Nicaragua anunció ayer martes su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y exigió el cierre de sus oficinas en Managua, en rechazo a un informe que asegura que el hambre creció en ese país centroamericano.

“La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta Organización y exigimos el cierre de su Representación y Oficinas en Nicaragua a lo inmediato”, según un comunicado firmado por el canciller Valdrack Jaentschke.

Según el informe, la prevalencia de subalimentación en Nicaragua pasó de 17,8 % en 2018 a 19,6 % en 2023. En América Latina y el Caribe solo están peor Haití (50,4 %) y Honduras (20,4 %). El gobierno dijo rechazar el informe “por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos”.

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Además, acusa a la FAO de publicar en el informe datos “que no fueron autorizados ni consultados” con las instituciones nicaragüenses “ni validados” por el gobierno. Medios oficialistas aseguraron que la carta de protesta fue entregada a la sede de la FAO en Roma, que hasta ahora no ha emitido comentarios al respecto.

El economista nicaragüense en el exilio, Enrique Sáenz, consideró que los resultados del documento de la FAO “son resultado del modelo económico impuesto por la dictadura bicéfala”, en referencia al presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

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“Casi el 30 % de los nicaragüenses no gana ni para la comida (...) es lógico entonces que el hambre, la desnutrición, la anemia sean crecientes”, dijo en la red social X. Ortega, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.

Desde el pasado 30 de enero, Ortega y Murillo, como presidente y “copresidenta”, consolidaron su poder a través de una reforma constitucional que les permite controlar todos los poderes del Estado y la sociedad civil. Unas 5.600 oenegés han debido cesar sus operaciones en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según un informe de Naciones Unidas dejaron más de 300 muertos.

El exguerrillero consideró esas protestas contra su gobierno como un golpe de Estado de Washington apoyado por organizaciones internacionales humanitarias. A inicios de enero, el gobierno izquierdista anunció la clausura de la ONG Save the Children International.

Fuente: AFP.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por permitir la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011, pese a que estaba prohibido en la Constitución. Ortega ganó las elecciones con el 62 % de los votos ante el opositor Fabio Gadea Mantilla, quien consiguió el 31 % y figura como víctima principal en la sentencia entregada por el tribual continental, con sede en San José.

La Corte “declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación a los derechos políticos, a las garantías” y “protecciones judiciales” de Gadea Mantilla en los comicios de 2011, dijo la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, durante la lectura pública del fallo.

Ortega ya había sido presidente en dos mandatos (1985-1990 y 2007-2012) y la Constitución no le permitía aspirar a la reelección consecutiva, pero la Corte Suprema -la mayoría de magistrados afín al gobierno- determinó en 2009 la “inaplicación” de la prohibición en su caso.

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Los jueces de la Corte IDH, según Hernández, consideraron que las instituciones del Estado “pretendieron dar una apariencia de legalidad a la decisión que autorizaba la reelección” de Ortega. “La falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección” de Ortega, señaló Hernández.

También afirmó que la Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral “mostraron parcialidad” y “no garantizaron un recurso judicial efectivo” para “revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso”.

La Corte estableció como medidas de reparación que el Estado garantice “que el Consejo Supremo Electoral cuente con garantía de imparcialidad e independencia” y “de medios adecuados de impugnación ante violaciones a la ley electoral”.

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Pero el exguerrillero, de 79 años, quien también fue reelegido en los cuestionados comicios de 2016 y 2021, es acusado por organismos de derechos humanos y varios gobiernos de instaurar una autocracia en Nicaragua. Miles de nicaragüenses han partido al exilio y unos 450 políticos, empresarios, intelectuales y artistas fueron despojados de su nacionalidad en los últimos años, acusados de “traición a la patria”.

Una recién aprobada reforma constitucional, propuesta por Ortega, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, elimina la independencia de poderes y eleva el rango de su esposa Rosario Murillo de vicepresidenta a “copresidenta”.

Fuente: AFP.

Penas de 30 años de cárcel por delitos políticos, inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos y juicios en ausencia: nuevas leyes que blindan al presidente Nicolás Maduro se complementan ahora con su propuesta de reformar la Constitución, avivando el temor de activistas de una “nicaragüización” de Venezuela.

“Una gran reforma” para “embellecer” la Constitución fue la bandera de Maduro al juramentarse el viernes para un tercer mandato (2025-2031), cuestionado por la oposición, que denuncia un fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y reivindica una victoria del exiliado Edmundo González Urrutia.

“Maduro quiso hacer unas elecciones al estilo Hugo Chávez, en las que se daba un baño de pueblo” y “como no le resultó la fórmula de Hugo Chávez, optó por el modelo de Daniel Ortega, que es robarse una elección y perseguir a todos los opositores”, dijo a la AFP Arturo McFields, exembajador de Nicaragua ante la OEA.

Ortega y su esposa Rosario Murillo, su “copresidenta”, impulsaron en 2024 una reforma constitucional que les dio control absoluto de los poderes del Estado en Nicaragua, donde cientos de opositores han sido arrestados y forzados al exilio, en tanto a muchos, incluso, se les quitó la nacionalidad, como el caso de McFields. “¡Aquí está el héroe, aquí está el revolucionario Nicolás Maduro Moros, y aquí está Chávez, y aquí está Bolívar”, exclamó Ortega desde una tarima donde acompañó al mandatario venezolano a celebrar su juramentación.

