Al menos 23 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un accidente de circulación ocurrido el lunes en el departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, cuando un autobús cayó a un precipicio, informaron la policía y testigos.
“Pisé el freno y no había freno”, dijo el conductor del vehículo, cuya esposa murió en el accidente. Según la policía de Cochabamba, entre los fallecidos también hay tres niños de uno, dos y seis años y queda por identificar a otras cinco víctimas.
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El vehículo, que pertenecía a un sindicato de transporte y llevaba 33 pasajeros, cayó al vacío desde una altura de 400 metros a la altura de la localidad de Keraya, a 50 kilómetros de la capital de la región. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos en ambulancias y vehículos particulares.
De acuerdo con la policía, se están investigando las causas del accidente. El conductor afirmó que no había consumido alcohol, pero se están esperando los resultados definitivos del laboratorio. En julio de este año, 34 personas murieron cuando un autobús cayó a un precipicio en circunstancias similares. En marzo, 21 personas fallecieron en otro accidente del mismo tipo.
El mal estado de las carreteras y el cansancio de los conductores, que a veces trabajan largas jornadas sin descanso y en algunos casos consumen alcohol, se sitúan entre las causas de estos accidentes de circulación en Bolivia.
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Fuente: AFP.
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Bolivia decreta “desastre nacional” por incendios forestales
El gobierno de Bolivia decretó este lunes “desastre nacional” por los incendios forestales sin precedentes que afectan sobre todo a Santa Cruz, el departamento más rico y poblado del país. El decreto permitirá canalizar la ayuda internacional y transferir recursos económicos desde el gobierno central a las gobernaciones departamentales.
El presidente Luis Arce firmó la norma que “declara situación de desastre nacional, a causa de la magnitud de impacto de los daños causados por la presencia de incendios en el territorio nacional”. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, leyó el decreto en un acto en Santa Cruz en el que estuvo presente Arce.
El último reporte oficial del poder ejecutivo, de principios de septiembre, advirtió que en el país se han destruido 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales. Sin embargo, la gobernación de Santa Cruz, la más castigada por los incendios, informó que solo en esta región ya se habían consumido 7,2 millones de hectáreas hasta la semana pasada, una cifra que supera las 4,2 millones reportadas en 2019.
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Según las autoridades departamentales, se trataría del “mayor desastre ambiental” sufrido en esa región, que alberga a un 27 % de la población nacional. Otro departamento afectado es Beni, en la Amazonía boliviana, en el noreste del país.
En 2019, los incendios destruyeron en todo el país 5,7 millones de hectáreas, de acuerdo con la autoridad estatal de control de bosques y tierras (ABT). Según el Observatorio Regional Amazónico, en los últimos cinco años el fuego ha destruido cerca de medio millón de hectáreas de la Amazonía, en particular en Brasil y Bolivia.
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Arce instó al Parlamento, controlado por la oposición, a aprobar al menos dos créditos internacionales con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ex Corporación Andina de Fomento) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para enfrentar la situación de desastre por un monto de 325 millones de dólares.
“Exhortamos a todos los asambleístas nacionales: diputados, senadores (...). Está ahora en sus manos poder habilitar estos recursos”, dijo Arce en una declaración a los medios. La quema de bosques es una práctica ancestral entre los agricultores de Bolivia, que comienza entre los meses de marzo y abril y se prolonga hasta septiembre y octubre. Este año, la sequía, las pocas lluvias y el cambio climático han provocado que los fuegos se expandan, dijo el viernes Jhonny Rojas, funcionario de la gobernación de Santa Cruz.
Fuente: AFP.
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Incendios devoraron 7,2 millones de hectáreas en Santa Cruz
Santa Cruz, el departamento más rico y poblado de Bolivia, enfrenta “su mayor desastre ambiental” por los incendios forestales que este año han devorado 7,2 millones de hectáreas, según el reporte más reciente difundido este viernes por autoridades. La cifra estimada por la gobernación de Santa Cruz equivaldría a la superficie de Panamá, y supera las 5,7 millones de hectáreas reportadas en 2019 en toda Bolivia por la autoridad estatal de control de bosques y tierras (ATB).
“Hasta el momento es el mayor desastre ambiental que tiene el departamento de Santa Cruz, porque el 2019 fueron 4,2 millones (de hectáreas pérdidas)”, dijo a la AFP Jhonny Rojas, coordinador del comité de operaciones de emergencia de esa jurisdicción. Los datos fueron recopilados a partir de imágenes satelitales. Hasta este viernes había 45 incendios activos en 17 de los 56 municipios cruceños, añadió Rojas.
La parte más afectada ha sido la Chiquitanía, una extensa llanura de bosque seco en el norte y este de Santa Cruz. Las llamas han destruido bosques en cuatro áreas protegidas transfronterizas con Brasil, confirmó Rojas. “Tenemos una sequía extrema, baja precipitación, una biomasa acumulada de muchos años, no ha llovido y el cambio climático ha golpeado a (...) Santa Cruz más que a otros departamentos”, agregó.
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El gobierno central no ha publicado datos actualizados desde el 9 de septiembre, cuando reportó 3,8 millones de hectáreas destruidas en todo el territorio boliviano, la gran parte en Santa Cruz. Ante la magnitud de la emergencia, Bolivia ha desplegado 4.100 bomberos forestales, apoyados por brigadas militares y 10 aeronaves, la mayoría en ese departamento, que concentra el 27 % de los 11,3 millones de bolivianos.
Una ola de incendios forestales azota Suramérica, con Ecuador en emergencia por una veintena de focos desatados en la capital en medio de la peor sequía en seis décadas. Según el Observatorio Regional Amazónico, en los últimos cinco años, el fuego ha destruido cerca de medio millón de hectáreas de la Amazonía, en particular Brasil y Bolivia.
