Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos. Foto: AFP
Dinero de un narco entró en la campaña presidencial de Colombia, dice hijo de Petro
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Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos.
Nicolás “recibió altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Marlboro” y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, “una parte de estos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos (...) y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022″, dijo el fiscal del caso, Mario Burgos, durante una audiencia judicial este jueves.
Capturado desde el sábado, el político de 37 años rechazó inicialmente las acusaciones que hizo en su contra el ente investigador el miércoles, pero cambió el tono ese mismo día después de un receso y aseguró que decidió “iniciar un proceso de colaboración”.
“Me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia”, dijo entonces Nicolás Petro. Según la prensa local, durante el descanso el primogénito del mandatario conoció nuevas pruebas de fiscalía en su contra. Burgos le había ofrecido aceptar su responsabilidad para recibir una rebaja del 50% de la posible condena.
El fiscal lo imputó por presuntamente “adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad” a dineros obtenidos de forma irregular, además de “incrementar en forma injustificada” su “patrimonio económico”.
Tras una infidelidad, la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo, supuestamente destinadas a la campaña presidencial de 2022, pero que en realidad utilizó para darse una vida de lujos en la ciudad de Barranquilla (norte).
Según el fiscal Burgos, Samuel Santander Lopesierra, quien pagó 18 años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos, dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos (casi 102.000 dólares al cambio de hoy).
Alfonso “el turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por la fiscalía de financiar grupos paramilitares y planear homicidios, le habría entregado la misma cantidad, según el fiscal. El proceso judicial contra Nicolás Petro inicia en vísperas de la celebración del primer año de su padre en el poder, que se cumple el 7 de agosto. El sábado, tras la detención de su hijo en un megaoperativo policial, Gustavo Petro aseguró que garantizará la independencia de la justicia.
Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
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LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
Arnaldo Giuzzio, ministro y cercano al entorno del expresidente Abdo, fue vinculado a un narcotraficante brasileño. Foto: Archivo
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
Pedro Ovelar indicó que los exfuncionarios sabían que su cliente "era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo mediática y socialmente". Foto: Archivo
“El final de la historia está absolutamente demostrado”
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“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar en relación con la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro de que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
Cartes había sostenido en su acusación que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también, añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
CASO MONTSERRAT ALLIANA
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
Operativos conjuntos eliminan 3 millones de kilos de drogas
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En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se reunió con delegados de la Policía Federal del Brasil en Amambay, donde acompañaron al personal operativo que se encuentra en pleno proceso de destrucción de cultivos ilícitos y campamentos narcos, en el marco de la operación Nueva Alianza 45, iniciada la semana pasada, que también apoya la Fuerza Aérea Paraguaya.
“La evidencia es clara: debemos invertir en prevención. Redoblemos esfuerzos para combatir la problemática con políticas eficaces en materia de reducción de la oferta y demanda de drogas”, indicaron desde la Senad.
“Los resultados siempre son óptimos para nosotros desde el punto de vista de la cooperación, porque con los operativos que se han hecho en lo que va del año y para la finalización de esta nueva alianza ya estaríamos alcanzando la erradicación de unas 1.000 hectáreas de cultivo de marihuana”, comentó el titular de la Senad a través de las redes sociales.
En lo que va del año, a través de cuatro operativos se ha logrado sacar del mercado unos 3 millones de kilogramos de marihuana, que representa un golpe financiero al crimen organizado de unos 100 millones de dólares. Nueva Alianza 45 seguirá por algunos días más con el apoyo de helicópteros para ingresar a las zonas boscosas que es donde se encuentra la mayor cantidad de cultivos.
“Tras los primeros 5 días de la operación Nueva Alianza 45 sacamos de circulación 287 mil kilos de marihuana y destruimos 28 campamentos. La pérdida ocasionada a los narcos supera los 8,6 millones de dólares”, reportó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en su red social X.
DETENCIÓN EN CAAGUAZÚ
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) capturó ayer miércoles a un joven que fraccionaba cocaína para la venta en Caaguazú. Se trata de Guido Ayala Estigarribia, quien fuera investigado por actividades de tráfico, fue detenido en el momento. El procedimiento se realizó en el asentamiento Villa el Triunfo de Caaguazú y estuvo a cargo de los antidrogas y el fiscal Fermín Segovia.
No hay desarrollo sin seguridad, dice Peña en encuentro OEA-CAF
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Este martes 25 se desarrolló un encuentro organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el que la “delincuencia organizada transnacional” fue el tema abordado por autoridades nacionales y miembros de las mencionadas instituciones.
“Ni en el Paraguay ni en ninguna otra nación va a haber desarrollo si primero no hay seguridad, por eso celebro que CAF y la OEA se estén uniendo en esto”, expresó el presidente de la República, Santiago Peña, quien fue uno de los oradores del evento que manifestó la importancia de que las instituciones a nivel nacional y regional actúen de forma conjunta de modo a hacer frente al crimen organizado.
Bandas criminales aprovechan la desorganización de los gobiernos para fortalecerse y por esta razón, en este periodo se decidió dar vida al Consejo de Defensa Nacional (Codena), el cual ya fue creado en la década de los 90 pero hasta el momento no se le había dado la importancia necesaria, refirió el mandatario.
Los operativos Veneratio, Joapy, Dakovo, Basalto entre otros que fueron llevados adelante durante este gobierno, son una muestra de los esfuerzos en conjunto, incluso con el Brasil y con agencias internacionales en luchar de forma determinada contra el crimen organizado y así garantizar la seguridad regional, expuso Peña.
“Demostró que el trabajo coordinado al interior del Paraguay, pero también con nuestros países vecinos, es indispensable”, refirió. El daño que genera el crimen organizado es gigantesco y por eso esta problemática debe ser abordada desde la mirada de la política pública, replicar acciones que ya fueron exitosas en otros países y no olvidar otros elementos fundamentales como la educación, prevención, salud, política penitenciaria y la justicia, explicó el presidente.
El tema de la seguridad fue incluido como uno de los temas de la Asamblea de la OEA como una propuesta de Paraguay, mencionó el mandatario, quien afirmó que este mismo debate será llevado a la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), en el cual Paraguay hará entrega de la presidencia pro témpore a Uruguay.
“Vamos a hablar nuevamente de la importancia de mejorar nuestros mecanismos de articulación a nivel regional y por qué no, pensar a nivel continental”, sostuvo. También fueron parte de este conversatorio los ministros Rubén Ramírez y Enrique Riera, además del secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Iván Marqués y el gerente regional Sur de CAF, Jorge Srur.