El presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Santiago Brizuela, explicó los alcances de la Resolución N° 60/2025, que pone en marcha el proceso electoral interno con miras a los comicios municipales de 2026. Aunque la publicación oficial de la resolución está prevista para este viernes, las tareas preparatorias ya comenzaron, indicó el propio Brizuela.

Uno de los puntos centrales del calendario es el plazo para nuevas afiliaciones. “Las personas que quieran participar como electores en las internas del Partido Colorado tienen la posibilidad de afiliarse hasta el 18 de agosto”, afirmó el titular del TEP. No obstante, aclaró que solo podrán integrar el padrón quienes estén inscriptos en el Registro Cívico Permanente hasta el 31 de julio.

En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Brizuela detalló que el proceso electoral se divide en dos etapas: la primera, de carácter preparatorio, abarca la elaboración del pre-padrón, el periodo de tachas y reclamos, y la posterior conformación del padrón definitivo, cuyo cierre está previsto para el 30 de diciembre de este año.

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Las elecciones internas simultáneas de todos los partidos están marcadas por ley para el 7 de junio de 2026, según lo establecido por la Justicia Electoral. “Estamos desarrollando esta primera parte en dos fases justamente porque dependemos también de lo que establece la Ley de Financiamiento Político”, puntualizó.

Respecto al universo de votantes, Brizuela recordó que en el último registro general se contabilizaron 3.300.000 afiliados, pero esa cifra está sujeta a ajustes. “Ahora comienza el proceso de depuración, donde se deben excluir a personas fallecidas, a quienes ingresaron a la Magistratura, la Fiscalía o pasaron a formar parte de la fuerza pública, ya que no pueden figurar en los padrones partidarios”, explicó. Como referencia, el padrón de 2022 contenía 2.616.424 afiliados habilitados.

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La directora del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Jabibi Noguera, se refirió al reciente informe de la Contraloría General de la República que detecta millonarias irregularidades en la gestión de la institución. La funcionaria aclaró que asumió el cargo el 30 de julio de 2024, apenas 24 horas antes de la llegada del equipo auditor.

“El trabajo es mucho y estamos tratando de hacer, lo que la contraloría dice para nosotros es mostrarnos el problema, es decir, tenemos el problema ahora cómo solucionamos, es una oportunidad, es una crisis que al final ayudará para bien“, dijo en conversación con “Arriba Hoy”, emitido por Universo 970 AM-GEN/Nación Media.

El informe del órgano contralor señala pérdidas superiores a G. 58.000 millones debido, principalmente, a compras inadecuadas de medicamentos. “Llegué un día antes de que se instalara la Contraloría. Desde entonces, fuimos proveyendo toda la documentación requerida”, expresó.

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A esto añadió, “no puedo hablar de lo que ocurrió en las administraciones anteriores porque no me compete. Yo puedo hablar desde mi gestión: qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando”, afirmó Noguera.

La actual administración asegura haber comenzado un proceso de fortalecimiento interno, enfocado en tres ejes críticos: infraestructura, recursos humanos y provisión de medicamentos. “En las primeras entrevistas que di ya hablé de las debilidades del INCAN: falta de mantenimiento edilicio, falta de personal y la necesidad de asegurar una provisión continua de medicamentos”, recordó.

Entre las acciones emprendidas, Noguera destacó la contratación de médicos, enfermeros y personal de apoyo, así como el inicio de un plan de reestructuración edilicia. “Ya comenzó la readecuación de la planta alta del área de internados. En una segunda etapa se abordarán los quirófanos y otras áreas. Además, está próxima la construcción de un nuevo pabellón con consultorios, farmacia, admisión y un parque sanitario”, detalló.

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La directora aseguró que los esfuerzos apuntan a mejorar la calidad del servicio para los pacientes oncológicos, quienes constituyen una población especialmente vulnerable. El informe del ente contralor hace mención de compra de medicamentos vencidos, entre otras irregularidades que tendrían origen en el periodo de gobierno anterior, dado que la auditoría abarca el 2023 y 2024.

