Como se esperaba, la moción de censura contra el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, en la Cámara de Diputados ha fracasado, después de los 116 votos en contra y los 28 a favor que le mantendrán salvo sorpresa en el cargo hasta el 7 de agosto de este año, cuando concluya el gobierno del presidente, Iván Duque.
El pleno de la cámara ha dado su apoyo al recientemente cuestionado ministro de Defensa, después de que un polémico operativo llevado a cabo el pasado 28 de marzo por las Fuerzas Armadas en una aldea de Putumayo dejara varios civiles muertos, entre ellos un menor de edad.
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A pesar de ello, la moción de censura presentada por la oposición ha contado con menos votos a favor que la del año pasado, cuando 31 senadores y 36 diputados apoyaron la salida de Molano, quien fue cuestionado entonces por los excesos que cometieron las fuerzas del orden durante las protestas masivas en Colombia.
El operativo por el que ha estado señalado Molano ha recordado a un nuevo episodio de ‘falsos positivos’, después de que varias organizaciones de la sociedad civil y habitantes de la localidad donde tuvo lugar contradijeran la versión del Gobierno, que siempre adujo que los fallecidos formaban parte del Frente 48, una de las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC.}
Fuente: Europa Press.
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Supuesto agresor del cadete ya fue identificado y recluido en Viñas Cué
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, comunicó este jueves que la justicia militar ya logró identificar al supuesto agresor del cadete Ángel González, a quien se le extirpó el bazo a causa del fuerte golpe recibido en la zona del abdomen. Actualmente, la víctima se encuentra en recuperación posoperatoria y siendo asistido con mascarilla de oxígeno.
De acuerdo a las investigaciones internas, Matías Paredes sería el responsable de la agresión. El mismo ya se encuentra recluido en la Penitenciaría Militar de Viñas Cué, desde la medianoche de este jueves.
“Se tomaron declaraciones, se pidieron informes a las autoridades de la Academia Militar para identificar al autor de este hecho inconcebible e intolerable, quien está imputado por la justicia penal, militar, por lesión y abuso de autoridad, el cual es considerado como un hecho grave”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De comprobarse los hechos, el cadete se expone a un año de cárcel y, a su vez, a una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas, comentó el alto funcionario de Estado.
“No podemos tolerar que haya gente con este tipo de actitud, el militar debe saber que el poder que le confiere el Estado debe ser utilizado dentro del marco de la legalidad y los principios de don de mando. Muy por el contrario al maltrato, se debe cuidar al subordinado, protegerlo. Absolutamente no toleraremos esto”, refirió.
Asimismo, indicó que solicitaron a los responsables de impartir la justicia militar, que no duden en procesar a las altas autoridades, encargadas de custodiar el correcto funcionamiento y el orden de la Academia Militar.
“De que nos sirve a nosotros rompernos el alma desde el Ministerio de Defensa, desde los altos mandos militares, para recomendar que estos hechos no vuelvan a repetirse, sin embargo a quienes les corresponde vigilar de cerca no lo hacen”, comentó.
No obstante, aclaró que pesé a la identificación de Paredes, cadete de cuarto año, la causa continua abierta con el fin de identificar la existencia o no de otros posibles agresores.
“Las investigaciones empiezan. Yo confío mucho en el trabajo de la justicia militar, siempre han actuado en forma correcta y rigurosa. Estoy muy apenado, indignado, frustrado”, puntualizó.
Mientras que el director del Hospital Militar, Darío Fretes, detalló que, si bien la víctima fue internada el 13 de mayo, el golpe se produjo una semana antes, periodo en el cual el cadete de segundo año aguantó el dolor hasta que se desmayó y recién ahí lo hospitalizaron.
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Exigen a España tesoros indígenas y Portugal podría pedir perdón por las colonias
Colombia pidió a España la devolución del Tesoro Quimbaya, una colección con cientos de piezas de oro precolombino, con la que obsequió a la corona española a finales del siglo XIX, informó este miércoles el gobierno.
