Brasil cuenta con evidencias de que existen pueblos sin contacto con la sociedad en el territorio Ituna/Itatá, en el estado norteño de Pará, con un tamaño similar a la enorme Sao Paulo, la megalópolis en el sureste del país. Un caparazón de tortuga dejado por un cazador y una vasija de cerámica: estos simples vestigios materiales, hallados tres años atrás, son los últimos rastros que se conocen de pueblos aislados en una tierra indígena en el norte de la Amazonía brasileña.

Ituna/Itatá está protegida por una medida oficial provisoria contra la destrucción forestal, pero organizaciones indígenas piden al gobierno más expediciones en busca de vestigios para confirmar la presencia de pueblos aislados. Eso permitiría que el Estado delimite definitivamente el área para la preservación de la selva.

En Ita’aka, una aldea de 300 habitantes con casas de madera y paja, ubicada en la vecina tierra indígena Koatinemo, los relatos de encuentros fortuitos con “parientes” de comunidades no contactadas de Ituna/Itatá circulan entre las familias del pueblo Asurini. “Mi cuñada me dijo: ‘¡Está ahí, está ahí!’, y era un chiquito que me miraba desde cerca, parecía del tamaño de ese árbol de plátano”, cuenta a la AFP Takamyí Asurini, un hombre mayor que muestra la cicatriz de un flechazo en las costillas que dice haber recibido de los aislados.

Las autoridades brasileñas prorrogaron el 18 de junio una ordenanza provisoria que, desde 2011, restringe el acceso a Ituna/Itatá para “garantizar la protección integral de los territorios con presencia de pueblos indígenas aislados”. Las evidencias en el lugar incluyen desde avistamientos que se remontan a los años setenta hasta hallazgos arqueológicos que apuntan a la presencia de indígenas no contactados al menos desde 2009, según la agencia Burness, que apoya los esfuerzos por una demarcación definitiva del territorio.

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Brasil reconoce 114 “registros de presencia” de indígenas aislados en la Amazonía, es decir, grupos que voluntariamente se mantienen sin o con escaso contacto con el resto del mundo. De acuerdo con la estatal Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), este aislamiento a veces se debe a las consecuencias desastrosas de la interacción con el hombre blanco desde la época colonial: enfermedades, violencia física, saqueo de recursos naturales.

De los registros reconocidos oficialmente, cerca de la cuarta parte se consideran confirmados. Otros como los de Ituna/Itatá se toman como “fuertes evidencias” de existencia de pueblos aislados, aunque sin un trabajo sistemático oficial para su comprobación efectiva.

Por mucho tiempo el Estado ha dejado en el “abandono” los registros que recogen las pruebas sobre la posible existencia de esos pueblos, lamenta Luiz Fernandes, miembro de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab). “Para probar que hay aislados, el Estado necesita registros calificados, pero para nosotros es diferente: los percibimos en la naturaleza, en los sonidos que escuchamos, las presencias, a veces los olores”, dice Mita Xipaya, un activista indígena de 24 años.

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Las tierras no indígenas ya perdieron casi el 30 % de su vegetación nativa en la Amazonía brasileña, desde el inicio de los registros, en 1988, según la ONG Instituto Socioambiental. En contraposición, cayó 2 % en las tierras indígenas delimitadas por el Estado durante el mismo periodo. Desde hace una década, Ituna/Itatá sufre el asedio de acaparadores de tierras para la minería ilegal o la deforestación para actividades agropecuarias, según las autoridades.

La situación se agravó durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022): el gobierno de extrema derecha dejó en suspenso la ordenanza de protección de Ituna/Itatá y esta tierra indígena se convirtió en la más deforestada de Brasil. Las consecuencias perduran hasta hoy en el territorio, donde se ven manchas kilométricas de suelo arrasado en medio del verde amazónico, según comprobó la AFP durante un sobrevuelo por la región en junio.

Indígenas y activistas piden al gobierno actual que avance con la demarcación permanente de Ituna/Itatá, a meses de que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva encabece la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém. “No sólo hay que ocuparse de la selva sino también de los pueblos que la habitan, porque es a través de ellos que la selva sigue en pie”, dice Toya Manchineri, coordinador general de la Coiab.

Fuente: AFP.

• Rio de Janeiro, Brasil. AFP.

Brasil adjudicó ayer martes la exploración de bloques petroleros cercanos a la Amazonía a dos consorcios empresariales, en una subasta criticada por ambientalistas mientras el país se prepara para acoger la conferencia climática COP30 en noviembre. Los consorcios, uno formado por la estatal brasileña Petrobras y la estadounidense ExxonMobil y otro por la estadounidense Chevron y el grupo estatal chino CNPC, pagaron 844 millones de reales (unos 153 millones de dólares) por los derechos para explorar 19 de los 47 bloques ofertados en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas por la Agencia Nacional de Petróleo.

