El diputado Saúl González presentó el proyecto de ley que establece la creación del Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos. La propuesta será remitida a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.

La iniciativa estipula una pensión mensual equivalente al 70 % del salario mínimo legal vigente, financiado por el Estado, con una duración de 10 años. En casos en que hayan quedado con un grado de discapacidad del 33 % o más, el beneficio se extendería de por vida.

En la exposición de motivos, el legislador colorado refiere que el proyecto surge como respuesta a las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren estas mujeres, “las que muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidades permanentes, y enfrentando barreras significativas para su reinserción laboral y social”.

A diferencia de la normativa 7349/2024, Que establece pensiones para hijas, hijos y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio”, la iniciativa apunta, directamente, a las víctimas sobrevivientes. “Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan, profundamente, su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, refirió González.

Se establece además que el Ministerio de la Mujer será la institución responsable de administrar el programa de apoyo económico, así como de evaluar las solicitudes y verificar los certificados médicos presentados por las víctimas.

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Mientras que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad certificará los casos con discapacidad, y el Ministerio de la Defensa Pública actuará en los casos en que las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.

“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, comentó González.

En su planteamiento, el legislador expone un estudio publicado en la Revista Jurídica del Poder Judicial, que revela que solo el 24 % de las denuncias de violencia contra la mujer al amparo de la Ley n.° 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, culmina en una condena, lo cual refleja, según entiende el diputado, la fragilidad del sistema de protección actual.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra se refirió a la alianza del expresidente Mario Abdo Benítez y el exembajador de los Estados Unidos, Marc Ostfield y dijo que se trata de un capítulo oscuro de la historia del país. Sostuvo que este pacto debe ser investigado en las instancias que correspondan, porque no puede quedar en el “opá reí”, por las graves consecuencias que trajo.

En comunicación con La Nación/Nación Media, indicó que este contubernio entre el exmandatario con el embajador norteamericano propició un ataque internacional, no solo para afectar a la figura de expresidente Horacio Cartes, sino que trajo un reguero de consecuencias devastadoras para el Paraguay.

Recordó que desde hace tiempo, ya habían denunciado esta alianza perversa en contra de Horacio Cartes, y las terribles consecuencias que lamentablemente se concretaron.

“Decíamos y denunciábamos que era una alianza política y no una alianza diplomática, que estaban operando al margen de las instituciones, con el objetivo era perseguir las reputaciones, manipular el rumbo político del país, porque la idea era seguir en el poder con el sector afín. Esta alianza Abdo - Ostfield es un capítulo oscuro en nuestra historia que tiene que ser investigado”. indicó.

El diputado Gamarra señaló que con este pacto se atentó contra la seguridad jurídica, se comprometió la seguridad nacional, se politizó la justicia, se quebrantó la confianza de las relaciones diplomáticas entre dos países hermanos como son Paraguay y Estados Unidos.

“El embajador Ostfield no se comportó como un diplomático, él vino a ser directamente un actor político, aparte que le gustaba ser la vedette de cada escándalo. Participó de las internas del país alevosamente, se alineó directamente con Marito y operó para debilitar al sector político legítimo y democráticamente electo”, señaló.

Agregó que el diplomático norteamericano violó directamente los principios fundamentales de la Convención de Viena, sobre las relaciones diplomáticas, que exige la neutralidad.

El parlamentario señaló que todo este ataque se dio con “el disfraz de la lucha contra la corrupción”, se armó toda la narrativa con el único fin de desfavorecer a un sector político, porque no le podían ganar en las urnas.

“Acá el motivo principal del ataque a Horacio Cartes es porque no les pueden ganar en las urnas, le tienen un terror y pavor a que pueda competir en algún momento porque saben que es imposible ganarle por su arrastre popular, y esto lo dice cualquier encuesta que se hace”, enfatizó.

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• por Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza

En esta entrega de “Paraguay en la historia”, abordamos un hecho acaecido en el convulsionado periodo de la posguerra del 70: el asesinato del presidente de la República Juan Bautista Gill a plena luz del día y en pleno microcentro de Asunción.

Era la mañana del 12 de abril de 1877. El joven presidente Juan Bau­tista Gill, quien entonces tenía 37 años, estaba reali­zando su tradicional cami­nata por la otrora calle Villarrica, hoy Presidente Franco. Al alcan­zar el cruce con Independen­cia Nacional, lo aguardaban los conspiradores, que dispara­ron con escopeta a la altura del estómago, causándole la muerte casi al instante.

