El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú ha impuesto una sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo con el exterior, después de que publicara en enero una carta en la red social Twitter en la que aseguraba ser “prisionero político” del Gobierno de Dina Boluarte.
El INPE ha señalado que el 26 de enero de 2023 inició un procedimiento administrativo disciplinario a Castillo “por la comisión de una presunta falta disciplinaria”. “Culminado el proceso administrativo disciplinario, el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario de Barbadillo -donde se encuentra recluido- determinó se disponga la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, reza un comunicado.
El organismo ha especificado que esta medida implica la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo antes señalado, aunque “no impide el ingreso de sus abogados en ejercicio de su derecho a la defensa ni su participación en audiencias jurisdiccionales”. Además, el expresidente tiene otro proceso administrativo disciplinario en su contra, anunciado en febrero, después de que brindase desde prisión una entrevista a un medio español.
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Castillo publicó una carta en la que se consideraba prisionero político de la actual mandataria, la que fuera su vicepresidenta durante su mandato, y la responsabilizó de las muertes de los manifestantes en las protestas antigubernamentales que se sucedieron durante semanas en el país, exigiendo la liberación del expresidente, elecciones adelantas y el cese de Boluarte.
Pedro Castillo se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara prisión preventiva tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
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Fuente: Europa Press.
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Falsa denuncia de Giuzzio es “congruente” con filtración de Seprelad, señala abogado
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.
“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.
“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.
Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.
“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.
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Bolsonaro decidió objetivos de supuesta red de espionaje ilegal
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro integró el núcleo principal de una supuesta red clandestina de inteligencia durante su mandato (2019-2022) y estuvo a cargo de decidir los posibles blancos de acciones de espionaje, según un informe policial difundido este miércoles.
El líder de la derecha y ultraderecha en Brasil ya es juzgado por la corte suprema por un presunto intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
También le pesa una inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.
En un caso separado, la Policía Federal investigó a Bolsonaro por el caso conocido como “Abin paralela”, que busca determinar si la agencia brasileña de inteligencia (Abin) fue utilizada para diseminar desinformación y espiar a opositores e instituciones durante el gobierno del ultraderechista.
La policía identificó al exmandatario como integrante del “núcleo político” de la supuesta red de espionaje junto a su hijo Carlos, un concejal de Río de Janeiro, según un informe de la investigación difundido por un juez de la corte suprema.
“Ese núcleo fue responsable por definir las directrices estratégicas de la organización criminal, determinar los objetivos de las acciones clandestinas” y “beneficiarse políticamente de las operaciones”, detalló el texto, de más de mil páginas.
Y añadió: “Era el centro decidido y el principal destinatario de las ‘ventajas’ ilícitas (manutención del poder y los ataques a adversarios)”.
La policía recomendó imputar en el caso a más de 30 personas. Entre ellos, Carlos Bolsonaro, señalado por los crímenes de organización criminal armada y tentativa de abolición violenta del Estado democrático.
El expresidente Jair Bolsonaro, que ya enfrenta esos cargos por liderar la supuesta trama golpista, no fue incluido en esa lista.
Según la policía, entre los espiados había opositores, periodistas y autoridades de los tres poderes públicos, como el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador” en el pasado.
Moraes, a cargo de la investigación sobre espionaje ilegal y otros casos que involucran a Bolsonaro, levantó el miércoles el sigilo sobre el informe de la policía.
Los sospechosos habrían interceptado computadoras y celulares, incluso usando el software de espionaje israelí FirstMile, que permite rastrear la geolocalización de los teléfonos.
La recomendación de inculpación incluye también al director actual de la Abin, Luiz Fernando Correa, quien consideró bajo el mandato de Lula y es sospechoso de entorpecer la investigación.
Bolsonaro, de 70 años, puede ser condenado a hasta 40 años de cárcel por las acusaciones de golpismo. Él niega los cargos y dice ser un “perseguido”.
Aunque está inhabilitado, insiste en que quiere ser candidato en las elecciones de 2026.
- Fuente: AFP
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“Gobierno de Abdo usó el Estado como garrote contra H. Cartes”
Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.
“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.
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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.
El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Denuncia falsa de Giuzzio: Fiscalía pidió desestimar causa contra Cartes
El Ministerio Público requirió la desestimación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requerimiento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.
La denuncia fue formulada el 26 enero del 2022 ante la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público. En ese momento, el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había alegado que decidió presentar la acusación ante la primera institución debido a que tiene facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.
Asimismo, había señalado que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y que si encuentra elementos sospechosos puede solicitar más datos y, de última, comunicar a la Fiscalía. Cabe recordar que la Seprelad fue instrumentalizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecución política contra sus adversarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas de los exfuncionarios abdistas.
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Suposiciones del denunciante
En el documento de desestimación fiscal, se indica que Giuzzio tomó conocimiento de estos hechos a través de numerosas publicaciones de diferentes medios de prensa nacional e internacional, así como de páginas oficiales de la Contraloría. El pedido detalla que el exministro concretamente expresaba que Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá, de las cuales, dos de ellas figuraban a nombre de su hermana y una a nombre del exmandatario y sus hijos, las cuales habrían sido creadas luego que se conociera una investigación de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.
Asimismo, Giuzzio señalaba que, de las declaraciones juradas de bienes presentadas, se evidenciaba la supuesta existencia de bienes no declarados oportunamente y un conjunto de inconsistencias patrimoniales que en carácter indiciario indicaban la posible existencia de un incremento patrimonial no justificado, además, existirían indicios de irregularidades administrativas en el ámbito financiero, como ser: cuentas a cobrar de gran cuantía que visibilizan la actividad habitual de prestamista o intermediario financiero.
Por último, la denuncia del exministro de Abdo manifestaba la existencia de presuntas investigaciones civiles y penales realizadas por órganos jurisdiccionales de distintos países e incluso de nuestro país, que indicarían la masiva comercialización ilegal (contrabando) de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), la cual, sería propiedad del señor Horacio Cartes Jara, principalmente en territorio brasileño, colombiano e incluso Centroamérica y México.
Adversario electoral
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
En el pedido de desestimación, que contiene más de 30 páginas, los agentes fiscales refieren que se habían conformado diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con la finalidad de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.