El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, revocó el domingo más de una decena de decretos firmados durante el gobierno de su antecesor, Jair Bolsonaro, en uno de sus primeros actos tras realizar la toma de posesión de la Presidencia brasileña.
Lula, por un lado, determinó que la Controlaría General de la Unión (CGU) tendría que reevaluar en el plazo de 30 días el secreto impuesto durante 100 años a documentos e información de la Administración Pública, decisión del Ejecutivo anterior. Asimismo, el mandatario restableció el funcionamiento del Fondo Amazonia, mientras que se ha decretado el combate contra la deforestación y se ha derogado una medida sobre minería ilegal.
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Por otro lado, el recién nombrado dirigente de Brasil suspendió la emisión de nuevos permisos de tenencia de armas, así como las autorizaciones de nuevos clubes de tiro. El dirigente brasileño firmó varias medidas provisionales, una de ellas garantiza el pago de 600 reales brasileños (106 euros) a las familias inscritas en el actual programa Auxilio Brasil y que, a partir de ahora, pasa a llamarse Bolsa Familia; la segunda amplía la exención de impuestos sobre los combustibles; y la tercera reestructura el Gobierno al aumentar el número de ministerios.
Además, el mandatario ordenó a sus ministros que presenten propuestas para sacar del proyecto de privatización a empresas públicas como la petrolera Petrobras o el servicio postal Correios. Lula da Silva fue investido ayer domingo por tercera vez presidente de Brasil, en una ceremonia en el Congreso de Brasilia marcada por la ausencia de su predecesor, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Exactamente 20 años después de acceder al poder por primera vez.
Fuente: Europa Press - AFP.
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Juez rechaza pedido de Bolsonaro para ampliar plazo de respuesta a acusación de intento de golpe
Un juez de la corte suprema de Brasil rechazó este jueves un pedido de la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para extender el plazo que el líder de extrema derecha tiene para responder a las acusaciones de la Fiscalía por un presunto intento de golpe de Estado.
Los abogados de Bolsonaro habían solicitado que el tope de 15 días fijados para contestar a los cargos se suspendiera, porque las pruebas sobre la supuesta trama para impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022 “no fueron proporcionadas a la defensa” a tiempo.
También exigieron un plazo de 83 días para estudiar dichas pruebas, bajo el argumento de que ese fue el tiempo que demoró la Fiscalía en analizar la documentación para imputar al exmandatario (2019-2022).
El juez Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro se refiere como “dictador”, rechazó el pedido y afirmó que los abogados tuvieron acceso al expediente desde febrero de 2024.
Cumplidos los 15 días, Moraes decidirá si abre un juicio contra el expresidente y 33 de sus colaboradores por cargos de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, entre otros.
Bolsonaro, de 69 años, se expone a una pena de prisión de hasta 40 años por estos delitos.
“Me importa un carajo la prisión”, exclamó el expresidente este jueves en un mitín de su partido en Brasília. También insistió en que es inocente y reiteró un llamado a sus seguidores a manifestarse en varias ciudades el 16 de marzo.
Según la Fiscalía, tras su derrota contra Lula en las elecciones de octubre de 2022, Bolsonaro lideró un plan para “no dejar el poder, o volver a él, por la fuerza”.
La supuesta trama golpista, que contemplaba incluso el asesinato de Lula, no se consumó por falta de apoyo de los altos mandos del Ejército, de acuerdo con la investigación.
Entre los imputados figuran también el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, el excomandante de la Marina Almir Santos y Mauro Cid, ex mano derecha del expresidente, quien firmó un acuerdo de delación premiada con la justicia.
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Lastrado por varios procesos judiciales, Bolsonaro presiona por anular una inhabilitación política que le impide concurrir a las presidenciales de 2026, por haber desinformado sobre el sistema de votación brasileño.
Fuente: AFP
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Policía de Brasil investiga para localizar a periodista británica desaparecida
La policía de Brasil busca a una periodista británica desaparecida desde hace 11 días en el país sudamericano, informaron este miércoles las autoridades del estado brasileño de Sao Paulo.
