Un militar colombiano retirado fue condenado este viernes a cadena perpetua, en un tribunal de Miami (Florida), por participar en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, un magnicidio que hundió el país caribeño en el caos. Germán Rivera, considerado uno de los líderes de los mercenarios que llevaron a cabo el magnicidio, compareció ante el juez federal Jose E. Martínez para conocer su sentencia.
El mes pasado, el capitán en retiro reconoció haber brindado apoyo a la trama criminal y conspirado para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos. El acusado, vestido con un uniforme marrón de preso y con los pies y las manos engrilletados, rechazó su derecho a pronunciar unas palabras antes de la sentencia.
Rivera es la segunda persona condenada en Estados Unidos por la muerte del presidente haitiano. El país norteamericano tiene jurisdicción sobre este caso porque el plan para asesinar a Moïse se organizó en parte en Florida. Rodolphe Jaar, un empresario haitiano-chileno, fue condenado en junio a cadena perpetua por su participación en el magnicidio.
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El 7 de julio de 2021, un comando armado de unos 20 colombianos asesinó a tiros al presidente haitiano, de 53 años, en su residencia privada de Puerto Príncipe, sin que intervinieran sus guardaespaldas. Rivera mantuvo varias reuniones con los demás conspiradores y formó parte del convoy armado que acudió al domicilio de Moïse el día del magnicidio, según reconoció él mismo.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, dos directivos de una empresa de seguridad de Miami idearon un plan para secuestrar a Moïse y sustituirlo por Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense que quería convertirse en el presidente del país caribeño.
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El objetivo de esos instigadores -el venezolano Antonio Intriago y el colombiano Arcángel Pretel Ortiz- era firmar contratos lucrativos para construir infraestructuras y proveer fuerzas de seguridad a un futuro gobierno liderado por Sanon, también inculpado en Estados Unidos.
Su idea inicial era secuestrar a Moïse, pero al no conseguirlo, los conspiradores decidieron asesinar al mandatario. Haití atraviesa un periodo de gran inseguridad desde entonces. Las bandas controlan alrededor del 80 % de Puerto Príncipe, y los delitos violentos, como los secuestros para pedir rescate y los robos a mano armada, se disparan en la empobrecida nación caribeña.
Fuente: AFP.
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“¿Por qué existe la OEA?”: cuestionan irresolución en crisis de Venezuela y Haití
- Washington, Estados Unidos. AFP.
Estados Unidos cuestionó ayer jueves la existencia misma de la OEA si es incapaz de resolver las crisis en Venezuela y Haití y advirtió que su permanencia en la organización está bajo lupa. El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, hizo estremecer a la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en Antigua y Barbuda, con un ataque en toda regla.
Advirtió que, por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado revisa qué organizaciones internacionales benefician a Estados Unidos y cuáles no, para determinar si le conviene “retirarse de alguna”. “Esta revisión sigue en curso” y “no estoy seguro de poder predecir el resultado”, declaró.
Landau puso dos ejemplos que, según él, ilustran la ineficacia de la OEA: Venezuela y Haití. La oposición venezolana “no solo ganó abrumadoramente” las elecciones presidenciales en 2024 “sino que contaba con pruebas para demostrarlo, las actas”, pero el gobierno del mandatario Nicolás Maduro lo ignoró, afirmó Landau.
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“Nada sustancial”
“En respuesta a ese descarado fraude electoral ¿qué ha hecho esta organización? Hasta donde sabemos, nada sustancial”, pese a que muchos países acogen a “cientos de miles o incluso millones de refugiados venezolanos”, lanzó.
“El mes pasado, el régimen venezolano realizó otra farsa electoral” con comicios legislativos y regionales que “incluyeron una controvertida votación” para elegir a representantes en la región de Esequibo, un territorio que Venezuela disputa con Guyana, insistió Landau.
“Si esta organización no está dispuesta o no puede responder a una situación en la que un régimen trata con desdén abiertamente las normas internacionales y amenaza la integridad territorial de su vecino, entonces debemos preguntarnos: ¿qué sentido tiene?”, apuntó.
Y “¿qué ha hecho esta organización?” frente a la crisis en Haití, prosiguió. Si “no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, entonces debemos preguntarnos seriamente ¿por qué existe la OEA?”, reiteró.
El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha prometido una hoja de ruta sobre Haití y la Asamblea General, órgano supremo de la organización, debate un proyecto de resolución sobre el país.
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“Compromisos concretos”
El canciller haitiano, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, pidió “compromisos concretos” y llamó a la OEA a aunar “todos los esfuerzos de cooperación con los socios regionales e internacionales del país focalizándose esencialmente en el desafío de seguridad, humanitario e institucional”.