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Fuente: AFP.
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Sobrecostos del 33 % en importaciones por mediterraneidad pueden revertirse
El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) ahondó una problemática que incide en el sector a nivel nacional respecto a los sobrecostos que enfrentan a la hora de ingresar productos al país por su mediterraneidad, lo cual termina impactando en el consumidor final. Los excesos de costos solo en el año 2023 fueron de un 33 % del valor del transporte de las importaciones.
Pero este porcentaje puede ser revertido en beneficios directamente proporcionales para la mejora de precios de los productos y, por ende, para los compradores, si se eliminan, reducen, simplifican y automatizan varios procesos en diversas instituciones. El porcentaje indicado de sobrecostos se traduce en unos USD 355 millones.
Los datos fueron expuestos en una presentación de resultados del Estudio de Costos y Sobrecostos a la Importación realizado por el CIP, que mide los avances obtenidos en dicho aspecto tras el último informe similar realizado en el 2014, y en conmemoración a los 85 años de vida institucional.
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Incidencia en precios finales
“Lo que buscamos a través de este estudio, que ya lo presentamos ayer (lunes) a las autoridades, es que se pueda mejorar nuestra condición de mediterraneidad, y eso sería mediante la inversión en infraestructura, por un lado. Porque estos sobrecostos que estamos pagando, lo hacemos todos y eso se puede revertir para no tener que trasladarlo a los precios finales”, expresó Iván Dumot, presidente del CIP.
El referente explicó que también impactan las trabas arancelarias con burocracias excesivas que, en el peor de los casos, inciden en los productos más afectados con hasta 10 o 15 % de los costos, y si se resuelven estos aspectos, que sí serían acciones a corto plazo, redituará en una baja importante de los precios de los productos al consumidor.
El estudio fue presentado por el economista y exviceministro de Comercio, Pedro Mancuello, quien explicó que las importaciones tienen sobrecostos institucionales en Aduana, en Tributación, por licencias, por permiso, así como por el factor tiempo. Con esto se pretende mostrar cuáles son esos cuellos de botella y proponer las soluciones para reducir, eliminar o simplificarlos.
“Al ser un país mediterráneo tenemos de por sí un sobrecosto de importación importante, lo revela el estudio en relación al resto de los países de Sudamérica porque a Paraguay le sale 3 % más, a nosotros nos cuesta 9,3 % y el promedio es de 6,3 %. Tenemos que asumir esa realidad geográfica y compensar reduciendo los costos”, remarcó.
Alternativas y avances
En cuanto a las soluciones planteadas como alternativa, a corto plazo citaron que es preciso mejorar la infraestructura de cargas en el aeropuerto, realizar trabajos de dragado que sean sostenidos en el tiempo para garantizar la navegabilidad, así como la duplicación de la ruta PY01 para facilitar ingreso de productos que viene de la Argentina.
En tanto que, a mediano plazo, serán igualmente importantes la diversificación de la modalidad de transporte con nuevas conexiones que bien pueden ser ferroviarias, así como el postergado plan maestro de la Hidrovía Paraguay-Paraná, atendiendo las situaciones cíclicas de sequía que impiden una navegación al 100 %.
Con relación a los avances respecto al anterior estudio, realizado hace 10 años, encontraron 7 aspectos relacionados a los sobrecostos a la importación, de los cuales 3 ya fueron eliminados en el último año tras las conversaciones mantenidas con el Gobierno. El arancel consular, una tasa del 7 % sobre el arancel consular destinado al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y tarifas portuarias de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en áreas de control integrado fueron las que se lograron eliminar.
Pero todavía se puede seguir reduciendo los sobrecostos de importación eliminando la tasa de intervención ANNP y la anterior Dirección Nacional de Aduanas (DNA, hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - DNIT), una diferencia de pesaje en DNA, fotocopias y Licencias Previas de Importación (LPI). Es por eso que el reporte pretende instalar una mirada retrospectiva de, en qué medida se viene avanzando en un mercado cada vez más globalizado, de modo a mejorar los instrumentos de políticas públicas, lo cual no pretende ser solo un beneficio para el sector sino para la sociedad en sí, acotó Hugo Royg, director ejecutivo del CIP.
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Plantean poner fin a extorsiones de los empresarios del transporte
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, dijo ayer que en 15 días más se estaría realizando una reunión con los representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con el Viceministerio del Trasporte, para afinar los últimos detalles del proyecto de ley que busca mejorar el servicio público de trasporte.
“Precisamente ese fue un tema de conversación con el presidente de la República y los senadores de la bancada opositora. Existe un compromiso de que a más tardar en 15 días más o menos, se estaría realizando una reunión en la sala de sesiones del Senado con la ministra del MOPC y el viceministro para hablar sobre el avance de la ley”, indicó el presidente del Senado.
Agregó que el presidente de la República, Santiago Peña, habló con los senadores de la oposición sobre el deseo de todos los ciudadanos, especialmente del área metropolitana, que son más de 3 millones de habitantes, de mejorar al menos el 60 por ciento de la flota del transporte público de pasajeros.
Núñez indicó que es hora de terminar con las extorsiones a cada gobierno de turno por parte de los empresarios del citado rubro. “Nosotros vamos a escuchar a todos los sectores empresariales y todo lo que ellos puedan colaborar, va a ser el momento.
Lo que sí les puedo decir que el sistema que ellos implementan, las reguladas, las extorsiones a los gobiernos anteriores por el pago o no del subsidio, por los subsidios fantasmas, eso debe terminar”, ratificó el senador.