Un congresista de derecha sufrió un atentado a tiros del que resultó ileso ayer miércoles en una zona con presencia guerrillera en Colombia, el mismo día del entierro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de magnicidio. Julio César Triana, firme crítico del gobierno izquierdista del presidente Gustavo Petro, denunció un asalto a su vehículo con “pistola y fusil” mientras se desplazaba con su equipo en la región del Huila (sur), donde opera la disidencia de la guerrilla FARC liderada por alias Iván Mordisco. No se registraron heridos.

"Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola (...) la ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública", dijo Triana visiblemente alterado en un video difundido en X. En este se aprecian varios impactos de bala en el vidrio frontal del vehículo.

Más tarde, el representante publicó otro video en el que se muestra acompañado por la policía y asegura estar sano y salvo. Tras la balacera, el presidente Petro mandó un helicóptero para evacuar al congresista. “El ejército se encuentra en combate con los autores del atentado”, añadió en su cuenta de X.

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El atentado se produce el mismo día del entierro del presidenciable de derecha Miguel Uribe, baleado durante un mitin el 7 de junio, un atentado que revivió el fantasma de la violencia política que asoló a Colombia en las décadas de los 1980 y 1990. En un comunicado, el partido Cambio Radical acusó la falta de la “medidas necesarias” a pesar de las repetidas amenazas en contra de su militante Triana.

El magnicidio de Uribe y las denuncias de la derecha colombiana han puesto en el centro del debate la seguridad de los políticos y candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2026. Según el centro de investigación Indepaz, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2024.

Fuente: AFP.

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México entregó el martes pasado a 26 señalados narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de “alto perfil” de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países. En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había enviado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena" en 1985.

Entre los transferidos el martes pasado se encuentran capos de “alto perfil” de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa“, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país “toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína”.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado “es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales”. El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal. Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado “La Tuta”, quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes.

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La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado “El Chavo Félix” y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa.

Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado. Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio “bajo solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos, que “se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”. La operación de este martes “es un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad”, destacó el embajador estadounidense, Ronald Johnson, al expresar su agradecimiento a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y “representaban un riesgo permanente a la seguridad” del país. El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.

También se produce tras reportes periodísticos, la semana pasada, según los cuales Trump ordenó utilizar al ejército de ese país contra los cárteles de la droga, ante lo cual el gobierno mexicano manifestó que “no aceptaría la participación de fuerzas militares estadounidenses” en su territorio. Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.

El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo. Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.

En Estados Unidos ya están presos otros capos como los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua, e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, en espera de ser procesado. No obstante, la banda criminal sigue activa y envuelta en una guerra entre las facciones de ambos capos que deja más 1.000 muertos en Sinaloa (noroeste) en el último año.

Fuente: AFP.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes pasado una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. De chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a miles de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.

Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender temporalmente leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas. “Estamos apoyando al presidente de la República, estos señores (los jueces) están haciendo lo que les da la gana, están obstaculizando las leyes que nos favorecen”, declaró a la AFP Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido. El 4 de agosto la corte suspendió provisionalmente tres leyes aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.

En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. “Nuestros policías, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, reprochó en medio de la marcha Noboa, megáfono en mano.

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Las calles de Quito amanecieron este martes con múltiples vallas que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaba una de las pancartas. El ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo dijo a la AFP que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones”.

En un comunicado, la Corte Constitucional rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados, por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”. También denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos”. El Ejecutivo negó el uso de fondos públicos para la marcha.

Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el Noboa, un conservador en el poder desde 2023.

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Noboa, hijo de un magnate bananero, impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas armadas. El presidente planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución aún sin fecha definida. Recientemente, incluyó entre las preguntas una propuesta para permitir juicios políticos contra jueces constitucionales.

Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno con carteles en los que se leía “fuera Noboa” y “fuera dictador”. “Estamos viviendo en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, dijo Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador. “Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.

Fuente: AFP.

Las fuertes lluvias que azotan a Ciudad de México volvieron a generar caos el martes pasado en el aeropuerto capitalino, donde miles de pasajeros quedaron varados debido a la suspensión temporal de operaciones. La capital mexicana -donde viven 9,2 millones de personas y que el próximo año albergará partidos del Mundial de fútbol- registra intensas precipitaciones desde junio.

El aeropuerto de Ciudad de México es uno de los más transitados de América Latina, con 45,4 millones de pasajeros atendidos en 2024. La tormenta que soportó la megaurbe en la madrugada de este martes impactó la operación del aeropuerto Benito Juárez, tal como ocurrió el pasado domingo, cuando el volumen de agua marcó el mayor nivel desde 1952 en zonas como el centro de la metrópoli.

La terminal reportó en un comunicado 120 vuelos con demoras, 16 desviados a otros aeropuertos y tres cancelados, lo que afectó a un total de 19.500 pasajeros. Una pista permaneció cerrada durante varias horas por la acumulación de agua. Casas aledañas a la terminal aérea también fueron afectadas por las intensas precipitaciones. “El domingo empezó a subir el agua (...) unos 60 centímetros a la altura de la cintura”, dijo a la AFP Carla Piña, una decoradora de 27 años.

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La lluvia de la madrugada de este martes volvió a causar inundaciones a algunos vecinos, que observan desalentados el pronóstico de que seguirán las intensas precipitaciones. “Estamos tratando de volver a sacar el agua”, explica Vianey Caballero, de 40 años. Pero “si las autoridades no hacen nada para resolver, de nada nos va a servir seguir aquí todos los días”, se lamentó.

Varias avenidas y calles de distintos sectores de la capital y su periferia han sufrido encharcamientos e inundaciones, además de que se ha afectado la operación del metro capitalino. Las autoridades de Ciudad de México atribuyen los encharcamientos a la acumulación de basura en la red de alcantarillado.

La megaurbe está asentada sobre lo que era un lago y múltiples ríos, por lo que hay numerosas depresiones donde el agua se acumula fácilmente. En septiembre de 1629, según crónicas de la época, una tromba que duró día y medio dejó bajo el agua a la ciudad, entonces limitada al actual centro histórico. Se estima que miles de personas y animales murieron y que tomó cinco años para que la inundación cediera, por lo que diversas actividades fueron trasladadas a un sector sur del Valle de México.

Fuente: AFP.

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