Por segundo día consecutivo, miles de personas se manifestaron este miércoles en Kiev, capital de Ucrania, contra la nueva ley que limita la independencia de dos importantes organismos anticorrupción, una movilización que resulta inédita desde el inicio de la guerra contra Rusia.

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La nueva ley, que rige desde el martes fue muy criticada por los activistas contra la corrupción en Ucrania. Los ciudadanos advierten que la cada vez mayor presión del gobierno amenaza las reformas necesarias para entrar en la Unión Europea.

Tampoco desde los Estados Unidos están muy conformes con los cambios decretados por Ucrania, incluso Donald Trump comentó que no estaba seguro si cada dólar enviado al gobierno de Zelenski había sido utilizado en la guerra.

También la congresista republicana Marjorie Taylor Greene opinó sobre las manifestaciones en su cuenta de X. Y se tiró contra el líder del gobierno, Volodímir Zelenski.

No se limitó a una crítica al presidente ucraniano, sino que también cuestionó la asistencia militar y económica a Kiev y pidió poner fin a esta política. “¡Y Estados Unidos debe dejar de financiar y enviar armas!”, expresó.

Las protestas, que en principio se concentraron en Kiev, con el correr de las horas se extendieron a otras localidades como Lvov, Odesa, y Dnepropetrovsk, sobre todo después de que Zelenski estampara su firma en la cuestionada ley que pone fin a la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano).

Según el medio RT, solo en la capital, más de 1.000 personas se congregaron cerca de la oficina presidencial, coreando consignas como “vergüenza”, “veta la ley”y “Zelenski es un demonio”.

El medio explica que la norma aprobada “establece la completa subordinación del SAP al fiscal general y le otorga a este el derecho de supervisar las investigaciones de la NABU, exigir que cualquier caso se remita a ese organismo y darle instrucciones".

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Esto hará que la NABU desarrolle sus actividades bajo la supervisión del fiscal general, con quien deberán ser acordados todos los acuerdos de culpabilidad y las sospechas.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informaron que la Ley 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil entrará en vigencia desde este miércoles 16 de julio, según lo que establece su artículo 146. La institución está realizando unas cuantas consideraciones respecto a la autoridad de aplicación, carreras especiales y lineamientos de implementación.

Mediante un comunicado, emitido este lunes, se menciona que la cartera estatal será la autoridad de aplicación en materia de función pública y del servicio civil para el ámbito del Poder Ejecutivo, con el objetivo de garantizar claridad y seguridad jurídica en el proceso de implementación de la ley.

Se detalla que la normativa abarca a todas las instituciones públicas y establece como autoridad de aplicación a aquellas que poseen autonomía de conforme a la Constitución Nacional, como son el Poder Legislativo, el Poder Judicial, universidades nacionales y municipalidades, entre otras.

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Señala que cada autoridad de aplicación deberá reglamentar la ley en su respectivo ámbito de competencia. Así también, reconoce la vigencia de las carreras especiales como ser la judicial, la diplomática y consular, la docencia en todos sus niveles, policías, militares, la carrera de blanco y otras, que se regirán por sus propias normas.

Añade que para las instituciones que integran el ámbito del Poder Ejecutivo, la reglamentación está siendo elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional.

La entrada de vigencia de esta ley no tiene efecto retroactivo sobre los procesos de ingresos a la función pública realizados bajo las normativas de la ley 200/1970 o la ley 1626/2000. Agrega que la reglamentación establecerá los lineamientos para procesos de concursos públicos, ingresos y promociones de funcionarios públicos, régimen del empleado público (contratos), traslados temporales (comisionamientos), y definitivos.

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Tras tomar conocimiento sobre la próxima vigencia de la ley, una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se movilizaron este lunes frente a la sede del Poder Judicial como medida de rechazo. Los manifestantes reclaman que se declare inconstitucional esta legislación que modificará contratos colectivos de trabajo del personal municipal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este viernes su emblemática ley de presupuesto, coronando una ceremonia del Día de la Independencia en la Casa Blanca repleta de pompa y marcada por un desfile aéreo de bombarderos B-2, los aviones utilizados para atacar Irán.

