La desaprobación del presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, se sitúa en 46% tras mes y medio de gobierno, según una encuesta publicada este lunes pasado. El sondeo de opinión de Ipsos muestra que un 46% de los encuestados desaprueba la gestión pública del presidente, quien asumió el 28 de julio por un período de cinco años. En agosto cerró con 45%.
El porcentaje de aprobación es de un 42%, mientras que un significativo 12% de los interrogados evitó evaluar la labor presidencial, indicó la encuesta difundida por el diario El Comercio. “Durante los primeros meses, el nuevo gobernante suele contar no solo con el apoyo de quienes votaron por él, sino también con el de aquellos que le dan el beneficio de la duda”, dijo el presidente de Ipsos, Alfredo Torres.
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Castillo, de 51 años, ganó con 50,12% las elecciones liderando un pequeño partido marxista-leninista en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori. El rechazo a Castillo, un maestro rural sindicalista, es mayor en Lima (62%) que en el resto del país (37%). La capital peruana alberga a un tercio del electorado y a las élites del país
La encuesta se realizó a 1.204 personas mayores de edad entre el 9 y 10 de septiembre en varias ciudades de Perú. Castillo, quien carece de experiencia en la gestión pública, enfrenta críticas diarias de la prensa por haber conformado un gobierno supuestamente radical y mantener la incertidumbre sobre su política económica.
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Fuente: AFP.
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Senado aprobó con modificaciones proyecto de Tren de Cercanías
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley de reforma de Tren de Cercanías durante la sesión extraordinaria de este miércoles. A través de esta iniciativa se establecen los mecanismos para la construcción y explotación de este transporte que cubrirá el tramo de Asunción-Ypacaraí.
En septiembre de 2024 se optó por desistir con el acuerdo anterior con la República de Corea y el Gobierno anunció que se procedería a convocar a una licitación abierta para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, facilitando la participación del sector privado.
De acuerdo al mensaje del Poder Ejecutivo para el Legislativo, se propone una modalidad nueva que favorecerá el impulso económico, la generación de más puestos de trabajo y mayor confort a los pasajeros de esta zona del país. El proyecto fue analizado en las comisiones de Legislación, de Obras Públicas, de Asuntos Departamentales y aconsejaron la aprobación con modificaciones.
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El presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, indicó que las diferentes comisiones se reunieron con representantes del Ministerio de Obras Públicas, Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), entre otras instituciones y tras este encuentro, se resolvió recomendar al pleno su aprobación con modificaciones.
De acuerdo a lo que explicó Maidana, se deben prever los siguientes puntos: la adopción de un nuevo marco jurídico, el proyecto de ley se declara de orden público, utilidad común e interés social y estará a cargo del MOPC y de Fepasa en su carácter de concesionaria.
“La concesión y la administración de la prestación de servicios estará a cargo de Fepasa y se autoriza a hacer una adenda al contrato de concesión en la que deberán constar las obligaciones del MOPC, se establecerá la concesión por el plazo que resulte necesario para la implementación del proyecto”, explicó.
Términos de la concesión
También se autoriza a Fepasa a suscribir con el sector privado una subconcesión por un plazo máximo de 35 años, lo que se hará bajo los principios de economía, eficiencia, libre competencia y transparencia. El MOPC estará a cargo de la etapa de construcción y fiscalización de la obra y se constituirán uno o más fideicomisos de administración y pago para cumplir con las obligaciones derivadas.
“El proyecto busca mejorar la infraestructura de transporte público, especialmente en áreas urbanas con el fin de reducir la congestión vehicular y ofrecer una alternativa más eficiente y accesible de transporte para los ciudadanos. Abarca un tramo de 43 km entre Asunción e Ypacaraí, está concebido no solo como una alternativa al transporte urbano tradicional, sino como una infraestructura clave para el desarrollo regional y la integración de las ciudades”, expuso el senador José Ledesma. Tras la aprobación, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados.
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Diputados aprueban proyecto que elimina monopolio de juegos de azar
La Cámara de Diputados aprobó este martes en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley que establece un régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o azar. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo, y la Cámara Baja aprobó el documento con modificaciones, ahora pasa al Senado.
Esta iniciativa tiene el objetivo de actualizar el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar, y con esto eliminar el monopolio. El diputado Billy Vaesken, destacó que con esta normativa se fomentará la competencia e implicará un importante cambio en la economía.