Solicitamos “el retorno de los bienes de interés cultural asociados a dicha colección que en la actualidad se encuentra en el Museo de América de Madrid”, se lee en una carta de los ministros de Culturas y Relaciones Exteriores de Colombia a sus homólogos españoles, filtrada por la prensa local.
El pedido “se enmarca dentro de (...) las políticas de descolonización de los museos” y busca “reivindicar la soberanía nacional”, agrega la misiva, fechada el 9 de mayo y cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por un portavoz del ministerio de las Culturas de Colombia.
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El Tesoro Quimbaya está compuesto por 122 objetos, en su mayoría de oro, elaborados por un pueblo indígena homónimo que habitaba en el oeste de Colombia. Un cazatesoros lo vendió en 1891 al gobierno colombiano, que dos años después lo regaló a la corona española, según un fallo de la Corte Constitucional colombiana, que en 2017 ordenó al ejecutivo “repatriar” las piezas.
Es “la colección más completa y rica en objetos de oro que habrá en América, muestra del mayor grado de adelanto de los primitivos moradores de nuestra patria”, dijo en 1892 el entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín, quien cedió las piezas a Madrid en “agradecimiento” por la mediación de España en una disputa limítrofe con Venezuela.
España defiende su “titularidad” sobre el Tesoro. Ambos países también se disputan el Galeón San José, una embarcación española cargada con valiosas piezas precolombinas que naufragó en 1708 en aguas que hoy corresponden a Colombia, donde aún permanece.
Tras llegar al poder en 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro ha gestionado la devolución de cientos de piezas indígenas que se encontraban en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, España, Alemania y México, entre otros países.
La mayoría fueron sacadas de Colombia cuando en el mundo no existía claridad legal sobre el tráfico de bienes arqueológicos.
Desde 1997 la ley colombiana reconoce al Estado como propietario legítimo del patrimonio arqueológico nacional.
Pedir perdón
El gobierno portugués no iniciará un “programa específico” para indemnizar por su pasado colonial, pero no descarta pedir perdón por algunos episodios, indicó el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores.
“No habrá un proceso o programa de acciones específicas para indemnizar otros países por el pasado colonial portugués”, declaró Paulo Rangel en el Parlamento en un debate sobre las reparaciones históricas.
“Pero cuando sea justo pedir perdón, lo haremos (...) como por la masacre de Wiriyamu” en Mozambique, donde unos 400 civiles fueron asesinados en 1972 durante la guerra de independencia, agregó.
En 2022, los más altos representantes del Estado reconocieron la responsabilidad de Portugal. El ex primer ministro socialista Antonio Costa había pedido perdón por lo que calificó de “acto inexcusable”.
El asunto de eventuales reparaciones coloniales fue mencionado a finales de abril por el presidente conservador Marcelo Rebelo de Sousa, días antes del 50º aniversario de la Revolución de los Claveles, que instauró la democracia, puso fin a 13 años de guerras coloniales y abrió el camino a la independencia de ex colonias como Angola y Mozambique.
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“Somos responsables de lo que hicimos allá. (...) Hay que pagar los costos”, señaló entonces el presidente.
Fuente: AFP
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Asaltabancos que operan en Itapúa tienen “rasgos terroristas”, dice ministro de Defensa
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, se refirió sobre la reciente decisión del gobierno en extender la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Itapúa. El séptimo departamento enfrenta una ola de inseguridad ejercida por un grupo de criminales que perpetran asaltos tipos comando a entidades bancarias instaladas en la zona.
“Nosotros hicimos un análisis de la parte jurídica, de lo que implica el terrorismo, como lo tipifica el Código Penal y vemos que estos grupos, específicamente tomando como ejemplo el grupo que asaltó el Banco Nacional de Fomento en Natalio, categóricamente sus actividades tienen rasgos terroristas”, mencionó.
“Con este resguardo legal, nosotros estamos preparados para actuar en defensa de la ciudadanía. No vamos a utilizar los elementos de combate contra la ciudadanía nunca, pero sí cuando estos grupos ponen en peligro a las personas y pudiendo nosotros hacer algo para impedirlo, creemos que tenemos que hacerlo. Tenemos el legítimo derecho de defender a los ciudadanos por encima de cualquier cuestionamiento”, acotó.
