Estados Unidos anunció ayer lunes la reactivación de las sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado.
En una nota, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro da de plazo hasta el próximo 13 de febrero para “liquidar cualquier transacción” pendiente con Minerven, modificando una licencia otorgada en octubre para promover elecciones justas y libres en el país caribeño. El anuncio llega horas después de que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, afirmara que Washington “tiene opciones disponibles” con relación a las sanciones para presionar a Caracas.
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El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció en octubre una flexibilización parcial de las sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolano, con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para elecciones libres. Hubo un canje de presos, pero a nivel político Washington está insatisfecho con los resultados. El TSJ, de línea oficialista, selló una inhabilitación política por 15 años contra Machado, quien arrasó en las elecciones primarias de la principal alianza opositora. Ella se mostró combativa este lunes.
“Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente, porque la gente ya escogió su candidato, punto”, dijo Machado ante seguidores. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Maduro, cuya reelección en 2018 no reconoce Estados Unidos por considerarla fraudulenta, es el candidato natural a su reelección.
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Fuente: AFP.
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Cancillería comunica a embajador de Venezuela pedidos de extradición del Clan Villalba
Miembros del Clan Villalba huyeron a Venezuela tras perder su estatus de refugiados en Argentina, por lo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se lideró una reunión con el embajador de Venezuela en Paraguay, Ricardo Capella Mateo con el fin de poner al tanto al diplomático sobre la situación de estas personas y su situación con la Justicia.
“El ministro sustituto de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, convocó al embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Capella Mateo, con el objeto de comunicarle los exhortos librados por la Justicia paraguaya para solicitar la captura con multas de extradición de Miryan Villalba, Mariana de Jesús Ayala López y otros, por los hechos punibles de transgresión a la Ley 4024/2010″, informaron desde Cancillería.
La Justicia paraguaya ya emitió una orden de captura para Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, considerados como el brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
La jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez, admitió la solicitud del agente del Ministerio Público, Federico Delfino, consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. Asimismo, los familiares del exvicepresidente secuestrado por el EPP, Óscar Denis, se pronunciaron luego que se diera a conocer la fuga de los miembros del Clan Villalba de Argentina.
La abogada Alejandra Peralta, representante de las hijas de Denis, lamentó que nuevamente se dé la fuga de personas ligadas al EPP pese a que se contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich en nuestro país, la que había expresado el interés de su gobierno de colaborar con el Estado paraguayo en el combate al grupo criminal cuyos miembros estuvieron como refugiados en su país durante mucho tiempo.
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Brazo logístico del EPP: jueza pide a Venezuela la extradición del clan Villalba
Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.
A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.
Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.
Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.
Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.
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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.
La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.
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Ubican al clan Villalba en Venezuela y Gobierno gestiona extradición
En el marco del operativo binacional Alas Rotas contra el terrorismo el Ministerio del Interior y el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional informaron este jueves que el clan Villalba fue localizado en Venezuela tras abandonar la Argentina por la pérdida del estatus de refugiados políticos bajo el gobierno de Javier Milei.
Ante esta situación, el comisario Nimio Cardozo indicó que Paraguay, vía Ministerio de Relaciones, Ministerio Público y el Poder Judicial ya se encuentran gestionando ante Venezuela el pedido de extradición, teniendo en cuenta que los hermanos María Rosa, Mirian, Tania y José Villalba Ayala solicitaron ser acogidos como refugiados políticos.
“Hoy ya le tenemos ubicados. Se tiene toda la trazabilidad que hicieron para que puedan escaparse y llegar a Venezuela. Le tenemos plenamente identificados y monitoreados. Hoy saldrá el pedido de extradición contra estas cuatro personas por parte del Paraguay, se pedirá que no se les conceda el estatus de refugiados”, manifestó Cardozo durante una conferencia de prensa.
El comisario detalló que también acompañaron al clan hasta la ciudad de Caracas un total de 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos a quienes entrenaban para conformar el grupo criminal. “El EPP no son esos doce tipos locos que están en el monte y no son solo estás cuatro personas con estos menores. Hoy en día podemos decir que este grupo tiene una protección más allá de lo que nos podemos imaginar”, indicó en una entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente policial indicó que previo a su estadía en Venezuela, la comitiva se trasladó de Argentina hasta la localidad de La Paz, Bolivia, donde también contaron con una residencia y alimentos. Contó que las movilizaciones se concretaron vía aérea. “Tenemos los números de vuelos, datos confirmados por Migraciones. Enviamos comisiones de policías que estuvieron trabajando en estos países, tuvimos contacto visual, pero recibieron informaciones que iban a ser capturados, entonces fueron a Venezuela”, puntualizó.
Cardozo manifestó que hace dos días atrás Mirian junto con otros dos miembros del clan fueron capturados tras abandonar la cancillería venezolana, pero posteriormente fueron liberados. Los cuatro hermanos de Carmen Villalba, principal líder del EPP, son sindicados de formar parte del brazo logístico de la banda criminal.
Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, mencionó que “es frustraste que a pesar de todo lo que estamos haciendo no podamos lograr traerlos a Paraguay para que rindan cuentas ante la justicia, esto deja un montón de preguntas sin respuestas teniendo en cuenta lo que implica el traslado de toda esta comitiva en 3 países ¿Quiénes le ayudan, quiénes financian? Vamos a seguir detrás de ellos aunque se vayan a Groenlandia o el fin del mundo porque existe una decisión tomada”.
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EE. UU. sanciona a funcionarios del gobierno de Maduro por represión tras elecciones
Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago. Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro.
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Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.
Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde setiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.
De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.
El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.
“Acto desesperado”
Cuatro meses después de las elecciones, “Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”, afirma el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado. El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.
Las sanciones implican el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro. Hasta la fecha casi 2.000 venezolanos sancionados tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Caracas ha tardado horas en reaccionar públicamente.
“He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración (...) que llevará el nombre de la Gran Victoria de Ayacucho” y “se la voy a colocar a cada uno de estos hombres que han sido hoy agredidos”, soltó Maduro durante el aniversario de la Aviación Militar de Venezuela tras tachar de “ridículas” las sanciones. Son “eminentes profesionales”, defendió.
Anteriormente contraatacó la cancillería. Las sanciones “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, sostuvo refiriéndose a la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.
El gobierno chavista estima que las medidas apuntan a un “grupo de patriotas”. Para Washington, por el contrario, “no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro” sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.
Licencias petroleras
Pero Estados Unidos sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia. La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.
“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario. “Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.
En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.
Fuente: AFP