Su homólogo de República Dominicana, Roberto Álvarez, sostuvo que la región “no puede permanecer indiferente”.
También se habló de Venezuela y Nicaragua, dos países que se salieron de la OEA, y de Cuba, que no se ha reincorporado a la organización pese a que en 2009 quedó sin efecto una exclusión decretada en 1962.
El representante argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, denunció “las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder por parte del régimen de Maduro”.
“Venezuela y Nicaragua son heridas abiertas en la conciencia democrática en la región” y “nuestra organización debe recuperar el papel que le corresponde como garante de las democracias en las Américas”, reiteró el viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Víctor Verdún.
Mientras Bolivia pidió el “fin al bloqueo ecnómico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos a Cuba.
“Actuar con urgencia”
La migración y la crisis climática también preocupan.
Los flujos migratorios “requieren respuestas conjuntas, humanas y sostenidas y basadas en las mejores prácticas”, recalcó el mexicano Daniel Alberto Cámara, director general de organismos y mecanismos regionales americanos, en una alusión apenas velada a la drástica política de Donald Trump contra la migración ilegal.
Frente a la emergencia climática “se necesita profundizar la cooperación internacional”, afirmó Maria Laura da Rocha, secretaria general de Relaciones Exteriores brasileña.
Chile y Colombia pusieron el broche de oro de la jornada.
“No basta con creer en el multilateralismo ni con manifestar apoyo a la existencia” de la OEA sino que se necesitan “hechos concretos”, pidió la vicecanciller chilena, Gloria de la Fuente.
La canciller colombiana Laura Sarabia Torres pidió que se pase de los “discursos a la ejecución”.
“No puede haber democracia regional sin Haití -dijo - y no puede haber OEA si no somos capaces de actuar con urgencia” porque “no necesita más discursos de lástima”.
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Cruz Roja advierte sobre “colapso humanitario” en Haití
- Ginebra, Suiza. AFP.
Haití está en riesgo de sufrir un “colapso humanitario” debido al incremento de la violencia de pandillas y de grupos de autodefensa, afirmó una responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). “Casi toda la capital está ya bajo control de grupos armados. Si se agrava la situación, la población ya no tendrá adónde ir”, declaró a los periodistas la jefa de la delegación del CICR en Haití, Marisela Silva Chau, al margen de una reunión de los delegados de la organización en Ginebra.
“Estamos muy preocupados, pues la situación alcanza un punto en el que podemos enfrentar, en un futuro próximo, un colapso humanitario“, agregó. Haití, el país más empobrecido de América, sufre desde hace tiempo la violencia de las bandas criminales, acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política.
“Hay 6 millones de personas, o sea la mitad de la población, que necesita ayuda urgente”, señaló. Según Silva Chau, “el 80 %” de la capital, Puerto Príncipe, “está bajo control de los grupos armados” y “hay 1,3 millones de desplazados internos (...) y solo el 40 % de las estructuras de salud funcionan”. “Haití (constituye) claramente la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental”, indicó.
La responsable explicó que el año pasado se produjo un cambio, cuando “200 a 300 grupos armados, que se enfrentaron durante años, se unieron bajo la bandera de la coalición ‘Viv Ansanm’ (Vivir juntos)”. Según ella, ese “cambio de paradigma en la dinámica de la violencia armada” ejerce una presión sin precedente sobre la gente, llevando a la creación de “grupos de autodefensa compuestos por miembros de la población”.
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Esta situación puede desembocar en “una disponibilidad generalizada de las armas” entre una población que ya no será pasiva frente a la violencia sino “activamente comprometida en las confrontaciones armadas”, advirtió. “Tal situación reduciría el espacio humanitario y no habría entonces ningún medio disponible para hacer que la población sobreviva”, concluyó.
El país está dirigido por instituciones de transición y ha experimentado un nuevo aumento de la violencia desde mediados de febrero. Las bandas, que controlan alrededor del 85 % de Puerto Príncipe según la ONU, aumentaron los ataques en varias zonas que escapaban hasta ahora a su control, sembrando el terror entre la población. Y eso pese al despliegue parcial de la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) encabezada por Kenia para ayudar a la policía haitiana desbordada.
