• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

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Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

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En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.

La Policía Nacional logró detener este lunes a dos jóvenes mujeres que serían las principales sospechosas del crimen de un hombre de 65 años en la ciudad de Itá. La víctima falleció por estrangulamiento mientras estaba en una vivienda que aparentemente funcionaba como casa de citas.

Según el reporte policial ayer domingo el dueño de la vivienda, que aparentemente funcionaba como casa de citas, encontró el cuerpo sin vida del sexagenario. Este habría llegado al lugar durante la mañana para solicitar alquilar una habitación por cierto tiempo y retiró la llave de una de las habitaciones, pero ya no la devolvió, lo que llamó la atención del propietario y revisó hallando el cuerpo, luego dio aviso a las autoridades.

Durante la jornada de hoy, la Policía pudo detener a dos mujeres: Blanca Fernández, de 21 años e Iris López, de 23 años, ambas habrían sido las últimas citas del fallecido.

“La hipótesis que tenemos es que estas dos señoritas estaban compartiendo la habitación con el hombre”, detalló el fiscal Eduardo Román, en el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Indicó que una de las aristas que manejan como investigadores es que una de las mujeres fue contratada por el hombre y que esta llevó a la otra persona como acompañante. Tras cometer el hecho, ambas huyeron del sitio en una motocicleta del sitio, pero esto aún no está confirmado. El hombre habría fallecido por estrangulamiento, según el reporte del médico forense.

“Estas mujeres fueron detenidas por la Policía Nacional, se incautó la motocicleta, ropas de las mujeres con las que se las ve en un circuito cerrado y el celular de la víctima, que no estaban en el lugar de los hechos. Hoy pesa sobre ellas la imputación por este hecho. Ambas fueron puestas a disposición del Juzgado Penal de Garantía”, confirmó.

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• Fuente: AFP

Trece personas fueron encontradas muertas este domingo en el interior de una mina tras denunciarse su secuestro días atrás en la localidad de Pataz, en la sierra norte de Perú, informó la minera Poderosa, en cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.

“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (...) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, dijo la empresa en un comunicado.

Los obreros presuntamente fueron ejecutados por sicarios en un socavón del yacimiento ubicado en el norte de Perú, según informaron medios locales citando a fuentes del Ejecutivo y a familiares de las víctimas.

Los cuerpos fueron encontrados con disparos en la cabeza y el cuello tras ser maniatados, y los restos son ahora recuperados por la Policía Nacional.

Los familiares de las víctimas, que denunciaron su desaparición hace una semana en la provincia de Pataz, declarada en emergencia por la violencia de la minería ilegal, denunciaron que los 13 trabajadores brindaban servicios de seguridad en la mina Poderosa.

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• Fuente: AFP

Más de 1.600 personas, en su mayoría integrantes de pandillas armadas, murieron en Haití durante los tres primeros meses de 2025, cuando los grupos criminales intensificaron su ofensiva territorial, anunció el miércoles la ONU.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, “1.617 personas murieron y 580 resultaron heridas como consecuencia de la violencia en la que participaron bandas, grupos de autodefensa y miembros no organizados de la población, así como durante operaciones de las fuerzas de seguridad”, según el informe trimestral de la misión política de la ONU en el país (BINUH, por sus siglas en inglés).

Estas cifras representan un descenso con respecto al trimestre anterior (1.741 muertos de octubre a diciembre) y al primer trimestre de 2024 (2.505 muertos), pero la intensidad de la violencia no es necesariamente lineal con las cifras, variando según los ataques de las bandas y las operaciones policiales.

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“Entre enero y marzo de 2025, a pesar del gran número de muertos entre sus filas (936 individuos), las bandas intensificaron sus esfuerzos para extender su control territorial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores”, señaló el informe.

“Se han centrado especialmente en barrios como Delmas 30 y Carrefour Feuilles, que, de ser tomados, les facilitarían el paso a Pétion-Ville, “una de las últimas zonas que no se han visto afectadas por el control de las bandas” y donde se encuentran embajadas, bancos y otras instituciones.

A finales de marzo, las pandillas también lanzaron “ataques violentos” contra las localidades de Mirebalais y Saut-d’Eau, en el departamento del Centro, para “controlar el acceso a la frontera con la República Dominicana en un tramo de casi 70 km”.

La ONU también resaltó que “se han consolidado tres dinámicas de violencia y abusos” que habían surgido claramente en 2024: la violencia directamente vinculada a la actividad delictiva de las bandas (responsable del 35 % de los muertos y heridos), las operaciones policiales contra las bandas y las “ejecuciones en las que participan” agentes de policía (56 % de los muertos y heridos) y, por último, las acciones violentas de los grupos de autodefensa, en particular el movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kalé (9 % de los muertos y heridos).

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