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“Es un buen momento”, dijo, mientras firmaba el documento con un horrible marcador, rodeado de decenas de legisladores republicanos que se alinearon para apoyar su “Ley grande y hermosa”, como la bautizó.

“Entramos en la era dorada de Estados Unidos”, aseguró.

Esta ley consolida la agenda radical del segundo gobierno del mandatario republicano, pero generó resistencias en su propio partido, que fueron allanadas justo a tiempo el jueves para celebrar a lo grande este 4 de julio, aniversario de los 249 años de la independencia de la corona británica.

“No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la victoria fenomenal que logramos hace apenas unas horas”, dijo Trump en una mitin en Iowa el jueves, luego de que el Congreso aprobara el texto por estrecho margen.

La ley, que incluye nueva financiación masiva para la campaña de deportación de migrantes de Trump, subraya el dominio del magnate de 79 años sobre el Partido Republicano y la política estadounidense en general.

Sin embargo, su gobierno ha pasado por altas profundas preocupaciones en sus propias filas y de sus propios votantes sobre el aumento de la deuda nacional y el desmantelamiento del sistema de salud y de seguridad social.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, rechazó el viernes las críticas, afirmando que la ley hará “explotar el crecimiento” del país.

“Nadie va a perder su seguro de salud por esto”, dijo Hassett a Fox News, al rechazar análisis no partidistas que estiman que millones de estadounidenses pobres dejarán de tener cobertura médica bajo el programa Medicaid financiado por el gobierno.

Trump impulsó el megaproyecto de ley presupuestario a pesar de serias reticencias dentro del Partido Republicano, así como la oposición de su antiguo aliado, el multimillonario Elon Musk.

La iniciativa se aprobó por 218 a 214 votos en la Cámara de Representantes, después de que el presidente de la Cámara baja, el republicano Mike Johnson, trabajó toda la noche para asegurar el apoyo de varios disidentes.

El paquete cumple muchas de las promesas de campaña de Trump: aumentar el gasto militar, financiar una campaña de deportación masiva de migrantes y destinar 4,5 billones de dólares para extender los recortes tributarios de su primer mandato (2017-2021).

La legislación completa una serie de grandes logros para Trump, incluyendo un fallo de la Corte Suprema la semana pasada que limitó el poder de jueces federales individuales para bloquear sus políticas, y los ataques aéreos estadounidenses que llevaron a un alto el fuego en el conflicto entre Israel e Irán.

Pero se espera que sume 3,4 billones de dólares en una década al déficit fiscal de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, reducirá el programa federal de asistencia alimentaria a la población vulnerable y forzará los mayores recortes al sistema de seguro de salud Medicaid para estadounidenses de bajos ingresos desde el lanzamiento del programa en la década de 1960.

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En virtud de la ley, hasta 17 millones de personas podrían perder su cobertura sanitaria, según algunas estimaciones, que también prevén el cierre de decenas de hospitales rurales.

Fuente: AFP

Esta semana, miembros de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) mantuvieron reuniones con autoridades municipalidades para explicar detalles de la nueva ley del rubro. Buscan difundir las reglas claras y promover el juego responsable.

Las reuniones se realizaron con los intendentes de Lambaré, Villeta, Mariano Roque Alonso y Limpio. El objetivo principal es reconocer la reglamentación de la Ley n.° 7438, que fue firmada por el presidente Santiago Peña. La normativa busca actualizar el marco legal del sector y reforzar los mecanismos de control.

“Las reuniones son parte de un trabajo coordinado que se realiza semanalmente en distintas municipalidades del país. La herramienta también permitirá canalizar casos de juego problemático con atención personalizada”, manifestó Lorena Rojas, la presidente de Apoja.

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Indicó que las primeras reuniones se realizan en Villeta, Mariano Roque Alonso, Limpio y Lambaré, en esta última se presentó el portal digital para denuncias de juegos clandestinos. La denuncias realizadas será anexado a la web de la Dirección de Ingresos de la Comuna.

“Sigue vigente la Ley n.° 4716/12, que establece pena de hasta cinco años de cárcel para quienes exploten o faciliten el uso ilegal de tragamonedas. La misma penaliza la participación consciente del jugador, con hasta dos años de prisión", recordó.

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