González manifestó que la parte operativa en cuanto a la incursión de los militares en Itapúa no será la misma empleada en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, sitios donde opera el grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
“No quiero difundir cuál será la doctrina empleada en esta zona, pero no será la típica organización de la Fuerza de Tarea Conjunta y de la subárea de pacificación que estamos utilizando en el norte del país”, puntualizó en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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“Todas nuestras actividades estarán enmarcadas dentro del marco jurídico. Nosotros no vamos a militarizar el sur del país como la gente cree. Esto grupos tienen acciones criminales, utilizando métodos terroristas”, sostuvo el secretario de Estado.
A finales de abril se registró un millonario atraco a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF), localizada en la ciudad de Natalio. En la ocasión los delincuentes lograron con explosivos llevarse G. 1.000 millones aproximadamente de la bóveda.
No se trató de un caso aislado, teniendo en cuenta que ya se registraron diversos atracos con las mismas características en otras entidades bancarias y cajeros del departamento, situación que mantiene en zozobra a sus pobladores y autoridades, quienes habían demandado con urgencia la presencia de los efectivos militares.
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A dos años del asesinato de Pecci, justicia colombiana condenó a 8 implicados
Este viernes 10 de mayo se cumplen dos años del asesinato del fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, cuando éste disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien poco antes había anunciado a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé.
La feliz pareja estaba disfrutando del cálido día que iniciaba la mañana del 10 de mayo del 2022, en las playas de Islas Barú, Cartagena de Indias, Colombia, sin imaginarse que desde hacía varios días estaban siendo vigilados y seguidos por un grupo de personas de nacionalidad colombiana y venezolana que estaban planeando dar fin a su vida.
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Poco después de las 10 de la mañana, dos hombres llegaron a bordo de una moto acuática, fueron directo hasta Pecci y lo ultimaron con tres tiros, uno de ellos dio directo en la cabeza, que prácticamente falleció en el instante. Su esposa, aseguró a la prensa, instantes después, que un guardia del lugar quiso defender a su cónyuge, pero los tiradores también le dispararon. Por fortuna, este salió ileso.
Investigación
Inmediatamente, la noticia sorprendió al mundo entero, movilizando no solo a las autoridades de Colombia y Paraguay, sino también rápidamente se sumó los Estados Unidos, que desplegó un mega operativo internacional. Horas más tarde, se había logrado la plena identificación primero, de los presuntos asesinos del fiscal Pecci, y a través de estos se llegaron a los demás cómplices.
Tras una intensa búsqueda por los diferentes rincones de Colombia, así como por las áreas fronterizas de este país cafetero, a comienzos de junio de ese mismo año se confirmó que los supuestos responsables de fraguar y posteriormente matar a Pecci eran de origen colombiano y venezolano.
Es así que los agentes fiscales de Colombia llegaron a reconocer que el esquema estaba conformado por cinco miembros quienes eran los ejecutores del plan, que hoy en día ya fueron capturados todos y ya cuentan incluso con condenas luego de que fueron capturados en Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, en un basto operativo policial. De acuerdo con las autoridades, los responsables respondían bajo las identidades de Wender Still Scoth Carrillo (el venezolano implicado), Eiverson Zabaleta Arrieta, María Isabel Londoño, Cristian Camilo Monsalve y Francisco Luis Correa Galeano.
Este último, Correa Galeano sería el nexo con los responsables financistas, que según la fiscalía colombiana serían los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, asi como la pareja sentimental de este último Margareth Chacón Zúñiga.
Los hermanos Perez Hoyos aceptaron haber conformado el entramado ilegal para matar al fiscal, y por ende los sentenciaron a 25 años y 6 meses de prisión. Mientras que la mujer que fue hallada culpable y condenada a 39 años y 10 meses, luego que la justicia colombiana determinara que la Chacón Zúñiga tuvo un papel fundamental en el atentado y la considera uno de los cerebros del hecho que conmocionó al mundo.