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Aunque no se sabe qué artículos de la Constitución planteará cambiar la reforma de Maduro, el mandatario izquierdista ha adelantado que el objetivo es reforzar el poder de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo encargadas de tareas como la distribución de alimentos subsidiados y la captación de votantes. Lleva meses aprobando recursos directos para la ejecución de proyectos de las comunas, lo que la oposición ve como una forma de restar poder a funcionarios electos como gobernadores y alcaldes.

El Parlamento, controlado por el partido de gobierno, ha aprobado leyes que activistas consideran que violan derechos fundamentales. “Lamentablemente estamos aquí pavimentando el camino para una nicaragüización de Venezuela”, comentó Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, en un encuentro con corresponsales internacionales.

Ya el gobierno de Maduro ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) lo investiga por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, Daniels sostiene que el nuevo paquete de leyes impuestas en Venezuela “agravará aún más” la situación para opositores y cerrará los espacios que mantiene a duras penas la sociedad civil.

El paquete de leyes vino después de que estallaran protestas contra su reelección, que dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. Maduro responsabilizó a la oposición por los fallecidos y denunció un complot liderado por Estados Unidos, que ha impuesto sanciones contra su gobierno.

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La unicameral Asamblea Nacional aprobó en noviembre una ley que castiga con pena de 25 a 30 años de prisión a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe” en la adopción de sanciones internacionales.

La legislación contempla juicios en ausencia, lo que Daniels destaca que está prohibido por la Constitución, y establece inhabilitaciones. “Es muy clara y contundente sobre las sanciones, no hay ninguna duda, pero es muy vaga para definir qué es lo que va a castigar”, sostiene Daniels al cuestionar la ambigüedad de la ley.

“Por ejemplo, considera sancionable la participación indirecta en medidas coercitivas, pero ¿qué es la participación indirecta? No lo define (...). Se da al sistema un enorme poder discrecional. Un funcionario te puede aplastar con un dedo”, subraya. El espacio para la discrecionalidad es una crítica habitual en otras legislaciones promovidas por el chavismo.

En agosto, el Parlamento aprobó una ley para fiscalizar a las Organizaciones No Gubernamentales, que las obliga a declarar fuentes de financiamiento, en especial si vienen del extranjero. “Formaliza la persecución a organizaciones de la sociedad civil”, criticó Oscar Murillo, coordinador de la ONG de derechos humanos PROVEA.

Está en agenda aprobar una ‘ley contra el fascismo’, término que el chavismo usa para referirse a opositores, que propone la ilegalización de partidos políticos que promuevan “actividades fascistas”. “Todos estamos en contra del fascismo, el problema es que el gobierno suele calificar de ‘fascista’ cualquier acto de la oposición”, alerta Daniels.

Fuente: AFP.

• Por Leila Macor - Fuente: Agencia AFP

Un juez argentino ordenó la captura internacional del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo por la “violación sistemática de derechos humanos”, informó este lunes el abogado que radicó la denuncia.

“El juez federal Ariel Lijo resolvió la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo el abogado Darío Richarte a la AFP, al detallar que el caso se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.

El gobierno de Ortega y su esposa “es tal vez la dictadura más sangrienta que ha existido en el continente”, añadió Richarte. Los crímenes de los que son acusados incluyen “asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad”.

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También tienen orden de captura “cada uno de los responsables de la estructura estatal, policial, militar y paramilitar, por crímenes de lesa humanidad”, agregó.

La denuncia detalla el contexto social y político que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018, identifica etapas que conforman lo que se califica como “plan criminal de represión” y cuenta con el testimonio de víctimas bajo reserva de identidad.

La acción fue presentada ante los Tribunales Federales de la capital argentina el 26 de agosto de 2022 por un grupo de profesores de la Universidad de Buenos Aires dirigido por Richarte y con apoyo de alumnos de la carrera de Derecho.

Desde entonces fue ampliada siete veces para agregar las presuntas complicidades de actores como la Policía Nacional y el Poder Judicial, el ataque a la libertad de expresión con el cierre de medios y ONG de línea opositora y la “migración intencionada y organizada”, entre otras acusaciones. La acción judicial “se fue ampliando a medida que la dictadura iba cometiendo nuevas violaciones de derechos humanos”, comentó Richarte.

El Congreso de Nicaragua, totalmente oficialista, aprobó el 22 de noviembre una reforma constitucional que otorga a Ortega y a Murillo un control absoluto de los poderes del Estado.

La reforma amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y confirmó el poder que ya tenía Murillo, quien pasó entonces de vicepresidenta a “copresidenta”. El texto concede además un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes.

Entre febrero de 2023 y setiembre de 2024, la Justicia de Nicaragua privó de la nacionalidad a más de 400 opositores al gobierno de Ortega, muchos de ellos políticos presos luego deportados y otros previamente exiliados.

Entre ellos se encuentran la escritora Gioconda Belli o el escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista (1985-1990) y es hoy crítico. Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha instaurado una “dictadura” y el “nepotismo” junto a su esposa, seis años menor.

La justicia argentina aplicó recientemente el principio de jurisdicción universal cuando emitió en setiembre una orden de captura contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su segundo al mando, Diosdado Cabello, por crímenes de lesa humanidad. Lo invocó también en 2010, cuando abrió un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el mandato de Francisco Franco, y en 2021, al abrir una investigación sobre las acusaciones por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana.

Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando, en 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón.

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