El Gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguiendo los pasos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que firmó un decreto sobre esta decisión, horas después de su investidura, el pasado 20 de enero.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para efectivizar su retiro del organismo. “Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, comentó.

La salida del organismo internacional será la primera que está prevista por las autoridades argentinas, y que anunciará su retirada de otros espacios internacionales, según detallaron altas fuentes de la Casa Rosada al diario argentino La Nación.

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Al firmar el decreto en la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos paga injustamente más que China al organismo de la ONU y añadió: la OMS “nos estafó”. Estados Unidos, el más grande donante de la OMS, con sede en Ginebra, provee un financiamiento vital que mantiene diversas operaciones de la organización.

Ayer martes, Trump firmó un nuevo decreto por el que saca a su país de varias agencias de la ONU y pide revisar la financiación estadounidense a la organización multilateral. En concreto, el decreto retira a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, órgano del que no es Estado miembro sino observador, y prolonga la suspensión de toda financiación estadounidense a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa).

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Estados Unidos, junto con varios otros países, había suspendido su contribución financiera a la Unrwa después de que Israel hiciera acusaciones en enero de 2024 de que algunos empleados de la organización habían participado en los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El texto se decidió “en vista de las numerosas medidas adoptadas por varios organismos de Naciones Unidas que demuestran un profundo sesgo antiestadounidense”, declaró Will Scharf, asesor de Trump, al presentar el documento al presidente estadounidense para su firma.

El decreto también pretende “revisar la implicación estadounidense en la Unesco”, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, “que también ha demostrado un sesgo antiestadounidense”, añadió Scharf.

“De manera más general, la orden ejecutiva pide una revisión de la participación y financiación estadounidense en la ONU a la luz de las disparidades disparatadas en los niveles de financiación entre los distintos países”, dijo el asesor, recordando que Trump había calificado esas diferencias de “profundamente injustas para Estados Unidos”.

Con información de AFP.

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) compareció ayer martes ante la justicia en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez y clamó su inocencia en un escrito que divulgó luego en la red social X. “Hoy (martes) presenté mi descargo en una causa que es una estafa procesal sin precedentes. Después de muchos meses de silencio quiero que conozcan lo que tengo para decir”, sostuvo Fernández como prólogo de la publicación de un escrito de 200 páginas donde rechazó los cargos y pidió su sobreseimiento.

Está imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja” y por el delito de “coacción”. “Jamás ejercí violencia física, psicológica o económica” sobre Yáñez, aseguró Fernández en el escrito donde dijo que tanto el fiscal como el juez del caso “han hecho todo lo necesario para acotar mi derecho de defensa e inducirme de ese modo a declararme culpable”.

En la audiencia el exmandatario peronista no respondió preguntas y escuchó la acusación en una causa en la que se le imputa “haberle causado, en al menos dos ocasiones lesiones a su -por entonces- pareja Fabiola Andrea Yáñez”. El 6 de agosto, la exprimera dama denunció por violencia física y psicológica al expresidente argentino con quien tiene un hijo de dos años.

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También se le imputa haberla coaccionado para evitar que lo denuncie. “Alberto Fernández ejerció de un modo sistemático violencia psicológica contra Fabiola Yáñez bajo las formas de acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, sostuvo el fiscal.

Fernández, de 65 años, ha negado los cargos y acusó a Yáñez de falso testimonio. Previamente la fiscalía había recabado pruebas del teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez donde la ex primera dama aparecía con moretones en su rostro y cuerpo.

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Yáñez, una experiodista de 43 años que reside en Madrid, ya declaró en la causa al igual que Cantero. De prosperar la acusación de la fiscalía y elevarse el caso a juicio oral, Fernández podría enfrentar una pena de hasta 18 años de prisión.

El juez del caso, Julián Ercolini, es el mismo que tramita otra denuncia contra el expresidente por una supuesta defraudación en la contratación de seguros durante su mandato, caso por el que Fernández declaró en noviembre pasado y que aún no fue elevada a juicio. En esta causa el exmandatario recusó al magistrado por supuesta parcialidad, petición que aún está pendiente de resolución.

Fuente: AFP.

La ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, anunció ayer martes que declarará a un grupo indígena mapuche como “organización terrorista” en el contexto de diversos incendios presuntamente intencionales en la región de la Patagonia.

El anuncio del gobierno del presidente Javier Milei ocurre tras conocerse en medios locales un video grabado el domingo en el que el dirigente indígena Facundo Jones Huala reivindica los “sabotajes” como método de lucha de su agrupación, Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

“Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, la autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto”, dijo Jones Huala durante la presentación en Bariloche (sur) de su libro titulado “Entre rejas, antipoesía incendiaria”.

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En el mismo video, el referente mapuche asegura que es un militante y un activista político y que “la liberación (de la nación mapuche) incluye la lucha armada”.

Jones Huala, que regresó en agosto a Argentina tras cumplir una condena de prisión en Chile por incendiar una propiedad y por portar ilegalmente un arma en 2013, es uno de los líderes de RAM, un grupo radical pero minoritario de la comunidad indígena de la Patagonia que reclama tierras tomadas por el Estado en el siglo XIX.

“Declararemos a la RAM como organización terrorista e inscribiremos a este grupo en el Registro de Organizaciones Terroristas”, anunció en X la ministra Bullrich, que también presentará una denuncia penal contra Jones Huala “como jefe de esta organización, por incitación directa y llamado explícito a la lucha armada”.

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Además, Bullrich afirmó que el militante mapuche reivindicaba “los incendios que destruyeron propiedades y le costaron la vida a un ciudadano en la zona de El Bolsón y Epuyén”, dos localidades patagónicas que desde enero sufren incendios forestales.

En El Bolsón, en la provincia de Río Negro (1.700 km al suroeste de Buenos Aires), fueron arrasadas cerca de 3.000 hectáreas, se destruyeron 120 casas y debieron evacuarse más de mil personas.

Un vecino de la zona rural cercana a esa ciudad falleció el sábado de un paro cardíaco afectado por el humo, confirmó el domingo a la prensa local el intendente, Bruno Pogliano.

Sin embargo, en la presentación de su libro Jones Huala negó su participación y la de su organización en los incendios: “Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”. Los gobernadores de las provincias sureñas de Chubut, Ignacio Torres, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguraron que el origen de los incendios “fue intencional”.

Fuente: AFP.

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo ayer lunes que en 2026 levantará el control de cambios vigente que limita el acceso a dólares en su país desde 2019, aunque si consigue un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, podría ser antes.

“Nosotros, sin la ayuda del Fondo, el cepo en 2026 lo levantamos, el primero de enero de 2026 no existe el cepo (como se denomina al control de cambios)” y si hay un desembolso de fondos por parte del organismo se puede “hacer más rápido” dependiendo del programa, dijo Milei en una entrevista con el canal local La Nación +.

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En Argentina se denomina “cepo cambiario” al control de cambios vigente desde 2019 que limita el acceso a dólares, en un país en el que la divisa estadounidense oficia de valor refugio para los ahorros de una población cuya moneda durante años perdió poder adquisitivo frente a una de las inflaciones más altas del mundo.

Además, el presidente ultraliberal negocia un nuevo acuerdo con el Fondo, a quien le reembolsa otro préstamo otorgado por 44.000 millones de dólares, adquirido en 2018. “Estamos trabajando en avanzar con un acuerdo (...) hay que ver cómo queda estructurado el programa, cómo se calzan los fondos, eso va a determinar la salida del cepo”, señaló Milei.

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Este lunes el gobierno bajó del 2 % al 1 % el “crawling peg”, minidevaluaciones diarias, y que el presidente había dicho en noviembre que serían la precuela a la salida del cepo. Mientras el gobierno alude éxitos macroeconómicos apalancados en una reducción de la inflación del 211,4 % en 2023 al 117,8 % en 2024 y el primer superávit fiscal en más de una década, para la economista Marina Dal Poggetto el programa económico del gobierno depende del cepo.

“Los controles de capitales forman parte del esquema económico actual. Si el objetivo es garantizar la continuidad del proceso de desinflación (...) el plan requiere supervisar tanto el mercado (de cambios) oficial como el financiero”, dijo Dal Poggetto en entrevista con La Nación +.

Fuente: AFP.