“Esto va a significar que más gente del extranjero venga e invierta en Paraguay, esto va a mejorar las condiciones laborales de los corredores de quiniela y va a generar más fuente de trabajo, va a haber más oportunidades dentro del libre mercado, va a fomentar la competencia y es sí un cambio verdadero para la economía paraguaya”, dijo el legislador tras la aprobación del proyecto.
Explicó, además, que permitirá la competencia entre más empresas, principalmente en la explotación de la quiniela, y otros juegos de azar, permitiendo así que los trabajadores puedan elegir con qué empresa trabajar.
“El corredor va a elegir con qué empresa va a trabajar, habrá varias empresas que harán el juego de la quiniela, por ejemplo, otros tipos de juegos de azar y eso va a generar riqueza y va a generar circulante que todos queremos que haya”, sentenció.
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Encuesta revela que los consumidores piden mayor transparencia en promociones
La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Luque (UAL), llevaron adelante una encuesta con el fin de relevar la percepción de los consumidores sobre información de precios y promociones en comercios locales.
En este sentido, la medición realizada el pasado 19 de octubre reveló que más del 50 % de los consumidores tienen poca confianza en las promociones ofrecidas por los comercios. “Muchos consumidores enfrentan dificultades para encontrar precios en góndolas y estantes, afectando su decisión de compra.
Además, más del 95 % de los encuestados considera esencial tener precios visibles al momento de comprar. De acuerdo a lo que respondieron las personas consultadas, este inconveniente se registra con mayor índice en supermercados, tiendas de ropa y farmacias.
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Dentro de este estudio, también se realizan recomendaciones sobre estos dos inconvenientes detectados y entre ellos se encuentra la necesidad de una mejora en la transparencia en promociones y descuentos. “Los comerciantes deben cumplir con la ley a la hora de ofrecer promociones y descuentos de manera clara, evitando información engañosa que pueda vulnerar los intereses económicos de los consumidores”, señalan.
Igualmente aconsejan fortalecer la fiscalización sobre la visibilidad de los precios. “Es fundamental que Sedeco y otras autoridades competentes intensifiquen las acciones de control sobre los proveedores para asegurar el cumplimiento del derecho a la información clara y accesible sobre los precios”, argumentaron.
Por último, sugieren que se desarrollen campañas educativas con el fin de los diferentes segmentos de la sociedad, especialmente los jóvenes estén informados sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos efectivamente. El informe completo está disponible en el siguiente enlace.
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Comisión de Diputados aconseja aprobar la elevación del cálculo de jubilación en IPS
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados dictaminó por la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo que plantea elevar de 3 a 10 años la base de cálculo para la jubilación (promedio de los últimos 120 meses).
Los integrantes del bloque asesor encabezado por Yamil Esgaib durante su tratamiento afirmaron que la propuesta tiene como finalidad modernizar y fortalecer el sistema previsional del país, adecuándose a las necesidades actuales y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
La iniciativa que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal de la previsional se enfoca en adecuar las normativas que regulan las jubilaciones y pensiones con el fin de asegurar la sostenibilidad del sistema y proteger los intereses de los afiliados y jubilados.
La propuesta trabajada conjuntamente entre las autoridades del Ejecutivo y el IPS, también prevé modificaciones en lo que respecta a la jubilación ordinaria y anticipada. Al respecto, para la jubilación ordinaria, se deberá tener al menos 60 años y 25 años de aportes, con un monto jubilatorio equivalente al 100 % del promedio de los últimos 10 años de salario registrados.
Mientras que para la jubilación anticipada, se requerirá una edad mínima de 55 años y 30 años de aportes, con un monto inicial del 80 % que incrementará gradualmente en función de la edad del asegurado al momento de la solicitud.
El proyecto introduce, igualmente, la opción de jubilación proporcional para aquellos asegurados que, al cumplir 65 años, cuenten con un mínimo de 15 años de aportes. Esta modalidad se calcula en un 60 % del promedio salarial de los últimos 10 años, otorgando flexibilidad a los afiliados con carreras laborales más cortas.
A la vez se contempla el fortalecimiento gradual en el financiamiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad con un aumento en el aporte que alcanzará un 12 % en un plazo de 5 años. Con relación a las jubilaciones por invalidez, en el documento se propone un esquema de cálculo ajustado a la situación particular del asegurado, considerando tanto el promedio salarial de los últimos 10 años como los años adicionales de aporte. En caso de accidentes laborales, establece que los beneficios se calcularán sobre la base de una tabla de incapacidades establecida por la previsional.