La Secretaría de Seguridad Pública dijo en un comunicado enviado a la AFP que la policía “realiza investigaciones para localizar a la persona desaparecida y esclarecer los hechos”.
La Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera en Brasil (ACIE) alertó el martes sobre la desaparición de Charlotte Alice Peet, de 32 años, y pidió a las autoridades “intensificar la búsqueda para encontrar a la periodista británica lo antes posible”.
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Peet, una reportera ‘freelance’, contactó el 8 de febrero a una amiga en Río de Janeiro para informarle que planeaba viajar allí desde Sao Paulo y necesitaba un lugar donde hospedarse.
Según la ACIE, “la amiga respondió que, lamentablemente, no podía alojarla”. Días después, la familia de Peet en el Reino Unido contactó a la misma amiga para decirle que habían perdido comunicación con la periodista.
La ACIE señaló que Peet había trabajado como ‘freelance’ en Rio hace más de dos años, antes de regresar a Londres. La reportera volvió a Brasil en noviembre de 2024, según el comunicado. Mientras estuvo en el país, Peet escribió para varios medios, como Al Jazeera, The Times de Londres y The Evening Standard, según su perfil de LinkedIn.
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Bolsonaro fue imputado por intento de golpe en 2022
- Brasilia, Brasil. AFP.
La Fiscalía brasileña imputó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El organismo presentó cargos “contra 34 personas acusadas de incitar y ejecutar actos contrarios a los Tres Poderes y al Estado Democrático de Derecho”, dijo en un comunicado.
“La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)”, también imputado, agregó. Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada”, según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).
De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal. “Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe” en el que se contemplaba “incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez” de la corte suprema, detalla la PGR. Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un “perseguido” por la justicia.
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“Último intento” en 2023
Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada. La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.
Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo.
La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos. “El intento de golpe de Estado (...) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro”, reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.
La defensa del ultraderechista se mostró “asombrada” e “indignada”. El expresidente “nunca” estuvo relacionado con ningún “movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho”, dijo en una nota. El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la “imparcialidad” de la acusación.
“Examinando las pruebas”
El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado “examinando las pruebas” y sin “una visión politizada”. Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía “ninguna preocupación” por la posibilidad de ser inculpado.
Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado. La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión. Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.
Inhabilitado para 2026
Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro “planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva” de una trama golpista, que finalmente no se consumó por “circunstancias ajenas a su voluntad”. Bolsonaro habría discutido la elaboración de un “decreto presidencial” que justificaba la necesidad de un “estado de defensa” para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.
Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial. La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.
Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación. Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su “amigo”, le ayude a revertir su inhabilitación.
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Río de Janeiro será sede de cumbre de BRICS en julio próximo
El Gobierno brasileño ha anunciado la convocatoria de una cumbre de los BRICS --una organización multilateral que agrupa a diversas economías emergentes-- que se celebrará los días 6 y 7 de julio en Río de Janeiro. “Vamos a tomar decisiones muy importantes para el desarrollo, para la cooperación y para la mejora de las condiciones de vida de todos los habitantes de esos países”, ha explicado el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en un vídeo publicado en redes sociales por el prefecto de Río, Eduardo Paes.
“El presidente me ha autorizado que anuncie que la reunión de jefes de Estado de los BRICS será en Río de Janeiro el mes de julio de este año, los días 6 y 7, cuando recibiremos en la ciudad a los jefes de Estado de los 20 países que integran los BRICS como miembros de pleno derecho y asociados”, ha añadido Vieira.
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Paes, por su parte, ha agradecido la decisión del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, de elegir a Río como sede de la cumbre tras acoger en noviembre la cumbre del G-20. Brasil es desde el 1 de enero presidente anual de turno de los BRICS, una organización que incluye como miembros de pleno derecho a Rusia, India, China, Sudáfrica, Arabia Saudí, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán y al propio Brasil.
Además, hay nueve países asociados desde que se generase esta categoría en 2024: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. Brasilia ha fijado como objetivos de su presidencia de turno la reforma de la gobernanza global y la cooperación entre los países del Sur global.
Fuente: Europa Press.
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