Para poner en contexto este suceso, el historiador Claudio Velázquez comenzó expli­cando que Juan Bautista Gill asumió la presidencia de la República en noviembre de 1874 en reemplazo de Salva­dor Jovellanos.

En este sen­tido, señaló que durante la pos­guerra Gill supo ganarse el favor del Ejército bra­sileño, que en aquel tiempo ocu­paba Asunción. “Para tener una idea de la fuerza que ejer­cía el Ejército brasileño, había de 2.000 a 2.500 brasileños que formaban parte del ejér­cito de ocupación en la pos­guerra. Mientras que el Ejér­cito paraguayo, la fuerza de policía le daba con suerte 700 efectivos. Eran muchí­simos más los brasileños. Gill supo ganarse la causa brasileña y era cuestión de tiempo nada más para que asuma la presidencia”, sos­tuvo.

Velázquez recordó que pre­viamente Gill fue ministro de Hacienda y su gestión fue objeto de cuestionamien­tos por el despilfarro de los dos grandes empréstitos que hizo el Paraguay tras la gue­rra contra la Triple Alianza. Aun así, asumió el Gobierno en gran parte, como se men­cionó, gracias al apoyo de las fuerzas imperiales.

Agregó que en ese proceso de ascenso al poder Gill se ganó muchos adversarios políti­cos, quienes finalmente ter­minarían tramando y ejecu­tando el primer magnicidio de la historia del Paraguay.

“Gran parte de ese crimen se debió a que para abril de 1877 ya no estaban las fuer­zas de ocupación brasileñas en Asunción. Gill ya no tenía protectores que pudieran tutelarle, entonces esa situa­ción es plenamente aprove­chada por sus adversarios para asesinarlo”, precisó.

El historiador señaló que uno de los principales adversarios políticos de Gill fue Juan Sil­vano Godoy, un intelectual del derecho, político y autor para­guayo. Godoy fue el que orga­nizó y planificó el asesinato de Gill con ayuda de su hermano Nicanor, Matías Goyburú y José Dolores Molas, el legen­dario Pa’i Loló, de destacada actuación en la guerra.

“El presidente Juan B. Gill realizaba su caminata tra­dicional sobre la calle Villa­rrica, hoy llamada Presi­dente Franco. Una cuadra antes de la intersección con Independencia Nacional, curiosamente la esposa de su vicepresidente, Higinio Uriarte, quien era su primo, lo ve desde una ventana y le advierte que existen rumores sobre una conspiración para asesinarlo”, relató.

Con soberbia, Gill le dijo que no se preocupara, ya que estaba bien cuidado. Sin embargo, una cuadra más adelante, al llegar al citado cruce, estaban sus asesinos esperándolo: José Dolores Molas y Nicanor Godoy. El historiador señaló que, de acuerdo a los testimonios, ante la falta de proyectiles usaron las patas de un soporte de ollas.

Velázquez detalló que Gill estaba acompañado de dos edecanes (oficiales de alta graduación que eran sus escoltas), que también resul­taron heridos. A partir de ahí se inició una persecución porque la Policía reaccionó rápidamente ante el aten­tado. Tras el magnicidio, ese mismo día fue asesinado su hermano, Emilio Gill, a quien posterior a su muerte le des­membraron las orejas como prueba de que se cumplió el encargo.

Velázquez indicó que, tras el crimen, se abrió un proceso. Tanto Juan Silvano Godoy como su hermano Nicanor quedaron impunes debido a que lograron huir cruzando el río Paraná y se instalaron en Corrientes. “Sí se abrie­ron algunos procesos con­tra José Dolores Molas y otros personajes. Algunos injustamente fueron endil­gados de culpables en este proceso. Uno de ellos fue Facundo Machaín”, pre­cisó. Respecto a este último, explicó que existían algu­nos rumores políticos en su contra a raíz de que fue una eminente figura política y sus adversarios deseaban truncar su carrera.