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Alerta por hambruna
La población de Sudán y de Sudán del Sur, Gaza, Haití y Malí harán frente a un riesgo mortal de hambruna en los próximos meses sin una intervención humanitaria urgente ni una acción coordinada frente a los conflictos, advirtió la ONU. Un nuevo informe semestral sobre “los puntos críticos del hambre” en el mundo “proyecta un grave deterioro de la inseguridad alimentaria aguda en 13 países y territorios”, advierten la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
La crisis se ha acentuado porque a la población cada vez le cuesta más acceder a las ayudas y por una disminución de la financiación por parte de donantes importantes como Estados Unidos. Además de las cinco regiones en la que la situación empeoró gravemente en los últimos meses, el reporte alerta sobre Yemen, República Democrática del Congo, Birmania y Nigeria, que “requieren atención urgente para salvar vidas”.
“Este informe es una alerta roja. Sabemos dónde está aumentando el hambre y quiénes están en riesgo”, declaró Cindy McCain, directora ejecutiva del PMA. “Pero sin financiación ni acceso, no podemos salvar vidas”, agregó. En la Franja de Gaza, “la probabilidad de hambruna (...) aumenta a medida que las operaciones militares [israelíes] a gran escala dificultan la capacidad de entregar asistencia humanitaria vital”, señala el informe.
Los más de dos millones de gazatíes podrían estar para septiembre en una situación de “crisis o peor”, y de estos, 470.000 en situación de “catástrofe”, último nivel antes de la hambruna. En Sudán, donde la ONU identificó la hambruna en 2024, aunque el gobierno no la reconoció, la situación no debería mejorar, a causa del conflicto y de los desplazamientos de la población. En mayo, unos 24,6 millones de personas estaban en situación “crisis o peor” y de estos, 637.000 en “catástrofe”. También están en situación de “crisis o peor” cerca de 7,7 millones de personas, más de la mitad de la población, en Sudán del Sur.
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Constitucionalista alega que no es eficiente elevar penas a menores
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
El abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte se refirió sobre los proyectos impulsados en el Poder Legislativo que pretenden elevar las penas y bajar el grado de imputabilidad para adolescentes que cometan crímenes, luego de la conmoción generalizada por el caso de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo y el asesinato del delivery Alfredo Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción.
“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es que reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado“, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.
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Duarte argumenta que “para lo que sí ha servido el aumento de las penas es para aislar a los condenados minimizando el riesgo de la reincidencia, pero en el caso de los menores se debe ser mucho más cuidadosos por el impacto que puede causar en sus vidas e insistir en su reinserción social“.
Para sustentar sus declaraciones, el abogado constitucionalista citó el artículo 20 de la Carta Magna el cual refiere que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”.
“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución“, comentó Duarte.
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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.
Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.
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Rubin propone juzgar como adultos a menores asesinos y debatir la cadena perpetua
El diputado Rubén Rubin anunció que impulsará una serie de propuestas legislativas enfocadas en el endurecimiento de penas para menores de edad que cometan crímenes graves, a raíz del caso de Fernanda Benítez, la joven de 17 años que fue asesinada y calcinada presuntamente por su pareja, también de 17 años, en Coronel Oviedo.
Rubin sostuvo que hechos de tal brutalidad no pueden seguir siendo tratados con la actual normativa penal juvenil. “Si un hombre de 17 años le quema viva a su pareja embarazada, debe ser juzgado como adulto, porque es un hombre con todas las letras”, manifestó ante varios medios de prensa.
El legislador señaló que propondrá la modificación de la Ley de la Niñez y Adolescencia para que adolescentes de 16 y 17 años, e incluso desde los 14, como lo permiten los tratados internacionales, sean juzgados como adultos en casos de homicidio. “En otros países se está debatiendo desde los 12 años. Esto yo pongo sobre la mesa y será un debate que involucre al Poder Judicial, al Ejecutivo y al Congreso”, dijo.
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Actualmente, la edad de imputabilidad en Paraguay es a partir de los 14 años, sin embargo, Rubin cuestionó que las penas impuestas a menores permiten que autores de crímenes violentos recuperen su libertad en pocos años. “El asesino de Fernanda tiene 17 años, a los 24 ya va a tener su segunda oportunidad. Y él no le dio una segunda oportunidad a Fernanda”, expresó.
“Se queda corta la cadena perpetua. Una persona que tenga el atrevimiento de sacarle la vida a un paraguayo o paraguaya, tiene que perder su libertad de por vida”. Además de endurecer las penas, el legislador aboga por la implementación de un sistema de rehabilitación obligatoria para los jóvenes que padecen de adicciones,
También instó a debatir el rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen, proponiendo que colaboren con el Ministerio del Interior en la seguridad interna. “Deben ser la barrera entre nuestros niños y las drogas”, concluyó.