Pero antes, las empresas deben obtener las licencias ambientales requeridas, un proceso que puede tardar años. Países vecinos como Guyana ya comenzaron la exploración de campos de petróleo al borde de la Amazonía. En total 172 bloques de norte a sur de Brasil, la mayoría situados en aguas profundas, se ofertaron en esta subasta realizada en un hotel de Rio de Janeiro, mientras decenas de manifestantes protestaban afuera.

Grupos ambientalistas han expresado preocupación por los 47 bloques en el océano Atlántico en un área cerca de la desembocadura del Amazonas, en la mayor selva tropical del planeta, que tiene un papel crucial en la absorción de los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. También conocida como el “Margen Ecuatorial”, esta área es considerada como la “nueva frontera” energética de Brasil.

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“Es alarmante que más del 40 % de los bloques ofrecidos en esta cuenca hayan sido adjudicados en esta subasta”, señaló Mariana Andrade, de Greenpeace Brasil, en un comunicado enviado a la AFP. Los manifestantes, entre ellos indígenas con tocados de plumas y atuendos tradicionales, desplegaron un gran cartel con el mensaje: “Detengan las subastas del juicio final”.

El asunto genera tensiones incluso dentro del aparato estatal: el Ministerio Público pidió el jueves la suspensión de las subastas, al estimar que “violan una serie de obligaciones legales y compromisos climáticos”, en ausencia de “estudios adecuados” sobre el impacto de la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas.

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En esta misma zona, Petrobras está a la espera de una licencia del organismo público de vigilancia ambiental Ibama para iniciar un megaproyecto de exploración petrolera en un bloque cuya concesión obtuvo en 2013. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha mostrado favorable a este proyecto a pesar de las críticas de los ambientalistas, una paradoja para el mandatario izquierdista, que quiere liderar la lucha mundial contra el calentamiento global.

“Si esta riqueza existe, no podemos prescindir de ella, porque es la que nos ayudará a realizar la transición energética, a obtener dinero para preservar nuestros bosques”, afirmó Lula en febrero. “Tenemos que actuar con mucha responsabilidad. No quiero que la exploración petrolera cause ningún daño al medio ambiente”, agregó.

El país más grande de América Latina acogerá en noviembre la conferencia de la ONU sobre el clima COP30, en la ciudad amazónica de Belém. “Brasil posee ya reservas de petróleo suficientes para atender su demanda interna en el marco de una transición energética gradual”, estimó el martes WWF Brasil.

“La crisis climática exige decisiones valientes y políticas públicas que apunten al futuro, no al pasado”, añadió la ONG. En total, 34 de los 172 bloques ofrecidos el martes fueron adjudicados en esta subasta, que reportó 989 millones de reales (unos 180 millones de dólares) al gobierno brasileño. Más de 1.400 millones de reales (unos 260 millones de dólares) en inversiones están previstos para la exploración.

“El resultado fue extremadamente positivo, demostrando la gran confianza de los inversores en el potencial petrolero de Brasil”, declaró en conferencia de prensa Patricia Baran, directora general de la ANP. Otras empresas participantes incluyeron la francesa Total, la noruega Equinor y la británica-neerlandesa Shell. Mayor productor de petróleo de América Latina, Brasil espera generar 5,3 millones de barriles diarios en 2030, frente a los 4,68 millones en abril de este año, según datos oficiales.

Impulsada por los incendios, la deforestación de la Amazonía brasileña se aceleró en los últimos diez meses, según datos oficiales divulgados que muestran que creció un 9,1% entre agosto de 2024 y mayo de 2025 comparada con el mismo periodo anterior.

Ese periodo se incluirá en el cálculo consolidado de deforestación anual a publicarse a fines de 2025, que podría revertir los resultados positivos publicados en 2024 si se mantiene la tendencia reciente.

Ese dato se conocerá poco antes de que Brasil acoja en noviembre la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém.

Las cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) también mostraron un aumento de 92 % de la deforestación durante mayo en la Amazonía, comparada con el mismo mes del año previo.

Con 960 kilómetros cuadrados deforestados, un área que casi equivale a la superficie de Belém, fue el segundo peor dato para mayo desde el inicio de la serie histórica, en 2016.

En otros biomas brasileños, la situación es más alentadora: en el Pantanal y el Cerrado, la deforestación cayó 77 % y 22 %, respectivamente, entre agosto de 2024 y mayo de 2025 comparada con el mismo periodo anterior

• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

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Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

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En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.