“No encontraron mejor solución para terminar la brillante defensa que ejer­cía Facundo Machaín en los juicios que hacer una supuesta intentona de fuga masiva de la cárcel pública, que estaba ubicada al lado de la Catedral Metropoli­tana. La Policía reaccionó y ese incidente fue aprove­chado para acabar con la vida de Facundo Machaín, José Dolores Molas y otros a quienes se atribuía haber participado del magnicidio de Gill. De esa forma ter­minó el proceso del primer magnicidio en la historia paraguaya”, refirió.

Finalmente, como balance de su gobierno de casi dos años y medio, Velázquez citó la firma del Tratado de Lími­tes, Paz, Comercio y Navega­ción con la Argentina, rubri­cado por Facundo Machaín y Bernardo de Irigoyen, en el cual se definieron los límites con el vecino país tras la gue­rra contra la Triple Alianza.

Además, mencionó que durante el gobierno de Gill se implementó el Código Civil argentino o Código de Vélez Sarsfield, que fue un cuerpo legislativo fun­damental para organizar la sociedad paraguaya de la época. En tanto, en lo econó­mico tomó medidas como el estanco del tabaco con vis­tas a aumentar las recauda­ciones y mejorar las escuá­lidas finanzas del Estado paraguayo.

El 8 de abril del 2009 saltaba uno de los mayores escándalos en la investidura presidencial, que involucraba a una joven mujer y un presidente de la República. El nombre de Viviana Carrillo, una mujer de 26 años, aparecía en los medios causando revuelo con una demanda de filiación contra el entonces mandatario Fernando Lugo (2008-2013), un exobispo que llegó al poder con la alianza encabezada por la concertación de Frente Guasu.

La sorpresa en ese momento no se dio justamente por tratarse de la máxima autoridad nacional, sino porque Lugo fue un sacerdote y la relación se habría dado en medio de su voto de castidad. El 8 de abril del 2009, abogados de la joven impusieron una demanda por filiación en favor de su hijo, que en ese entonces tenía tan solo 2 años, ante el juzgado de la Niñez y Adolescencia de Encarnación.

Posteriormente, Carrillo había retirado la demanda argumentando que no autorizó a sus abogados a realizar tal acción, y tomó conocimiento de ello a través de los medios de comunicación. “Fui sorprendida en mi buena fe cuando el miércoles 8 de abril del corriente año he tomado conocimiento, a través de los medios de prensa, que los abogados Walter Acosta y Claudio Kostinchok, en forma unilateral, resolvieron iniciar la presente acción sin mi expreso consentimiento”, declaró a la prensa.

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El revuelo se dio días antes de que Fernando Lugo cumpliera un año como inquilino del Palacio de López y, pese a que la joven retiró la demanda días después, el escándalo ya se había instalado y el mandatario no tuvo otra opción que admitir públicamente que mantuvo una relación con esta joven y que sí compartían un hijo.

En una conferencia habitual desde la Presidencia, un lunes de pascua, el 13 de abril del 2009, Lugo admitía la relación ante todo el pueblo paraguayo y la atención internacional. “Aquí y ahora, ante mi pueblo, ante mi conciencia y en homenaje ante toda la gente que ha depositado su confianza en mí persona, manifiesto con la más absoluta honestidad, transparencia y sentido del deber. Es cierto que hubo una relación con Viviana Carrillo”, fueron sus palabras.

“Ante ello, asumo todas las responsabilidades que pudieran derribar de tal hecho, reconociendo la paternidad del niño y atendiendo al interés superior a la privacidad del niño, que las altas responsabilidades que al mismo tiempo me impone el ejercicio de la presidencia, no formularé más declaraciones sobre el tema”, expresaba.

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La aparición de Carrillo fue la antesala de otras demandas de paternidad contra el jefe de Estado. Con el mismo reclamo, aparecía Benigna Leguizamón, quien aseguraba que Fernando Lugo era el padre uno de sus hijos. Sin embargo, al no lograr que el presidente asumiera la paternidad impuso una demanda de filiación, se realizó una prueba de ADN por orden de un juzgado, que tuvo el resultado negativo. Pese a este resultado, Leguizamón por mucho tiempo insistió en su versión.

Luego, apareció Hortensia Morán, una docente que afirmaba que mantuvo una relación con Lugo durante la campaña electoral presidencial en el año 2008. Como una historia repetida, la misma también recurrió a la justicia, y realizada una prueba de ADN, el resultado también fue que Lugo no era el padre.