Concejales de la Municipalidad de Valenzuela denunciaron una calamitosa situación de la comuna a raíz del mal manejo de la intendenta Mirtha Fernández, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El concejal Marcelo Flecha sostuvo que ya no se pueden realizar gestiones administrativas ni financieras por las denuncias y el proceso judicial que soporta la intendenta.

El edil indicó que desde hace varios años vienen realizando denuncias en contra de Fernández, además del proceso judicial que enfrenta y que a la fecha no puede continuar por las chicanas presentadas por la misma. En este caso, la intendenta fue imputada y acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.199 millones durante su gestión en el 2019.

“Es una denuncia que venimos realizando desde hace años, tanto los concejales anteriores, desde el 2016, sobre la mala actuación de nuestra intendenta. Tiene un juicio abierto desde el 2019, ya está como para realizarse la audiencia preliminar, pero está tratando de chicanear y suspender nuevamente, ya lo hizo 9 veces”, dijo en entrevista para La Nación/Nación Media.

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Este año, los concejales realizaron una nueva denuncia en contra de la intendenta por supuestas obras fantasmas. En marzo, ante la fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Néstor Coronel, se presentó la denuncia por un supuesto perjuicio de G. 500 a G. 700 millones en la municipalidad.

“Un empedrado que nunca se hizo; un empedrado inconcluso, se hizo, pero no se terminó y tampoco se pagó a los trabajadores; un enripiado que se hizo figurar, pero que nunca se realizó. Estas son las tres obras que encontramos, hechos nuevos”, indicó Flecha.

El concejal denunció además que Fernández no remite a la Junta Municipal ningún documento sobre el balance de su gestión desde el 2021. Tampoco a la Contraloría General de la República. A raíz de esta situación, la municipalidad dejó de recibir los fondos de Royalties y Fonacide, tanto por la falta de presentación de documentos como por el proceso judicial que enfrenta la intendenta.

“Esos son requisitos esenciales para que el Ministerio de Economía pueda desembolsar esos recursos. Es un perjuicio muy grande para la ciudadanía, porque es un dinero que tenía que usarse para su beneficio y no estamos recibiendo más, el pueblo no está recibiendo más por la mala administración de esta señora”, cuestionó el edil para LN.

Otra irregularidad denunciada por el concejal es la falta de pago del salario de los miembros de la Junta y de los funcionarios municipales. “Hace 18 meses que no estamos cobrando nuestra dieta, tanto los colorados como los liberales, tiene una deuda atrasada de unos G. 380 millones a la Junta Municipal, y a los funcionarios a Municipalidad les paga cada tres meses, a veces cuatro meses”, indicó.

Finalmente, lamentó la situación en que se encuentra la administración municipal. “Calamitosa es la situación de Valenzuela, porque no podemos hacer más nada, no podemos hacer gestiones, nada no podemos hacer, muchas cosas tienen que pasar por la Municipalidad y cualquier gestión que hagamos desde la Junta Municipal no se acepta”, sentenció.

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El senador Ever Villalba adelantó este lunes que presentará un proyecto de declaración instando al Ministerio Público a investigar los hechos irregulares y las compras de medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Estos fueron observados por la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, donde se detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.

“Estaremos presentando un proyecto de declaración para que se trate en la sesión de la Cámara de Senadores, en la cual se insta al Ministerio Público a iniciar una investigación penal para que los responsables paguen por esto que hicieron”, dijo el legislador, en conversación con los medios de prensa en el Senado.

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De acuerdo a la observación señalada por la Contraloría, el perjuicio para el instituto del cáncer sería de alrededor de USD 58 millones. “El monto es algo que, en este caso, en un país donde la salud está en terapia, golpea. Es negligente, criminal, tienen que pagar los responsables de estas acciones o inacciones, tienen que estar en la cárcel”, cuestionó el senador Villalba.

Las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.

El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, había señalado en su momento que la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir los amparos judiciales, para los cuales se destina el 25 % del presupuesto del Incan.

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