquearon calles, arrojaron papas y prendieron fuego a fardos de heno.
Al menos un hombre resultó detenido en uno de los choques con la policía, que arrojó gases lacrimógenos y utilizó chorros de agua a presión.
La Comisión propuso eliminar por completo la obligación de dejar al menos el 4% de las tierras cultivables en barbecho o zonas no productivas.
La obligación de rotar los cultivos se sustituiría por una simple “diversificación”, y el mantenimiento de las praderas permanentes se relajaría considerablemente.
Además, las granjas de menos de 10 hectáreas estarían exentas de los controles vinculados a las normas medioambientales.
Copa-Cogeca, la organización de los sindicatos agrícolas europeos, también acogió con satisfacción “una mayor flexibilidad” en las normas, “teniendo en cuenta las especificidades locales”.
En tanto, 16 oenegés medioambientales pidieron el lunes a la Comisión que “retire su propuesta legislativa”, por considerar que trata de un “retroceso”. Las entidades afirmaron sentirse “consternadas” por la iniciativa.
Los representantes permanentes de los países de la UE en Bruselas discutirán el miércoles otro tema de extrema sensibilidad: la renovación la exención de derechos de aduana para ciertos productos agrícolas provenientes de Ucrania.
Los países de la UE y los eurodiputados alcanzaron hace una semana un acuerdo para imponer un límite máximo a las importaciones de productos ucranianos específicos exentos de derechos de aduana, en respuesta a los reclamos de los agricultores del bloque.
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Ese acuerdo extiende por un año la exención de aranceles concedida en 2022, pero agrega los granos a la lista de bienes con salvaguarda para evitar que las importaciones baratas inunden el mercado.
Este mecanismo también se aplicará a los huevos, el azúcar, el maíz y los productos avícolas.
El mecanismo propuesto limita los volúmenes de importación de los productos incluidos en la lista a los niveles importados en promedio por la UE en 2022 y 2023, a partir de los cuales se reimpondrán los derechos de aduana.
Fuente: AFP
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El Pacto Verde, un problema político
El ambicioso Pacto Verde de la Unión Europea nació como un gran proyecto unificador de voluntades políticas, pero se convirtió en el centro de agrias protestas y ahora corre el riesgo de representar un freno a la regulación ambiental. “El Pacto Verde es nuestra estrategia de crecimiento”, dijo en 2019, al lanzar el proyecto, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, que destacó la ambiciosa meta de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero.
A continuación, la Comisión puso en marcha decenas de proyectos de ley para que la UE pudiera cumplir los objetivos. Sin embargo, cinco años más tarde industriales y agricultores se quejan de la carga normativa y la burocracia, al punto que diversos países han sugerido la necesidad de una pausa regulatoria. En ese proceso, se aprobaron piezas importantes del Pacto, como el fin de los automóviles con motores de combustión interna para 2035, el impuesto al carbono en la frontera o el bloqueo a productos resultante de la deforestación.
No obstante, a partir de 2023 el proceso sufrió tropiezos importantes, como los ataque a la legislación para reducir los pesticidas o la restauración de ecosistemas. Bajo la presión de partidos nacionalistas y de la extrema derecha, el mayor bloque político del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), pasó a convertir el tema en una cuestión electoral.
Para el eurodiputado alemán Peter Liese, del PPE, es “difícil hacer realidad la transición en la industria y también entre los ciudadanos”. En su visión, las actividades rurales deben ser “más protegidas” y los agricultores no deben ser vistos como “los enemigos de la política climática”. “Es posible que el Pacto Verde no sea popular en términos electorales, porque los conservadores buscan oponer la industria o la agricultura a la cuestión climática. Eso es irresponsable”, respondió la eurodiputada española Iratxe García, líder de los socialdemócratas europeos.
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Dificultades
Un Parlamento Europeo con fuerte tendencia derechista posiblemente bloquearía la legislación medioambiental necesaria para después de 2030, o incluso complicaría la aplicación de los textos ya aprobados. Así, Von der Leyen ya abrió la puerta a una autorización a los “combustibles sintéticos” para automóviles más allá de 2035.
Para Phuc-Vinh Nguyen, del instituto Jacques Delors, la idea de una pausa regulatoria es un “error ideológico” porque podría legitimar los ataques que buscan mover la discusión hacia la implementación y las consecuencias del Pacto Verde. Esta postura fue expuesta claramente por el conservador viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani. La UE, dijo, “debe abandonar su posición extremista e ideológica: la industria y la agricultura no pueden ser penalizadas por objetivos medioambientales inalcanzables”.
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En este marco, la UE ya ha renunciado a presentar una revisión de las normas que regulan las sustancias químicas y, ante el descontento agrícola, sigue proponiendo flexibilizar las normas ecológicas de la Política Agrícola Común (PAC). Von der Leyen, figura del PPE y aspirante a un nuevo mandato, ya pidió una “nueva fase” del Pacto Verde centrada en la “competitividad”.
Neil Makaroff, del grupo de expertos Strategic Perspectives, apuntó que la próxima legislatura podría aspirar a un “plan de reindustrialización” que complemente el Pacto Verde. Un grupo de 600 empresas firmaron una Declaración en que pidieron “medidas que corrijan” las regulaciones para “eliminar inconsistencias y complejidades innecesarias”. El objetivo, señalaron, es “dejar que los empresarios prosperen para encontrar las mejores soluciones”.
Fuente: AFP.
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UE prioriza diálogo con el Paraguay
Paraguay recibió la visita del representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Emanuele Pitto, quien mantiene una serie de encuentros con diversos sectores del país, con el objetivo de encarar un diálogo respetuoso y constructivo respecto a la implementación de la reglamentación 1115.
El referente, junto con el jefe de Cooperación de la Unión Europea (UE) en Paraguay, Matteo Sirtori, recibió a la prensa local para aclarar dudas que existan respecto a la aplicación del denominado reglamento. El mismo entró en vigor desde junio de 2023, y su implementación será a finales de 2024 y principios de 2025. Tiene por objeto frenar la deforestación y la degradación forestal causadas por la expansión de tierras agrícolas para producir ciertas materias primas, que en Paraguay todavía afectaría a un segmento.
“La presencia en Paraguay es para aclarar sobre los requisitos de la ley deforestation free, de lo que pide y no, y específicamente que se le pueda dar valor a la trazabilidad y transparencia de los productos sin destruir bosques”, expresó.
El representante de la comisión europea destacó los esfuerzos que ya se están encarando como país, como el mapeo de la cobertura forestal presentado este miércoles último por el Instituto Forestal Nacional (Infona). Los avances en trazabilidad de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la articulación entre varios ministerios así como el acercamiento del sector privado productivo local.
SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN
Pitto explicó que, básicamente, si los sectores relacionados quieren exportar a los países de la UE, deben poder demostrar el origen de los productos que sean libres de tierras deforestadas, para lo cual el país necesita de una herramienta o sistema de trazabilidad que pueda geolocalizar si el producto proviene o no de tierra deforestada.
Esto deberá ser verificado por los operadores o sector importador de los distintos países de la UE, que a la vez serán controlados por las autoridades pertinentes. Los exportadores deberán demostrar el origen de los productos, y en caso de encontrar incumplimiento, será objeto de sanciones y confiscaciones.
Ante la consulta de la prensa local, sobre qué pasará con los exportadores especialmente agrícolas que todavía operan con productores que realizan cambio de uso de suelos para rotación de cultivos, indicaron que ante la FAO es sinónimo de deforestación, es decir, se estará incumpliendo.