Ecuador: cinco muertos deja explosión en Guayaquil atribuida al crimen organizado
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Cinco personas murieron y otras 16 resultaron heridas este domingo a causa de una explosión en Guayaquil, que el gobierno de Ecuador atribuyó al crimen organizado que golpea al país, informaron autoridades y organismos de socorro.
“Mercenarios del crimen organizado, que han narcotizado la economía durante mucho tiempo, ahora atacan con explosivos. No es un problema de la @PoliciaEcuador. Es una declaración de guerra al Estado”, escribió en Twitter el ministro del Interior, Patricio Carrillo, al compartir la noticia.
El incidente, cuyas causas aún no han sido precisadas por la policía, deja también ocho viviendas y dos autos destruidos, de acuerdo con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Fue una “explosión de proporciones”, indicó a través de Twitter la Policía.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, enfrenta una oleada de criminalidad vinculada al tráfico de drogas, que deja escenas de terror con cuerpos decapitados y colgados de puentes al estilo de los carteles de México. Los enfrentamientos se extienden hasta las cárceles, donde desde febrero de 2021 se han producido siete matanzas con cerca de 400 reos muertos.
“O nos unimos para enfrentarlo (al crimen organizado) o el precio será aún más alto para la sociedad”, advirtió Carrillo en su mensaje. El más reciente reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicado en junio, indica que Ecuador en 2020 decomisó 6,5% del total de la cocaína incautada en el mundo.
En 2021, Ecuador incautó el récord de 210 toneladas de droga, la mayoría cocaína. En el primer semestre de este año, los decomisos superan las 100 toneladas. El año pasado la nación, con 18 millones de habitantes, cerró con una tasa de 14 asesinatos por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020.
Ecuador, convertido en centro de operaciones de carteles internacionales, decomisó alrededor de seis toneladas de cocaína que iban a ser enviadas a España, informó la Fiscalía. “Casi 6 toneladas de cocaína incautadas” en el puerto marítimo de Guayaquil (suroeste), señaló la entidad a través de su cuenta en la red X. Agregó que la droga fue hallada en un cargamento de banano de exportación y que tendría como destino el puerto español de Málaga.
El operativo dejó al menos ocho detenidos, según la Fiscalía. Ecuador sostiene una guerra contra organizaciones narco vinculadas a cárteles como los mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que en su lucha por el poder dejan una estela de crímenes en cárceles y calles. El país registró en 2023 el récord de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a la tasa de 6 en 2018.
Los dos gobernantes, que estuvieron acompañados de sus respectivos ministros, suscribieron la Declaración de Lima con 49 compromisos adoptados como lucha contra la delincuencia organizada transnacional y minería ilegal, entre otros temas. Foto: AFP
Presidentes de Perú y Ecuador acuerdan reforzar lucha contra el crimen organizado y narcotráfico
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Perú y Ecuador acordaron este jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente tras una reunión entre los mandatarios de ambos países en Lima. “Seguiremos luchando en esta guerra contra la delincuencia y el narcoterrorismo”, dijo el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en una declaración a la prensa al término del encuentro realizado en el Palacio de Gobierno.
“Es una guerra contra la desocupación juvenil, una guerra contra la destrucción del medio ambiente, es una guerra contra todo lo que constituye el impedimento del desarrollo”, agregó. La presidenta anfitriona, Dina Boluarte, enfatizó que “la cooperación en materia de seguridad y defensa para la lucha frontal contra la delincuencia organizada trasnacional” fue uno de los temas centrales abordados en el gabinete binacional.
Los dos gobernantes, que estuvieron acompañados de sus respectivos ministros, suscribieron la Declaración de Lima con 49 compromisos adoptados como lucha contra la delincuencia organizada transnacional y minería ilegal, entre otros temas. La próxima reunión del gabinete binacional, que se realiza desde el año 2007, tendrá lugar en Ecuador.
En el marco de la lucha contra el narco y demás formas de crimen organizado, en enero pasado la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) anunció la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas trasnacionales, ante la expansión de la violencia del narcotráfico en Ecuador.
En los últimos cinco años, en Ecuador la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 en 2018 a 46 en 2023. Desde las prisiones, las redes del narco han sembrado el terror en calles y puertos. Sumido en su peor crisis de seguridad, con cientos de muertos, motines carcelarios y atentados con explosivos, Ecuador enfrenta desde hace un tiempo el desafío de una veintena de grupos narcotraficantes.
El gobierno del joven presidente ecuatoriano le declaró la guerra abierta a esas organizaciones y desplegó a las fuerzas militares para contener la arremetida de las bandas que prácticamente tomaron el control de las cárceles, convirtiéndolas en su centro de operaciones.
Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
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LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
Ecuador declaró ayer un nuevo estado de excepción en seis de las 24 provincias del país y en una localidad minera azotadas por la violencia del narcotráfico, luego de que la Corte Constitucional calificara de improcedente una medida similar en junio.
El estado de excepción, que permite al Gobierno suspender derechos ciudadanos, regirá en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y en la jurisdicción de Camilo Ponce Enríquez (en la andina Azuay) durante 60 días, señala el decreto divulgado por la secretaría de Comunicación.
El Gobierno argumenta en el documento que “la criminalidad ha escalado cuantitativa y cualitativamente a un grado de intensidad alarmante e inusitado”.
En el marco del estado de excepción, el presidente Daniel Noboa suspendió los derechos a la inviolabilidad del domicilio y correspondencia, y de libre asociación.